"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la novena promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
By Forvis Mazars 20/01/2026 norma VSME, auditoría de sostenibilidad
El panorama europeo de información sobre sostenibilidad está experimentando profundos cambios como consecuencia de la adopción del paquete de simplificación Ómnibus I, el cual incrementa los umbrales exigidos a las empresas para reportar obligatoriamente.
En este contexto, la información voluntaria sobre sostenibilidad para las empresas que no entrarán en el ámbito de aplicación de la Directiva CSRD empieza a adquirir una importancia sin precedentes, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
La Unión Europea cuenta con casi 32 millones de PYMES que representan el 99% de todas las empresas de la UE. Por lo tanto, las PYMES desempeñan un papel fundamental en la economía europea. Por ello, la Comisión Europea está animando a las PYMES a aplicar el estándar voluntario de sostenibilidad para pymes (VSME por sus siglas en inglés), a la espera de la adopción en 2026 de una norma voluntaria que se basará en la VSME.
Para apoyar a las PYMES, nuestros expertos han elaborado una guía que describe el contexto normativo que ha llevado al desarrollo de la norma VSME, detalla sus principales requisitos y establece los pasos claves que deben seguirse para su correcta aplicación.
La norma VSME: principales objetivos
La norma VSME proporciona un marco de información proporcional y simplificado para empresas que no están sujetas a ningún requisito de información sobre sostenibilidad. Se caracteriza por su modularidad y accesibilidad.
Consta de dos módulos independientes que pueden utilizar las empresas para elaborar su informe de sostenibilidad:
un módulo básico, que define los requisitos mínimos para la presentación de informes de sostenibilidad.
un módulo integral opcional, que define los datos adicionales que probablemente requieran los socios comerciales y los inversores, más allá del módulo básico.
La norma VSME: principales retos para las empresas
Las empresas deben primero evaluar su nivel de madurez en materia de ESG para seleccionar la opción de información adecuada, que puede ser sólo el módulo básico o una combinación del módulo básico con el módulo integral.
A la hora de aplicar la norma VSME, las empresas pueden recurrir a las herramientas desarrolladas por el EFRAG para garantizar la publicación de información precisa, coherente y de alta calidad, lo que requiere el establecimiento de procesos sólidos de recopilación de datos.
Durante este proceso, se anima a las empresas a ir más allá del mero cumplimiento y adoptar la sostenibilidad como motor de la implementación de su estrategia de transformación y creación de valor.
Por último, aunque la norma VSME no exige la publicación del informe de sostenibilidad, compartir los avances y los compromisos puede mejorar la transparencia y demostrar la alineación con las expectativas del mercado. Las empresas también pueden optar por verificar sus informes de sostenibilidad para aumentar la confianza de las partes interesadas en la información publicada.
Siguientes pasos
Se espera que la Directiva sobre “Contenidos” que modifica la CSRD se publique en el Diario Oficial de la UE en el primer trimestre de 2026 y que entre en vigor veinte días después de su publicación. Esta fecha marcará el inicio del plazo de cuatro meses para la adopción del acto delegado relativo a la norma voluntaria de información sobre sostenibilidad por parte de la Comisión Europea.
Aunque esta futura norma se basará en la norma VSME, puede diferir en cuanto al fondo, en particular para alinearse con el nuevo conjunto de Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) aplicables a las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la CSRD revisada (ver nuestro análisis del asesoramiento técnico del EFRAG sobre el proyecto de normas revisadas aquí).
ISSA 5000 Supplemental Guidance IAASB Nov 24, 2025| Guidance & Support Tools
This set of illustrative practitioner’s assurance reports provides support the implementation of International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000, General Requirements for Sustainability Assurance Engagements. The examples were developed through a joint initiative with a group of jurisdictional auditing and assurance standard setters, whose collaboration and support have been crucial in shaping this guidance.
While ISSA 5000 includes four illustrative reports that reflect the baseline requirements of the standard, this new publication provides more specific examples to help practitioners apply the standard in real-world scenarios.
El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés) ha publicado ocho modelos de informes orientativos para apoyar la implementación de la Norma Internacional sobre Aseguramiento de la Sostenibilidad (ISSA, por sus siglas en inglés) 5000, Requisitos Generales para Compromisos de Aseguramiento de la Sostenibilidad, tanto con opinión no modificada como modificada.
La nueva publicación ofrece ejemplos específicos para ayudar a aplicar la norma en escenarios reales. Su objetivo es complementar los informes ilustrativos del Apéndice 3 de la ISSA 5000. Cada ejemplo contiene dos secciones:
Patrón de Hechos: esta sección proporciona información sobre las circunstancias que son relevantes para el informe de verificación del profesional.
Modelo de Informe de Verificación
Además, en el apéndice del documento (páginas 46–58) se incluyen notas explicativas (EN, por sus siglas en inglés) a los modelos de informes, que tienen como objetivo proporcionar más información sobre la base técnica del enfoque adoptado para informar sobre aspectos identificados en los ejemplos.
Los ejemplos propuestos son:
Ilustración A – Informe de verificación limitada no modificado sobre el informe de sostenibilidad de una entidad preparado de acuerdo con los criterios de presentación del ISSB.
Ilustración B – Informe de verificación razonable no modificado sobre el Informe de sostenibilidad de una entidad elaborado de acuerdo con los criterios de presentación del ISSB.
Ilustración C – Informe de verificación limitada no modificado sobre divulgaciones seleccionadas de sostenibilidad en el Informe de sostenibilidad de una entidad cotizada preparado de acuerdo con los criterios de cumplimiento.
Ilustración D – Informe de verificación limitada no modificado sobre el informe de sostenibilidad de una entidad cotizada elaborado de acuerdo con los criterios de presentación de dos marcos de elaboración.
Ilustración E – Informe combinado de verificación razonable y limitada sin modificar sobre el informe de sostenibilidad de una entidad cotizada, elaborado de acuerdo con los criterios de presentación del ISSB.
Ilustración F – Informe modificado de verificación razonable – Conclusión cualificada sobre el informe de sostenibilidad de una entidad distinta de una entidad cotizada preparada de acuerdo con los Criterios de presentación de buenas prácticas del ISSB.
Ilustración G – Informe modificado de verificación limitada – Renuncia a la conclusión sobre el informe de sostenibilidad de una entidad cotizada preparada conforme a los criterios de cumplimiento.
Ilustración H – Informe modificado de verificación limitada – Conclusión adversa sobre el informe de sostenibilidad de una Entidad Cotizada Preparada de Acuerdo con los criterios de cumplimiento.
Para consultar los informes ilustrativos y obtener más información sobre el ISSA 5000, visite www.iaasb.org/ISSA5000.
La digitalización y la sostenibilidad impulsan la demanda de nuevos perfiles profesionales, abriendo oportunidades laborales para expertos tecnológicos y jóvenes con visión global y compromiso ético en el sector
Por Servimedia -
Según los datos analizados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, el sector de la auditoría vive un momento de crecimiento sostenido,
con una facturación global de más de 980 millones de euros y más de
41.000 empleos en 2024, una dinámica positiva que podría acelerarse con
la incorporación de nuevos perfiles derivados del auge de la
digitalización, la integración de la sostenibilidad en las estrategias
empresariales y compliance.
Indica que el sector de la auditoría vive un momento decisivo marcado por su creciente relevancia en una sociedad que exige a las empresas
no solo revisar cuentas de los balances financieros, sino también
demostrar su responsabilidad social y compromiso medioambiental.
En un contexto de plena transformación digital, con la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, señala que la profesión se enfrenta al reto de hacer frente a la demanda de más auditores, mejor formados y con perfiles cada vez más especializados para responder a las nuevas demandas del marco regulatorio empresarial.
El análisis del Instituto Coordenadas apunta que el aumento de la demanda de auditores viene impulsado por la necesidad de responder, por un lado, a un relevo generacional de una profesión con una edad media de 57 años y, por otro lado, de dar respuesta también a los cambios digitales y exigencias del marco regulatorio en materia de auditoría no financiera, que se prevé que se intensifiquen en los próximos años. Las compañías buscan profesionales capaces de analizar grandes volúmenes de datos, anticipar riesgos y evaluar su impacto social, medioambiental y de compliance con una visión integral del negocio.
Tal como señala Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, "más allá del control financiero, la auditoría se ha consolidado como un pilar en la confianza entre empresas, ciudadanos y estado, donde la transparencia y responsabilidad social en las organizaciones está ganando presencia, generando un fuerte crecimiento en la demanda de auditores cualificados que se intensificará en los próximos años".
Si hace unas décadas los auditores provenían exclusivamente de los
estudios de economía y administración de empresas, el nuevo contexto
abre grandes oportunidades laborales a titulados de campos como la ingeniería, big data, desarrolladores de IA, expertos en ciberseguridad, RSC y gestión de sostenibilidad, lo que conllevará una demanda de un talento más diverso y multidisciplinar, según el Instituto Coordenadas.
Los informes consultados por el Instituto Coordenadas orientan un fuerte crecimiento global del empleo tecnológico en los próximos años, con especial protagonismo de los perfiles en programación, análisis de datos y ciberseguridad. De acuerdo con la lectura que realiza el Instituto de estudios como Trabajar en 2033 de PwC, las TIC
podrían generar un incremento de empleo cercano al 37% para ese
horizonte temporal y el sector de la auditoría va a ser uno de los
ámbitos más demandantes de ese talento.
Las firmas de auditoría ya están implementando la Inteligencia Artificial para automatizar procesos, realizar análisis masivos de datos e identificar riesgos y anomalías
en tiempo real, mejorando el rigor y la calidad que son sus señas de
identidad. Esta digitalización, apunta el Instituto Coordenadas, está
creando nuevas oportunidades laborales para perfiles tecnológicos, al tiempo que amplía la necesidad de auditores especializados en sistemas de ciberseguridad.
El auge de la información ESG —ambiental, social y de gobernanza— especialmente en sociedades cotizadas, pero no solo, ha impulsado la necesidad de auditores con conocimientos en sostenibilidad,
una palanca de crecimiento para el mercado laboral. Concretamente, el
Instituto Coordenadas recuerda que cambios legislativos como la
Directiva Europea de Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD)
están transformado también el ámbito de la auditoría, incorporando la verificación de los informes de sostenibilidad como parte de sus responsabilidades, impulsando la demanda de expertos en sostenibilidad dentro de las firmas de auditoría y de las propias empresas que son por propia definición transversales.
Uno de los grandes desafíos, según los datos analizados por el
Instituto Coordenadas, será corregir el actual desajuste entre oferta y
demanda de talento. Las vacantes cualificadas en áreas TIC son de
difícil cobertura -solo uno de cada cuatro empresas logra cubrir estos
puestos en menos de tres meses- y el déficit de especialistas
tecnológicos persiste, una situación que el Instituto Coordenadas
considera una rémora para el crecimiento empresarial y que también
afecta al sector de la auditoría, con el añadido de ser un sector poco
tenido en cuenta todavía por ingenieros informáticos y otros
especialistas en TIC: "Es importante que se establezcan sinergias entre
universidades, colegios profesionales y empresas para acercar a esos
perfiles técnicos que requiere la auditoría y trasladar al talento joven
el mensaje de que la auditoría brinda una oportunidad laboral de
éxito", afirma Lambás.
"Es conveniente también que el sector trabaje para atraer al talento
especialista en sostenibilidad, aquellos jóvenes que pueden ver en la
auditoría un sector donde desarrollar una profesión con sentido social,
ya que se contribuye a la transparencia de la responsabilidad social de las empresas y es un garante contra prácticas como el greenwashing", indica.
El Instituto Coordenadas subraya que la auditoría ofrece una de las mejores puertas de entrada al mundo empresarial.
Es una profesión que combina rigor técnico con visión global, espíritu
crítico, independencia y compromiso ético. Su evolución hacia ámbitos
como la sostenibilidad o la inteligencia de datos abre una oportunidad
única para las nuevas generaciones, que pueden encontrar en ella un
espacio donde la tecnología y el propósito social convergen. Una demanda
que las universidades deberían de ser capaces de cubrir.
El Consejo de Normas Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés) anunció la
publicación de tres documentos de apoyo con los que se busca facilitar
la adopción e implementación de la Norma Internacional de Aseguramiento
en Sostenibilidad 5000 (ISSA 5000, por sus siglas en inglés), la cual
establece los requisitos generales encargos de aseguramiento en
sostenibilidad.
Los documentos publicados son:
Extractos de la ISSA 5000 para encargos de seguridad limitada y seguridad razonable
Estos
extractos incluyen el contenido de la ISSA 5000 aplicable a los
encargos de seguridad razonable y limitada, los cuales buscan ayudar a
reguladores, emisores de normas y otras partes interesadas, a
identificar con mayor facilidad los requerimientos más relevantes para
llevar a cabo la adopción de la ISSA 5000 en las distintas
jurisdicciones.
Documento de preguntas frecuentes sobre ISAE 3000 (Revisada) e ISAE 3410
En
este documento se aclara que las jurisdicciones que adopten sus
estándares ─la Norma Internacional de Aseguramiento 3410 (ISAE 3410, por
sus siglas en inglés) * e ISAE 3000 (Revisada)**─ dejarán de aplicarse a
los encargos de aseguramiento en sostenibilidad una vez la ISSA 5000
entre en vigor en diciembre de 2026. El objetivo es apoyar una
transición ordenada y garantizar la aplicación uniforme del nuevo
estándar.
Para más información consulte los dos documentos publicados por el IAASB (en inglés) a continuación.
Pablo
Chamorro, experto en sostenibilidad y consultor senior en Ecomundis,
empresa pionera en la digitalización del reporting ambiental y social,
cuenta con casi tres décadas de experiencia en el campo de la
sostenibilidad. Desde su fundación, la empresa ha trabajado en el
asesoramiento y la auditoría, ayudando a las empresas a cumplir con las
regulaciones y los estándares oficiales. En esta entrevista, Chamorro
comparte su visión sobre los retos y oportunidades que enfrentan las
organizaciones que se embarcan en su transición hacia la sostenibilidad y
de cómo la herramienta Rightsupply.net, desarrollada por Ecomundis,
ayuda a las pymes en un mejor análisis y comunicación de sus índices e
indicadores de sostenibilidad.
¿Cómo ves el panorama empresarial en relación con la sostenibilidad en España?
En
España hay una gran diversidad. Mientras algunas empresas se han
adelantado y están bastante avanzadas, otras siguen pensando que es algo
que se hace solo por obligación o para cumplir con regulaciones.
Afortunadamente, la mayoría ya empieza a ver la sostenibilidad como una
oportunidad para mejorar la competitividad y no como una carga.
El auditor juega un importante papel, actuando como garante de la transparencia, la legalidad y la adecuada administración de los recursos
Julián Sabater Picot Madrid - 20 FEB 2025 - 05:15 CET
Las
ayudas en forma de subvenciones constituyen uno de los principales
mecanismos de actuación de los gobiernos (autonómico, estatal y unión
europea), en áreas clave de la economía y de la sociedad en general.
Entre otras, el propio desarrollo social, el arte en cualquiera de sus
manifestaciones, la formación educativa, la investigación, el
equipamiento industrial, las tecnologías digitales, etc.
Es
a través de estas ayudas en forma de subvenciones como las
organizaciones empresariales y otras entidades (fundaciones,
asociaciones sin ánimo de lucro, cooperativas...), son capaces de destinar recursos
a la puesta en marcha y desarrollo de proyectos de alcance y
repercusión en determinados casos específicos, y en otros de repercusión
y aprovechamiento general o al menos sectorial.
Se
llega así al momento donde se pone de manifiesto la importante
responsabilidad que asumen las partes implicadas, organismos
financiadores y entidades beneficiarias. Esta responsabilidad estriba en
garantizar la correcta utilización de los recursos asignados en base a
un proyecto, plan de actuación, etc.
Si bien es cierto, y
a nadie escapa, que surge en ocasiones la sombra del recelo por parte
del contribuyente acerca del adecuado y buen destino del dinero público…
de sus impuestos. Es por ello necesario un ejercicio profundo de transparencia, claridad y confianza.
Aquí
es donde el auditor juega un importante papel, actuando como garante de
la transparencia, la legalidad y la adecuada administración de los
recursos.
Es clave la intervención del auditor al
convertirse en el bálsamo adecuado para sanar la incertidumbre de la
propia administración ante la posibilidad que lleguen a obtenerse logros
o resultados aprovechables, la inseguridad o falta de destreza en
ocasiones en la expectativa del camino a seguir para la adecuada gestión
económica del proyecto por parte del beneficiario y la desconfianza o
recelo del contribuyente.
El
auditor en su función verifica los gastos incurridos en el proceso de
ejecución, tanto por lo que respecta a su legalidad, adecuada
justificación y coherencia con el proyecto, lo que contribuye a evitar
el fraude y la malversación, en definitiva, a un incorrecto destino de los fondos públicos. Con su actuación aporta confianza y transparencia al proceso, lo que redunda en un aumento de la confianza entre las partes.
La
planificación previa de la actuación contribuye a identificar errores e
incluso fraudes, con la consiguiente propuesta de medidas correctoras.
También se preocupa del adecuado cumplimiento de la normativa contable y
fiscal, así como del cumplimiento de las condiciones específicas
impuestas por la administración, más allá de lo establecido en la propia
ley y reglamento de subvenciones. Con la emisión del informe, el
auditor describe el proceso de revisión llevado a cabo, plasmando todas
las incidencias y aportando recomendaciones de mejora.
Identificadas
y analizadas las funciones que realiza el auditor, se pone de
manifiesto con rotundidad como éstas van más allá de una mera revisión de documentos o recálculo de cifras.
Al contrario, su participación es clave, ya que tiene la
responsabilidad del aseguramiento del adecuado destino y fin de los
fondos entregados, siendo su imparcialidad el aspecto más destacable en
su actuación.
Por lo que respecta a la transparencia en
el proceso, con ella el auditor consigue que tanto el beneficiario de la
subvención como la administración y el público en general tengan
confianza en el procedimiento.
El trabajo planificado y
ordenado pretende actuar como un filtro o prevención de ciertas
irregularidades o incluso fraude, lo cual afecta sin duda a la
credibilidad de los distintos factores que intervienen.
La
conformidad del auditor en el cumplimiento normativo aplicable, así
como al específico que pueda establecer cada organismo concedente, es
sinónimo de transparencia y confianza.
No se debe dejar
de lado que, además de todo lo dicho, el auditor también es sinónimo de
aporte de mejora a la gestión continuada de las subvenciones, mediante
identificación de debilidades o inconsistencias que, analizadas y
solventadas contribuirán a un proceso de mejora continúo basado en sus
recomendaciones.
En conclusión, el papel del auditor en
la justificación de las subvenciones es esencial, siendo su función
final de un alcance mayor al de una mera revisión documental de carácter
técnico. Su presencia e intervención aseguran un adecuado uso de los
recursos disponibles afectados y contribuye a mejorar la cultura de la
transparencia y compromiso en la actuación de las partes. Favorece el
fortalecimiento de la confianza en la gestión de los recursos públicos,
detecta y previene errores y fraudes, reforzando que el destino final de
los fondos públicos sea el correcto.
El auditor aporta al proceso objetividad y confiabilidad.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación donde tendrá que pronunciarse sobre si en los casos en que las partes pretenden realizar una escisión social, deben someterse obligatoriamente a los trámites de la Ley de Modificaciones Estructurales o pueden formalizar otro negocio jurídico, como es la compraventa, con la finalidad de eludir las garantías y obligaciones de dicha Ley.
Con la finalidad de eludir la ley sobre segregaciones sociales, los administradores enajenaron a otra sociedad una rama de actividad, pero desgajando de la operación los pasivos, que permanecieron en la sociedad cedente y provocando con ello el concurso de acreedores de la compañía. La operación podría calificarse como fraudulenta porque situó a la mercantil en situación de no poder atender las deudas con sus acreedores.
La relevancia e interés casacional de este recurso presentado por Thomas de Carranza Abogados reside en que el Alto Tribunal fijará doctrina acerca de este tipo de operaciones ejecutadas por los administradores sociales en perjuicio o fraude de socios y acreedores.
El recurso planteado mantiene la tesis de que las operaciones de escisión, en virtud de las cuales, se cede una unidad económica a otra sociedad a cambio de la participación en su capital social, deben respetar los trámites y garantías establecidos en la Ley de Modificaciones Estructurales, no pudiendo las partes formalizar la operación a través de un contrato de compraventa con la finalidad de eludir la ley.
Las garantías legalmente previstas para la escisión y segregación consisten en la preceptiva elaboración de un Proyecto de Escisión, la emisión de un informe de los administradores, un informe de expertos independientes, la elaboración del balance de escisión, la verificación del balance por un auditor de cuentas, la aprobación por la Junta General de accionistas, la apertura de un período de información, la aprobación del acuerdo en la Junta General y el respeto a los derechos de oposición.
Yolanda Pérez Directora del área de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)
15 enero, 2025
En el último año ha aumentado la preocupación en el mercado sobre el grado de requerimiento actual respecto a la implantación de un sistema de control interno sobre la información de sostenibilidad. Totalmente lícito si consideramos la incertidumbre normativa actual. Por un lado, la esperada trasposición de la directiva sobre sostenibilidad (conocida como CSRD), no se producirá, como supimos hace escasas dos semanas, hasta, al menos, el mes de febrero de 2025, plazo establecido para recibir enmiendas a su propuesta legislativa.
Y, por otra parte, hace unos días el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) publicó la norma técnica de verificación limitada de la información sobre sostenibilidad (no aprobada aún hasta que se trasponga la CSRD), el glosario de términos y la norma de relación entre verificadores. De ella se extraen importantes conclusiones respecto al grado de control interno “esperado” sobre la información de sostenibilidad.
La esperada trasposición de la directiva sobre sostenibilidad (conocida como CSRD) no se producirá hasta al menos el mes de febrero de 2025, plazo establecido para recibir enmiendas a su propuesta legislativa
Principales aspectos de control interno a considerar
Glosario de Términos
De partida, en el glosario de términos se hace referencia a los controles, deficiencia en el control interno y sistema de control interno, dado que se mencionan específicamente en la propia norma.
Norma Técnica de verificación Limitada de la Información sobre Sostenibilidad
En los párrafos en los que se hace referencia al control interno, se deja patente que es preciso disponer de un SCIIS, al menos, diseñado e implantado.
a) Manifestaciones de la Dirección y órganos de gobierno respecto del control interno
La Dirección y responsables del gobierno de la entidad deben reconocer y comprender su responsabilidad en relación con la preparación de la información sobre sostenibilidad de conformidad con el marco de información sobre sostenibilidad aplicable que incluye diseñar, implantar y mantener el control interno que consideren relevante para permitir la preparación de la información sobre sostenibilidad que esté libre de incorrecciones materiales, debidas a fraude o error (párrafo 13 b)ii)).
En las manifestaciones escritas de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad se incluye en su apartado f) que han comunicado al verificador todas las deficiencias de control interno relevantes para el encargo de las que tienen conocimiento salvo las que son claramente insignificantes; (párrafo 78 f)).
b) Entendimiento del sistema de control interno implantado
El verificador debe obtener conocimiento para la identificación y valoración del riesgo, incluyendo el conocimiento acerca del entorno de control y sistema de gestión de riesgos y de control interno implantado por la entidad en relación con el proceso de elaboración de la información sobre sostenibilidad (párrafo 32, a)).
El verificador deberá conocer y comprender el sistema de control interno implantado por la entidad en relación con la preparación de la información sobre sostenibilidad en el entorno de verificación limitada, con el objetivo de identificar y valorar el riesgo de incorrección material de la información sobre sostenibilidad. Este análisis deberá realizarse en los niveles adecuados (a nivel consolidado o en las distintas entidades que forman el grupo a nivel individual). (párrafo 33 y apartados A30-A33).
Cómo te podemos ayudar en verificación en materia de Sostenibilidad Accede aquí
Si el verificador considera que los elementos relevantes de control interno alcanzan una calidad mínima, y más específicamente que existen determinados controles que quiere utilizar en su planificación como base para ajustar el alcance de las pruebas adicionales, el verificador deberá obtener un conocimiento del diseño e implantación de esos controles a través de procedimientos adicionales a la indagación, como puede ser la observación de la aplicación de controles específicos y la inspección de documentos e informes. Para obtener ese conocimiento, el verificador debe centrarse inicialmente en los controles empleados por la dirección de la entidad para sus propios propósitos, los denominados controles clave de gestión. El verificador puede utilizar también los conocimientos obtenidos al analizar el entorno de control y los controles internos relevantes y sistemas de información (párrafo 34).
c) El control interno mencionado en el informe de verificación limitada
En la sección con el título “Responsabilidades de los responsables del gobierno de la entidad en relación con la información sobre sostenibilidad” se incluirá una declaración de que éstos son responsables de diseñar, implantar y mantener el control interno que consideran necesario para permitir la preparación de la información sobre sostenibilidad de conformidad con el marco de información sobre sostenibilidad y libre de incorreciones materiales debidas a fraude o error y seleccionar y aplicar métodos apropiados para la presentación de información sobre sostenibilidad y la realización de asunciones y estimaciones que sean razonables, considerando las circunstancias, sobre las divulgaciones específicas (párrafo 108 f)iii) y modelos de informes).
En la sección con el título “Responsabilidades del verificador”, éste debe manifestar que aplica procedimientos sobre el riesgo, lo que incluye un conocimiento de los controles internos relevantes con el fin de identificar la información a relevar [sic] en la que es más probable que surjan incorreciones materiales, debidas a fraude o error, pero no con la finalidad de proporcionar una conclusión acerca de la eficacia del control interno de la entidad (párrafo 108 h) iv) y vi) y modelos de informe). E incluso se indica que el verificador debe considerar la fiabilidad de la información que está previsto utilizar como evidencia de verificación y los controles sobre su preparación y conservación, en su caso (Apartado A8). También menciona la identificación de existencia de procedimientos escritos o manuales de control interno como parte del conocimiento del negocio (Apartado A21).
Retos a futuro: pasar de aseguramiento limitado a razonable
En definitiva, la CSRD exige la verificación de la información de sostenibilidad por parte de un tercero independiente, comenzando con un aseguramiento limitado y hacia un aseguramiento razonable en 2028. La diferencia entre ambos es muy significativa. Un aseguramiento razonable exige que el verificador exprese una opinión en forma positiva acerca de si la información es exacta y completa o se presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, según las normas europeas de información en materia de sostenibilidad. Esto requiere, entre otros, verificar la eficacia del sistema de control interno sobre la información de sostenibilidad. Es decir, para los profanos en la materia, disponer de controles que estén diseñados/documentados, estén implementados (al menos se hayan ejecutado una vez) y estén funcionando de manera sistemática (se ejecuten con la periodicidad establecida).
Un aseguramiento razonable exige que el verificador exprese una opinión en forma positiva acerca de si la información es exacta y completa
Con todo ello, lo más recomendable para las compañías es que se anticipen. Es decir: que se vayan preparando para disponer de un sistema de control interno de la información de sostenibilidad correctamente diseñado, implantado y funcionando en los términos exigidos por los marcos de referencia en control interno como COSO. El 2028 está a la vuelta de la esquina y, teniendo en cuenta el diseño e implantación de otros marcos de control similares como el de la información financiera (SCIIF), el plazo de media ronda los dos o tres años. Así, lo razonable sería tener ya encima de la mesa de cualquier comité de dirección y consejo un plan para abordarlo de manera progresiva, considerando los recursos necesarios para llevarlo a cabo.
Arranca la tercera edición del año del Foro de Expertos Confilegal. Un evento que lleva por título «Auditorías ESG-Financieras y la Inteligencia Artificial: el futuro del sector» que tuvo lugar ayer el Hotel madrileño Mandarin Oriental Ritz. Todo ello en el contexto del proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que acaba de entrar en el Congreso de los Diputados. Una transposición de la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad, conocida por sus siglas en inglés, CSRD.
Esta jornada, compuesta por dos entrevistas, por una parte. Una a
Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) y otra a Lucía Sánchez-Ocaña, directora del Departamento
de «Global Risk Compliance and Sustainability» en Qualitas Energy,
gestora de fondos especializada en energías renovables y transición
energética.
Y por otra una mesa redonda mesa redonda [sic], que llevó por título, «Más
allá de los números: el impacto transformador de las auditorías ESG y la
IA”, en la que tomaron parte Sonsoles Rubio Reinoso, presidenta del Instituto de Auditores Internos; Gonzalo García-Liñán Fraguero, socio de asesoría en riesgos de BDO; Gonzalo Navarro Ruiz, jefe del Área de Regulación Financiera de la firma Ontier. Y Enrique López López, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional.
Todo ello fue conducido por el director de Confilegal, Carlos Berbell.
El evento, dedicado a uno de los desafíos más importantes para el
tejido empresarial español, fue clausurado por el magistrado de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, con una intervención muy interesante y provocadora que llamaba a la acción.
Esta normativa supondrá un cambio de paradigma en la transparencia y
en la forma en la que las empresas deberán integrar los criterios
financieros, ambientales, sociales y de gobernanza en sus informes
anuales.
En definitiva, exige a las compañías reportar de manera detallada y
verificable su impacto en sostenibilidad. A día de hoy, la sensación que
se percibe ante este proyecto es de incertidumbre.
El primer entrevistado de esta jornada fue Santiago Durán Domínguez, presidente del ICAC.
El Instituto que usted preside está llamado a asumir nuevas responsabilidades, ¿cuáles son?
Son más responsabilidades, pero seguimos siendo los mismos, que ese
es el principal problema. Viene a suponer un cambio, un sistema
equivalente a lo que es el marco de la información sobre esta cuestión
de sostenibilidad, que antes se llamaba información no financiera. La
idea es que llegue al mismo nivel.
Para ello lo que se establece a través de lo que fue la Directiva
sobre sostenibilidad es una regulación específica en el caso del ámbito
europeo para la información única, que son lo que se conoce como normas
europeas de información sobre sostenibilidad llamadas NEIS. Se aplica en
forma de actos delegados, el primer bloque se aprobó en 2023 y sería el
marco que tienen que utilizar las empresas para adoptar esa
información.
Y en ese ámbito, en el ICAC, que no es regulador nacional pero es
miembro del órgano asesor de la comisión europea, estamos presentes
tanto en el Comité de sostenibilidad, que es el último órgano técnico,
como en el Consejo de Administración. Participamos indirectamente en la
elaboración de las normas.
Por otro lado, la Directiva lo que pretende es un nivel de
verificación similar al de auditoría de cuentas. Establece que el marco
de verificación de la información de sostenibilidad es paralelo al de
auditoría de cuentas. En principio, dice que quienes lleven a cabo esa
verificación pueden ser los auditores o los distintos países
verificadores [sic]. En el caso de España, la supervisión le corresponde al
ICAC.
Santiago
Durán explicó cómo serían las adaptaciones internas del ICAC con la
ampliación de funciones contemplada en el proyecto de Ley. Foto: Daniel
Carpio /Confilegal.
En este reforzamiento del ICAC, su Registro actual de
Auditores de Cuentas va a pasar a llamarse Registro Oficial de Auditores
de Cuentas y Verificadores de Información sobre Sostenibilidad. ¿Qué
requisitos adicionales se exigirán?
Lo que vamos a hacer es crear un doble registro. Antes teníamos
registrados todos los auditores de cuentas, personas físicas y
jurídicas. Ahora lo que se crea es el registro de los verificadores.
La Directiva establece un régimen transitorio que se recoge en el
proyecto de ley en el que se van a integrar inicialmente los auditores
que estén inscritos como ejercientes si así lo solicitan. Y, por otra
parte, los verificadores que cumplan con los requisitos de inscripción
en la ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación.
Una vez que ha pasado el periodo transitorio, todo el proceso de
inscripción será en paralelo o similar al de los auditores. Es decir,
cumplimiento de requisitos de formación teórica, práctica y superación
de un examen.
¿Las empresas jamás antes han tenido este nivel de control, no?
Esto es lo que cambia. El elemento clave de la Directivas y del
proyecto de ley es convertir lo que era hasta ahora la información sobre
estas cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza a ser una
información regulada, lo que se supone que para las empresas sea
obligación.
Ello en el sentido de que se normaliza lo que tengo que informar y
que eso sea va a verificar. Los competidores también tendrán que
informar en los mismos términos. Somos conscientes de que a día de hoy
mucha información que se da sobre ello tiene más que ver con publicidad
de las empresas que con la realidad.
Asistentes al Foto de Expertos Confilegal en el Hotel Mandarin Oriental Ritz. Foto: Daniel Carpio/Confilegal.
Entonces, ¿lo que está diciendo es que van a acabar con el postureo?
Efectivamente. El objetivo de la norma es intentar que lo que se
informe en las cuentas anuales se corresponda con la realidad. Otra cosa
es que en sus campañas de marketing puedan hacer otras cuestiones.
La directiva y la ley exigen un enfoque de doble materialidad
en la información. ¿Cómo se garantizará que sea correctamente aplicado y
supervisado en las verificaciones?
Esto es una de las grandes novedades de la norma y de las grandes
complejidades. Lo que en la práctica se viene a decir, a través de este
concepto, es que una empresa tiene que informar de todo lo que le afecte
internamente y todo lo que impacte hacia fuera. Es un concepto que
suena muy bien pero que gestionarlo para una empresa es especialmente
complicado.
La complejidad viene en este primer año el no tener que con qué
comparar, lo que causa incertidumbre porque no saben qué es lo que va a
hacer su competidor. A medida que vayamos entrando en lo que es la
aplicación del marco de información sobre sostenibilidad, todos se van
situando porque podrán ver lo que hacen unos y otros y si están
informando de manera adecuada.
Asistentes al Foto de Expertos Confilegal en el Hotel Mandarin Oriental Ritz. Foto: Daniel Carpio/Confilegal.
Hay una cosa que preocupa, y es el el impacto que va a tener
la coexistencia de disposiciones transitorias de las normas europeas en
materia de sostenibilidad con los requisitos específicos de la ley 11/2018 en la preparación de los informes. Me gustaría que lo aclarara.
No tengo una solución perfecta para eso. El proyecto de ley prevé un
plazo de entrada en vigor escalonado. Y, a medida que entras en el marco
de información sobre sostenibilidad, sales de la información no
financiera. Es decir, coexisten durante varios años ambas leyes. El gran
problema que se plantea es el año 2024 con reporte a 2025. Si la norma
hubiese entrado en vigor dentro del plazo de transposición, ese problema
no lo tendríamos.
La cuestión es que la ley se remitió a las Cortes en octubre pero
todavía se encuentra abierto el plazo de enmiendas en el mes de febrero,
con cual no se va aprobar hasta bien entrado 2025.
Al acto asistieron magistrados del Tribunal Constitucional, como Enrique Arnaldo, del Tribunal Supremo, como Pablo Llarena, Vicente Magro, de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro (presidente) y Joaquín Delgado, el exministro de Justicia, Rafael Catalá, y los conocidos abogados Carlos Sotillo, Emilia Zaballos, Ana Rodríguez, Nicolás González-Cuéllar, Alfonso Trallero e Ismael Oliver.
El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
(IAASB, por sus siglas en inglés) emitió, el pasado 12 de noviembre, la
Norma Internacional de Aseguramiento de Sostenibilidad 5000 (ISSA 5000)
titulada Requisitos generales para encargos de aseguramiento de sostenibilidad.
La ISSA 5000 es aplicable a todos los
encargos de aseguramiento de información sobre sostenibilidad. Su
objetivo es que los aseguradores obtengan una seguridad razonable o
limitada, según el alcance del encargo, respecto a si la información
sobre sostenibilidad reportada está libre de errores materiales. De esta
manera, los profesionales podrán expresar una conclusión a través de un
informe escrito.
Esta
norma será efectiva para los encargos de aseguramiento de la información
de sostenibilidad reportada para periodos iniciados a partir del 15 de
diciembre de 2026, o en una fecha específica posterior a esta,
permitiéndose su aplicación anticipada.
Para más información, consulte el documento adjunto.
El
Consejo de Ministros dio su visto bueno al Proyecto de Ley de
Información Empresarial sobre Sostenibilidad para la divulgación de la
contribución de las empresas en cuestiones medioambientales, sociales y
de gobernanza, que se tramitará de forma urgente.
El 15 de noviembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad,
en virtud del cual se modifican el Código de Comercio, la Ley de
Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, así como los
criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de
información corporativa. El Consejo de Ministros, en su sesión del
martes 5 de noviembre de 2024, autorizó su tramitación de forma urgente,
lo que supone, entre otras cuestiones, la reducción de los plazos
previstos para ello a la mitad.
La aprobación del Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre
Sostenibilidad supone un paso fundamental para la transposición de la
Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
diciembre de 2022, en lo que respecta a la información de sostenibilidad
y de la Directiva Delegada (UE) 2023/2775 de la Comisión, de 17 de
octubre de 2023 en lo relativo a los criterios de tamaño de las
empresas.
El Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad
incluye la transposición de las obligaciones de reporte de la
información sobre sostenibilidad y su verificación ya contenidas en el anteproyecto de ley del que informamos aquí, con las siguientes principales novedades:
Se aumentan los umbrales de tamaño de las sociedades dominantes de
un grupo de gran tamaño y de las grandes empresas en un 25%. Los cambios
van referidos al total del activo (que pasa de 20 a 25 millones de
euros) y al volumen neto de negocios (que pasa de 40 a 50 millones de
euros), manteniéndose los umbrales en materia de empleados (según lo
previsto en la Directiva Delegada (UE) 2023/2775 de la Comisión, de 17
de octubre de 2023).
En el caso de las sociedades cotizadas la información de
sostenibilidad deberá incluir, además, la información relativa a la
representación del sexo menos representado en el consejo de
administración de la sociedad, así como la información sobre las medidas
que se hubiesen adoptado para alcanzar los objetivos o, en caso de
incumplimiento, los motivos y una descripción exhaustiva de las medidas
adoptadas o que se tenga previsto adoptar para cumplir.
La designación de verificadores de la información sobre
sostenibilidad en las entidades de interés público estará sujeta a lo
dispuesto en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 16 del Reglamento
(UE) nº 537/2014, de 16 de abril.
La información sobre sostenibilidad deberá incluir la evaluación de
los riesgos asociados con el cambio climático, prevista en el artículo
32 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética que responde al principio de doble materialidad.
Se incluyen dos nuevas disposiciones transitorias:
La disposición transitoria sexta, en virtud de la cual se permite a
las empresas que ya hubieran designado auditor y que estén obligadas a
nombrar al verificador a que lo designen por un periodo inferior a los
tres años que exige el texto del proyecto, siempre que la persona
designada sea la misma que el auditor de cuentas y que se le nombre por
el periodo restante para el que estuviera nombrado el auditor.
La disposición transitoria séptima, en virtud de la cual se permite
que durante el ejercicio en el que entre en vigor la ley sea el órgano
de administración en vez de la junta general el que nombre al
verificador (con obligación de ratificarlo en la siguiente junta
general), sin que resulte de aplicación lo establecido en los apartados
2, 3, 4, 5, y 6 del artículo 16 del Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16
de abril en cuanto al procedimiento de nombramiento y que se pueda
nombrar por un periodo inferior a tres años.
Una vez aprobado y publicado el Proyecto de Ley de Información
Empresarial sobre Sostenibilidad, los diputados y los grupos
parlamentarios pueden presentar enmiendas al texto.
Las empresas deberán reportar datos con indicadores homogéneos sobre su estrategia de sostenibilidad, así como sus previsiones de cumplimiento de objetivos para 2030 y 2050 Patricia Coll - Barcelona 04/11/2024 06:00
El
consejo de ministros aprobó el pasado martes el proyecto de Ley de
Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que transpone dos
directivas europeas que establecen el marco de presentación y
verificación de la información sobre cuestiones medioambientales,
sociales y de gobernanza, y racionalizan las obligaciones de
presentación de información corporativa para las empresas.
En
cumplimiento de la Directiva de la Unión Europea 2022/2464 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 (CSRD), esta
ley obliga a las empresas a presentar información sobre sostenibilidad,
con el objetivo contribuir a la transición hacia un sistema económico y
financiero sostenible e integrador, de conformidad con el Pacto Verde
Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas.
Las empresas tenemos que abordar la sostenibilidad desde la estrategia de negocioAlicia Fernández del VisoGlobal ESG Director Cellnex
La
normativa europea, que se aplicará de manera escalonada, afecta tanto a
las empresas ya sujetas a la Directiva sobre divulgación de información
no financiera, unas 11.000 en Europa, como a muchas otras
organizaciones. En total, serán más de 50.000 las empresas que deberán
cumplir los requerimientos de esta directiva en la Unión Europea.
Las
grandes empresas de interés público con más de 500 personas empleadas
deberán presentar en 2025 información sobre el año fiscal 2024. Al año
siguiente, lo harán las que cuenten con un equipo de más de 250
personas, un volumen de negocios neto de de 50 millones de euros o
activos por valor de 25 millones de euros, de acuerdo con la Directiva
Delegada (UE) 2023/2775 de la Comisión, de 17 de octubre de 2023, que
también traspone el proyecto de ley.
La directiva es una herramienta para revisar el modelo de negocio, implicando a toda la organización
Germán Granda, Director general Forética
También
las pymes cotizadas y entidades financieras pequeñas tendrán que
aportar en 2027 información sobre el año fiscal 2026. Y, por último, en
2029, las empresas con filiales en Europa cuyo volumen de negocios neto
en la Unión Europea supere los 150 millones de euros, tendrán que
reportar su estrategia de sostenibilidad, partiendo del año fiscal 2028.
Además
de aportar datos pasados concretos y homogéneos en materia de
sostenibilidad, otra de las grandes novedades que introduce esta
directiva es que las empresas deberán incluir una descripción de sus
objetivos para, como mínimo, los horizontes 2030 y 2050.
Los verificadores trabajamos para asegurar que la información sea transparente y relevante” Patricia ReverterSocia responsable de Assurance ESG KPMG España
Para
analizar la transcendencia de esta normativa, Diálogos La Vanguardia,
en colaboración con Cellnex, organizó la mesa de debate “Redefiniendo el
Reporting: Innovación y futuro en la gestión de datos", que contó con
la participación de la Global ESG Director de Cellnex, Alicia Fernández
del Viso; la jefa del área de normalización y técnica contable del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Garrido; el
director general de Forética, Germán Granda; y la socia responsable de
Assurance ESG de KPMG en España, Patricia Reverter.
El
grupo de expertos que debatieron en la sesión coincidió con la primera
intervención de Alicia Fernández del Viso, en la que resaltó que la
nueva directiva supone “una oportunidad” para avanzar en materia de
sostenibilidad. “En Cellnex llevamos más de un año reflexionando sobre
la directiva y ya no se habla tanto de reportar sino de qué tenemos que
hacer, ya que nos está abriendo la mirada, ya que la directiva también
nos pide analizar nuestras áreas de mejora”, explicó la directora global
de sostenibilidad del operador europeo de torres e infraestructuras de
telecomunicaciones.
Desde la Administración, somos conscientes del reto de adaptación a la normativa”Ana Garrido, Jefa del área de normalización ICAC
El
ICAC se encargará de la supervisión de esta actividad de verificación de
la información sobre sostenibilidad, en términos análogos a la
auditoría de cuentas. La jefa del área de normalización y técnica
contable del ICAC subrayó que “la clave de esta directiva es dejar de
entenderla como un trámite administrativo para verla como un punto de
partida para adaptarse mejor a la transición sostenible”. Ana Garrido
admitió que “desde el regulador, se observa que hay desconocimiento
sobre ella, sobre todo por parte de las pymes”. La Administración es
“consciente de este reto” y está poniendo a disposición de las empresas
toda la “información” además de “apoyar y promover la formación de
quienes deben implementarla”, aseguró.
La
gestión de la sostenibilidad se encuentra ante “un cambio de
paradigma”, con “la entrada en vigor de todo un conjunto de elementos
regulatorios” que tendrán “un impacto muy potente” ya que afectan a un
mayor número de empresas, más de 50.000 en Europa con la directiva CSRD,
según Germán Granda, director general de la organización empresarial
especializada en sostenibilidad y responsabilidad social en España,
Forética, que tiene como misión integrar los aspectos sociales,
ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de las
organizaciones.
Informar sobre sostenibilidad será obligatorio para más de 50.000 empresas europeas.
Durante
los últimos 25 años, desde Forética, han podido comprobar como la
sostenibilidad “ha dejado de ser fruto del voluntarismo” por parte de
las empresas más concienciadas para ser una responsabilidad de todo el
ecosistema económico. La reacción ante la nueva directiva europea está
siendo desigual. Germán Granda observa “una cierta tensión interna en
algunas compañías sobre cómo hay que responder a la nueva normativa,
existen empresas avanzadas que lo ven como una oportunidad”, porque
saben que ser sostenible es un factor de “elegibilidad” para inversores,
clientes y empleados.
Para
asegurar la “transparencia y relevancia” de la información, los
verificadores están trabajando conjuntamente con las empresas y el
regulador, afirmó la socia responsable de Assurance ESG de KPMG en
España, Patricia Reverter. La experta insistió también en que la
directiva “no sólo pide los datos actuales, sino también las
proyecciones hacia el futuro”.
Inversores, clientes y empleados eligen empresas por su gestión sostenible
“Lo
que quiere ahora el mercado es saber si seguiremos siendo compañías
sostenibles que generan valor”, destacó Patricia Reverter. La socia
responsable de Assurance ESG de KPMG en España recomienda a las empresas
establecer “criterios claros y bien definidos”. “El papel de los
auditores es muy importante y hay que coordinarse muchísimo con ellos”,
reconoció la Global ESG Director de Cellnex, Alicia Fernández del Viso.
La
socia responsable de Assurance ESG de KPMG en España, Patricia Reverter,
explicó que la entrada en vigor de la nueva normativa se hará de manera
“escalonada”, en función del tamaño de la empresa, que “no todos los
elementos es necesario divulgarlos el primer año”. Aún así, advirtió que
“no hay que pensar que es una evolución de los estados de información
no financiera, porque no lo es”.
La directiva europea CSRD es una herramienta para una gestión más transparente
La
jefa del área de normalización y técnica contable del ICAC, Ana
Garrido, animó a las empresas no obligadas a reportar a hacerlo
igualmente, ya que con ello contribuirán a “la transformación hacia un
modelo económico más sostenible”.
Otra
de las ventajas de la nueva directiva es que exige que “los datos sean
homogéneos”, apuntó el director general de Forética, Germán Granda. En
la misma línea, la socia responsable de Assurance ESG de KPMG en España,
Patricia Reverter, advirtió que “si en el mundo financiero el dato es
clave, en sostenibilidad también lo tiene que ser” y que “hay que poner
mucho el foco en la digitalización, ya que la tecnología hace posible la
trazabilidad”.
Gracias
a la digitalización de los datos, “el reporte sobre la gestión
sostenible de las empresas puede acabar siendo lo más automático y
homogéneo posible”, aseguró la Global ESG Director de Cellnex, Alicia
Fernández del Viso. “Las empresas de software tienen por tanto también
un papel clave”, resaltó la socia responsable de Assurance ESG de KPMG
en España, Patricia Reverter.
Avances
tecnológicos como el de la inteligencia artificial (IA) “nos permiten
realizar las proyecciones a futuro”, celebró Germán Granda. No obstante,
Patricia Reverter matizó que “para el buen uso de la IA, es necesario
contar con buenos datos y capacidad para analizarlos”. Con una buena
gestión del dato y apoyándose en la tecnología, se puede conseguir
contar con “una inteligencia de mercado en materia de sostenibilidad”,
concluyó la Global ESG Director de Cellnex, Alicia Fernández del Viso.
Aplicación práctica de la norma VSME: cómo informar sobre sostenibilidad de forma voluntaria - Auditoría & Co
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