Artículo14.es: El PSOE ante el precipicio: sin defensa jurídica externa ni auditor con la UCO en la puerta - Artículo 14

El PSOE ante el precipicio: sin defensa jurídica externa ni auditor con la UCO en la puerta - Artículo 14

El PSOE se enfrenta al riesgo de una eventual responsabilidad penal como persona jurídica, mientras trata de acreditar la eficacia de sus controles internos y la regularidad de su financiación

Caso Leire Díez

Itziar Elizalde - Mercedes Serraller
Actualizado: 14/06/2026 - 20:35h

El PSOE vive su particular déjà vu con la Unidad Central Operativa (UCO) en la puerta de Ferraz. Hace un año, cuando se conoció el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, Pedro Sánchez hizo unas promesas sobre una segunda auditoría externa que no se han cumplido. Entonces, el partido también sondeó a penalistas para su defensa, pero estos rechazaron implicarse. Desde entonces, han pasado doce meses y lejos de apaciguarse, las investigaciones de la UCO se han ido adentrándo más y más en el corazón del partido.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llame como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al partido y al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En paralelo, la UCO por orden de la Audiencia Nacional indaga la financiación del partido. El 27 de mayo, el mismo día que los agentes de la Guardia Civil requisaron más documentación en la sede del PSOE, también requirieron información a su auditor, según adelantó El Mundo.

Investigación del PSOE como persona jurídica

Así, la posible imputación del PSOE como persona jurídica cobra fuerza con la investigación, bajo secreto, de la Audiencia Nacional sobre la posible financiación irregular del partido y la apertura del sumario de la causa sobre las cloacas del PSOE, en la que además están imputados abogados del PSOE.

El juez Santiago Pedraz ha ordenado que se tome declaración judicial en calidad de investigado a Jacobo Teijelo Casanova, abogado del exsecretario de Organización, Santos Cerdán. Previamente, ya había citado a la abogada Leticia de la Hoz, defensa de Koldo García.

A ello se añade que el juez Pedraz ha requerido al partido su programa de compliance (cumplimiento normativo) en el último registro que practicó y que la propia gerente y responsable de Compliance, Ana María Fuentes Pacheco, ha sido imputada.

En este precipicio jurídico, el PSOE se ha quedado sin auditor para sus cuentas de 2025. Tampoco, según las fuentes jurídicas sondeadas por Artículo14, se aprecian movimientos del partido en busca de penalistas.

Asesoría interna jurídica

Las informaciones que se han conocido estos días nos llenan de decepción, preocupación e indignación.

No conocía ni nunca se me ha informado de las andanzas de Leire Díez porque si las hubiera conocido, no las habría tolerado.

Vamos a dejar trabajar a la Justicia desde el… pic.twitter.com/VmSfcb27Hc

— PSOE (@PSOE) June 5, 2026

El pasado 5 de junio, desde Montenegro, Pedro Sánchez aseguró que: “Los equipos jurídicos del PSOE están analizando todo, es más de un terabyte. Cuando lo hagamos con rigor y solvencia, ustedes tendrán debida información sobre las acciones a emprender. Estamos trabajando con el equipo jurídico para ver qué acciones emprender en defensa de la honorabilidad del PSOE”.

En la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, la Secretaría de Justicia corresponde a Félix Bolaños, que es además ministro de Justicia. Bolaños es letrado del Banco de España en excedencia. Más allá de esta información, la web pública del partido no identifica ningún responsable de la asesoría jurídica, un departamento que el año pasado por estas fechas ofertó una plaza interna extra, según informó La Razón.

En paralelo, penalistas de dilatada trayectoria como Ignacio Gordillo o González Franco fueron sondeados en el verano de 2025, tanto desde el PSOE como por algunas de las figuras que han estado vinculadas a él y que están en el foco de la investigación del Supremo. Los acercamientos resultaron infructuosos ante la negativa de estos penalistas a prestar estos servicios.

Los riesgos penales

Según los expertos penalistas consultados por este medio, la clave a efectos de delimitar la responsabilidad penal del partido como persona jurídica no solo residiría en la confirmación o no de que se haya beneficiado de prácticas ilegales, sino en el hecho de que se hayan implementado mecanismos de control interno para prevenir y/o combatir esas prácticas ilegales, así como en la forma en que los primeros se llevaron a cabo.

De comprobarse que el partido se benefició realmente de estas prácticas, podría enfrentarse a tres posibles desenlaces, de menor a mayor gravedad, como persona jurídica. El primero sería su consideración como “partícipe a título lucrativo” de la trama, si el tribunal concluyera que el partido, como entidad, desconocía la comisión de los delitos.

Consecuencias más graves tendría una condena por responsabilidad civil subsidiaria, supuesto en el que el PSOE respondería subsidiariamente por las condenas a las personas físicas. El último escenario posible, el más grave, sería el de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En este caso, el partido podría enfrentarse a diferentes consecuencias, desde multas económicas hasta el fin de su actividad.

Fiscalización de sus cuentas

No vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos ponga en peligro el buen rumbo de España.

No vamos a permitir que eche por tierra la integridad de una de las Administraciones públicas más limpias de la historia de nuestro país.

No vamos a permitir que tumbe al mayor… pic.twitter.com/7KewUCLfv8

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 16, 2025

En su línea de defensa frente a la presunta financiación irregular, la auditoría de cuentas también resulta determinante. Las últimas cuentas verificadas por Ecovis Audit Grosclaude & Partners son las correspondientes a 2024, que fueron aprobadas por la Comisión Federal del PSOE en su reunión del 15 de junio de 2025.

“El resultado [en alusión a la auditoría de 2024] es tajante, lo que viene a decir es que hay un reflejo fiel del estado de cuentas y la situación financiera de nuestra organización”, destacó Pedro Sánchez en su comparecencia tras la reunión. 

Entonces también anunció que, “a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del PSOE, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista“. Estos propósitos quedaron frustrados por la realidad del mercado: ninguna firma de auditoría se prestó a fiscalizar las cuentas.

Finalmente, el partido tuvo que recurrir a dos profesores universitarios: Félix Alberto Vega Borruego, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid —propuesto por Podemos para el Consejo General del Poder Judicial en 2018—, y César Martínez Sánchez, profesor de la misma disciplina en esa universidad. Ambos analizaron los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido.

En junio de 2026, la garantía externa de cumplimiento se ha complicado aún más. Grosclaude & Partners, S.L.P., conocida como Ecovis Audit Madrid, auditor del PSOE al menos desde 2020, dejará de verificar las cuentas del partido con sede en Ferraz. Según confirmaron a Artículo14 fuentes de esta firma, el PSOE ya no es su cliente.

Salvedades

Cabe recordar que esta firma ha sido la responsable de la auditoría en los últimos cuatro años, todas ellas con una opinión favorable con salvedades por cuestiones como la valoración de activos, provisiones o ingresos públicos. Sin embargo, tal y como adelantó Artículo14, y siguiendo el modelo de los cuatro ejercicios anteriores (2020, 2021, 2022 y 2023), dicho informe excluye el análisis detallado de la financiación procedente de subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como del sistema de control interno de la organización.

En los cuatro informes de auditorías publicados, el auditor Luis Grosclaude, máximo responsable de la firma, señala expresamente que el apartado ‘Otra información’ no entra dentro del alcance de la auditoría. “La ‘Otra información’ comprende la relación de subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del sistema de control interno, cuya formulación es responsabilidad de la directora gerente federal del Partido [Ana María Fuentes] y no forma parte integrante de las cuentas anuales”, se detalla en los informes de auditoría.

“Pagos llamativos”

Por su parte, los expertos universitarios contratados por el PSOE confirmaron que no existían indicios de financiación ilegal ni de fondos no declarados o carentes de trazabilidad. El informe concluye que el sistema de caja del PSOE durante el periodo analizado es “coherente, cerrado y verificable”. Indica además que “todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas”.

No obstante, sí detectó algunos gastos “llamativos” imputados a la Secretaría de Organización que entonces dirigía José Luis Ábalos. Entre 2017 y 2024, el PSOE destinó 940.388 euros a la caja en efectivo del partido.

El PSOE transita por el desfiladero judicial sin auditor para sus cuentas ni asesor penal externo, bajo el escrutinio de la UCO y con el reto de acreditar tanto la regularidad de su financiación como la eficacia de sus mecanismos de control interno.

REA Auditores: Nota de Aviso REA jun 2026: Convocatoria del Examen de Aptitud Profesional para la inscripción en el ROAC

Nota de Aviso REA 26/2026. JUNIO 2026. ORDEN DE CONVOCATORIA DEL EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS

26/2026 - 9 de junio de 2026 - ORDEN DE CONVOCATORIA DEL EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS

Estimado/a compañero/a: Os informamos que, en el BOE de hoy, 9 de junio de 2026, se ha publicado la Orden ECM/579/2026, de fecha 1 de junio, relativa la convocatoria conjunta del Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, del examen de aptitud profesional (EAP) para la autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Puedes acceder a la citada orden pinchando aquí. Asimismo, hemos emitido la Comunicación del Departamento Técnico nº11 en la que resumimos los aspectos más relevantes de la citada Orden ECM/579/2026. Desde el REA Auditores-CGE queremos trasladaros nuestro apoyo y desearos mucho éxito a todos los que os presentáis a esta nueva convocatoria. Asimismo, os animamos a confiar en nuestra Corporación y señalar, en la documentación que tenéis que aportar, al Consejo General de Economistas – Registro de Economistas Auditores (CGE-REA) como la corporación encargada de tramitar vuestra Solicitud de Admisión al EAP. Nuestro objetivo es acompañaros durante todo este importante proceso, ofreciéndoos el respaldo, la experiencia y los recursos necesarios para afrontar esta nueva etapa profesional con las máximas garantías. Además, os invitamos a completar vuestra preparación mediante los cursos de formación organizados por el CGE-REA, diseñados específicamente para facilitaros una formación rigurosa, actualizada y adaptada a los requisitos de la convocatoria. A este respecto, os informamos de que ya se encuentran programados los cursos de formación, que darán comienzo a finales del mes de junio, y en el próximo mes de julio. Nuestro Departamento de Formación queda a vuestra disposición para resolver cualquier duda o consulta relacionada tanto con el proceso de admisión como con la oferta formativa. Os recordamos nuestros datos de contacto: Teléfono: 91 432 26 70 (Horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas). Recibid un cordial saludo,

Secretaria Técnica REA Auditores-CGEE www.rea.economistas.es

Expansión.mx: Una nueva etapa para los informes de sostenibilidad

Una nueva etapa para los informes de sostenibilidad

La verdadera transformación ocurre cuando la sostenibilidad deja de verse como una obligación y se incorpora a la forma en que la organización toma decisiones, asigna recursos y define prioridades. 

Jorge Reyes Iturbide

vie 05 junio 2026 06:00 AM  

 

Aunque la implementación de normas como las NIS A1 y B1 y las NIIF S1 y S2 implica esfuerzos significativos, también ofrece una oportunidad extraordinaria para fortalecer la gestión empresarial para aquellas organizaciones que desarrollen sistemas sólidos de información, apunta Jorge Reyes Iturbide. (Foto: iStock)

Durante los últimos años, numerosas organizaciones han avanzado en la elaboración de informes de sostenibilidad utilizando marcos voluntarios como los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) para comunicar sus compromisos, iniciativas y resultados en materia ambiental, social y de gobernanza, pero el contexto ha cambiado de manera significativa por el reto que ahora implica el cumplimiento de algunas otras normas que se han emitido a nivel nacional e internacional, como son las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) A-1 y B-1 emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF) para las organizaciones que preparan sus estados financieros bajo el marco de las Normas de Información Financiera (NIF), y las normas internacionales NIIF S1 y S2 desarrollados por el International Sustainability Standards Board, que ya son requeridas por la CNBV para las empresas emisoras y participantes del mercado de valores.

Por ello, la sostenibilidad empresarial está entrando en una nueva etapa en México, pasando de la voluntariedad al cumplimiento en cuanto a su medición y comunicación, abonando finalmente a la gestión estratégica del propio negocio. Sin duda, este nuevo escenario implica desafíos importantes para las empresas, pero también representa una oportunidad para fortalecer su competitividad, resiliencia y capacidad de generación de valor en el largo plazo.

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Opinión

La sostenibilidad corporativa más allá de las métricas

En este sentido, uno de los principales cambios consiste en que la sostenibilidad deja de considerarse únicamente como un ejercicio de comunicación corporativa para convertirse en un componente esencial de la gestión empresarial, donde ya no es suficiente describir acciones o presentar casos de éxito en la materia, sino que es necesario demostrar con datos verificables cómo la organización gestiona sus impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, con un nivel mucho mayor de rigor en la medición, documentación y divulgación de resultados.

Este cambio plantea un desafío importante para las empresas mexicanas, muchas de las cuales aún se encuentran en etapas tempranas de madurez en la gestión de información no financiera, y además no todas tienen disponibles datos confiables, consistentes y comparables, cuando la información de sostenibilidad ya comienza a requerir niveles de robustez similares a los que tradicionalmente se han exigido para la información financiera. Esto implica desarrollar sistemas internos de recopilación de información, establecer controles y responsabilidades claras en diversas áreas de la empresa, así como generar procesos que permitan asegurar la calidad y trazabilidad de los indicadores reportados.

Otro reto importante es la integración de la sostenibilidad y la estrategia de negocio, ya que por ejemplo, las NIIF S1 y S2 ponen especial énfasis en identificar aquellos factores ambientales, sociales y de gobernanza que pueden afectar la creación de valor de la organización y su desempeño financiero futuro. Esta perspectiva obliga a las empresas a dejar atrás la visión de la sostenibilidad como una función aislada y a promover una colaboración mucho más estrecha entre la dirección general y las áreas de finanzas, riesgos, operaciones, recursos humanos, cadena de suministro, etc., para que la sostenibilidad deje de ser responsabilidad exclusiva de un departamento especializado y se convierta en un tema transversal que influya en las decisiones estratégicas de toda la organización.

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Opinión

El valor central de la persona en la sostenibilidad empresarial

En este contexto, la determinación de la materialidad adquiere una relevancia particular ya que las empresas deberán desarrollar capacidades para identificar aquellos temas que resultan verdaderamente significativos tanto para sus grupos de interés como para la generación de valor para el negocio. Este ejercicio requiere metodologías más sofisticadas, análisis prospectivos y una comprensión más profunda de las tendencias regulatorias, tecnológicas, sociales y ambientales que pueden afectar el desempeño futuro del negocio, y que implican un proceso dinámico de evaluación continua de éste con un doble enfoque, es decir, tanto financiero como de sostenibilidad.

Por otro lado, la cadena de valor constituye otro elemento crítico en este tema, debido a que una parte creciente de la información requerida para los informes de sostenibilidad depende de proveedores, contratistas, distribuidores y socios comerciales, lo que significa que las empresas deberán fortalecer sus mecanismos de evaluación, acompañamiento y desarrollo de dichos grupos de interés, promoviendo prácticas más transparentes y sostenibles a lo largo de toda la cadena de valor. Así, para muchas organizaciones, y especialmente aquellas con redes de suministro o distribución amplias y complejas, este podrá ser uno de los mayores retos operativos en los próximos años.

Finalmente, quizá el desafío más profundo no sea técnico ni regulatorio, sino cultural, porque la verdadera transformación ocurre cuando la sostenibilidad deja de verse como una obligación de cumplimiento y se incorpora a la forma en que la organización toma decisiones, asigna recursos y define sus prioridades; y para ello se requiere de liderazgo, visión de largo plazo y una gobernanza capaz de integrar los criterios de sostenibilidad en la estrategia corporativa. Ante esto, los consejos de administración y los equipos directivos tendrán un papel cada vez más relevante en la supervisión de los riesgos, la definición de los objetivos y el seguimiento del desempeño en esta materia, y para ello deben conocer suficientemente el tema y estar bien preparados.

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Opinión

Prepararse para el futuro. Retos y oportunidades para la empleabilidad

Por todo lo anterior, aunque la implementación de normas como las NIS A1 y B1 y las NIIF S1 y S2 implica esfuerzos significativos, también ofrece una oportunidad extraordinaria para fortalecer la gestión empresarial para aquellas organizaciones que desarrollen sistemas sólidos de información, integren la sostenibilidad en su estrategia y generen una cultura orientada a la creación de valor sostenible, lo que les permitirá estar mejor posicionadas para acceder a financiamiento, atraer talento, responder a las expectativas de inversionistas y clientes, y enfrentar con éxito un entorno cada vez más complejo e incierto.

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Nota del editor: Jorge Reyes Iturbide es especialista en responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible y desde hace 21 años ha trabajado para diversas empresas y organismos nacionales e internacionales en proyectos de investigación, consultoría, desarrollo de estándares y educación ejecutiva en la materia. Actualmente es Director de Empleabilidad y docente de Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac México. Síguelo en X y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Expansión.com: Cuando decide el algoritmo: la nueva responsabilidad jurídica de la empresa

Cuando decide el algoritmo: la nueva responsabilidad jurídica de la empresa

María Pardo de Vera - 05/06/2026 02:12

La reciente encíclica Magnifica Humanitas ha reabierto un debate que trasciende lo religioso y alcanza de lleno al mundo empresarial: qué ocurre cuando delegamos decisiones relevantes en sistemas de inteligencia artificial. En la empresa, la IA no plantea solo un dilema de valores; plantea un problema de gobierno, trazabilidad, prueba y responsabilidad. Y, sobre todo, lanza una pregunta: ¿quién responde jurídicamente cuando la máquina decide?

Aunque el documento se centra en la protección de la persona en la era digital, su mensaje conecta con una preocupación cada vez más presente en los departamentos jurídicos y de compliance. La IA ha dejado de ser únicamente una cuestión tecnológica o reputacional para convertirse en un problema de responsabilidad jurídica.

La pregunta ya no es si una empresa puede utilizar sistemas automatizados para ganar eficiencia. La cuestión es quién responde cuando esos sistemas intervienen en decisiones que afectan a personas, derechos, oportunidades económicas o relaciones laborales.

La automatización ya forma parte de numerosos procesos empresariales: selección de personal, evaluación del desempeño, concesión de financiación, prevención del fraude, segmentación comercial, atención al cliente o gestión de reclamaciones. En muchos casos, la decisión formal sigue siendo humana, pero el resultado viene condicionado por una recomendación algorítmica. En otros, la intervención humana es prácticamente residual.

Es aquí donde aparece el principal reto jurídico. Cuando una persona es descartada en un proceso de selección, se le deniega una financiación o recibe un tratamiento distinto al de otros clientes, la organización debe poder explicar quién tomó la decisión, con qué información, bajo qué criterios y qué mecanismos existían para corregir posibles errores.

RGPD y AI Act: el marco de control

El RGPD ya anticipó esta problemática en su artículo 22, al reconocer el derecho de las personas a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos o les afecten significativamente de modo similar. Esta previsión no debe interpretarse como una cláusula aislada de protección de datos, sino como una garantía estructural frente a la despersonalización de la decisión.

La misma lógica inspira el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), que establece obligaciones específicas para determinados sistemas considerados de alto riesgo. Gestión de riesgos, documentación técnica, supervisión humana, trazabilidad o controles de calidad no son exigencias burocráticas. Son mecanismos destinados a garantizar que las organizaciones puedan demostrar cómo funcionan los sistemas que utilizan y quién responde por sus resultados.

La caja negra también puede ser corporativa

La clave jurídica está en la accountability, término que se introduce en varias normativas actuales.

La empresa que utiliza IA no puede escudarse en que el modelo lo desarrolló un tercero, en que el resultado fue generado automáticamente o en que la decisión final fue adoptada por un empleado que se limitó a validar una recomendación. La responsabilidad no desaparece porque intervenga una máquina. Al contrario, cuanto mayor sea la opacidad técnica, más exigente debe ser la diligencia organizativa.

Por eso, el principal riesgo no siempre está en el algoritmo, sino en la ausencia de gobierno interno. Muchas compañías desconocen qué herramientas de IA están utilizando sus áreas de negocio (se estima que el 60% de los empleados usan IA que su empresa desconoce -shadow AI-), qué datos se incorporan a los sistemas, si existen transferencias a proveedores, si se han evaluado sesgos, si el sistema aprende con datos nuevos, si hay registros de actividad o si la persona que supervisa puede apartarse realmente de la recomendación automatizada. La caja negra, en estos casos, no es solo tecnológica, es corporativa.

Este punto es especialmente relevante para los órganos de administración. La IA ya no puede tratarse como una decisión puramente técnica o departamental. Cuando afecta a procesos críticos o a derechos de terceros, entra en el perímetro del gobierno corporativo, del mapa de riesgos, del sistema de compliance y, en su caso, de la función de protección de datos.

Del cumplimiento documental al cumplimiento operativo

La diligencia debida exige identificar los usos de IA, clasificarlos por riesgo, asignar responsables, aprobar políticas internas, revisar contratos con proveedores, establecer controles periódicos y documentar las decisiones relevantes. Pero también exige superar la brecha entre cumplimiento formal y cumplimiento operativo.

El riesgo más sofisticado no es carecer de documentos, sino tenerlos sin que modifiquen la realidad. La supervisión humana es, probablemente, uno de los puntos más débiles del cumplimiento actual. El AI Act la exige para sistemas de alto riesgo, pero su eficacia dependerá de cómo se implante. No basta con colocar a una persona al final del proceso.

Por eso, el debate abierto por Magnifica Humanitas tiene una lectura especialmente relevante para el mundo empresarial. Más allá de consideraciones éticas o filosóficas, la cuestión central es jurídica: cuando una decisión que afecta a una persona está condicionada por un algoritmo, alguien debe responder por ella.

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* María Pardo de Vera, socia del área de protección de datos y derecho digital de Ceca Magán.

elMundo.es: El auditor privado del PSOE comunica a la UCO que rompe con Ferraz y deja de fiscalizar sus cuentas tras entregar documentación | España

El auditor privado del PSOE comunica a la UCO que rompe con Ferraz y deja de fiscalizar sus cuentas tras entregar documentación | España

Grosclaude ya no audita las cuentas del partido por primera vez en cinco años y facilita a los agentes documentos que pidió al abogado Jacobo Teijelo, sospechoso de facturas falsas del PSOE 

Carlos Segovia - Madrid
Actualizado Jueves, 4 junio 2026 - 22:57

La empresa de auditoría que ha venido fiscalizando las cuentas anuales del PSOE desde 2020, Ecovis Grosclaude&Partners, rompe con Ferraz. Así lo destapa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe al que ha tenido acceso este diario tras requerir documentación al auditor responsable y socio diretor [sic], Luis Grosclaude, en una actuación policial que tuvo lugar el pasado 27 de mayo.

«La sociedad transmite que no va a hacer la auditoría correspondiente al año 2025 del organismo», según los agentes. Fuentes oficiales del PSOE no desmienten a EL MUNDO la ruptura, pero declinan comentar las razones. «Quien audita las cuentas del PSOE es una decisión que compete al PSOE», se limitan a señalar.

Grosclaude, socio director de esa firma privada de auditoría, llevaba tiempo mostrando dudas con continuar esta labor con el partido que inició en 2020 por los riesgos que conllevaba, aunque no había confirmado hasta la fecha a este diario su decisión de renunciar.

Su salida es un nueva complicación reputacional para el PSOE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los dirigentes de Ferraz han venido esgrimiendo en el último año que sus cuentas no presentan irregularidades al haber sido validadas tanto por el Tribunal de Cuentas como por Grosclaude, pero tanto éste, que presentó informes con salvedades, como el organismo fiscalizador estatal han dejado claro que no han tenido nunca capacidad para detectar si hay caja B.

Lo que sí hizo esta auditora privada, según la UCO, es fiscalizar facturas concretas que son sospechosas de fraude. Se trata de las autorizadas por la actual gerente del partido, la investigada Ana María Fuentes, al abogado Jacobo Teijelo y que, según el juez instructor Santiago Pedraz, son «mendaces» y encubren pagos a la trama socialista encargada de desestabilizar investigaciones judiciales contra intereses del presidente del Gobierno y del partido.

La UCO apunta que el PSOE pagó a Teijelo -ver reproducción adjunta- 125.000 euros por servicios no detallados y que no eran realmente para él. «Jacobo Teijelo participó de manera activa dentro de la organización y en el marco de esta actividad investigada, el PSOE le efectuó pagos por un importe que asciende al menos a 125.000 € (IVA no incluido), mediando para ello una tramitación y facturación mendaz. La tramitación de estos pagos se llevó a cabo por medio de Leire, contando para ello con la participación y connivencia de Santos Cerdán. Así mismo, se han obtenido indicios de los que se desprende que al menos parte de estos fondos habrían tenido como destinatario a un tercero».

Extracto del informe de la UCO sobre las facturas del abogado sospechosas de fraude

En el informe de la UCO figura que los agentes pidieron a Grosclaude «documentación aportada por el abogado Jacobo Teijelo con motivo de la realización de la auditoría de las cuentas anuales del PSOE a 31.12.2024. En dicho requerimiento [de Grosclaude en su trabajo auditor] se solicitaba al abogado, mediante un escrito de fecha 07.04.2025, proporcionar directamente a la empresa auditora, mediante envío a la dirección de correo electrónico psoe@qrosclaude.es. la información relativa a los servicios prestados por el abogado a la formación politica a lo largo del año 2024 y hasta la fecha de respuesta del referido requerimiento».

El auditor se interesó por tanto sobre qué tipo de servicios había prestado Teijelo a Ferraz para cobrar esas cifras, aunque posteriormente en su informe auditor correspondiente a 2024, si vio irregularidades en este pago, no lo mencionó.

La UCO solicitó aquel día a Grosclaude la «entrega inmediata» también de «todas las comunicaciones mantenidas a través de la citada cuenta de correo electrónico (psoe@grosclaude.es) relativas a este asunto concreto».

Sin embargo, el auditor no conserva todas. Hizo entrega de una carpeta informática limitada con «la copia de seguridad anual realizada por los componentes del equipo de auditoria, con motivo de que la bandeja del correo psoe@grosclaude.es, al igual que el resto de los clientes con los que trabajan, tiene una capacidad máxima, por lo que anualmente se realiza la descarga de todas las comunicaciones habidas en cada año». No obstante, aportó correos suyos con el PSOE de años anteriores, según el acta levantada por los agentes.

Ecovis Grosclaude&Partners es una firma de auditoría y consultoría de tamaño muy inferior a las llamadas big four (PwC, Deloitte, KPMG y EY) y, al contrario de éstas, sí acepta trabajar con partidos políticos. Fue contratada en 2020 por el anterior gerente, Mariano Moreno, y se presentó como una muestra de que el PSOE se sometía a más controles externos que el PP para garantizar la solvencia de sus cuentas anuales, que son además fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.

La sucesora de Moreno en 2021, Ana María Fuentes, mantuvo a Grosclaude desde entonces, pero fuentes oficiales del partido declinan desvelar si hay otra auditora privada que se haga cargo de las cuentas de 2025 que deben cerrarse ya este mismo mes.

Fuentes se encuentra en la delicada situación judicial de investigada. Según el mismo informe de la UCO, Ana María Fuentes fue interrogada por la Guardia Civil el pasado 27 de mayo por los delitos de «organización criminal y falsedad documental» al serle atribuida la aprobación de las citadas facturas falsas en favor de la trama organizada por Cerdán, que fue quien la propuso para la gerencia del partido.

Esta socialista andaluza se negó a declarar, según el informe de la policía judicial y se mantiene desde entonces en el cargo, pese a la salida en 2025 de su valedor Cerdán y que Sánchez insistió el pasado miércoles en Barcelona que actúa «con contundencia» ante cualquier atisbo de irregularidades en su organización.

Como publicó este diario el pasado domingo, Ana María Fuentes ha batido en su etapa de gerente en estos cinco años todos los récords de gasto en los llamados «servicios exteriores» que es el pago a proveedores que permite desembolsos a terceros como los que investiga el juez. Maneja para esta partida unos 40 millones de euros anuales y ha llegado a destinar más de 56 millones en el ejercicio 2023, en marca histórica. El 70% de los recursos que maneja la gerente del PSOE proceden de subvenciones públicas.

En su etapa se ha duplicado también el uso de efectivo en Ferraz con respecto a años previos al Covid.

Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia: La INPAS ya está disponible en español para descarga gratuita

La INPAS ya está disponible en español para descarga gratuita – Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia

by Desarrollo INCP on 2 junio, 2026 

 

Ya está disponible en español la Norma Internacional de Contabilidad para Entidades sin Fines de Lucro (INPAS, por sus siglas en inglés), el primer estándar contable global diseñado específicamente para este tipo de organizaciones. La publicación incluye la Norma, la Guía de Implementación y la Guía de Práctica 1: Información armonizada sobre subvenciones, todos disponibles para descarga gratuita.

 

 

Según la información divulgada, esta versión en español fue posible gracias al trabajo de un Comité de Revisión de 12 miembros, liderado por Hernán Pablo Casinelli, presidente del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF, por sus siglas en inglés). El proceso buscó garantizar una terminología técnicamente precisa y su alineación, cuando correspondiera, con la traducción oficial de la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes).

La disponibilidad de la INPAS en español amplía el acceso a este marco contable para las entidades sin fines de lucro de habla hispana, luego de que la norma fuera publicada originalmente en octubre de 2025 (inicialmente en inglés) como un referente internacional para fortalecer la transparencia, la comparabilidad y la rendición de cuentas en el sector.

Para más detalles, consulte los documentos adjuntos.

Ver: Norma Internacional de Contabilidad para Entidades sin Fines de Lucro – INPAS

Ver: Guía de Implementación – INPAS

Ver: Guía de Práctica 1_ Información armonizada sobre subvenciones – INPAS

Redacción INCP

Diari Mes: La Cooperativa de l'Aldea y los afectados pactan con el auditor, BDO y Mapfre una compensación de 880.000 euros

La Cooperativa de l'Aldea y los afectados pactan con el auditor, BDO y Mapfre una compensación de 880.000 euros

El pacto permite absolver buena parte de los acusados y supone la retirada de la plataforma de perjudicados como acusación.

ACNAgència de notícies

Creado: 02.06.2026 | 12:17

Imagen de algunos de los acusados en el juicio de la cooperativa de l'Aldea

Después de llegar hace un mes a un acuerdo económico para exonerar Caixabank y los exresponsables de la oficina de Bankia en Amposta, las cuestiones previas del juicio por la quiebra de la Cooperativa de l'Aldea han arrancado con un nuevo acuerdo entre la entidad y los afectados con Juan Carlos Torres, su empresa BDO y la aseguradora Mapfre, que pagarán 880.000 euros para dejar de ser acusado.

Fruto de este pacto, la magistrada de la Audiencia de Tarragona ha acordado la absolución de todos ellos, así como del exdirector de la sección de crédito, Enric Sabaté. El acuerdo ha satisfecho las pretensiones de la Plataforma de Afectados, que ha anunciado su retirada del procedimiento y dejando la acusación penal en manos de la Cooperativa y Fiscalía.