"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la novena promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
Presentación de la 4ª edición del Memento Auditoría Contable publicado por la editorial Francis Lefebvre, coordinado por D. Eladio Acevedo Heranz (auditor de cuentas del REA), presentado por Miguel Ángel Vázquez, presidente del Consejo General de Economistas, y Emilio Álvarez, presidente del REA Auditores CGE.
El video presenta el acto de lanzamiento de la cuarta edición del "Memento Auditoría de Cuentas 2025-2026", una obra de referencia fruto de la colaboración entre el Consejo General de Economistas, el Registro de Economistas Auditores (REA) y la editorial Lefebvre.
A continuación, se resumen los puntos clave tratados en la presentación:
Herramienta de trabajo esencial: Los ponentes coinciden en que el Memento no es solo una guía de consulta, sino una herramienta de trabajo diario fundamental para los auditores. Su importancia radica en que ayuda a navegar una profesión "hiperregulada" y en constante cambio normativo.
Retos del sector: Se mencionan los desafíos actuales de la auditoría, como la adaptación a la inteligencia artificial, la mejora continua de procesos, la trazabilidad del juicio profesional y la captación y retención de talento.
Novedades y contenido: La obra, descrita como "100% músculo y 0% grasa" a pesar de sus más de 2,000 páginas, incluye como principal novedad un capítulo dedicado a la auditoría en el sector público. Además, cubre el marco normativo, conceptos principales, desarrollo de auditorías y otros informes.
Proceso de elaboración: En la creación de esta edición han participado 23 autores profesionales, coordinados por Eladio Acevedo y Paloma Belmonte. Se destacó también la labor del equipo de redacción de Lefebvre, que se encarga de dar uniformidad técnica y asegurar la vigencia y consistencia normativa de los textos.
Importancia de la lectura técnica: Joan Puyol, presidente de Lefebvre, hizo una "soflama" en defensa de la literatura técnica frente a la banalización de la influencia en redes sociales, argumentando que leer y estudiar este tipo de manuales hace mejores a los profesionales y a la sociedad.
En palabras de Eladio Acevedo, el coordinador de la obra, este Memento es como un plato cocinado con cariño: aunque su aspecto y aroma técnico sean excelentes, su verdadero valor reside en cómo el contenido "sabe" y resuelve problemas reales en el despacho, permitiendo encontrar soluciones rápidas mediante su índice sistemático.
Autores:
Coordinador general: Acevedo Heranz, Eladio
Coordinadora de edición: Belmonte Ordoñez, Paloma
Equipo de autores: han colaborado en esta (*) o en ediciones anteriores:
Alonso Berrio, Loreto (Departamento Técnico del REA-CGE) (*)
Cabeza del Salvador, Ignacio (Presidente Cámara de Comptos de Navarra)
Caña Palma, Rocío (Departamento de Contabilidad y Gestión Universidad de Málaga) (*)
Carbajo Vasco, Domingo (Inspector de Hacienda del Estado) (*)
Claret Pich, Joan (Socio-auditor de cuentas en BNFIX PICH AUDITORES, S.L.P.) (*)
Couce Marqués, Sergio (Economista, Gerente de ECOVIS Grosclaude
& Partners del área de Audit & Assurance y experto en peritajes)
(*)
Díaz Echegaray, José Luis (Doctor en Derecho. Abogado. Socio fundador de Diaz Echegaray&Asoc.) (*)
Díaz Riesgo, Federico (Director de control de calidad del REA-CGE) (*)
Elosegui Argote, Mikel (Economista-Auditor de cuentas)
Fernández Espeso, Manuel (Departamento Técnico y Formación REA-CGE) (*)
García Vega, David (Economista. Auditor de Cuentas. Docente Departamento de Contabilidad y Finanzas UGR) (*)
Grosclaude Manera, Luis (Auditor ROAC – Socio de ECOVIS Grosclaude
& Partners y profesor del Máster de auditoría de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid)
Gutiérrez Vivas, Gabriel (Economista. Auditor de Cuentas.
Exdirector Dpto de Calidad Corporación de Auditores. Ponente en Cursos
de Formación. Asesor en Calidad a Auditores)
Hinojal Sánchez, José María (Auditor de cuentas – Socio de BNFIX Auditores) (*)
Marañon Barrios, José Antonio. Escala de Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Subescala
Intervención-Tesorería, Categoría Entrada. Interventor General
Ayuntamiento de Cartaya (Huelva). (*)
Marcos Frechilla, Rebeca (Auditora de cuentas) (*)
Martínez Fernández, Daniel (Socio-director de Centium Auditores)
Martínez García, María José (Socio-auditor de Dolmar Auditores, S.L.) (*)
Mir Fernández, Carlos (Profesor Contratado Doctor – Departamento de
Economía y Dirección de Empresas – Universidad de Alcalá) (*)
Moreno Artes, Ana (Auditora de cuentas y socia de Grupo de Auditores Públicos) (*)
Navallas Labat, Begoña (Profesora del departamento de Contabilidad,
Facultad de Económicas, Universidad Autónoma de Madrid. Auditora
inscrita en el ROAC) (*)
Ramiro Jaraiz, Antonio (Economista, auditor de cuentas y colaborador de los Departamentos Técnico y de Formación del REA) (*)
Rejón López, Manuel (Auditor de cuentas y profesor de los Másteres de Auditoría de las Universidades de Almería y Granada) (*)
Rico Pérez, Encarnación (Departamento Técnico REA Auditores)
Riesgo Guardado, Jonathan (Auditor de cuentas) (*)
Sánchez Serrano, José Ramón (Socio de EUDITA) (*)
Sierra Capel, Francisco Jesús (Auditor de cuentas y profesor de Auditoría de la Universidad de Almería) (*)
Silva Jorge, Macarena (Auditora de cuentas)
Valdelvira Saiz, Concha (Auditora de cuentas) (*)
(Profesores del Máster de Auditoría de Cuentas de la Universidad de Almería).
La auditoría pública es el pilar fundamental de la rendición de cuentas gubernamental,
garantizando que los fondos tributarios se utilicen apropiadamente y
que los gobiernos actúen en interés del público. Sin embargo, los Órganos de Fiscalización Superior (SAI) y
departamentos de auditoría interna enfrentan desafíos crecientes:
gobiernos que digitalizan sus operaciones generan volúmenes masivos de
datos, fraude y corrupción se sofistican continuamente, y los
presupuestos de auditoría permanecen limitados.
La Inteligencia Artificial (IA) representa una respuesta transformadora a
estos desafíos. Al automatizar tareas tediosas, analizar el 100% de los
datos en tiempo real, y detectar patrones anómalos con precisión
sobrehumana, la IA redefine cómo pueden funcionar las auditorías
públicas modernas.
Capacidades Transformadoras de la IA en Auditoría
Análisis Masivo de Datos y Detección de Anomalías
Uno de los mayores beneficios de la IA es su capacidad para procesar volúmenes de datos imposibles de analizar manualmente.
Los auditorios tradicionales utilizan muestreo estadístico—examinando
una pequeña fracción de transacciones—lo que permite que fraude
sofisticado escape entre las muestras.
Con IA, los auditores pueden analizar el 100% de las transacciones en
tiempo real, identificando patrones, valores atípicos y anomalías que
indicen fraude, corrupción o ineficiencia. Los algoritmos de machine
learning pueden detectar patrones complejos que humanos nunca
identificarían, como esquemas de malversación orchestados [sic] cuidadosamente
o redes de proveedores fraudulentos.
Ejemplo práctico: En el Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) estima que fraude y error costaron entre £55 mil millones y £81 mil millones a los contribuyentes en 2023-24.
Herramientas analíticas de IA pueden identificar transacciones
potencialmente fraudulentas automáticamente, permitiendo que sistemas de
control detecten y bloqueen problemas en tiempo real antes de que
impacten significativamente el fisco público.
Automatización de Tareas Rutinarias
La IA permite automatizar actividades que tradicionalmente consumían 70-80% del tiempo de auditoría:
Extracción y clasificación de datos: Procesos manuales tediosos se automatizan, permitiendo que auditor se enfoquen en análisis estratégico.
Generación de reportes: AI puede sintetizar
hallazgos y generar reportes de auditoría estructurados, reduciendo
significativamente el tiempo de ciclo de auditoría.
Rastreo de procesos: AI analiza documentación de
soporte automáticamente, clasificando y extrayendo información de miles
de documentos escaneados en minutos.
Monitoreo Continuo y Auditoría en Tiempo Real
Las auditorías tradicionales son eventos periódicos—típicamente trimestrales o anuales—dejando ventanas amplias donde problemas pueden ocurrir sin detección. La IA cambia este paradigma completamente permitiendo “monitoreo continuo,” donde sistemas AI supervisan continuamente operaciones gubernamentales 24/7.
En lugar de auditorías retrospectivas que preguntan “¿Qué sucedió?”, el monitoreo continuo pregunta “¿Qué está sucediendo AHORA?” en
todas las operaciones. Esto permite respuestas inmediatas a incidentes,
evitando que fraude se perpetúe durante meses sin descubrimiento.
Transformación de Modelos Tradicionales a Continuos:
Auditoría Tradicional
Monitoreo Continuo con IA
Revisiones periódicas (trimestral/anual)
Análisis 24/7 en tiempo real
Muestreo de transacciones (~5-10%)
Cobertura 100% de todas las transacciones
Detección de problemas meses después
Alertas inmediatas de anomalías
Enfoque reactivo
Enfoque proactivo y predictivo
Análisis descriptivo (“qué pasó”)
Análisis predictivo (“qué pasará”)
Análisis Predictivo y Gestión de Riesgos
Beyond detection, AI algorithms can predict future risks and anomalies by
analyzing historical patterns [sic]. Los modelos de machine learning
identifican indicadores tempranos de incumplimiento o fraude,
permitiendo que gobiernos tomen medidas preventivas.
Por ejemplo, un modelo puede aprender que municipios con
características demográficas, presupuestarias y administrativas
específicas tienen mayor probabilidad de corrupción de procuración,
alertando a auditor para auditorías preventivas enfocadas.
Análisis de Lenguaje Natural para Procesamiento de Reportes
El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) es transformador para
auditorías de entidades subnacionales. SAI a menudo publican reportes de
auditoría en PDFs escaneados complejos, haciendo difícil extraer
información sistemáticamente para análisis comparativos.
Caso de Estudio: Auditoría de Sinaloa, México. Un
investigador en The Alan Turing Institute desarrolló un pipeline de NLP
para procesar miles de reportes de auditoría de la Auditoria Superior
del Estado de Sinaloa (ASES), un SAI subnacional mexicano. El sistema:
Convirtió archivos PDF escaneados en texto legible por máquinas usando OCR (reconocimiento óptico de caracteres)
Utilizó modelos de clasificación de texto para identificar párrafos relevantes sobre hallazgos de auditoría
Empleó Named Entity Recognition (NER) para extraer montos de dinero y tipos de discrepancias
Resultado: El sistema identificó automáticamente 125
discrepancias de presupuesto municipal a través de 8 años en 18
municipios. Este análisis facilitó que investigadores y órganos de
anti-corrupción identificaran patrones de malversación sin requir [sic] revisión manual de miles de páginas de documentos.
Marco de Referencia del GAO sobre Responsabilidad de IA
La Oficina de Contabilidad General de EE.UU. (GAO) reconociendo que gobiernos cada vez más utilizan IA en programas críticos, publicó el “Artificial Intelligence: An Accountability Framework for Federal Agencies”—el primer marco internacional acordado para auditar sistemas de IA.
El marco GAO establece que auditores deben evaluar sistemas de IA en cinco dimensiones críticas:
Efectividad: ¿El sistema de IA cumple sus objetivos previsto?
Eficiencia: ¿El sistema utiliza recursos apropiadamente?
Equidad: ¿El sistema trata a todos los ciudadanos justamente sin discriminación?
Ética: ¿El sistema adhiere a principios éticos fundamentales?
Economía: ¿El sistema es costo-efectivo?
Adicionalmente, el Bundesrechnungshof alemán junto
con SAIs de Finlandia, Holanda, Noruega y Reino Unido publicaron un
white paper conjuntamente en 2020 sobre auditoría de algoritmos de
machine learning en administración pública. El documento proporciona un
catálogo de auditoría con propuestas de auditoría basadas en riesgos y
orientación para auditores que evalúan sistemas de ML en gobierno.
Desafíos Críticos de Implementación
A pesar del potencial transformador, la integración de IA en auditoría pública enfrenta obstáculos significativos:
La Brecha de Habilidades Crítica
El mayor obstáculo para adopción de IA en auditoría es la falta de profesionales capacitados. Auditorios internos requieren entendimiento profundo no solo de auditoría tradicional sino también de:
Conceptos fundamentales de IA: Cómo funcionan sistemas de machine learning, redes neuronales y aprendizaje profundo.
Explicabilidad e interpretabilidad: Capacidad de “abrir la caja negra” para entender cómo modelos llegan a conclusiones.
Privacidad y conformidad regulatoria: Cumplimiento con GDPR, CCPA, y regulaciones emergentes de IA.
Investigación encontró que 84% de profesionales encuestados
reportaron dificultades en adaptación de habilidades debido a programas
de entrenamiento inadecuado. Respuesta a esto, organizaciones como ISACA han lanzado la certificación AI and Internal Audit (AAIA), permitiendo que auditores certificados desarrollen expertise especializado en auditoría de IA.
Riesgos de Sesgo y Equidad en Sistemas de IA
Quizás el desafío ético más crítico es que sistemas de IA pueden perpetuar y amplificar sesgos existentes, especialmente en determinaciones de riesgo para gobiernos locales.
Ejemplo notorio—COMPAS System: ProPublica en 2016
investigó COMPAS, un sistema de IA utilizado en Estados Unidos para
predecir reincidencia criminal. Encontraron que el sistema exhibía
sesgos significativos contra Afroamericanos—falsamente clasificándolos
como “alto riesgo” en tasas mucho mayores que Caucásicos. Este hallazgo
demostró que AI no es objetiva por defecto; refuerza prejuicios en datos
de entrenamiento.
Para auditoría pública, esto significa que sistemas de IA que
priorizan qué gobiernos locales auditar podrían inadvertidamente
discriminar contra municipios con características demográficas
específicas, perpetuando desigualdades existentes.
Estrategia de Mitigación:
Utilizar datos representativos y equilibrados para entrenar modelos
Validar continuamente modelos para sesgo demográfico
Implementar auditoría “fairness-first” de sistemas de IA ANTES del despliegue
Requerir documentación explícita de métricas de equidad
Combinar monitoreo automatizado con supervisión humana crítica
Privacidad de Datos y Conformidad Regulatoria
AI-powered auditing procesa enormes volúmenes de datos sensibles de ciudadanos—información financiera, historial médico, patrones de comportamiento. Sin salvaguardas apropiadas, AI puede aumentar riesgos de privacidad más que mitigarlos.
Problemas específicos:
Sobre-recolección de datos: Algoritmos de IA
frecuentemente requieren datasets masivos para mejorar precisión,
arriesgando procesamiento de información innecesaria sensible.
Transparencia limitada en decisiones de IA: Sistemas
de “caja negra” producen insights sin explicar cómo datos fueron
procesados, dificultando cumplimiento con derechos de transparencia
ciudadanos.
Transferencias transfronterizas: Plataformas de IA
operan frecuentemente en entornos cloud, levantando preocupaciones sobre
dónde se almacenan datos de auditoría y cómo se protegen.
Estrategias de Cumplimiento:
Implementar “privacy by design” en sistemas de IA desde el inicio
Cifrar datos sensibles tanto en tránsito como en reposo
Minimizar datos recolectados—procesar solo información necesaria
Implementar controles de acceso basado en roles estrictos
Realizar auditorías de privacidad independientes regularmente
Documentar bases legales para procesamiento de datos bajo GDPR/leyes similares
“Black Box” Problem y Explicabilidad
Muchos modelos avanzados de IA—particularmente deep learning y redes
neuronales—operan como “cajas negras” donde incluso desarrolladores no
pueden explicar completamente por qué el sistema llegó a conclusiones
específicas.
En contexto de auditoría pública, funcionarios públicos y
ciudadanos tienen derecho a entender por qué sus programas fueron
auditados o por qué hallazgos específicos fueron identificados. Un sistema AI que no puede explicar su lógica es inaceptable en sector público.
Soluciones emergentes incluyen:
Adoptar “Explainable AI” (XAI) que proporciona interpretación clara de decisiones
Requerir documentación de algoritmos de decisión
Implementar sistemas híbridos donde IA asiste pero humanos toman decisiones finales
Usar técnicas como SHAP (SHapley Additive exPlanations) para interpretar contribuciones de características
Calidad de Datos y Garbage-In-Garbage-Out
La máxima “garbage in, garbage out” es especialmente crítica en
auditoría. Si datos de entrada son incompletos, inexactos o sesgados, incluso sistemas AI más sofisticados producirán conclusiones erróneas.
En gobiernos, especialmente en mercados en desarrollo, datos
financieros pueden estar incompletos, mal registrados, o deliberadamente
obfuscados. AI amplifica estos problemas si no hay validación rigurosa
de calidad de datos primero.
El Futuro de la Auditoría Pública con IA
Auditoría Continua versus Tradicional
El futuro claro es que auditoría tradicional periódica evolucionará a monitoreo continuo. Pero esta transición requiere inversión significativa en tecnología, capacitación y cambio organizacional.
Nuevas competencias de auditores: Auditores
evolucionarán de “detectores de fraude” a “guardianes de integridad de
datos.” Necesitarán comprender no solo auditoría sino también:
Data science y estadística
Seguridad cibernética
Arquitectura de sistemas
Ética de IA y principios de gobernanza
Leyes de privacidad emergentes
Colaboración y Estándares Globales
Reconociendo estos desafíos, organizaciones internacionales como
ASOSAI (Asociación de Órganos Superiores de Auditoría de Iberoamérica),
IIA (Institute of Internal Auditors), y ISACA están desarrollando
estándares y mejores prácticas globales.
El Reino Unido lanzó “GetTech Certified,” un programa
gratuito que ofrece a funcionarios públicos recursos para construir
competencias fundamentales en tecnología e IA, reconociendo que adquisición de habilidades debe ser accesible a sector público.
Síntesis: IA como Catalizador de Responsabilidad
La Inteligencia Artificial transformará fundamentalmente auditoría pública desde
un proceso retrospectivo y muestreado a un sistema prospectivo,
continuo y completo de vigilancia de integridad gubernamental.
Sus capacidades son revolucionarias: analizar 100% de datos, detectar
fraude sofisticado, predecir riesgos, automatizar tareas
administrativas, y proporcionar inteligencia en tiempo real a gobiernos y
ciudadanía.
Sin embargo, la realización de este potencial requiere más que tecnología. Requiere inversión en personas—entrenamiento
de auditores para la era de IA, establecimiento de marcos éticos
claros, regulación que proteja privacidad mientras permite innovación, y
gobernanza que asegure que AI permanece al servicio de ciudadanía en
lugar de subvertir democracia.
El futuro de rendición de cuentas pública es IA-impulsado, pero solo
si la implementación se realiza responsablemente, con atención rigurosa a
equidad, transparencia, privacidad y valores democráticos fundamentales
que la auditoría pública está diseñada para proteger.
El hospital licita un contrato por las «debilidades»
de su área económica tras detectar la auditoría de Intervención de la
Generalitat hasta 25,5 millones en contratos sin expediente
lunes, 22 septiembre 2025 - 17:23
Jandro Roures @jandroroures
La «desfavorable» gestión económica que ha hecho el Hospital Provincial
en 2024, reconocida por el informe de Auditoria de la Intervención de
la Generalitat Valenciana, ha forzado al centro sanitario castellonense a
licitar un contrato para disponer de un «servicio de asistencia técnica
y normativa en los ámbitos de gestión económico-presupuestaria». En
total, 29.294,1 euros (IVA incluido) con los que el hospital
dispondrá de asesoramiento técnico externo de carácter puntual y
complementario en materias relacionadas con la gestión económica.
Este contrato sale a concurso después de que el informe de Auditoria de la Intervención de la Generalitat Valenciana, fechado a finales de julio, haya sacado a la luz que durante el año 2024 se han recibido en el Hospital Provincial de Castellón
bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación por
importe de 25.578.387,88 euros, una cantidad que supone el 41,75% del
volumen total de contratación que asciende a 61.265.854,17 euros.
Esto
supone un incumplimiento de los principios generales de la contratación
pública, según el Informe de Auditoria de la Intervención de la
Generalitat Valenciana. Con todo, los 25,5 millones sin expediente de contratación
son casi 5 millones menos que los que se contrataron en 2023 sin el
oportuno aval documental. Entonces, último año del Botànic y primero del
PP en la Conselleria de Sanidad, fueron 30.432.607,98 euros los que se contrataron sin cobertura del oportuno expediente.
El Informe de Auditoría
de intervención de la Generalitat Valenciana valora como “desfavorable”
la gestión del área de contratación al detectar que el...
El pliego de condiciones técnicas que publica el portal de contratación pública
explica que el asesoramiento «se limitará a la emisión de informes,
aclaraciones técnicas y apoyo documental, en colaboración con el
personal técnico del Consorcio, en ningún caso implicando sustitución de
funciones directivas ni la asunción de responsabilidades propias del
personal del Consorcio».
El área económica, en manos de Inmaculada Tena,
contará de esta forma de un equipo profesional con la disponibilidad
suficiente para «garantizar la respuesta en un plazo máximo de 48 horas
hábiles a las consultas realizadas por el Servicio de Gestión
Presupuestaria del Hospital con una disponibilidad mínima de dos
jornadas mensuales presenciales o virtuales para reuniones de
coordinación y seguimiento».
El contrato se prolongará por un periodo de 12 meses, con posibilidad de prórroga por periodos sucesivos de una única prórroga de seis meses adicionales
siempre que las condiciones contractuales se mantengan y haya
disponibilidad presupuestaria, con la finalidad de «apoyar la revisión
de las debilidades detectadas en los informes de auditoria de
cumplimiento, operativa y contables realizados por la Intervención,
Sindicatura y otros organismos fiscalizadores».
El
informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana, el Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón también recoge que el centro
sanitario incumple el plazo legal de pago a los proveedores en un 41,1%
de los contratos analizados. Tampoco consta en los expedientes de
contratación analizados que el responsable del contrato haya verificado si el contratista ha cumplido con las condiciones especiales de ejecución establecidas.
En
general, según el Informe de Auditoría de Cumplimiento, en los
expedientes de contratación analizados no queda suficientemente
acreditado cómo se ha realizado el cálculo de valor de mercado. «Algunos
de los documentos no han sido tramitados por medios electrónicos, de
forma que han sido firmados manualmente y, posteriormente,
escaneados para su digitalización», explica el documento. «Para subsanar
esta deficiencia, en 2024, se implantó la administración electrónica»,
matiza el informe.
También cuestiona que los
expedientes analizados se ha detectado que tanto el responsable del
contrato como el resto de personal que participan en el procedimiento de
contratación, firman la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI)
con carácter previo a conocer la identidad de las empresas licitadoras o
que en el contrato de asesoría no se ha cuantificado la necesidad el
importe estimado de contratación de la asistencia técnica.
De los 61,2 millones del área de contratación, 30,6 corresponden a contratos menores,
un total de 390, mientras que otros 26,3 millones fueron contratos
menores y otros gastos, un total de 8.973, mientras que se prorrogaron
otros 20 contratos por valor de 4,2 millones de euros.
El Informe de Auditoría de intervención de la
Generalitat Valenciana valora como “desfavorable” la gestión del área de
contratación al detectar que el 41,7% del volumen total de contratación
en 2024 se hizo sin el correspondiente expediente
viernes, 19 septiembre 2025 - 11:51
Jandro Roures @jandroroures
El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón vuelve a suspender en la gestión económico-financiera
en el área de contratación, según se desprende del último Informe de
Auditoria de Cumplimiento elaborado por la Intervención de la
Generalitat Valenciana. El documento considera «desfavorable» su gestión
en relación a la compra de bienes y servicios por entender que «no se
ajusta a la normativa aplicable, habiéndose detectado incumplimiento o
deficiencias». En concreto, durante el año 2024, se han recibido en el Hospital Provincial de Castellón bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación por importe de 25.578.387,88 euros, una cantidad que supone el 41,75% del volumen total de contratación que asciende a 61.265.854,17 euros.
Esto supone un incumplimiento de los principios generales de la contratación pública,
según el Informe de Auditoria de la Intervención de la Generalitat
Valenciana. Con todo, los 25,5 millones sin expediente de contratación
son casi 5 millones menos que los que se contrataron en 2023 sin el
oportuno aval documental. Entonces, último año del Botànic y primero del
PP en la Conselleria de Sanidad, fueron 30.432.607,98 euros los que se contrataron sin cobertura del oportuno expediente.
Además,
según se desprende del documento hecho público por la Intervención de
la Generalitat Valenciana, el Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón también incumple el plazo legal de pago a los proveedores
en un 41,1% de los contratos analizados. Tampoco consta en los
expedientes de contratación analizados que el responsable del contrato
haya verificado si el contratista ha cumplido con las condiciones
especiales de ejecución establecidas.
En general,
según el Informe de Auditoría de Cumplimiento, en los expedientes de
contratación analizados no queda suficientemente acreditado cómo se ha
realizado el cálculo de valor de mercado. «Algunos de los documentos no
han sido tramitados por medios electrónicos, de forma que han sido
firmados manualmente y, posteriormente, escaneados para su
digitalización», explica el documento. «Para subsanar esta deficiencia,
en 2024, se implantó la administración electrónica», matiza el informe.
También
cuestiona que los expedientes analizados se ha detectado que tanto el
responsable del contrato como el resto de personal que participan en el
procedimiento de contratación, firman la Declaración de Ausencia de
Conflicto de Interés (DACI) con carácter previo a conocer la identidad
de las empresas licitadoras o que en el contrato de asesoría no se ha
cuantificado la necesidad el importe estimado de contratación de la
asistencia técnica. De los 61,2 millones del área de contratación,
30,6 corresponden a contratos menores, un total de 390, mientras que
otros 26,3 millones fueron contratos menores y otros gastos, un total de
8.973, mientras que se prorrogaron otros 20 contratos por valor de 4,2
millones de euros.
OTRO ‘SUSPENSO’ EN EL ÁREA DE TESORERÍA
Intervención de la Generalitat Valenciana también considera desfavorable la gestión en el área de tesorería
habiendose detectado de nuevo incumplimientos. Entre los más
reseñables, que los sistemas informáticos implicados en el circuito de
procedimiento de gasto y de pago no están interconectados.
El Consorcio tampoco dispone de un procedimiento formalizado
donde se desarrolle el modo de tramitar altas, modificaciones y bajas
de los datos personales y bancarios de las personas físicas y jurídicas
que se relacionen con la entidad.
En los albaranes de
entrega no consta expresamente la comprobación de la recepción por
parte del personal del Consorcio. A su vez, en las facturas se
estampilla un cuño donde se constata que el suministro facturado
es conforme a la prestacióin recibida, pero en éste no aparece la fecha
de su comprobación.
Por último, se ha detectado que el documento de pago
denominado ‘Relación de pagos a través de transferencia’ «consta
firmado manualmente por el director gerente y por la directora
económica, cuando debería ser tramitado electrónicamente y utilizando
firmas digitales de forma encriptada y garantizada por una autoridad de
certificación reconocida».
La Casa de S.M el Rey publica el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2024 realizada por el Tribunal de Cuentas - Tribunal de Cuentas
30/06/25 - Madrid, 30 de junio de 2025
El informe de auditoría del Tribunal de Cuentas refleja que las
cuentas anuales de la Casa de S.M el Rey del ejercicio 2024 expresan en
todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, la
situación financiera del organismo, así como los resultados y flujos de
efectivo y del estado de liquidación del presupuesto.
La auditoría se ha realizado y concluido en aplicación de la
modificación del Real Decreto Ley de reestructuración de la Casa del Rey
434/88 que aprobó el Consejo de ministros en 2022 y al posterior
convenio suscrito entre la Casa del Rey y el Tribunal de Cuentas.
Mediante este convenio el Tribunal de Cuentas se comprometió a
efectuar con carácter anual la auditoría externa de las cuentas
formuladas por la Casa de Su Majestad el Rey, conforme al citado Real
Decreto. El convenio establece que las cuentas anuales sujetas a la
auditoría serán las correspondientes a la ejecución y liquidación de las
dotaciones presupuestarias incluidas en la Sección 01 de los
Presupuestos Generales del Estado.
Esta ha sido la segunda vez que el Tribunal de Cuentas realiza, como
supremo órgano de control externo de las cuentas y de la gestión
económica del Estado y del sector público, la auditoría de las cuentas
anuales de la Casa de S.M el Rey.
El Tribunal de Cuentas
ha alertado en uno de sus últimos informes del deterioro de los activos
que integran el inmovilizado material de Renfe Mercancías, una de las
cinco filiales de Renfe. El documento, que ha sido analizado THE OBJECTIVE,
resalta que Renfe Operadora no ha ejecutado el test de deterioro de su
subsidiaria de mercancías. Esta circunstancia hace que existan
«incertidumbres» en relación con su valoración.
El organismo fiscalizador señala que el inmovilizado material afectado por esta falta de control supera los 390 millones de euros. Junto a esto, en su informe Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2023, el Tribunal de Cuentas
alerta de que las pérdidas continuadas de la sociedad ponen de
manifiesto la existencia de un potencial deterioro de sus activos
materiales. «Estos no generan ingresos suficientes para revertir el
signo de los resultados de explotación».
Esta apreciación también viene recogida en el informe de Auditoria de Renfe Mercancías de 2023. El análisis de los bienes es clave para determinar si el valor recuperable de los activos podría
ser menor que su valor contable. Los desajustes de las cuentas y la
falta de valoración de la compañía ferroviaria se dan en paralelo con un
aumento de incidentes. Descarrilamientos de trenes de mercancías, pero
también accidentes, sabotajes y retrasos en otras líneas de negocio.
Auditoría de Renfe
La Auditoría de Cuentas consolidadas de 2023 de Renfe-Operadora,
presentada en 2024, señalaba que las cuentas anuales de la filial de
mercancías fuero auditadas por PKFAttest.
En aquel informe se recogía una opinión con salvedades al haber
incurrido la sociedad en los últimos ejercicios en pérdidas de
explotación relevantes. Estas, indica, ponen de manifiesto un potencial
deterioro de los activos materiales de la sociedad, «valorados en 390,2
miles de euros, sin que la sociedad haya realizado el test de deterioro
exigido por la normativa contable en estos casos». La ausencia de la
evaluación supuso una limitación al alcance de su trabajo de auditoría.
Renfe Mercancías lleva más de una década registrando pérdidas. En 2013 tuvo números rojos por valor de 75 millones. Solo en 2019 consiguió unos mínimos beneficios de 3,8 millones tras la venta de su filial Logirail.
Desprenderse de la filial no supuso cambio alguno y en 2021 acumuló
pérdidas de casi 65 millones. En 2024, Renfe Mercancías -cuyo 50% del
capital se venderá a la empresa privada MSC-, supuso el principal lastre
para el grupo. El año pasado acumuló pérdidas de 32,2 millones de
euros, aunque el dato supone una mejora del 11% respecto a 2023.
Pérdidas y relevos
El pasado febrero, el comité de dirección de Renfe ratificó el cese de Joaquín del Moral como
máximo responsable del área de mercancías. Del Moral fue sustituido, en
funciones, por Moisés Mata García. El relevo, según el sector, pudo
estar forzado por los malos resultados operativos de la filial de mercancías del Grupo Renfe y por no haberse concluido aún la venta de capital a MSC.
Como informó THE OBJECTIVE, la Administración
General del Estado tiene infraestructuras, bienes e inmuebles valorados
en 104.000 millones que no están vinculados a ningún sistema informático
de gestión de inventarios. Esta situación propicia que este material inmovilizado esté fuera de control, con consecuencias en el cálculo de amortizaciones. Así se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas en el que se fiscaliza la Cuenta General del Estado de 2023 y en el que aparece destacada la situación de Renfe Mercancías.
Activos sin control
El documento señala que los saldos de las cuentas de inmovilizado cuyo control no se ha vinculado a los sistemas CIBI o Sorolla ascienden
a 113.700 millones. De estos, 9.555 millones tienen que ver con el
inmovilizado intangible -patentes, marcas registradas, derechos de autor
o software-. El Tribunal de Cuentas alerta de que no se están contabilizando el valor del suelo de la red de carreteras del Estado ni el de las áreas de servicio.
Otro de los protagonistas en el informe del organismo fiscalizador es
la Seguridad Social. El documento destaca que dispone de aplicaciones
informáticas desarrolladas y puestas en explotación con medios propios
que no figuran contabilizadas en el epígrafe del «balance de
inmovilizado intangible por carecer de una valoración para proceder a
este registro».
El gasto acumulado es de 3,2 millones desde 2023 SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS)
La memoria económica anexa a la aprobación por el Consejo de Gobierno del proyecto de ley de creación del Cuerpo Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta de Andalucía, que abordó el Gobierno andaluz en su reunión de 2 de marzo de 2022, previó un coste estimado de 1,77 millones de euros en este 2025 por la puesta en marcha de ambos cuerpos.
La IGAE, 150 años de existencia, por Juan Francisco Martín Seco
«Se dedica mucha atención a la corrupción, pero no a potenciar órganos de control como la Intervención General del Estado que impidan la malversación y el fraude»
En este año de 2024 la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE) viene celebrando con múltiples actos su 150 aniversario.
Pocas instituciones pueden vanagloriarse de que sus orígenes se remonten
tan atrás en el tiempo. Creo sinceramente que en buena medida una democracia vale lo que valen sus instituciones.
Desde luego, esto es aplicable a la IGAE, dada la importancia de la
función que se le ha encomendado, el control del gasto público y
garantizar la transparencia en las cuentas públicas. No obstante, su
actuación a menudo pasa desapercibida y no siempre se le da la
relevancia política que tiene.
Quizás
este sea un buen momento de darle visibilidad, aprovechando que cumple
siglo y medio de existencia, para decir algo sobre ella y sobre todo
acerca de las funciones que debe realizar. Lo primero es que su
nacimiento no fue aleatorio o gratuito, hubo que esperar a que las
libertades estuviesen medianamente asentadas en el Estado y el
Patrimonio Nacional separado del de la Corona para que se crease un
organismo orientado a controlar el gasto público y garantizar la
autenticidad de las cuentas públicas. Fueron el Sexenio liberal y la Constitución de 1869 los que pusieron los cimientos para que esto fuese posible.
Hou Kai, electo como presidente de la Junta de Auditores de la ONU - CGTN en Español
Iberoamérica 2022-12-02 05:45 GMT
En Chile, la Junta de Auditores de Naciones Unidas
eligió a Hou Kai, auditor general de la Oficina Nacional de Auditoría de
la República Popular China, como su nuevo presidente. Hou estará en el
cargo los próximos 2 años y tendrá varios desafíos cómo contribuir a la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.
“Te
deseo el mayor de los éxitos en este camino que estás tomando. Estoy
seguro que en los 2 años que vamos a trabajar juntos bajo tu liderazgo
lograremos trabajar como una familia”, con estas palabras, Jorge
Bermúdez, contralor general de Chile y quien hasta el próximo 31 de
diciembre presidirá la Junta de Auditores de Naciones Unidas, le dio la
bienvenida a Hou Kai, auditor general de la Oficina Nacional de
Auditoría de la República Popular China, quien asumirá esta
responsabilidad a partir del 1 de enero de 2023. Hou destacó la
importancia de la ONU como un espacio clave en momentos de cambios
trascendentales que enfrenta el mundo.
“En
los próximos 2 años, dirigiré la Junta de Auditores de las Naciones
Unidas para que cumpla su mandato con seriedad. A través de una labor de
auditoría profesional e independiente, promoveré que las Naciones
Unidas refuercen la gestión, mejoren el rendimiento, aumenten la
transparencia y la rendición de cuentas, profundicen en la reforma y
mejoren la gobernanza, y contribuyan positivamente al avance de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la construcción conjunta
de una comunidad de futuro compartido para la humanidad”, dijo Hou.
El
nuevo presidente de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas
recalcó la importancia que tiene esta instancia en los objetivos
principales trazados por la Organización. El saliente presidente, Jorge
Bermúdez, contralor general de Chile, manifestó el apoyo de su país a la
gestión que realizará Hou Kai.
“Es un
desafío importante yo estoy seguro que lo va a poder desarrollar sin
ningún problema y obviamente que también va a contar con el apoyo de
chile y de los auditores de Chile, del equipo chileno que esta en New
York para poder realizar su trabajo”, indicó Bermúdez.
La
Junta de Auditores es una de las instituciones más relevantes al
interior del sistema de Naciones Unidas. Se estableció en 1946 para
auditar de forma independiente las cuentas y el desempeño del organismo.
El auditor, figura clave para garantizar la transparencia | La Verdad
FRANCISCO MIRÓ Presidente de la Agrupación Territorial de la Región de Murcia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España Domingo, 23 octubre 2022, 10:48
En un mundo en constante movimiento, y en el
que la dimensión económica de nuestras sociedades es cada vez más
palpable, la necesidad de fedatarios públicos que acrediten la validez
de toda la información económica y financiera en sus diversas
manifestaciones es cada vez más necesaria
En ese sentido, los únicos profesionales
que pueden asumir esa tarea son los auditores: nuestra formación,
inquietudes y experiencia profesional tienen esa exclusiva finalidad.
Precisamente,
este año la prensa se hacía eco de que los ayuntamientos españoles se
encuentran actualmente a la cola en materia de control financiero, según
el estudio 'La auditoría de los entes locales en la UE', promovido y
publicado el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Nuestra
profesión, en este contexto, desarrolla una labor esencial para
garantizar la transparencia en la administración pública.
Septiembre, sin embargo, coincidiendo con
el inicio del curso académico, nos recuerda cómo la formación en
auditoria parece desmerecerse en algunas universidades españolas. Es en
la Universidad, la casa por excelencia para la difusión del conocimiento
intelectual y moral, donde deberíamos fomentar y visibilizar el trabajo
que realizamos los auditores en la sociedad.
Pero nuestra profesión ha quedado
postergada en un segundo plano: algunas de las facultades en las que se
imparte el grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) han
eliminado las asignaturas de auditoría. Los estudiantes, por ello,
desconocen el valor que aporta nuestro sector, lo que propicia que,
cuando comiencen su grado, o lo concluyan, no se lo planteen como salida
laboral.
No obstante, debemos reconocer que
afortunadamente este no es el caso de nuestra Región, como lo demuestra
que la Universidad de Murcia (UMU) dispone de un Máster dedicado a
nuestro sector y la Universidad Católica de San Antonio (UCAM) mantiene
una oferta como asignatura optativa, siendo únicamente la Universidad
Politécnica de Cartagena la que actualmente no oferta ninguna asignatura
específica relacionada con la auditoría, aunque sí existió en el pasado
dentro de las optativas, por lo que sería muy de desear que volviese a
incluirse dicha materia en beneficio de sus estudiantes.
Como Agrupación Territorial del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España en la Región de Murcia, está en
nuestras manos recordar la riqueza formativa que puede proporcionar a
los recién egresados su incorporación a una firma especializada en
auditoría, donde aprenderán diferentes conocimientos y adquirirán una
valiosa experiencia que, además, posteriormente les permitirán optar a
puestos de dirección en las áreas económico-financieras.
Porque las empresas, conscientes de nuestro
valor, dan preferencia a los auditores para ocupar dichos puestos,
debido al aprendizaje previo que experimentamos, desarrollando nuestras
funciones en numerosas firmas de muy distintos tamaños y sectores
–bodegas de vino, empresas industriales, cementeras, conserveras, firmas
de servicios, promotoras inmobiliarias, empresas agrícolas...–, con
formas de gestión muy variadas y bajo estrictos calendarios y objetivos.
Por
todo ello, animamos a los nuevos estudiantes, y a los que finalizan su
periodo universitario este año, a plantearse esta salida profesional. En
la coyuntura histórica en la que nos encontramos y que nos ha puesto a
prueba con diferentes acontecimientos –una pandemia mundial, la guerra
en Ucrania, la escasez de materias primas...–, allanando el terreno para
que aflore el riesgo de fraude, necesitamos profesionales formados,
veraces y honestos, características todas ellas que reúne la figura del
auditor, para garantizar la transparencia en los sectores público y
privado.
Grecia y Portugal han avanzado notablemente en el control de las cuentas municipales
Xavier Gil Pecharromán - 28/04/2022 - 12:58
España se encuentra en el grupo de cola de los países de la Unión
Europea por nivel de implantación de la auditoría en el sector de la
Administración local, puesto que ni en las entidades Administrativas ni
en las dependientes se lleva a cabo una auditoría anual de la
información financiera, ni tampoco una auditoría de legalidad.
Según las conclusiones
del estudio La auditoría de los entes locales en la Unión Europea,
elaborado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España,
esta situación de falta de auditoría es contraria a la Directiva
2011/85/UE, que exige la auditoría independiente de todas las entidades
del sector público de forma anual.
El estudio demuestra que economías teóricamente menos relevantes que
la española, como la griega o la portuguesa, han avanzado notablemente
en el control de las cuentas de los ayuntamientos y superan a España. En
la mayoría de los países europeos se realizan auditorías todos los
años, con diferentes modalidades, de las cuentas de las entidades
locales en las grandes ciudades.
Diferentes sistemas
En
el 48,15% de los países analizados, los auditores privados realizan, ya
sea directa o indirectamente, la auditoría externa del sector local, ya
sea de forma exclusiva o a través de modelos en los que coexiste la
auditoría privada y la de los Órganos de Control Externo (30,77% de los
casos).
En ocasiones, la participación de los profesionales externos se
realiza a través de los propios Órganos de Control Externo, que
mantienen la competencia de la auditoría del sector local pero de forma
normalizada se recurre a profesionales expertos para que lleven a cabo
la misma.
Por ejemplo, en Malta, donde el Órgano de Control Externo contrata a
auditores privados que llevan a cabo la auditoría. España no está
incluida en dicha opción porque aunque en algunas Comunidades Autónomas
sí se contrata auditores privados, prácticamente se trata de situaciones
puntuales y no generalizadas, mientras en Malta es esta la forma
utilizada de manera habitual.
En Dinamarca, Estonia, Finlandia, Italia y Luxemburgo la totalidad de
entidades incluidas en el sector local (tanto el ente principal como
las entidades dependientes) quedan sometidas a una auditoría financiera y
legal de forma anual, además de al control interno.
En el caso de España, el estudio constata que está entre los países
donde la auditoría tiene menor alcance y deberían establecerse medidas
que permitan mejorar la situación, dado que incluso en las grandes
ciudades no existen auditorías anuales, a diferencia de lo que ocurre en
la mayor parte de países europeos.
En algunos de estos países existe un registro específico de auditores
externos que pueden actuar en el ámbito de sector público, o incluso
del sector municipal. Es el caso de Finlandia, Italia o Suecia.
En Finlandia la auditoría financiera externa es realizada por
auditores de finanzas públicas certificados (Certified Public Finance
Auditor-CPFA).
Sin embargo, en la mayor parte de estos países no existe diferencia
entre los auditores que intervienen en el sector privado y público, si
bien en ocasiones se establece algún requisito adicional que deben
cumplir para intervenir en el sector público.
Este es el caso por ejemplo de Dinamarca, donde existe un registro
específico de auditores del sector público y se accede a través de la
formación específica en ese ámbito.
También en Francia se está valorando el paso a un modelo de este
tipo, y se ha iniciado con un experimento en el que participan 25
municipios en los que los profesionales de la auditoría externos al
sector público llevan a cabo la auditoría de los gobiernos locales, bajo
la coordinación del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control
Externo Regionales (OCER). Dado el interés de este modelo y su reciente
implantación, será objeto de análisis en un epígrafe específico.
Y en Italia existe un doble control por parte de órganos públicos y
privados, dado que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo el control de los
entes locales pero también es obligatorio contar con un auditor
profesional o Comité de auditoría, (formado por tres auditores) cuando
el municipio tiene más de 15.000 habitantes.
Actuaciones preventivas
El
presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
(ICJCE), Ferrán Rodríguez, junto con el presidente del Col·legi de
Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), Antoni Gómez, ha
resentado [sic] este estudio durante la 13ª Jornada de Auditoría del Sector
Público que se ha celebrado en formato mixto en la sede del Col·legi.
Ferrán Rodríguez ha explicado que "2020 debería de haber sido un
punto de inflexión en esta situación, ya que fue el ejercicio en el que
se comenzó a aplicar el Real Decreto 424/2017 que regula el control
interno en las entidades del Sector Público Local. Aunque no lo decía
literalmente, por las medidas que contiene y las responsabilidades que
establece, en la práctica este Real Decreto exige que a partir de ese
año la mayoría de las cuentas de las entidades que dependen de los
Ayuntamientos de cierta dimensión sean objeto de auditorías
independientes".
Para Antoni Gómez, "la auditoría externa anual cumple un objetivo
esencial preventivo, no solo respecto de potenciales irregularidades
sino sobre todo para asegurar que las cuentas reflejen adecuadamente la
situación. Esta función debe estar desvinculada de la responsabilidad
última de formulación de las cuentas, para evitar ser juez y parte. La
escasa auditoría externa practicada en las cuentas de los ayuntamientos
españoles -muy inferior al del sector privadotambién penaliza el control
en lo relativo a la gestión y asignación con criterios de eficiencia de
los Fondos Next Generation de la Unión Europea".
El Covid y la Guerra de Ucrania
El
Covid, la guerra en Ucrania y el proceso inflacionista que han generado
están requiriendo la adopción por parte de las administraciones
públicas de medidas de impacto inmediato.
"La acción política ante estas coyunturas requiere agilidad, pero en
procesos en los que deben prevalecer las máximas garantías, como son los
de las administraciones públicas, la agilidad a menudo implica mayores
riesgos y el acceso a recursos que, por requerirse de forma puntual, no
están disponibles en las administraciones. Desde el inicio de la crisis
sanitaria desde el Instituto trasladamos a todas las instituciones
nuestra preocupación por este hecho y la necesidad de que se contase con
nosotros para reducir estos riesgos" ha afirmado Ferrán Rodriguez.
Desde el ICJCE se valora positivamente el hecho de que a nivel
autonómico y estatal las administraciones estén contando con la
colaboración de los auditores para un mejor control de los procesos de
concesión de ayudas urgentes por efectos del Covid o de la invasión de
Ucrania.
A pesar de ello, el presidente del ICJCE ha concluido que "existe aún
un amplio margen de mejora en la colaboración público-privada en el
control externo de las Administraciones Públicas".
Tradicionalmente, En España se ha diferenciado entre control interno y
externo, teniendo en cuenta el órgano que lleva a cabo el mismo. Así,
el control interno se caracteriza porque se ejerce por órganos de la
propia administración con el objetivo de aportar fiabilidad y verificar
el cumplimiento de la legalidad vigente y la gestión eficiente de los
recursos.
En contraposición, el control externo es llevado a cabo por órganos e
instituciones ajenos a la entidad auditada. Sin embargo hay que señalar
que en ocasiones, la diferenciación entre ambos tipos de control no
tiene lugar y son los propios auditores externos los que llevan a cabo
la verificación de los procedimientos administrativos y presupuestarios.
Abstención de opinión en auditorías: ¿sí o no? - El Auditor
Cuando no tienen una opinión formada, los auditores cuentan con la posibilidad de no manifestarse. En qué casos pueden hacerlo, cuáles son las alternativas. El análisis de expertos en una charla con El Auditor.info. martes 19 de abril de 2022 11:01
Una de las formas de dictamen de los auditores es la abstención de opinión que se realiza cuando no es posible tener una posición, por diferentes razones, sobre el ente auditado. Norberto Bruno y Jorge Forlano son profesionales con antecedentes en la materia de control estatal y, en una charla con El Auditor.info, analizaron las hipótesis de abstención de opinión en informes o en debates dentro del ambiente laboral del control público.
La
posibilidad de no dar opinión está contemplada en las normas de
auditorías nacionales e internacionales, tanto para estudios privados
como estatales.
La Auditoría General de la Nación (AGN) utilizó varias veces la abstención de opinión en informes sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la Entidad Binacional Yacyretá, la Administración General de Puertos, la Dirección General de Fabricaciones Militares, Aerolíneas Argentinas,
la Empresa Ferrocarril General Belgrano, el Programa de Atención Médica
Integral (PAMI), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA) y el Sistema Nacional de Medios Públicos. La mayoría de estos
organismos recibieron reiteradamente este dictamen.
La abstención
de opinión significa llanamente que el auditor concluye su informe
diciendo que no puede opinar. Es una posibilidad que suele estar
contemplada en las normas de auditoría locales e internacionales y
tienen la posibilidad de hacerlo tanto los estudios privados contables
como los organismos estatales que cumplen una función de control en el
ámbito del sector público, según explicó Bruno, profesor titular de
Finanzas Públicas en la Universidad Nacional de La Matanza, quien formó
parte de la AGN desde 1993 a 1999. Esas mismas normas prevén otras
posibilidades de dictamen como: opinión favorable, positiva, limpia, sin
ningún reparo; opinión negativa o adversa; opinión favorable con algún
tipo de salvedad, reparo o condicionamiento.
¿Cuándo un auditor podría denegar su opinión?
En general, hay dos situaciones
que pueden motivar la abstención de opinión: una es cuando se da la
imposibilidad de obtener evidencia suficiente y específica como para
poder brindar una opinión con una razonable seguridad. La otra es cuando
el auditor advierte la existencia de incertidumbres o riesgos de tal
magnitud y proyección que, a su juicio, podrían afectar seriamente la
continuidad o sostenibilidad del ente auditado, por ejemplo si de sus
estados contables depende un contrato.
"La
denegación de opinión procedería cuando hay una limitación al alcance
del trabajo de auditoría o una incertidumbre significativa [sic]", indicó
Bruno.
“La abstención o denegación de opinión procedería cuando hay una limitación al alcance del trabajo de auditoría o una incertidumbre significativa,
que no le permite al auditor reunir evidencia suficiente como para
arribar a una convincente seguridad de que los estados financieros
examinados están libres de errores y que, por lo tanto, representan la
situación financiera de la entidad”, indicó Bruno.
Por otro lado,
la abstención de opinión no siempre está asociada con la imposibilidad
de reunir evidencia suficiente por limitaciones al alcance del trabajo.
Otras veces operan circunstancias externas, fuera del
control de los administradores, cuyos efectos sobre el patrimonio y la
noción de hacienda en marcha no pueden ser mensurados o calibrados
razonablemente por el auditor debido a la interacción de
diversas incertidumbres. "Son hipótesis raras, mucho más en el sector
público debido al principio de continuidad del Estado, pero entiendo que
allí estaría plenamente justificada la abstención”, añadió Bruno.
En
cambio, una abstención de opinión persistente en el tiempo, basada en
insuficiente información, evidencia o documentación es una "situación
injustificada". "Estaría hablando de desinterés por el buen funcionamiento de los sistemas
de información del organismo y de incumplimiento de deberes de adecuada
diligencia administrativa, transparencia y rendición de cuentas clara,
oportuna y completa”, sostuvo.
Una delgada línea
Muchas veces, la línea divisoria entre la denegación de opinión y la opinión adversa
es delgada. “El uso de la abstención de opinión tendría que estar
limitado a circunstancias extraordinarias. El auditor público debería
exigir acciones positivas a los auditados para que aparezca la evidencia
que le permita brindar una opinión concreta. De lo contrario, su
abstención de opinión, sin haber agotado los medios para que se
solucione la carencia, podría ser interpretada como una conducta
complaciente, cómoda, no comprometida, para no decir cómplice”, aseveró
Bruno.
En la duda, en la opción entre un tipo de comportamiento y
otro por parte del auditor, ante la carencia de elementos de juicio
suficientes y pertinentes, siguiendo a Bruno, “la regla debería ser la opinión negativa
[sic] y que ello dé lugar al inicio de procesos de exámenes exhaustivos de
cuentas y de responsabilización administrativa y política”. Asimismo, el
especialista señaló que la AGN debería hacer un seguimiento regular
y oportuno del caso, ajustando sus acciones de observación a la
gravedad.
Abstención no
Jorge Forlano trabajó desde 1993
hasta el 2000 en la AGN como gerente general del sector público no
financiero; de 2012 a 2018, como subgerente de Transferencias y gerente
de entes reguladores y empresas de servicios públicos. En su primera
etapa, observó muchas abstenciones de opinión en varias de las empresas
estatales por falta de inventarios o incorrecta valuación en Bienes de
Uso y en Bienes de Cambio. Según contó, no había detalle de créditos, ni
de deudas por lo que terminaban absteniéndose dado que estas falencias
tenían un impacto relevante en el total del patrimonio.
Para
Forlano, "la AGN como un organismo de control público superior debería
hacer informes donde dictamine de forma favorable o desfavorable, no
abstenerse”.
Si bien la abstención de opinión en general es un
procedimiento admitido por la profesión contable, Forlano no lo
considera conveniente en los dictámenes de empresas públicas "Salvo al
emitir opinión de la Cuenta de Inversión
de cada ejercicio, dado que al consolidar los distintos estados
contables de los organismos descentralizados y al no contar con
inventarios confiables entre otras falencias, no queda otra alternativa
al dictaminar que recurrir a una abstención de opinión para evaluar los
estados contables patrimoniales. Pero en las empresas del estado y
organismos debería evaluarse directamente la gestión. La AGN como un
organismo de control público superior debería hacer informes donde
dictamine de forma favorable o desfavorable, no abstenerse”.
Forlano
tiene una larga trayectoria en organismos de control como la ex SIGEP,
el ex Tribunal de Cuentas de la Nación y hoy es parte de la Auditoría
Interna del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. “Los
organismos de control público no cumplen suficientemente con la función
que les corresponde. Deberían elaborarse informes de gestión donde se
analice si se cumple con la función para la que fue creado, los
objetivos, si el gasto que ejecuta le brinda un verdadero retorno a la
sociedad. Tiene que ser un informe que remarque los problemas, las
recomendaciones, los aspectos positivos, hacer una conclusión como
corresponde y así se podría evitar la abstención de opinión”.
“Hay
entes reguladores, por mencionar un ejemplo, que tienen presupuestos
importantes, pero no le dan respuesta al ciudadano. No hay atención ni
respuesta oportuna. De esta forma los organismos de control están en una situación de pasividad,
los informes salen tarde, son extemporáneos, es como hacer una autopsia
de un cadáver para determinar las causas de su defunción, pero no
permite establecer una acción correctiva con oportunidad”, comentó
Forlano.
Muchas empresas o entes no modifican o no corrigen las
observaciones que se repiten año tras año reiterándose las abstenciones
de opinión. “No hacen nada para cambiar o resolver los problemas dado
que no se le otorga relevancia a la faz administrativa debido a que los
funcionarios están abocados exclusivamente a los temas urgentes de la
gestión. No se van encarando cada una de las falencias o debilidades
para levantar las abstenciones. Muchas veces, se dejan de lado las
recomendaciones de la auditoría que se van repitiendo a través del
tiempo”, finalizó Forlano.
El casos de ANSES
Durante
20 años, desde 1993, los informes sobre la ANSES recibieron por parte
de la AGN abstención de opinión. “No había una razonable certeza
respecto de la magnitud y el signo de su patrimonio neto, por carencia
de valuaciones actualizadas e integrales de activos y deudas”, recordó
Bruno quien fue parte de algunas de las auditorías anuales que se
hicieron sobre los estados contables financieros del organismo
previsional.
Luego de muchos años, “se llegó a comprender la
naturaleza del problema y la importancia de su solución para la
integridad y credibilidad de la gestión previsional. Las autoridades
directivas de la entidad auditada solicitaron los apoyos y
colaboraciones técnicas necesarias para su resolución. Al cabo de cierto
tiempo, toda la tarea desplegada para el relevamiento y valorización de
activos fijos y de otras partidas contables hizo que mejorara sustantivamente la calidad de la información. Así, la situación
financiera y patrimonial de la ANSES comenzó a recibir opinión favorable
de parte de la AGN”, concluyó Bruno.
Lo ha anunciado en una nota de prensa, pero sin decir qué partidos son ni hacer público aún el informe que se ha aprobado
Roberto Pérez - Madrid Actualizado:24/02/2022 20:08h
El Tribunal de Cuentas (TCu) ha detectado irregularidades en la contabilidad de 10 formaciones políticas correspondiente al año 2017, año en que los partidos se repartieron 171 millones de eruos de subvenciones públicas.
Así lo ha anunciado ese organismo a través de una nota de prensa, en la
que da cuenta de la aprobación de ese informe de fiscalización, pero
sin facilitar el documento ni detallar qué formaciones son las que han incurrido en anomalías contables, de qué tipo y por qué cuantías. ABC ha solicitado, sin éxito, que se facilitaran esos datos.
Habrá
que esperar a que el TCu publique el contenido íntegro de ese informe
de fiscalización, en fecha aún por determinar. Este organismo estrenó
presidenta hace escasos meses, en el marco de los acuerdos de
renovación de órganos constitucionales que pactó el PSOE con el PP. Desde finales de noviembre, Enriqueta Chicano está al frente del Tribunal de Cuentas, que también renovó su equipo de comunicación.
Según el comunicado emitido por el TCu este jueves por la tarde, este organismo ha auditado la contabilidad de 25 formaciones políticas del año 2017, todas las que percibieron subvenciones públicas
para gastos de funcionamiento. Es decir, las siglas de primer nivel,
con representatividad institucional en España. De esas 25 formaciones, diez de ellas «no reflejaron de forma fiel su situación financiera y patrimonial», según los auditores del Tribunal de Cuentas.
Los
inspectores se han topado en nueve formaciones con falta de información
económica obligatoria, lo que les ha impedido escrutar las cuentas de
forma adecuada. Además, en 2017 varios partidos tenían agujeros
patrimoniales tan considerables «que desembocaron en algunos casos en
situaciones concursales», lo que se conocía como suspensiones de pagos
en la antigua nomenclatura mercantil.
Asimismo, los auditores han detectado incumplimientos de la ley de financiación de partidos.
En concreto, por la falta de identificación de donantes que realizaron
aportaciones, «y por haber ingresado donaciones que en conjunto podrían
exceder el límite máximo en cómputo anual». El TCu ha abierto
expedientes sancionadores que están actualmente en tramitación, pero
tampoco ha detallado de qué formaciones se trata.
En el mismo comunicado, el TCu se excusa por la tardanza en emitir este informe de fiscalización,
que llega cuatro años después de que los partidos cerraran esas
contabilidades que se han auditado. Argumenta que la demora se ha
debido, «en gran medida, por la acumulación de procesos electorales
celebrados en el año 2019, que requieren una atención prioritaria».
171 millones de fondos públicos en 2017
En 2017, los partidos recibieron 170,67 millones de euros de fondos públicos. Representó el 72% de todos los recursos económicos que manejaron aquel año.
Es decir, solo el 28% de los ingresos de los partidos corresponden a
aportaciones privadas, entre las que se incluyen las que hacen sus
cargos públicos. El TCu considera que este desequilibrio es un riesgo de «posibles situaciones de insolvencia»,
dado que los ingresos públicos varían según los resultados electorales
que se obtienen. Por eso, urge a los partidos a aumentar la financiación
privada, «para evitar una excesiva dependencia de los ingresos
públicos».
