"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la novena promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
(IAASB, por sus siglas en inglés) publicó un documento de preguntas
frecuentes para apoyar la implementación de la Norma Internacional de
Aseguramiento de Sostenibilidad 5000 (ISSA 5000), Requerimientos generales para encargos de aseguramiento de sostenibilidad.
El material explica cómo aplicar el concepto de materialidad en estos
encargos y desarrolla la aplicación de este criterio tanto por parte de
las entidades que elaboran reportes de sostenibilidad como de los
profesionales que prestan servicios de aseguramiento. Entre otros
aspectos, aborda la identificación de las necesidades de información de
los usuarios, el tratamiento de revelaciones cualitativas y
cuantitativas, la consideración de la doble materialidad cuando sea
exigida y la evaluación de este concepto durante todo el encargo para
respaldar información útil para la toma de decisiones.
Asimismo, incorpora explicaciones y ejemplos ilustrativos para
facilitar la aplicación de estos requerimientos, además de referencias a
otros materiales de apoyo elaborados por el IAASB. El organismo precisó
que este recurso está dirigido a profesionales, preparadores,
reguladores y demás partes interesadas que aplican o se preparan para
implementar la ISSA 5000, y aclaró que su contenido no modifica,
sustituye ni prevalece sobre los requerimientos de la norma.
Para más detalles, consulte el documento disponible a continuación.
Las 'Big Four' acaparan el 85% de las auditorías de sostenibilidad en España
Una investigación analiza la evolución de este mercado entre 2018 y 2023 en una muestra de 916 empresas cotizadas
Hugo Gonzalo
Publicado: 29/06/2026 • 05:25
Las cuatro grandes firmas de auditoría —PwC, Deloitte, EY y KPMG— concentran en seis países europeos, entre ellos España, cerca del 85% del mercado de la verificación de la información no financiera, según se desprende de los datos de un estudio elaborado para el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
La investigación analiza la evolución de este mercado entre 2018 y 2023,
un periodo en el que España hizo obligatoria la revisión independiente
de la información no financiera de las grandes empresas tras la
aprobación de la Ley 11/2018, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez
con el objetivo de adaptar la normativa española a la legislación
europea.
El informe se basa en una muestra de 916 empresas
cotizadas en Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal,
lo que equivale a un total de 5.496 observaciones. Sus conclusiones
reflejan el claro dominio de las Big Four en el mercado de la
verificación de información no financiera, con una presencia menor en el
resto de auditoras y certificadoras.
España fue uno de los tres países, junto con Francia e Italia, que estableció la obligatoriedad de la verificación
de la información no financiera antes de que la normativa europea
extendiera este requisito a todos los Estados miembros. Alemania, Países
Bajos y Portugal mantuvieron durante ese periodo un sistema de
verificación voluntario.
El estudio refleja también el crecimiento de estas revisiones en los últimos años. En 2018, el 48,03%
de los estados de información no financiera de la muestra presentaban
verificación. En 2023, cinco años después, ese porcentaje ya había
crecido hasta el 66,48%.
En cuanto a firmas, durante todo el periodo analizado, PwC lidera el mercado, seguida por EY, KPMG y Deloitte. Los auditores que no pertenecen a las Big Four
han aumentado su participación, pasando del 7,73% en 2018 al 11,82% en
2023, pero las cuatro grandes siguen dominando un mercado que ha ganado
peso al incrementarse las exigencias de transparencia de las empresas.
El negocio de la auditoría en España atraviesa su mejor momento y ha
alcanzado una dimensión sin precedentes. Por primera vez, la facturación
anual del sector ha superado los 1.000 millones de euros, un récord que
refleja el crecimiento sostenido de una actividad cada vez más
estratégica para los mercados financieros, al reforzar la transparencia y
la fiabilidad de la información económico-financiera de las empresas.
De acuerdo con la Memoria Anual de Actividades 2025 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, organismo encargado de la
supervisión del sector, los ingresos por servicios de auditoría
rebasaron el pasado ejercicio esa cifra histórica, mientras que el
número de informes emitidos superó los 75.000.
Una parte significativa de este negocio procede de las grandes
empresas cotizadas. Las compañías del Ibex 35 destinaron en 2025 más de
400 millones de euros a servicios de auditoría y trabajos relacionados,
como verificaciones financieras y no financieras exigidas por
reguladores, revisiones para organismos supervisores o la emisión de
comfort letters, según las cuentas anuales consolidadas publicadas por
las propias sociedades.
De ese volumen total, cerca de 390 millones de euros correspondieron a
honorarios del auditor principal, función que recayó mayoritariamente
en las cuatro grandes firmas internacionales: PwC, EY, KPMG y Deloitte.
Otros 14 millones fueron percibidos por firmas que participaron en la
auditoría de filiales o prestaron servicios vinculados al proceso de
revisión. Estas cifras no incluyen servicios fiscales ni otros trabajos
complementarios.
Según destaca el presidente del ICAC, Santiago Durán, el sector
mantiene una evolución especialmente positiva, como demuestra el récord
simultáneo en facturación y en número de informes emitidos. El organismo
supervisor señala además que en 2025 operaban en España 3.498 auditores
de cuentas en ejercicio y 1.344 sociedades de auditoría.
Dentro del grupo de las denominadas big four, PwC mantiene el
liderazgo en el mercado del Ibex, con aproximadamente 190 millones de
euros en ingresos procedentes de las grandes cotizadas. Entre sus
principales clientes destaca Banco Santander, cuyo contrato constituye
el mayor encargo del mercado, con 133 millones de euros. También audita a
compañías como Telefónica, Ferrovial, Repsol, CaixaBank, Bankinter,
Sacyr, Acerinox y Merlin Properties.
KPMG ocupa el segundo lugar en facturación dentro del Ibex, con 88
millones de euros y once mandatos de auditoría. Entre sus principales
contratos figura el de Iberdrola, valorado en 28 millones de euros,
además de encargarse de la revisión de Banco Sabadell, Mapfre, Acciona,
Acciona Energía, IAG, Naturgy, Endesa, Unicaja, Aena y Laboratorios
Rovi.
Muy cerca se sitúa EY, también con once auditorías de grandes
cotizadas y unos ingresos de 84 millones de euros. Su cartera incluye
contratos con BBVA, cuyo encargo asciende a 33 millones, además de
Inditex, Amadeus, Cellnex, Puig, Logista, Enagás, Fluidra, Redeia,
ArcelorMittal y Solaria. Por su parte, Deloitte, cuyo negocio tiene
mayor peso en consultoría, completa el grupo con alrededor de 28
millones de euros procedentes principalmente de auditorías para ACS,
Grifols, Indra y Colonial.
El ejercicio 2025 también ha estado marcado por la creciente
relevancia de la información corporativa en materia de sostenibilidad.
La directiva europea CSRD obliga a las grandes entidades de interés
público, especialmente aquellas con más de 500 empleados, a informar
sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza. No obstante, la
transposición de esta normativa al ordenamiento jurídico español
continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados, lo que ha generado
incertidumbre entre empresas y auditoras.
Ante esta situación, el ICAC y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores emitieron un comunicado conjunto para orientar a los auditores
sobre la elaboración de estos informes mientras concluye el proceso
legislativo. En materia de supervisión, el ICAC intensificó notablemente
su actividad durante 2025. El organismo realizó 365 actuaciones de
control, frente a las 317 de 2024 y las 303 de 2023. Este aumento
responde a una mayor planificación, al refuerzo de la digitalización y a
una supervisión más orientada al análisis de riesgos.
Entre esas actuaciones destacaron seis inspecciones específicas sobre
auditores de grandes empresas, centradas en la evaluación de sus
sistemas de gestión de calidad. El ICAC subraya que los auditores de
entidades de interés público están sometidos a mayores exigencias debido
a la relevancia sistémica de las compañías que revisan, lo que los
convierte en una prioridad supervisora.
La memoria también refleja un incremento en la actividad
sancionadora. Durante 2025 se resolvieron 53 expedientes sancionadores,
frente a 48 en 2024. Cinco concluyeron sin sanción, mientras que en el
resto se detectaron incumplimientos de la normativa de auditoría. El
importe total de las sanciones ascendió a 635.110,77 euros, de los
cuales 521.091,77 euros correspondieron a sociedades de auditoría y
socios, y 114.019 euros a auditores individuales.
Cada vez veremos entornos de auditoría más integrados, capaces de
conectar información procedente de distintos sistemas empresariales y de
automatizar procesos de revisión y documentación
Isabel Perea - Madrid - 29 JUN 2026 - 08:30 CEST
Tengo la suerte de trabajar en un sector en constante
evolución y en el que aprendo algo nuevo cada día. Los auditores
llevamos décadas adaptándonos a marcos regulatorios —tanto nacionales
como internacionales—, negocios y formas de presentar la información. Lo
hemos hecho con un modelo profesional estable y manteniendo nuestra
función real: expresar una opinión independiente sobre la información
financiera. Tenemos el cambio en nuestro ADN.
Pero lo que
vivimos hoy, con la madurez de la inteligencia artificial, tiene una
mayor envergadura. Afrontamos una transformación estructural en la forma
en que se entiende, se organiza y se ejecuta nuestra función. Hasta
ahora nos hemos adaptado a los nuevos tiempos; ahora nos enfrentamos a
una revolución mucho más profunda.
La consecuencia más inmediata afecta a la formación de nuevos profesionales y al talento.
Nuestro modelo se ha construido sobre una estructura piramidal, en la
que el aprendizaje se consolidaba mediante la ejecución de tareas
repetitivas combinada con la formación interna. De esta forma, poco a
poco ganaban criterio y responsabilidad. Este sistema se va a
transformar, porque la automatización de procesos, la estandarización
del tratamiento de datos y el análisis inteligente de información van a
reducir progresivamente el peso de muchas tareas rutinarias.
Cada
vez veremos entornos de auditoría más integrados, capaces de conectar
información procedente de distintos sistemas empresariales y de
automatizar procesos de revisión y documentación. Esto no elimina la
necesidad del auditor; al contrario, desplaza el foco hacia aquello que
realmente aporta valor: nuestro juicio profesional, la interpretación de
riesgos y la capacidad de detectar anomalías e incluso tendencias
relevantes en tiempo real.
La principal implicación de
este cambio está ligada con la formación. ¿Cómo creamos nuevos perfiles
capaces de revisar la información que genera la tecnología sin pasar por
los procesos que han acompañado al oficio durante los últimos 100 años?
Para
obtener la respuesta, debemos replantear la relación de nuestra
profesión con las Universidades. Más aún teniendo en cuenta la
dificultad que tenemos para atraer a los más jóvenes.
No solo hay que acercarse al talento antes, sino también contar con un
contenido curricular adaptado a una profesión que se enfrenta a un
desafío tecnológico que nos hará cambiar nuestra manera de trabajar.
Es
una evolución que irá en aumento, en la medida en que los auditores nos
enfrentemos al reto de auditar entidades en las que la inteligencia
artificial está incorporada en su actividad y el flujo de información
discurre de manera automatizada hasta construir la información
financiera. Un desafío que nos llevará a contar con perfiles
hiperespecializados no sólo en contabilidad o finanzas, sino también en
tecnología.
A medio plazo, podría ser conveniente hablar
de un nuevo grado de auditoría que aúne los conocimientos asociados al
trabajo con elementos tecnológicos. ¿Por qué no? En nuestro tejado está
encontrar fórmulas que nos permitan recuperar el atractivo de la
profesión para las nuevas generaciones.
En mi fuero
interno albergo la esperanza de que precisamente ese cambio será la
palanca que volverá a hacernos atractivos entre los más jóvenes,
precisamente por adoptar formas de trabajo vanguardistas. Reivindico una
profesión que va más allá de la revisión, que cumple una función social
en su objetivo inherente dotar de transparencia al mercado. Se habla de
que los jóvenes de hoy quieren encontrar un espacio laboral alineado
con su manera de entender el mundo, lugares con compromiso y eso no es
tan diferente de lo que mi generación o al menos yo buscaba hace tres
décadas.
Todo este nuevo desafío también afecta a nuestro
regulador. La incorporación de inteligencia artificial introduce nuevos
retos en materia de explicabilidad, trazabilidad y validación de
modelos, elementos esenciales en un entorno regulado.
Existe una lectura adicional. Las áreas de auditoría y assurance en
firmas de servicios profesionales vivimos hoy un momento de inversión e
innovación sin precedentes que nos está permitiendo mejoras concretas
de eficiencia, consistencia y capacidad analítica.
Me
viene a la cabeza la imagen de los luditas en el siglo XIX, trabajadores
que se levantaron contra las máquinas con la convicción de que
lograrían mantener el sistema vigente. No creo que el contexto actual
vaya a ser diferente: habrá resistencia porque, al fin y al cabo,
estamos hablando de un fenómeno que afecta a todo el tejido productivo
en su conjunto. Pero el que no abrace el cambio, se quedará atrás. Creo
que toda esta tecnología viene para ayudarnos.
Llevo casi
tres décadas en esta profesión y nunca la había visto en un momento
como este. Hay algo estimulante en saber que vamos a vivir la
transformación más profunda que ha conocido la auditoría, y que nos toca
a nosotros, los que estamos hoy, tomar las decisiones que van a definir
cómo será la profesión del futuro. Puede que estemos viviendo un
momento de incertidumbre. Pero eso no quita que sea fascinante.
El PSOE se enfrenta al riesgo de una eventual responsabilidad penal como persona jurídica, mientras trata de acreditar la eficacia de sus controles internos y la regularidad de su financiación
El PSOE vive su particular déjà vu con la Unidad Central
Operativa (UCO) en la puerta de Ferraz. Hace un año, cuando se conoció
el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, Pedro Sánchez hizo unas
promesas sobre una segunda auditoría externa que no se han cumplido.
Entonces, el partido también sondeó a penalistas para su defensa, pero estos rechazaron implicarse.
Desde entonces, han pasado doce meses y lejos de apaciguarse, las
investigaciones de la UCO se han ido adentrándo más y más en el corazón
del partido.
Así, la posible imputación del PSOE como persona jurídica
cobra fuerza con la investigación, bajo secreto, de la Audiencia
Nacional sobre la posible financiación irregular del partido y la
apertura del sumario de la causa sobre las cloacas del PSOE, en la que
además están imputados abogados del PSOE.
A ello se añade que el juez Pedraz ha requerido al partido su programa de compliance (cumplimiento normativo) en el último registro que practicó y que la propia gerente y responsable de Compliance, Ana María Fuentes Pacheco, ha sido imputada.
En
este precipicio jurídico, el PSOE se ha quedado sin auditor para sus
cuentas de 2025. Tampoco, según las fuentes jurídicas sondeadas por
Artículo14, se aprecian movimientos del partido en busca de penalistas.
Asesoría interna jurídica
Las informaciones que se han conocido estos días nos llenan de decepción, preocupación e indignación.
No conocía ni nunca se me ha informado de las andanzas de Leire Díez porque si las hubiera conocido, no las habría tolerado.
El pasado 5 de junio, desde Montenegro, Pedro Sánchez aseguró que: “Los
equipos jurídicos del PSOE están analizando todo, es más de un terabyte.
Cuando lo hagamos con rigor y solvencia, ustedes tendrán debida
información sobre las acciones a emprender. Estamos trabajando con el equipo jurídico para ver qué acciones emprender en defensa de la honorabilidad del PSOE”.
En la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, la Secretaría de Justicia corresponde a Félix Bolaños,
que es además ministro de Justicia. Bolaños es letrado del Banco de
España en excedencia. Más allá de esta información, la web pública del
partido no identifica ningún responsable de la asesoría jurídica, un
departamento que el año pasado por estas fechas ofertó una plaza interna
extra, según informó La Razón.
En paralelo, penalistas de dilatada trayectoria como Ignacio Gordillo o González Franco fueron sondeados
en el verano de 2025, tanto desde el PSOE como por algunas de las
figuras que han estado vinculadas a él y que están en el foco de la
investigación del Supremo. Los acercamientos resultaron infructuosos
ante la negativa de estos penalistas a prestar estos servicios.
Los riesgos penales
Según los expertos penalistas consultados por este medio, la clave a
efectos de delimitar la responsabilidad penal del partido como persona
jurídica no solo residiría en la confirmación o no de que se haya
beneficiado de prácticas ilegales, sino en el hecho de que se hayan implementado mecanismos de control interno para prevenir y/o combatir esas prácticas ilegales, así como en la forma en que los primeros se llevaron a cabo.
De comprobarse que el partido se benefició realmente de estas
prácticas, podría enfrentarse a tres posibles desenlaces, de menor a
mayor gravedad, como persona jurídica. El primero sería su consideración
como “partícipe a título lucrativo” de la trama, si el tribunal concluyera que el partido, como entidad, desconocía la comisión de los delitos.
Consecuencias más graves tendría una condena por responsabilidad civil subsidiaria, supuesto en el que el PSOE respondería subsidiariamente por las condenas a las personas físicas. El último escenario posible, el más grave, sería el de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En este caso, el partido podría enfrentarse a diferentes consecuencias, desde multas económicas hasta el fin de su actividad.
Fiscalización de sus cuentas
No vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos ponga en peligro el buen rumbo de España.
No vamos a permitir que eche por tierra la integridad de una de las
Administraciones públicas más limpias de la historia de nuestro país.
En su línea de defensa frente a la presunta financiación irregular, la auditoría de cuentas también resulta determinante.
Las últimas cuentas verificadas por Ecovis Audit Grosclaude &
Partners son las correspondientes a 2024, que fueron aprobadas por la
Comisión Federal del PSOE en su reunión del 15 de junio de 2025.
“El resultado [en alusión a la auditoría de 2024] es tajante, lo que
viene a decir es que hay un reflejo fiel del estado de cuentas y la
situación financiera de nuestra organización”, destacó Pedro Sánchez en
su comparecencia tras la reunión.
Entonces también anunció que, “a pesar de los informes positivos que
ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado
de las cuentas del PSOE, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista“.
Estos propósitos quedaron frustrados por la realidad del mercado:
ninguna firma de auditoría se prestó a fiscalizar las cuentas.
Finalmente, el partido tuvo que recurrir a dos profesores universitarios:
Félix Alberto Vega Borruego, catedrático de Derecho Financiero y
Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid —propuesto por Podemos
para el Consejo General del Poder Judicial en 2018—, y César Martínez
Sánchez, profesor de la misma disciplina en esa universidad. Ambos
analizaron los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y
2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido.
Cabe recordar que esta firma ha sido la responsable de la auditoría en los últimos cuatro años, todas ellas con una opinión favorable con salvedades
por cuestiones como la valoración de activos, provisiones o ingresos
públicos. Sin embargo, tal y como adelantó Artículo14, y siguiendo el
modelo de los cuatro ejercicios anteriores (2020, 2021, 2022 y 2023),
dicho informe excluye el análisis detallado de la financiación
procedente de subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o
préstamos con las entidades de crédito, así como del sistema de control interno de la organización.
En los cuatro informes de auditorías publicados, el auditor Luis
Grosclaude, máximo responsable de la firma, señala expresamente que el
apartado ‘Otra información’ no entra dentro del alcance de la auditoría.
“La ‘Otra información’ comprende la relación de subvenciones públicas,
donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de
crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del
sistema de control interno, cuya formulación es responsabilidad
de la directora gerente federal del Partido [Ana María Fuentes] y no
forma parte integrante de las cuentas anuales”, se detalla en los informes de auditoría.
“Pagos llamativos”
Por su parte, los expertos universitarios contratados por el PSOE
confirmaron que no existían indicios de financiación ilegal ni de fondos
no declarados o carentes de trazabilidad. El informe concluye que el sistema de caja del PSOE durante el periodo analizado es “coherente, cerrado y verificable”. Indica
además que “todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o
responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están
correctamente documentadas”.
No
obstante, sí detectó algunos gastos “llamativos” imputados a la
Secretaría de Organización que entonces dirigía José Luis Ábalos. Entre
2017 y 2024, el PSOE destinó 940.388 euros a la caja en efectivo del
partido.
El PSOE transita por el desfiladero judicial sin auditor para sus cuentas ni asesor penal externo,
bajo el escrutinio de la UCO y con el reto de acreditar tanto la
regularidad de su financiación como la eficacia de sus mecanismos de
control interno.
👉 Mª Fernanda Rodríguez, directora del área Fiscal de CE Consulting, analiza las claves de la fiscalidad de las sociedades profesionales, con especial foco en los riesgos y en cómo defender correctamente la retribución de los socios frente a Hacienda.
ORDEN DE CONVOCATORIA DEL EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS
Estimado/a compañero/a:
Os informamos que, en el BOE de hoy, 9 de junio de 2026, se ha publicado la Orden
ECM/579/2026, de fecha 1 de junio, relativa la convocatoria conjunta
del Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas
Auditores y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, del
examen de aptitud profesional (EAP) para la autorización del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas e inscripción en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
Desde el REA Auditores-CGE queremos trasladaros nuestro
apoyo y desearos mucho éxito a todos los que os presentáis a esta nueva
convocatoria.
Asimismo, os animamos a confiar en nuestra Corporación y
señalar, en la documentación que tenéis que aportar, al Consejo General
de Economistas – Registro de Economistas Auditores (CGE-REA) como la
corporación encargada de tramitar vuestra Solicitud de Admisión al EAP.
Nuestro objetivo es acompañaros durante todo este importante proceso,
ofreciéndoos el respaldo, la experiencia y los recursos necesarios para
afrontar esta nueva etapa profesional con las máximas garantías.
Además, os invitamos a completar vuestra preparación
mediante los cursos de formación organizados por el CGE-REA, diseñados
específicamente para facilitaros una formación rigurosa, actualizada y
adaptada a los requisitos de la convocatoria.
A este respecto, os informamos de que ya se encuentran programados los cursos de formación, que darán comienzo a finales del mes de junio, y en el próximo mes de julio.
Nuestro Departamento de Formación queda a vuestra
disposición para resolver cualquier duda o consulta relacionada tanto
con el proceso de admisión como con la oferta formativa.
Os recordamos nuestros datos de contacto:
Teléfono: 91 432 26 70 (Horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas).
