Es un clásico cada vez que hay un escándalo con las cuentas de los partidos políticos y el PSOE lo reiteró en su escueto comunicado del viernes, Tras conocerse que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había detectado pagos en efectivo de Ferraz a José Luis Ábalos «sin respaldo documental», uno de los argumentos de la limitada explicación del partido que dirige Pedro Sánchez para salir al paso fue éste: «Las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa».
El PSOE utiliza así ambos auditores como si fueran la garantía incuestionable de limpieza contable, pero no es tal aval. Ambos así lo puntualizan y se desmarcan, según ha podido confirmar EL MUNDO. El partido en el poder, como el resto, tiene sus cuentas fiscalizadas por un lado, por el estatal Tribunal de Cuentas; y, por otro, -en gesto inusual- permite que sean auditadas por una firma privada.
En cuanto a la primera, «el Tribunal de Cuentas revisa si es correcto lo que los partidos les presentan, pero no podemos ver ni garantizar que no hay Caja B, pagos en metálico no registrados o fraude. No se envía personal a Ferraz, ni a ninguna sede sin cita previa, ni se puede acceder a ninguna información más allá de la presentada», precisan a este diario distintos técnicos de este organismo fiscalizador.
Les sucedió lo mismo con las sospechas de caja B del PP y también entonces Mariano Rajoy, defendió la limpieza de la contabilidad aferrándose a los informes del Tribunal de Cuentas, que, claro está, nunca detectaron Gürtel. Además, acumulan gran retraso. El último informe sobre la contabilidad de los partidos se aprobó el pasado año correspondiente a 2020 y, aunque el organismo fiscalizador recomienda en general que se limite el uso de efectivo en las fuerzas políticas, no detectó en el PSOE pagos como el que describe la UCO en esos años.
Urge reforzar controles porque los partidos mueven cada vez más dinero, particularmente si están en el poder y no les ha ido mal en procesos electorales. El PSOE declara contar actualmente con un patrimonio neto oficial de 115.091 millones, se trata de un 60% más que los 72.054 millones de patrimonio cuando Sánchez llegó a Moncloa. Las subvenciones públicas siguen constituyendo la mayor fuente oficial de financiación. Por ejemplo, el PSOE asegura haber recibido 68 millones públicos en 2024, frente a 24 de origen privado, sobre todo de afiliados y cargos públicos.
En cuanto a la auditoría externa, la realiza Ecovis Grosclaude&Partners. En concreto, su socio auditor Luis Grosclaude. Él declina hacer comentarios a este diario sobre un cliente como es el PSOE, pero en su último informe, relativo al ejercicio 2024, puntualiza claramente que, aunque cree que las cuentas reflejan la imagen fiel «con salvedades [ve muy inflada la provisión para gastos futuros]», lo que no puede es garantizar que no hay caja B, porque desborda su labor estándar de auditoría.
Dice que da su opinión con «seguridad razonable», pero que eso, «no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error». Y avisa: «el riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de otra debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno».
Esta auditora figura entre las 50 primeras de España pero está muy lejos de las grandes big four PwC, Deloitte, KPMG o EY. Sánchez pareció apuntar a alguna de ellas cuando hizo este anuncio el pasado 12 de junio tras pedir la dimisión a Santos Cerdán: «A pesar de los informes positivos que ha venido publicando el Tribunal de Cuentas pondré en marcha una auditoría externa de las cuentas del partido socialista». En las big four consultadas descartan optar por cuestión de independencia y , por «alto riesgo reputacional, porque seguramente no se podría llegar a una caja B, si existe y lo termina descubriendo la Justicia», dicen en una de ellas.
También en su llamado Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción del pasado julio, Sánchez propuso imponer a todos los partidos «la obligación legal una auditoría externa e independiente de sus cuentas», como si fuera él mismo consciente de que el Tribunal de Cuentas, que preside a propuesta del PSOE, Enriqueta Serrano, no bastara para dar credibilidad a la contabilidad política.
El PSOE alega en todo caso que el informe de la UCO no prueba que exista financiación irregular en el partido en el poder. Así es, pero tiene el partido en el poder tiene que dejarse de utilizar validaciones inexistenes y dar muchas más explicaciones sobre, por ejemplo, este párrafo inquietante de la UCO: «La falta de concordancia [con los datos que da el PSOE] apunta a la existencia de una fuente de ingresos no declarados y que no se trataría de un hecho aislado».
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