El juez concluye que Izco se apropió de dinero y ocultó la quiebra del club | SeleccionDN+ | Noticias de Osasuna en Diario de Navarra
Ve indicios para juzgar al expresidente por la salida de 926.000 euros.
Actualizada 14/06/2019 a las 12:08
Mientras el osasunismo mira a Primera, el seísmo judicial que sacudió
los cimientos del club hace cuatro años y que sirvió para reiniciar la
entidad, todavía sigue coleando.
El juez ha concluido la investigación de la gestión de Patxi Izco (2003 -2012) y estima que
hay indicios suficientes de que el presidente “dispuso o autorizó” la salida de 926.000 euros en metálico del club,
utilizando parte de este dinero para su propio beneficio personal, y
que ocultó la delicada situación económica de la entidad. En un
auto que no escatima adjetivos descalificativos para el mandato de Izco, el magistrado de Instrucción nº 2
también aprecia indicios para juzgar al exgerente Ángel Vizcay, y al exauditor Adolfo Suárez. Por contra, decreta el archivo para los restantes miembros de la directiva.
La valoración que el
juez Fermín Otamendi
hace de la gestión del expresidente de Osasuna se puede resumir en uno
de los párrafos del auto: “Hay contundentes indicios de que
se apropió de dinero del club e hizo un uso personal del patrimonio de la entidad,
y habría ordenado manipular la contabilidad de la entidad para ocultar o
dificultar el descubrimiento de dichas acciones, así como la lamentable
situación económica a la que había llevado a Osasuna su política
expansiva en lo deportivo y despilfarradora en lo económico”. Su gestión
del patrimonio social, añade unos folios más adelante, “provocó la
quiebra del club”.
Detrás de estas frases, la investigación que se inició por la salida
de 2,4 millones en efectivo de las arcas del club se concentra en tres
bloques diferenciados. El magistrado aprecia indicios de que
Izco
dispuso o autorizó que se dispusiera de 500.000 euros en efectivo,
cuyos recibos fueron autorizados por él mismo y sin que existan
evidencias de su destino. Sí que constan indicios de que parte
de ese dinero fue recibido por él mismo para su propio beneficio o el de
terceros; otra parte fue empleada por Izco en España y en el extranjero
“para
gastos propios en hoteles, tiendas de ropa de hombre,
mujer y niño, tiendas de lencería, vinotecas y otros establecimientos de alimentación, perfumerías, restaurantes, un crucero por el Caribe e,
incluso, en una ITV”. Estos gastos, añade el juez, no estaban
relacionados con su actividad como presidente y no contaba con la
autorización de los órganos de representación de la entidad. Otra parte
del dinero, sigue el auto, fue incorporado al patrimonio de Izco “a modo
de sueldo mensual”, cuando ningún precepto estatutario le autorizaba a
ello.
El juez también imputa al expresidente el “haber impulsado las
actuaciones necesarias para esconder la negativa situación económica del
club”, de forma que la contabilidad “no reflejara la imagen fiel de la
situación”. Así, añade, se perjudicó a los socios y a terceros, “que
no podían conocer, a través de las cuentas anuales y la contabilidad social, el auténtico estado de la entidad”.
El segundo bloque se concentra en
76.611 euros que Izco, según “indicios racionales”, cogió de la caja del club en verano de 2011.
La salida fue contabilizada en diciembre bajo el concepto de “pago a
agente”, según las indicaciones que dio el propio expresidente al
contable del club, “sin que exista ninguna justificación documental del
destino dado a dicha cantidad”.
GRATIFICACIÓN AL AUDITOR
La tercera partida irregular que detalla el auto judicial se corresponde a los
350.000
euros que según la investigación Izco habría pagado al entonces
auditor, Adolfo Suárez, como “gratificación” al encubrimiento
que había hecho Suárez de estas salidas no justificadas y de la delicada
situación económica del club a través de las auditorías anuales, que no
reflejaban la situación real de la entidad pero que servían de
“beneplácito” para que Osasuna no fuera expulsado de la Liga o la
directiva tuviera que avalar un resultado económico negativo.
Este pago se hizo el último año de mandato de Izco a través de la
sociedad holandesa Castelino,
con la que Suárez tenía “fuertes vínculos”, llegando a actuar en su
representación. Osasuna transfirió 350.000 a esta sociedad y ese mismo
día Castelino realizó una transferencia de 325.000 euros a la auditoría
de Suárez. En su auto, el juez subraya que tanto Castelino como Suárez
están siendo investigados en la Audiencia Nacional por otra trama en la
que hay exaltos cargos del PP implicados.
Para justificar este ingreso procedente de Osasuna,
Castelino emitió un contrato falso por unos “supuestos servicios no prestados” en relación a la contratación del jugador
Jukka Raitala
-fue cedido a Osasuna de forma gratuita,- y estos documentos fueron
utilizados por el club y el auditor para justificar la salida de los
350.000 euros, ordenada por Izco y que contó con la firma previa de
Ángel Vizcay
en el presunto contrato. Sobre las explicaciones dadas por el exgerente
las califica de “absolutamente inconsistentes, increíbles e, incluso,
en ocasiones absurdas”.
Sobre el exgerente, afirma que todas las investigaciones han demostrado que conocía y controlaba el club “al milímetro”.
Ahora el juez da 20 días a las partes personadas para que formulen
sus escritos de acusación, pidan el archivo -el fiscal ya lo pidió para
Suárez- o reclamen la práctica de nuevas pruebas.
EXCULPA AL RESTO DE DIRECTIVOS: "SU MANDATO FUE PRESIDENCIALISTA"
El juez
archiva la causa con respecto a
los exdirectivos José Gómez, José Antonio Pascual y Miguel Archanco, y decreta el cese de la condición de posibles responsables sobre
Fernando Vera, Íñigo Sanciñena, José Manuel Purroy y Tomás López, que no han sido imputados. El magistrado afirma que la instrucción ha revelado que
Osasuna fue, durante el mandato de Izco, “una entidad eminentemente presidencialista” en la que la mayoría de las decisiones, al menos las extradeportivas, “se tomaban por
el presidente y el gerente”.
La participación en temas económicos y contables del resto de la junta
directiva, agrega el auto, “era nula”. El magistrado detalla que el día a
día de la operativa del club, incluidas las cuestiones relativas a la
contabilidad y lo relativo al pago de impuestos o las cuentas anuales o
la realización de la auditoría, “eran cuestiones en las que intervenían
muy directamente el presidente y el gerente”. El juez concluye que los
demás miembros de la directiva “no estaban al tanto del día a día del
funcionamiento del club, de su contabilidad y de las decisiones que el
presidente y el gerente adoptaban”.
El juicio por los posibles amaños sigue sin fecha
Dos años y cuatro meses han pasado desde que el juez concluyera su
instrucción sobre los posibles amaños en partidos de Osasuna el
año del descenso a Segunda División, en 2014. Sin embargo, la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial, la encargada de enjuiciar el caso,
todavía no ha señalado siquiera la fecha en la que dará comienzo el
juicio, que se estima que podría durar en torno a los dos meses por la
gran cantidad de acusados (18) y testigos que se esperan.
Por este asunto, que
también incluye salidas de dinero sin justificar durante el mandato de Miguel Archanco,
y que fue el que desencadenó todos los líos judiciales de Osasuna en
marzo de 2015, la fiscalía pide para Archanco 12,5 años de cárcel por
los delitos de apropiación indebida, falsedad contable y corrupción
deportiva. Para Ángel Vizcay, solicita 14,4 años de cárcel, mientras que
para Txuma Peralta la pena que reclama el Ministerio fiscal es de 12,5
años de cárcel.
En este frente judicial,
la Audiencia Provincial dejó fuera del juicio a Osasuna como entidad,
lo que evitó que la entidad pueda verse afectada administrativamente en
caso de una condena por los supuestos amaños de dos partidos del Betis a
finales de la temporada 2013-2014 y que acabó con el descenso del club
rojillo a Segunda División. Cuando llegue a juicio, es probable que sea
el primero que se celebra en España por el supuesto amaño de partidos de
fútbol en el fútbol profesional.
Pero además de esta causa,
también está pendiente de enjuiciarse los impagos de IRPF e IVA a las arcas forales entre los años 2010 y 2013.
Por este asunto, en el que el club ya llegó a un acuerdo con Hacienda y
abonó el dinero reclamado, la Fiscalía pide 12 años y 3 meses de cárcel
para Patxi Izco, 15 años y 9 meses para Miguel Archanco, la misma pena
que reclama para Ángel Vizcay, y 8 años y 9 meses para Txuma Peralta. En
unas tres semanas se conocerán además las penas que solicita el fiscal
por supuestos delitos en el mandato de Izco tras el auto de este jueves.
Las auditorías de 2004 a 2012 debieron ser desfavorables
La transferencia de 350.000 euros que Osasuna hizo a la
Sociedad holandesa Castelino por la presunta gestión del fichaje de
Jukka Raitala -que en realidad fue cedido gratis- la desmonta el magistrado Otamendi en su auto en cinco aspectos.
Apunta el juez que el representante de Raitala aseguró no tenía
conocimiento de la empresa Castelino. Y que éste consideraba los 350.000
euros de la operación como una cantidad inapropiada para los derechos
de imagen del jugador, que él mismo consideraba “de segunda categoría”.
Además no hay rastro del pago de Castelino al jugador o a su club.
En el escrito se apunta que
ninguno de los empleados de Osasuna conocía la participación de Castelino en la operación de Raitala. Según el auto, resulta ilógico que un comisionista cobre más que lo que, en principio, iba a cobrar el propio jugador.
Apunta el escrito de Otamendi que ni el representante legal de
Castelino, ni Izco, ni Vizcay, tampoco Tomás López o José Gómez sabían
qué gestiones hizo Castelino para traer a Raitala a Osasuna. Y por
último, le resulta llamativo al juez que en la contabilidad del club no
aparezca ningún apunte sobre Castelino ni la operación Raitala.
AUDITORIAS DEFICIENTES
Sostiene el juez instructor que
existía una “manipulación de la contabilidad de Osasuna” para que ésta “no permitiera detectar las múltiples irregularidades cometidas durante la gestión” de Patxi Izco.
El juez apoya parte de su argumentación en un informe, en el que se apunta que
“la contabilidad de Osasuna dejaba mucho que desear”,
o en el hecho de que el propio Suárez como auditor del club, “admitió
salidas de dinero con papeles firmados por directivos del club sin que
se aportaran contratos, facturas ni evidencias de la contraprestaciones
recibidas por Osasuna”. Explica en el auto el magistrado Otamendi que
solicitó un informe al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
sobre la actividad de sociedad de Adolfo Suárez de los ejercicios 2004-5
a 2011-12 se ajustaba a la normativa.
El informe de la ICAC es demoledor. Apunta que
Adolfo Suárez “encubre los múltiples incumplimientos contables de
Osasuna” y que sus informes de auditoría “no reflejaba a través de sus
salvedades la realidad económica” del club. Según el estudio,
la
opinión del auditor (Adolfo Suárez) “en todas las auditorias -se
refiere al periodo 2004-12- debería haber sido desfavorable e incluso
denegada (2006-2007 y 2011-2012)”.
Además según el escrito citado en la instrucción, Suárez incumplió la
norma contable en la auditoria de 2011-12 (el de los 350.000 euros a
Castelino) en varios aspectos. Debía haber conservado los papeles de
trabajo de la auditoria de 2010 y 11 y no lo hizo e incide en cuatro
áreas en las que su trabajo fue deficiente:
incumplimientos
contables en algunas cuentas; la falta de análisis en las operaciones
entre Osasuna y la Fundación Osasuna; la no obtención de evidencias en
gastos de personal, y la ausencia de trabajo de auditoria en el área
fiscal.
Ante el juez, Suárez negó que maquillara las auditorías y dijo que los 325.000 euros era dinero que él había adelantado.
