La auditoría externa presentada por el PSOE para blanquearse tras el estallido de la trama que rodea al entorno personal y político de Pedro Sánchez incumple su propia ley anticorrupción,
todavía en borrador, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La nueva norma
exigirá que ese examen lo realicen auditores «inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas». Sin embargo, los dos autores de aquel examen a las cuentas de la formación socialista, los profesores César Martínez Sánchez y Félix Vega Borrego, no aparecen como «legalmente habilitados» para esta tarea.
El
líder socialista compareció el pasado mes de junio en la sede nacional
del partido, en la madrileña calle de Ferraz tras la dimisión del que
había sido hasta entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La mano derecha de Sánchez dejó el cargo cercado por un presunto caso de corrupción que evidenció un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Entonces, el jefe del Ejecutivo anunció una «auditoría externa» de las cuentas de la formación. Lo haría, según Sánchez, «para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener, lógicamente, la ciudadanía después de conocer las informaciones» sobre la corrupción.
Medio
año más tarde, el informe se filtró al público a través de la prensa
afín a la formación socialista. Aquel texto descartaba la existencia de financiación ilegal del PSOE pese a que todavía hay abierta al respecto una investigación policial y judicial en la Audiencia Nacional tras su derivación desde el Tribunal Supremo.
Una
de las circunstancias que despertó más comentarios fue el nombre de los
autores de ese texto. Y es que Vega Borrego, catedrático de Derecho
Financiero y Tributario, y Martínez Sánchez, profesor titular de la
misma materia, si bien son reconocidos académicos de la Universidad
Autónoma de Madrid, tienen vinculaciones con el partido que les solicitó
esta auditoría o con las formaciones con las que se coaliga.
Martínez
Sánchez formó parte del Ejecutivo de Sánchez entre 2020 y 2023.
Primero, como asesor y, más tarde, como jefe de gabinete en la
Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno, la conocida como Oficina Económica del Presidente (OEP).
Por su parte, Vega Borrego ejerció como vocal asesor, en materia de Hacienda, del Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid en los años 2018 y 2019.
Registro Oficial de Auditores
Pero, además de ello, los dos profesores no cumplen con el requisito
que el Gobierno exigirá a las próximas auditorías externas obligatorias
que tendrán que hacer todos los partidos, una vez se apruebe la ley que
ahora está en borrador.
En primer lugar, el borrador del
Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública establece que «las
cuentas anuales consolidadas de todos los partidos políticos que en el
ejercicio hayan percibido subvenciones o fondos públicos por importe
superior a 50.000 euros deberán ser revisadas por auditores de cuentas».
En la práctica, esto aplicaría a casi la totalidad de formaciones. Para ponerlo en contexto, sólo Coalición Canaria,
con un único diputado en el Congreso, ya supera ese umbral contando
únicamente las ayudas que da Interior a los partidos con representación
en la Cámara Baja.
Esos exámenes serán costeados por el propio
partido. Y además, para asegurar que es un trabajo «independiente», los
autores de esos trabajos tendrán que ser «auditores de cuentas o sociedades de auditoría inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas».
Sin
embargo, ni Vega Borrego ni Martínez Sánchez aparecen en ese buscador,
como puede comprobarse en las imágenes que se adjuntan.
En la exposición de motivos de la norma, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, autor de la norma, expone la necesidad de que este tipo de acciones sea «realizada por entidades legalmente habilitadas
e inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)».
Algo que no ocurre en el caso de Martínez Sánchez y Vega Borrego.
«El incumplimiento de esta obligación, o la emisión de informes desfavorables, podría derivar en la pérdida del derecho a recibir futuras subvenciones públicas, así como a otras sanciones establecidas normativamente», reza la norma que aún está en borrador.
La
norma aún no está en vigor y, por tanto, no regía en el momento de la
presentación de la auditoría. Sin embargo, denota una diferencia entre
los estándares que el Gobierno considera necesarios para este tipo de
exámenes y los que el propio PSOE exigió en su propia auditoría.
