TRIBUNALES
Después de más de una década de proceso, el tribunal no encuentra irregularidades en la operación
La inmobiliaria afronta ahora una dura situación concursal, provocada en buena medida por la falta de acceso al crédito en estos años
El MInisterio Fiscal queda en evidencia
Ambos estamentos, sin competencia en la materia pues los hechos carecían de transcendencia tributaria en el caso de la ONIF ni tenían relación con la contabilidad pública en el caso de IGEA [sic, IGAE], realizaron a petición del Juzgado Central sendos informes que venían a poner en duda y a contradecir las valoraciones realizadas por cerca de una veintena de peritos, auditores y tasadores de primera fila, tanto de la propia compañía como de los impuestos desde la CNMV para garantizar la transparencia de la operación.
De hecho, durante el juicio quedó acreditado por las defensas que las cuentas estuvieron auditadas, los controles funcionaron correctamente y sin información financiera falsa, no se produjeron operaciones simuladas, ni se actuó contra el mercado. Todo ello avalado por la CNMV.
Precisamente, una de las cuestiones que se han afeado al fiscal Tomás Herranz, más allá de llamar cuatreros con corbata a los acusados, ha sido que impidiera la declaración del organismo regulador durante el período de instrucción que en su día comprobó, avaló y aprobó la operación. Una declaración que hubiera evitado diez años de injusticia. para los responsables de Urbas y, muy probablemente, según explican sus abogados, hubiese evitado su entrada en una situación financiera que le llevó al concurso de acreedores.
Nada irregular ha podido ser demostrado por el Ministerio Fiscal, pese a sus “intentos de embarrar todo el proceso con una labor pericial”, porque no lo había. Aquí no hay más delito que el surgido de la imaginación del ministerio fiscal”, llegó a afirmar una de las defensas durante su exposición.
El futuro de Urbas no puede estar en manos de Juan Antonio Acedo
Una vez confirmada la sentencia absolutoria, han quedado sin efecto todas las medidas provisionales de carácter real y personal acordadas en la causa, en especial, la prohibición de disponer que pesaba sobre las acciones procedentes de la ampliación de capital aprobada en la Junta General de Accionistas de fecha 10 de julio de 2015, así como el levantamiento de los embargos y el resto de las cargas que pudieran existir sobre las mismas.
Teniendo en cuenta que el Ministerio Fiscal está liberado de las costas y de responsabilidades, la gran cuestión ahora es quién va a resarcir a la empresa y a sus accionistas tras una losa que le ha impedido acudir a las fuentes de crédito de una forma normal, abocándola a una compleja situación concursal. Eso amén de los daños físicos y morales sufridos durante todo este tiempo por los acusados, plantean algunos directivos absueltos.
La acción está suspendida de cotización desde abril de 2025 cuando cotizaba en 0,0022 euros, mínimos históricos. Suspensión decretada por la CNMV ante la imposibilidad del grupo de presentar un informe auditado. Esta situación ha derivado finalmente en un concurso voluntario de acreedores presentado a principios de 2026 en el Juzgado de lo Mercantil número de 2 de Madrid a principios de año por una deuda de 144 millones de euros.
Una deuda que el grupo inmobiliario no reconoce en su totalidad por lo que enfrenta a corto y medio plazo una compleja batalla legal y financiera. Al menos, la absolución por la ampliación de capital supone un importante alivio para reenfocar el plan de viabilidad y para luchar con las manos libres contra los fondos buitre. Para lo cual muchos accionistas reclaman que presidente Juan Antonio Acedo de un paso a un lado por su alta responsabilidad en el negro panorama actual de la compañía.
Esta información ha sido actualizada a las 05.00 de la mañana del 23 de abril de 2026
