29-06-2026 | Mercantil, civil y administrativo
El negocio de la auditoría en España atraviesa su mejor momento y ha
alcanzado una dimensión sin precedentes. Por primera vez, la facturación
anual del sector ha superado los 1.000 millones de euros, un récord que
refleja el crecimiento sostenido de una actividad cada vez más
estratégica para los mercados financieros, al reforzar la transparencia y
la fiabilidad de la información económico-financiera de las empresas.
De acuerdo con la Memoria Anual de Actividades 2025 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, organismo encargado de la
supervisión del sector, los ingresos por servicios de auditoría
rebasaron el pasado ejercicio esa cifra histórica, mientras que el
número de informes emitidos superó los 75.000.
Una parte significativa de este negocio procede de las grandes
empresas cotizadas. Las compañías del Ibex 35 destinaron en 2025 más de
400 millones de euros a servicios de auditoría y trabajos relacionados,
como verificaciones financieras y no financieras exigidas por
reguladores, revisiones para organismos supervisores o la emisión de
comfort letters, según las cuentas anuales consolidadas publicadas por
las propias sociedades.
De ese volumen total, cerca de 390 millones de euros correspondieron a
honorarios del auditor principal, función que recayó mayoritariamente
en las cuatro grandes firmas internacionales: PwC, EY, KPMG y Deloitte.
Otros 14 millones fueron percibidos por firmas que participaron en la
auditoría de filiales o prestaron servicios vinculados al proceso de
revisión. Estas cifras no incluyen servicios fiscales ni otros trabajos
complementarios.
Según destaca el presidente del ICAC, Santiago Durán, el sector
mantiene una evolución especialmente positiva, como demuestra el récord
simultáneo en facturación y en número de informes emitidos. El organismo
supervisor señala además que en 2025 operaban en España 3.498 auditores
de cuentas en ejercicio y 1.344 sociedades de auditoría.
Dentro del grupo de las denominadas big four, PwC mantiene el
liderazgo en el mercado del Ibex, con aproximadamente 190 millones de
euros en ingresos procedentes de las grandes cotizadas. Entre sus
principales clientes destaca Banco Santander, cuyo contrato constituye
el mayor encargo del mercado, con 133 millones de euros. También audita a
compañías como Telefónica, Ferrovial, Repsol, CaixaBank, Bankinter,
Sacyr, Acerinox y Merlin Properties.
KPMG ocupa el segundo lugar en facturación dentro del Ibex, con 88
millones de euros y once mandatos de auditoría. Entre sus principales
contratos figura el de Iberdrola, valorado en 28 millones de euros,
además de encargarse de la revisión de Banco Sabadell, Mapfre, Acciona,
Acciona Energía, IAG, Naturgy, Endesa, Unicaja, Aena y Laboratorios
Rovi.
Muy cerca se sitúa EY, también con once auditorías de grandes
cotizadas y unos ingresos de 84 millones de euros. Su cartera incluye
contratos con BBVA, cuyo encargo asciende a 33 millones, además de
Inditex, Amadeus, Cellnex, Puig, Logista, Enagás, Fluidra, Redeia,
ArcelorMittal y Solaria. Por su parte, Deloitte, cuyo negocio tiene
mayor peso en consultoría, completa el grupo con alrededor de 28
millones de euros procedentes principalmente de auditorías para ACS,
Grifols, Indra y Colonial.
El ejercicio 2025 también ha estado marcado por la creciente
relevancia de la información corporativa en materia de sostenibilidad.
La directiva europea CSRD obliga a las grandes entidades de interés
público, especialmente aquellas con más de 500 empleados, a informar
sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza. No obstante, la
transposición de esta normativa al ordenamiento jurídico español
continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados, lo que ha generado
incertidumbre entre empresas y auditoras.
Ante esta situación, el ICAC y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores emitieron un comunicado conjunto para orientar a los auditores
sobre la elaboración de estos informes mientras concluye el proceso
legislativo. En materia de supervisión, el ICAC intensificó notablemente
su actividad durante 2025. El organismo realizó 365 actuaciones de
control, frente a las 317 de 2024 y las 303 de 2023. Este aumento
responde a una mayor planificación, al refuerzo de la digitalización y a
una supervisión más orientada al análisis de riesgos.
Entre esas actuaciones destacaron seis inspecciones específicas sobre
auditores de grandes empresas, centradas en la evaluación de sus
sistemas de gestión de calidad. El ICAC subraya que los auditores de
entidades de interés público están sometidos a mayores exigencias debido
a la relevancia sistémica de las compañías que revisan, lo que los
convierte en una prioridad supervisora.
La memoria también refleja un incremento en la actividad
sancionadora. Durante 2025 se resolvieron 53 expedientes sancionadores,
frente a 48 en 2024. Cinco concluyeron sin sanción, mientras que en el
resto se detectaron incumplimientos de la normativa de auditoría. El
importe total de las sanciones ascendió a 635.110,77 euros, de los
cuales 521.091,77 euros correspondieron a sociedades de auditoría y
socios, y 114.019 euros a auditores individuales.
