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Provincial: 29.200 euros para una asesoría externa por la «desfavorable» gestión

El hospital licita un contrato por las «debilidades» de su área económica tras detectar la auditoría de Intervención de la Generalitat hasta 25,5 millones en contratos sin expediente

lunes, 22 septiembre 2025 - 17:23

Jandro Roures @jandroroures

La «desfavorable» gestión económica que ha hecho el Hospital Provincial en 2024, reconocida por el informe de Auditoria de la Intervención de la Generalitat Valenciana, ha forzado al centro sanitario castellonense a licitar un contrato para disponer de un «servicio de asistencia técnica y normativa en los ámbitos de gestión económico-presupuestaria». En total, 29.294,1 euros (IVA incluido) con los que el hospital dispondrá de asesoramiento técnico externo de carácter puntual y complementario en materias relacionadas con la gestión económica.

Este contrato sale a concurso después de que el informe de Auditoria de la Intervención de la Generalitat Valenciana, fechado a finales de julio, haya sacado a la luz que durante el año 2024 se han recibido en el Hospital Provincial de Castellón bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación por importe de 25.578.387,88 euros, una cantidad que supone el 41,75% del volumen total de contratación que asciende a 61.265.854,17 euros.

Esto supone un incumplimiento de los principios generales de la contratación pública, según el Informe de Auditoria de la Intervención de la Generalitat Valenciana. Con todo, los 25,5 millones sin expediente de contratación son casi 5 millones menos que los que se contrataron en 2023 sin el oportuno aval documental. Entonces, último año del Botànic y primero del PP en la Conselleria de Sanidad, fueron 30.432.607,98 euros los que se contrataron sin cobertura del oportuno expediente.

El Provincial gestiona 25,5 millones en bienes sin expediente de contratación

El Informe de Auditoría de intervención de la Generalitat Valenciana valora como “desfavorable” la gestión del área de contratación al detectar que el...

El pliego de condiciones técnicas que publica el portal de contratación pública explica que el asesoramiento «se limitará a la emisión de informes, aclaraciones técnicas y apoyo documental, en colaboración con el personal técnico del Consorcio, en ningún caso implicando sustitución de funciones directivas ni la asunción de responsabilidades propias del personal del Consorcio».

El área económica, en manos de Inmaculada Tena, contará de esta forma de un equipo profesional con la disponibilidad suficiente para «garantizar la respuesta en un plazo máximo de 48 horas hábiles a las consultas realizadas por el Servicio de Gestión Presupuestaria del Hospital con una disponibilidad mínima de dos jornadas mensuales presenciales o virtuales para reuniones de coordinación y seguimiento».

El contrato se prolongará por un periodo de 12 meses, con posibilidad de prórroga por periodos sucesivos de una única prórroga de seis meses adicionales siempre que las condiciones contractuales se mantengan y haya disponibilidad presupuestaria, con la finalidad de «apoyar la revisión de las debilidades detectadas en los informes de auditoria de cumplimiento, operativa y contables realizados por la Intervención, Sindicatura y otros organismos fiscalizadores».

El informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana, el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón también recoge que el centro sanitario incumple el plazo legal de pago a los proveedores en un 41,1% de los contratos analizados. Tampoco consta en los expedientes de contratación analizados que el responsable del contrato haya verificado si el contratista ha cumplido con las condiciones especiales de ejecución establecidas.

En general, según el Informe de Auditoría de Cumplimiento, en los expedientes de contratación analizados no queda suficientemente acreditado cómo se ha realizado el cálculo de valor de mercado. «Algunos de los documentos no han sido tramitados por medios electrónicos, de forma que han sido firmados manualmente y, posteriormente, escaneados para su digitalización», explica el documento. «Para subsanar esta deficiencia, en 2024, se implantó la administración electrónica», matiza el informe.

También cuestiona que los expedientes analizados se ha detectado que tanto el responsable del contrato como el resto de personal que participan en el procedimiento de contratación, firman la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) con carácter previo a conocer la identidad de las empresas licitadoras o que en el contrato de asesoría no se ha cuantificado la necesidad el importe estimado de contratación de la asistencia técnica.

De los 61,2 millones del área de contratación, 30,6 corresponden a contratos menores, un total de 390, mientras que otros 26,3 millones fueron contratos menores y otros gastos, un total de 8.973, mientras que se prorrogaron otros 20 contratos por valor de 4,2 millones de euros.

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El Provincial gestiona 25,5 millones en bienes sin expediente de contratación

El Informe de Auditoría de intervención de la Generalitat Valenciana valora como “desfavorable” la gestión del área de contratación al detectar que el 41,7% del volumen total de contratación en 2024 se hizo sin el correspondiente expediente

viernes, 19 septiembre 2025 - 11:51

Jandro Roures @jandroroures

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón vuelve a suspender en la gestión económico-financiera en el área de contratación, según se desprende del último Informe de Auditoria de Cumplimiento elaborado por la Intervención de la Generalitat Valenciana. El documento considera «desfavorable» su gestión en relación a la compra de bienes y servicios por entender que «no se ajusta a la normativa aplicable, habiéndose detectado incumplimiento o deficiencias». En concreto, durante el año 2024, se han recibido en el Hospital Provincial de Castellón bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación por importe de 25.578.387,88 euros, una cantidad que supone el 41,75% del volumen total de contratación que asciende a 61.265.854,17 euros.

Esto supone un incumplimiento de los principios generales de la contratación pública, según el Informe de Auditoria de la Intervención de la Generalitat Valenciana. Con todo, los 25,5 millones sin expediente de contratación son casi 5 millones menos que los que se contrataron en 2023 sin el oportuno aval documental. Entonces, último año del Botànic y primero del PP en la Conselleria de Sanidad, fueron 30.432.607,98 euros los que se contrataron sin cobertura del oportuno expediente.

Además, según se desprende del documento hecho público por la Intervención de la Generalitat Valenciana, el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón también incumple el plazo legal de pago a los proveedores en un 41,1% de los contratos analizados. Tampoco consta en los expedientes de contratación analizados que el responsable del contrato haya verificado si el contratista ha cumplido con las condiciones especiales de ejecución establecidas.

En general, según el Informe de Auditoría de Cumplimiento, en los expedientes de contratación analizados no queda suficientemente acreditado cómo se ha realizado el cálculo de valor de mercado. «Algunos de los documentos no han sido tramitados por medios electrónicos, de forma que han sido firmados manualmente y, posteriormente, escaneados para su digitalización», explica el documento. «Para subsanar esta deficiencia, en 2024, se implantó la administración electrónica», matiza el informe.

También cuestiona que los expedientes analizados se ha detectado que tanto el responsable del contrato como el resto de personal que participan en el procedimiento de contratación, firman la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) con carácter previo a conocer la identidad de las empresas licitadoras o que en el contrato de asesoría no se ha cuantificado la necesidad el importe estimado de contratación de la asistencia técnica. De los 61,2 millones del área de contratación, 30,6 corresponden a contratos menores, un total de 390, mientras que otros 26,3 millones fueron contratos menores y otros gastos, un total de 8.973, mientras que se prorrogaron otros 20 contratos por valor de 4,2 millones de euros.

OTRO ‘SUSPENSO’ EN EL ÁREA DE TESORERÍA

Intervención de la Generalitat Valenciana también considera desfavorable la gestión en el área de tesorería habiendose detectado de nuevo incumplimientos. Entre los más reseñables, que los sistemas informáticos implicados en el circuito de procedimiento de gasto y de pago no están interconectados.

El Consorcio tampoco dispone de un procedimiento formalizado donde se desarrolle el modo de tramitar altas, modificaciones y bajas de los datos personales y bancarios de las personas físicas y jurídicas que se relacionen con la entidad.

En los albaranes de entrega no consta expresamente la comprobación de la recepción por parte del personal del Consorcio. A su vez, en las facturas se estampilla un cuño donde se constata que el suministro facturado es conforme a la prestacióin recibida, pero en éste no aparece la fecha de su comprobación.

Por último, se ha detectado que el documento de pago denominado ‘Relación de pagos a través de transferencia’ «consta firmado manualmente por el director gerente y por la directora económica, cuando debería ser tramitado electrónicamente y utilizando firmas digitales de forma encriptada y garantizada por una autoridad de certificación reconocida».

CGE: CILEA - Jornada de reflexiones sobre nuevos servicios en Contabilidad y Auditoría - (YouTube)

CILEA - Jornada de reflexiones sobre nuevos servicios en Contabilidad y Auditoría - YouTube

Apreciados/as compañeros/as.

Informaros que, el pasado 7 y 8 de abril se celebró en la sede del Consejo General de Economistas de España, la Asamblea General del Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA), cuya presidencia la ocupa Valentín Pich. Desde su creación en 1997, CILEA promueve la comunicación entre los países latinos de América y Europa, para favorecer el proceso de armonización de la actividad profesional contable y de auditoría de cuentas, en la que el CGE participa de forma muy activa. Durante la Asamblea se aprobó el Plan Estratégico, el Plan Actividades, la formación de nuevos grupos de trabajo y la continuidad de los trabajos de los grupos de sostenibilidad y gestión de la calidad, además de promover la adopción de las normas internacionales en los países.

La presentación de la Jornada corrió a cargo de Valentín Pich -Presidente de CILEA (España)-; Montserrat Rubio -Secretaria General del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y Remy A. Terceros -Vicepresidente Primero de CILEA (Bolivia)- destacando que la actividad profesional se encuentra en un entorno complejo, caracterizado por una amplia demanda de información, y marcada por los procesos de digitalización y aplicación de la inteligencia artificial en los despachos y en los clientes.

Así mismo, el día 08 se celebró la Jornada de Reflexión sobre los nuevos servicios en contabilidad y auditoría a la que asistieron representantes y profesionales de las asociaciones de economistas, contables y auditores de 16 países, 11 de los cuales asistieron de forma presencial. Los países asistentes fueron Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, San Marino, Uruguay, y Venezuela. La Asamblea y la Jornada contó con la asistencia de Manuel Arias, Vicedirector de Relacionamiento con los Miembros IFAC, como observador invitado.

Programa jornada  -  Grabación Jornada

La primera sesión técnica abordó la gestión de la calidad de los servicios profesionales y fue desarrollada por Alberto Velasco -Secretario Técnico REFOR-CGE)-, y Álvaro Costa -Asesor OCC Portugal)-, y moderada por Remy A. Terceros -Vicepresidente Primero de CILEA (Bolivia)-. El objetivo de desarrollar un Manual de Procedimientos de Buenas Prácticas contables es mejorar los servicios contables, promover la excelencia en el desempeño de la actividad y la satisfacción del cliente, y facilitar una herramienta accesible y práctica para los despachos, aplicable a cualquier país. Los ponentes enumeraron los distintos temas a tratar en el manual. También se debatió durante la sesión, la importancia de contribuir al desarrollo de las normas espejo de las ISO en la gestión de la calidad de la actividad en cada país.

En la segunda sesión técnica sobre nuevas oportunidades para los contables, auditores y profesionales en el área de la empresa participó Javier Martínez -Presidente EC-CGE-, Emilio Álvarez -Presidente REA-CGE-, y Salvador Marín -Presidente EFAA form SMEs- , siendo moderada la sesión por Paloma Belmonte -Secretaria Técnica del REA-CGE-. La transformación de la actividad profesional contable y auditor exige ir de la lógica del cumplimiento a la capacidad de generar valor añadido en nuestros clientes. Las tendencias globales son tres; la digitalización, la sostenibilidad-informes integrados y la movilidad del talento. En el ámbito del Sector Público la colaboración en las auditorías de cumplimiento y operativas es una demanda en alza.

A todos los asistentes, tanto de España como de los países miembros...

Esperando que esta comunicación resulte de vuestro interés y poniéndonos a vuestra disposición para comentar cualquier duda al respecto, recibid un cordial saludo.

Consejo General de Economistas de España

Sindicatura de Comptes Valenciana: Informe de auditoría de los controles básicos de ciberseguridad de la Diputación de Valencia (Ejercicio 2021)

Informe de auditoría de los controles básicos de ciberseguridad de la Diputación de Valencia. Ejercicio 2021  - Sindicatura de Comptes

València, 8 de febrero de 2022.- La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría de los controles básicos de ciberseguridad (CBCS) de la Diputación de Valencia. Un trabajo en sintonía con su plan estratégico y que atiende a la realidad de la transformación digital que están experimentando todas las administraciones públicas y su interconexión a través de complejas redes informáticas, un hecho que las expone de forma cada vez más intensa a amenazas provenientes del ciberespacio. Esto origina un incremento de los riesgos asociados a los sistemas de información que sustentan los servicios públicos y, por tanto, a la información que manejan. De hecho, las entidades locales han sido uno de los objetivos más afectados por las recientes oleadas de ciberataques.

El informe de la auditoría presenta una serie de conclusiones, que se resumen a continuación:

• El índice de madurez general de los CBCS muestra un valor del 51,0%, por lo que todavía debe mejorar para alcanzar el objetivo del 80%. Se han identificado diversas deficiencias significativas y en todos los controles analizados se deben realizar esfuerzos para su mejora, ya que ninguno alcanza el nivel de madurez requerido. En particular, existen cuatro que tienen un nivel de madurez deficiente, sobre los que se debe trabajar con mayor intensidad para reforzar la protección de los sistemas de información.
• Hemos podido verificar que la Diputación no tiene establecida una adecuada gobernanza de la ciberseguridad. Los órganos superiores de la Diputación, como responsables del sistema de control, deben reforzar el actual nivel de compromiso y apoyo en forma de recursos humanos y presupuestarios dedicados a la seguridad de la información.
• La revisión del cumplimiento de legalidad en materia relacionada con la seguridad de la información ha puesto de manifiesto un bajo nivel de adecuación a las normas legales. El informe señala varios aspectos pendientes de mejora sobre los que se debe actuar para su pronta subsanación.
• Respecto del Esquema Nacional de Seguridad, la Diputación debe realizar los nombramientos necesarios, en especial el responsable de seguridad, y solventar las no conformidades identificadas en la auditoría de cumplimiento realizada, de forma que le permita obtener la certificación de conformidad y el distintivo correspondiente para su publicación en la sede electrónica.

A su vez, la Sindicatura ha realizado una serie de recomendaciones con el propósito de contribuir a la subsanación de las deficiencias observadas y a la mejora de los procedimientos de gestión de la ciberseguridad de la Diputación, entre las que figuran: 

1. Actualizar y mejorar la normativa de seguridad.
2. Implantar soluciones que permitan restringir el acceso de dispositivos físicos no autorizados a la red corporativa (CBCS 1).     
3. Identificar y actualizar todos los sistemas que se encuentran fueran del periodo de soporte (CBCS 2).
4. Resolver las vulnerabilidades de nivel crítico identificadas (CBCS 3)

Para ver el informe completo, haga clic aquí. 

NOTA

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro informe y facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado.

lasProvincias.es: Sólo control formal para las principales firmas públicas (Comunidad Valenciana)

Sólo control formal para las principales firmas públicas | Las Provincias
Sábado, 30 diciembre 2017, 00:25

Valencia. La Sindicatura de Comptes aprobó el 20 de enero de 2017 el Programa Anual de Actuación correspondiente al ejercicio actual, en el que se fijaron con detalle los entes a fiscalizar, tipos de auditoría a realizar y alcances de cada fiscalización. En ese programa se acordó distinguir el conjunto de entidades que forman la Generalitat en dos niveles de control según los objetivos y alcances concretos establecidos para cada una de las fiscalizaciones: control de regularidad de las cuentas anuales y especiales, y control formal. El primero, más en profundidad, abordó el Instituto Valenciano de Finanzas, el EIGE y Culturarts, que representan el 16,6% del presupuesto total. El segundo afecta al 83% restante del presupuesto, e incluye firmas como FGV, el IVACE, la nueva televisión, la Agencia Valenciana de Turismo, Cacsa, la Sociedad Proyectos Temáticos, el Circuito del Motor, la Ciudad de la Luz y Ciegsa, entre otras. Muchas de estas firmas públicas son las que tradicionalmente han arrojado las cuestiones más polémicas de los informes de la Sindicatura de Comptes. Al reducirse este año a un análisis 'formal', la presencia de datos significativos respecto a las contrataciones o al resto de apartados de su actividad financiera se ve muy reducido.

Con todo, la Sindicatura también es consciente de la existencia de algunas empresas o fundaciones públicas en las que todavía no se ha publicado el informe de auditoria, o el informe de cumplimiento de legalidad o el informe de auditoria operativa. En algunos casos, esos informes son del mismo mes de diciembre, por lo que la Sindicatura ha hecho su informe sin poder disponer de dicha documentación.

CincoDías.com: Sobre las auditorías municipales que vienen

Sobre las auditorías municipales que vienen | Compañías | Cinco Días

Todo el sector público local estará sujeto a fiscalización, control permanente y auditoría pública
23 MAY 2017

En el presente mes de mayo se ha aprobado por el Gobierno y publicado en el BOE el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

Dicho Real Decreto viene a regular de manera formal (en 40 artículos, 7 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria, 1 disposición transitoria y 2 disposiciones finales) un aspecto que ya desde la lejana y todavía vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (a través de su artículo 115), era una petición expresa del legislador: la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales.

En 58 ocasiones se nombra en la norma referida el término auditoría, lo que nos puede ofrecer una primera aproximación de la importancia que este concepto reviste de cara a la consecución del control interno en el Sector Público local (integrado por ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares, mancomunidades, comarcas, etc.).

Aunque de manera breve y simplista, entiendo necesario para conocer el contenido y alcance de este Real Decreto, realizar aquí una serie de “pequeñas pinceladas” sobre las materias que desarrolla. Así:

• Las auditorías públicas a las entidades locales serán de tres modalidades: auditoría de cuentas anuales, auditorías de cumplimiento y auditorías operativas.
• Podrán colaborar con las entidades locales otros órganos públicos o firmas privadas de auditoría para la ejecución de las funciones de control financiero, en la modalidad de auditoría pública, a propuesta del órgano interventor y en caso de insuficiencia de medios, mediante los oportunos convenios o contratos.
• Las normas técnicas que han de servir como referencia obligatoria, tanto para el desarrollo de los trabajos de campo como para la elaboración y la tramitación de los informes, serán las normas técnicas de control financiero y auditoría del sector público dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado (normas IGAE).
• Será obligatorio publicar en las sedes electrónicas corporativas los informes de las auditorías de cuentas anuales, junto a la información contable, conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Mucho se había hablado sobre la oportunidad y conveniencia de realizar auditorías de las cuentas públicas de los ayuntamientos, incluso se venía proponiendo una estratificación, de manera que se instrumentara algún tipo de control financiero sobre las cuentas de los municipios con población superior a los 5.000 habitantes. Ahora, con el Real Decreto aprobado se ha normativizado el control de los entes locales, con la particularidad de que, salvo error por parte de quien suscribe en una lectura apresurada del texto, no existe discriminación alguna por razón de tamaño: todo el sector público local estará sujeto a fiscalización, control permanente y auditoría pública.

Particularmente interesante para los que nos dedicamos a la profesión auditora resulta el contenido del artículo 34 del citado texto legal. En él, se contienen en detalle las normas previstas para la colaboración en las actuaciones de auditoría pública.

Destacamos:

• La colaboración (pública o privada) siempre nace a propuesta del órgano interventor competente.
• Las entidades locales deberán tener consignadas en sus presupuestos las cuantías suficientes para cubrir las necesidades de colaboración.
• La colaboración de firmas privadas se hará siempre bajo contrato (en este caso, es obligada la referencia a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
• El plazo máximo de contratación será de dos  años, prorrogables, no pudiendo superar los ocho años en una misma entidad las renovaciones sucesivas.
• Hasta transcurridos 2 años desde la finalización del periodo de 8 años no podrán ser de nuevo contratadas las firmas privadas.
• Existe una incompatibilidad para contratar a la firma cuando en el mismo año o al anterior de la contratación se hayan realizado otros trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe.

El Real Decreto contempla una vacatio legis, de manera que entrará en vigor el 1 de julio del 2018. En cuanto a las auditorías de cuentas previstas, las mismas se realizarán sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019.

Por tanto, puede decirse que estamos ante el “pistoletazo de salida”, la carrera de las auditorias municipales ya ha comenzado.

En mi modesta opinión, dos reflexiones finales:

1. Desde el punto de vista de la obligada legalidad, eficacia, regularidad, transparencia…..(podría seguir incorporando atributos obligacionales relativos al sector público, hasta cubrir un buen número de líneas), no cabe duda que todo intento de establecer un sistema de control interno representa un paso adelante en la claridad de las cuentas públicas.

 2. Desde el punto de vista de las firmas privadas de auditoría, estamos ante una oportunidad de generar negocio nada despreciable. En este sentido, es un hecho evidente que quienes decidan acometer este tipo de actuaciones de revisión contable, lo primero que tienen que hacer es planificar la adecuada formación y especialización del personal asignado a este tipo de trabajos. Si la experiencia siempre fue un grado, ahora esto se pone más de manifiesto que nunca para aquellos que saben que la auditoría pública es sensiblemente diferente a la auditoría privada (aunque esto sería materia no sólo de un artículo sino de todo un curso formativo).

Confiemos en que el Real Decreto sea el principio de un largo entente cordial entre órganos fiscalizadores locales y auditores privados. Desde ya deben saber dichos órganos que estamos (como igualmente estábamos en el año 1998 [1988] cuando surge la primera Ley de Auditoría en España, obviamente privada), para dar cumplida respuesta a los requerimientos legales que emanan de los poderes públicos.

“Diseñado el trabajo a efectuar, queda elegir la herramienta a utilizar”.

Francisco Jimeno Rozalén, EUDITA

20Minutos.es: El Ayuntamiento de Valladolid aprueba un Plan de Auditoría para controlar sociedades mixtas, fundaciones y otras entidades

Ayuntamiento de Valladolid aprueba un Plan de Auditoría para controlar sociedades mixtas, fundaciones y otras entidades - 20minutos.es

EUROPA PRESS. 10.05.2017

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles en Junta de Gobierno el Plan de Auditorias para 2017 de las entidades dependientes del propio Consistorio las cuales no estén aún sometidas a control y fiscalización previos, como serían las sociedades mixtas y algunas fundaciones.

Según ha explicado el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, el Plan se ha aprobado a propuesta del interventor municipal y alude tanto al de materia económico-financiera como al cumplimiento de objetivos, que resulta "más novedoso".

Así, se informará del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación, así como del grado de eficiencia en la consecución de los objetivos previstos; se comprobará la gestión económico-financiera; así como la transparencia del Sector Público Municipal así como a la auditoría de cumplimiento cuyo fin es verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que sean de aplicación.

El edil socialista ha explicado que las auditorías se realizarán en entidades que hasta ahora no tenían un control económico financiero, como entiende que serían las sociedades municipales mixtas, fundaciones y otras entidades como la Feria de Valladolid, la Asociación Ibérica de Municipios o el Patronato de la Casa de la India.

La Intervención participará, según ha apuntado Gato, en la elaboración de pliegos para contratar empresas externas, que serán las que se encarguen de las auditorías, que se realizarán sobre la anualidad de 2017, por lo que no se llevarán a cabo hasta que concluya el ejercicio, ya en 2018.

El objetivo es "que no se escape nada" y que se auditen aspectos específicos, como el control de la contratación pública, personal, presupuestos, y otras cuestiones que, como ha reconocido Antonio Gato, "ahora mismo no son objeto de control económico financiero".

De hecho, ha recordado que sólo están sometidos a fiscalización "plena" el propio Ayuntamiento, los organismos autónomos Fundación Municipal de Deportes y de Cultura, la Seminci y las sociedades VIVA y Auvasa, mientras que el resto "quedaba prácticamente sin control de intervención".
(...)

laVanguardia.com: El Ayuntamiento de Valladolid aprueba un Plan de Auditoría para controlar sociedades mixtas, fundaciones y otras entidades

Ayuntamiento de Valladolid aprueba un Plan de Auditoría para controlar sociedades mixtas, fundaciones y otras entidades

Más de 530.000 euros para arrendamiento de 24 vehículos policiales

10/05/2017 14:17

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles en Junta de Gobierno el Plan de Auditorias para 2017 de las entidades dependientes del propio Consistorio las cuales no estén aún sometidas a control y fiscalización previos, como serían las sociedades mixtas y algunas fundaciones.

Según ha explicado el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, el Plan se ha aprobado a propuesta del interventor municipal y alude tanto al de materia económico-financiera como al cumplimiento de objetivos, que resulta "más novedoso".

Así, se informará del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación, así como del grado de eficiencia en la consecución de los objetivos previstos; se comprobará la gestión económico-financiera; así como la transparencia del Sector Público Municipal así como a la auditoría de cumplimiento cuyo fin es verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que sean de aplicación.

El edil socialista ha explicado que las auditorías se realizarán en entidades que hasta ahora no tenían un control económico financiero, como entiende que serían las sociedades municipales mixtas, fundaciones y otras entidades como la Feria de Valladolid, la Asociación Ibérica de Municipios o el Patronato de la Casa de la India.

La Intervención participará, según ha apuntado Gato, en la elaboración de pliegos para contratar empresas externas, que serán las que se encarguen de las auditorías, que se realizarán sobre la anualidad de 2017, por lo que no se llevarán a cabo hasta que concluya el ejercicio, ya en 2018.

El objetivo es "que no se escape nada" y que se auditen aspectos específicos, como el control de la contratación pública, personal, presupuestos, y otras cuestiones que, como ha reconocido Antonio Gato, "ahora mismo no son objeto de control económico financiero".

De hecho, ha recordado que sólo están sometidos a fiscalización "plena" el propio Ayuntamiento, los organismos autónomos Fundación Municipal de Deportes y de Cultura, la Seminci y las sociedades VIVA y Auvasa, mientras que el resto "quedaba prácticamente sin control de intervención".

En la Junta de Gobierno, celebrada este miércoles bajo la presidencia del alcalde, Óscar Puente, se ha aprobado también la contratación del arrendamiento de un total de 14 vehículos con destino a la Policía Municipal, dividido en dos lotes comprometiendo los gastos hasta el año 2022.

El primero, consistente en cuatro coches sin distintivos policiales, es a la empresa Alphabet España Fleet Management, por un importe total de 137.818,03 euros (IVA incluido); mientras que al licitador Andacar 2000 se le adjudica la contratación de 10 vehículos con distintivos policiales en la cuantía de 393.129 euros.

Respecto a los asuntos de Servicios Sociales, se ha aprobado la adjudicación a la empresa Halcón Viajes SAU del contrato de servicio de alojamiento en régimen de pensión completa del alumnado de los cursos de cooperación técnica durante los años 2017-2018. El gasto comprometido asciende a 14.554 euros en cada anualidad.

20minutos.es: IDEA asegura que cumple con la Ley y con el Plan de Contabilidad y destaca que la situación patrimonial "ha mejorado"

IDEA asegura que cumple con la Ley y con el Plan de Contabilidad y destaca que la situación patrimonial "ha mejorado" - 20minutos.es
Discrepa con algún punto del informe de la Cámara de Cuentas y cree que algunas conclusiones "contribuyen a generar confusión y desprestigio".
EUROPA PRESS - 05.02.2016

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ha respondido al informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía relativa al ejercicio 2012, asegurando que la agencia cumple con la Ley y con el Plan de Contabilidad, y ha resaltado que su situación patrimonial "ha mejorado" en ejercicios posteriores.

Asimismo, IDEA ha mostrado "discrepancias" con ciertos puntos del informe y ha dejado constancia que si bien el objeto del informe de fiscalización está referido a 2012, "han sido irrelevantes e inmateriales las actuaciones analizadas que hayan sido acometidas en el año 2012", toda vez que "el análisis se ha centrado en operaciones históricas con origen desde hace más de 20 años, y sobre éstas, ha establecido determinadas conclusiones o determinaciones con gran impacto, sin considerar las mejoras desarrolladas en los últimos años".

A juicio de IDEA, este planteamiento "puede confundir a terceros y trasladar una imagen confusa y no real de la operativa de la Agencia, con el perjuicio que también genera sobre los profesionales y su labor".

IDEA ha indicado, que en cuanto al cumplimiento de la normativa presupuestaria y contable, así como del destino de los fondos, como ya se alegó y así ha sido reconocido en el informe, la Agencia IDEA "cumple estrictamente con el Plan General de Contabilidad del Sector Público Andaluz y con cuanta normativa existe". Apunta que el propio informe de la Cámara de Cuentas "recoge que la Agencia ha corregido, antes de la emisión del mismo, ciertas situaciones, lo que implica que IDEA lleva a cabo un estricto control de transferencias recibidas y remanentes".

En lo relativo a la situación patrimonial al cierre del ejercicio, si bien la Cámara de Cuentas recoge que en 2012 las pérdidas acumuladas ascienden a 444,29 millones de euros y las fondos propios negativos a 25,95 millones de euros, también es la Cámara quien concluye que "después de los ajustes contables de 2013, los fondos propios de la Agencia son positivos y ascienden a 13,18 millones de euros", apuntando además IDEA que "la situación patrimonial de la Agencia ha mejorado, y ha presentado resultados equilibrados tanto en 2013 como en 2014".

Además, en el apartado sobre el cumplimiento de la normativa contable, el informe "sí afirma que la Agencia IDEA registra los fondos recibidos y procedentes del Presupuesto, de acuerdo a la finalidad y naturaleza de las actuaciones que se financian". En este punto, la Cámara de Cuentas establece excepciones como las relativas a las ayudas de la Subvención Global de Andalucía. En este caso, lamenta que la Cámara de Cuentas "parece no recordar que en otros informes el ente fiscalizador puso de manifiesto que el registro contable de este instrumento de apoyo a las empresas es adecuado".

En lo que se refiere a la operación de la empresa Incuba SL, la Agencia IDEA defiende que las transferencias de financiación de capital "fueron destinadas a lo establecido para esas fuentes de financiación, la imputación a resultados responden a criterios del Plan General de Contabilidad y la finalidad de la operación era dar respuesta a lo establecido en directrices de reordenación del sector público".

Operaciones de avales, Préstamos y otras ayudas o subvenciones 
Sobre el cumplimiento de la normativa en la concesión de avales, préstamos y otras ayudas, la Agencia IDEA ha aclarado, como ya dijo en unas alegaciones presentadas, "que no fueron atendidas", que "no existe obligación de tener un registro de subvenciones de carácter excepcional", por lo que "el tratamiento individualizado de cualquier solicitud no puede dar lugar a afirmar la inexistencia de tal registro, ni afirmar la imposibilidad del cumplimiento de la Ley de Subvenciones".

"La Agencia IDEA cumple con las normas que regulan la concesión de incentivos y tiene aprobada desde 2011 una Instrucción Técnica Operativa para el otorgamiento de subvenciones excepcionales de concesión directa, sin que la Cámara de Cuentas lo haya mencionado", se lamenta.

En lo relativo a las operaciones de riesgo, la actuación de la Agencia "es conforme a la Ley y sí dispone de normativa". Ha recordado el procedimiento seguido sobre los préstamos y avales concedidos en función de sus propias competencias. Asimismo, deja claro que IDEA "cumple con las limitaciones establecidas", por lo que "no tiene sentido la apreciación realizada por la Cámara sobre 'una concentración del riesgo en algunas empresas', algo que no supone un incumplimiento".

Con respecto a las consideraciones sobre los quebrantos, IDEA apunta que la conclusión de la Cámara de Cuentas "se basa en una confusión conceptual, al considerar que los avales concedidos en base a la orden de 2008 se realizan por competencias propias por la Agencia", cuando, según ha alegado, "esos avales han sido acometidos por delegación de competencias, por lo que no se han tratado como gastos de explotación".

Asimismo, la Agencia discrepa, "desde el respeto institucional", de la conclusión de la Cámara sobre que 'los fondos recuperados procedentes de avales previamente ejecutados deberían ser objeto de reintegro a la Tesorería. Se ha constatado que en ningún caso hay reintegro'", conclusión que "no es correcta, ya que sólo deben devolverse los avales tramitados como intermediación, y no los propios", por lo que "la Agencia ha reintegrado cuando correspondía". Precisa que "han sido ya reintegrados más de 14 millones, sin que esto se haya considerado en el informe".

En referencia a la necesidad de trasladar la documentación a la Agencia Tributaria para que ésta recuperara por la vía ejecutiva, IDEA ha recordado que existen dos informes, del gabinete jurídico de la Junta y de la Intervención General, que indican que "la recuperación de los fondos deben acometerse por la vía civil y no cabría la vía ejecutiva".

Con respecto al préstamo del Banco Europeo de Inversiones, IDEA aclara que el aval al que pueden acceder las empresas en las operaciones mixtas "se realiza mediante el Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial, y no, como recoge el informe de la Cámara, a través del Fondo de Reestructuración Financiera, dirigido únicamente a empresas en crisis".

Posible menoscabo de fondos públicos 
IDEA ha apuntado que la Cámara de Cuentas "apunta a un posible caso de menoscabo de fondos públicos al recoger un informe de actuación emitido por la Intervención en febrero de 2014 acerca del convenio firmado en 2009 relativo al Grupo Santana Motor", pero recuerda que "incluso la propia Intervención informa a la Cámara de que IDEA ya inició en 2014 todas las actuaciones encaminadas a subsanar la situación". Igualmente, la Agencia IDEA ya ha pagado dos anualidades del préstamo al que hacía referencia este convenio, "conforme a las indicaciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública".

 Además, la Cámara de Cuentas subraya otro posible menoscabo de fondos públicos e indicios de responsabilidad contable en el supuesto hecho de que "no queda acreditado que la Agencia haya comunicado a la administración concursal el importe de los intereses devengados" en el caso de que la empresa haya sido declarada en concurso, "pero IDEA si ha acreditado que los requirió en tiempo y forma, entregando a la Cámara de Cuentas las comunicaciones a aquellas empresas en esta situación, algo que no se ha tenido en cuenta por la Cámara de Cuentas". En cualquier caso, IDEA desconoce "de dónde se deduce el posible menoscabo, ya que no se aprecia la existencia de un dolo, culpa o negligencia grave".

Por tanto, considera que "la inclusión de consideraciones tan duras, una vez que IDEA ha subsanado y ha alegado con toda la documentación, contribuye a generar confusión y desprestigiar la gestión" de IDEA.

EuropaPress.es: La Cámara de Cuentas detecta incumplimientos en plazos y de la legalidad en ayudas de Agencia de Cooperación Internacional

Cámara de Cuentas detecta incumplimientos en plazos y de la legalidad en ayudas de Agencia de Cooperación Internacional

Publicado 10/05/2013 13:03:49CET
SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado una serie de incumplimientos en materia de plazos e incumplimientos del reglamento de la Ley General de Subvenciones en las ayudas gestionadas por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo correspondientes al ejercicio 2009.

Según el informe, consultado por Europa Press y denominado 'Fiscalización de las ayudas gestionadas por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ejercicio 2009', en materia de control interno, la Agencia "no tiene implantado un sistema de plazos para solicitar al beneficiario la presentación de la justificación".

Precisa que en los expedientes en los que se ha analizado la justificación de las subvenciones recibidas, "se ha constatado que el beneficiario ha superado el plazo límite de presentación de la justificación" y agrega que en estos casos la Agencia "no ha solicitado para presentar la justificación y señalar las consecuencias que el incumplimiento acarrearía".

El informe deja claro que en la actualidad la Agencia "tiene implantado un sistema de información que le avisa de los expedientes que están próximos a concluir el plazo de presentación de la justificación".

En cuanto a la gestión del gasto realizado, el informe recuerda que la Agencia financia las actividades de cooperación internacional para el desarrollo con las transferencias que recibe de los capítulos IV y VII de gastos, del programa presupuestario '82B Cooperación Internacional' de la Consejería de la Presidencia. En ese sentido, ha apuntado que el ejercicio 2009 recibió de esta Consejería, 77.913.483,19 euros y apunta que a 31 de diciembre de 2009, los derechos de cobro de la Agencia frente a la Consejería ascendían a 14.537.736,90 euros, cantidad que ha sido cobrada en el mes de enero de 2010.

Agrega que la Agencia ha concedido subvenciones en el ejercicio 2009 por importe de 73.761.390,01 euros. Asimismo, precisa que en el ejercicio 2008 se aprobó la concesión de subvenciones excepcionales a cuatro proyectos por importe de 9.937.839,31 por ciento "que se han imputado al presupuesto del ejercicio 2009 como consecuencia de los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía".

De esta forma, el importe total de las subvenciones con cargo al ejercicio 2009 ha ascendido a 83.699.229,32 euros. El importe de las subvenciones pagadas en el ejercicio 2009 ha ascendido a 60.070.275,62?, por lo que "queda pendiente de pago al final del ejercicio 23.628.953,70 euros".

CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
El informe indica que la Agencia "no ha gestionado la totalidad de los recursos económicos que el conjunto de la Junta de Andalucía, incluidas empresas públicas y organismos autónomos, destinan a la cooperación internacional para el desarrollo, tal como establece su Ley de creación y su estatuto". La Ley de presupuesto del ejercicio 2009 determinó la distribución por consejerías de los recursos de la cooperación al desarrollo.

El ente fiscalizador ha recordado que la Agencia concede subvenciones a la cooperación internacional para el desarrollo, en concreto subvenciones regladas, destinadas a las ONGD para realizar proyectos de educación para el desarrollo, que se ejecutan en Andalucía.

Por otro lado, también subvencionan, dentro de las ayudas regladas, proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que se realizan en países de áreas geográficas prioritarias de Iberoamérica, norte de África y Oriente Medio y África Subsahariana. Este tipo de subvenciones se conceden en régimen de publicidad y concurrencia no competitiva y tras superar la puntuación mínima fijada por la Agencia en las convocatorias.

En ese sentido, precisa que en la convocatoria de 2009 se presentaron 244 solicitudes. El 73 por ciento de éstas, lo hicieron a la convocatoria de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y el 27 por ciento a la de proyectos de educación para el desarrollo.

En ese sentido, el informe precisa que en los expedientes de subvenciones regladas examinados "no se ha cumplido el plazo máximo que establecen las bases reguladoras para la resolución de las solicitudes y su notificación".

SUBVENCIONES A SINDICATOS Y CEPES
Además, esta agencia concede subvenciones excepcionales, distinguiendo de un lado, las otorgadas en virtud del convenio de colaboración celebrado entre la Junta de Andalucía y la Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que actúa como entidad colaboradora de la Agencia andaluza, en la entrega y distribución de los fondos a las entidades públicas beneficiarias de las subvenciones, a través de sus oficinas técnicas de cooperación.

De otro lado, están las subvenciones excepcionales concedidas en virtud de los convenios celebrados entre la Agencia andaluza y determinadas organizaciones y entidades como, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), las centrales sindicales (UGT y CCOO), la Coordinadora Andaluza de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (Caongd) y la Confederación Empresarial para la Economía Social de Andalucía (Cepes).

El informe de la Cámara de Cuentas precisa que "la mayoría de los convenios marcos de colaboración y los específicos se han firmado en el mes de diciembre de 2009" y ha indicado que "mientras que la duración de los convenios marcos de colaboración es indefinida, los convenios específicos están vigentes desde su firma hasta que se cumplen las obligaciones de justificación de los proyectos que subvencionan", aunque deja claro que "se han ejecutado dos proyectos con anterioridad a la firma de los convenios".

Apunta que "el carácter excepcional de las subvenciones concedidas a las centrales sindicales se justifica en que éstas, al ser organizaciones sindicales, no pueden acogerse a las convocatorias ordinarias de subvenciones a ONGD, quedando acreditado el carácter excepcional de acuerdo con los criterios de la Intervención General de la Junta de Andalucía".

En el caso de las concedidas a Cepes, se justifica el carácter excepcional en que se realizan a través del convenio marco y sus respectivos convenios específicos, "y no pueden ser subvencionados mediante las convocatorias ordinarias de ayudas a ONGD que gestiona la Agencia".

Agrega que en los expedientes de subvenciones concedidas a las centrales sindicales, la Agencia cuando les requiere información adicional para subsanar errores de la solicitud presentada "no les comunica la advertencia que conlleva su incumplimiento, por lo que en estos casos la subsanación de errores en la solicitud no se ha realizado en el plazo que establece la Ley".

Asimismo, para justificar la subvención del proyecto 'Festival Entresures: IV Festival por la paz y solidaridad' se aprueba una adenda al convenio especifico entre la Agencia y CCOO, en la que "se incorpora una modificación en las cláusulas del mismo, que suprime la obligación de aportar informe de auditoría al presentar la justificación de la subvención". El ente fiscalizador precisa que la causa de esta supresión "es que el proyecto fue ejecutado diez meses antes de que se firmara el convenio".

El informe indica que la Agencia "no ha realizado requerimientos a los beneficiarios para que presenten la justificación de las subvenciones una vez transcurrido el plazo fijado, incumpliendo el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones".