- El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya manifiesta su firme compromiso con la sostenibilidad y afirma que la divulgación de información no financiera de las empresas es de interés público
Esto, sumado a la incertidumbre que existe en torno a la aprobación en 2025 del proyecto de ley que debe transponer la Directiva de información corporativa de sostenibilidad (CSRD), ha llevado al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) a hacer un llamamiento, en el marco del 35º Fórum de la Auditoría, en defensa de los valores en materia de sostenibilidad.
En este sentido, Joan Vall, presidente del CCJCC, ha expresado la voluntad del CCJCC de mantener el impulso de la sostenibilidad y las políticas ESG (Environmental, Social and Governance): “creemos que la propuesta Ómnibus, dado que reduce el ámbito de aplicación del reporting y verificación de los criterios ESG inicialmente previsto en la CSRD, debe revisarse y volver al ámbito inicialmente previsto". Joan Vall ha añadido que “es totalmente inadecuado entender la transparencia como una carga administrativa para las empresas y los auditores y auditoras, como agentes impulsores de la transparencia, tenemos un papel clave en la defensa y promoción de la veracidad de las informaciones financieras y no financieras, de enorme importancia para nuestra sociedad”.
Ante un público con más de 1.000 profesionales del sector, se ha señalado que la demora en las obligaciones de reporting en ESG, podrían comprometer la consecución de los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 y se ha querido concienciar de la necesidad de no retroceder respecto al nivel de aplicación actual del EINF (Estado de Información No Financera). De la misma forma, también se ha instado a seguir trabajando en la promoción de la voluntariedad en la aplicación de los compromisos ESG por parte de las empresas y otras organizaciones, así como a seguir impulsando la formación de los profesionales especializados en el ámbito de la sostenibilidad.
El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Víctor Alió, ha alertado del error que supone la reciente propuesta del Gobierno de incrementar los límites de las auditorías obligatorias ya que “este cambio generará un incremento de la economía sumergida y problemas para los accionistas minoritarios. Lejos de suponer una reducción de las cargas administrativas para las empresas, supondrá una merma en los derechos de los distintos colectivos que trabajan con ellas”.
“A nivel europeo, seguimos con cierta preocupación la evolución de la propuesta Ómnibus. Creemos que es prioritario que no se produzcan retrocesos respecto al marco legal anterior a la CSRD y que se debe preservar el papel que la emisión y la verificación de los Estados de Información No Financiera está teniendo en nuestro país. Valoramos positivamente su primera parte, la que se conoce como “stop the clock”, que creo que en el caso los países como España, que vamos con retraso en la aprobación, nos va a ayudar a implementarla con menos tensiones. Pero nos preocupa mucho la confusión que se está generando, con todo tipo de propuestas, y que hace muy difícil, después de una década trabajando en este tema, entender dónde estamos”, explicó Víctor Alió.
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