SIGUE LA TORMENTA POR LOS NEPOTISMOS DEL ÓRGANO
Xavier Horcajo -Viernes, 11. Julio 2014 - 22:43
Ramón
Álvarez de Miranda vulneró procedimientos de contratación para
favorecer a Enrique Medina Guijarro, hermano del número dos del
Tribunal, Javier Medina.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, compareció el pasado día 8 de julio ante la comisión mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas de la Cortes
y dijo a los diputados que los procesos de contratación del Tribunal
se han adecuado "a los procedimientos establecidos por la
administración". Con ello trataba de eludir las acusaciones de nepotismo
y de híperabundancia de clanes familiares en la entidad. Un informe de
la Abogacía del Estado en el Tribunal demuestra que Álvarez de Miranda
engañó al Parlamento y los más altos cargos de la entidad se dibujan a
discreción y pese a quien pese que convenga al presidente Ramón Álvarez
de Miranda.
La Abogacía del Estado, en un informe fechado el mismo día de la comparecencia del presidente ante las Cortes, describe un acto de nepotismo con pelos y señales en el que Ramón Álvarez de Miranda favorece a Enrique Medina Guijarro, hermano del número dos del Tribunal de Cuentas, Javier Medina, al que tras innumerables patrañas legales convierte en subdirector técnico de la Dirección Técnica de la Presidencia del Tribunal por su capricho y perjudicando a otros quince funcionarios aspirantes a la plaza con vergonzosos cambios de normativa del concurso que la Abogacía del Estado ha puesto al descubierto.
Álvarez de Miranda convirtió a Enrique Medina en subdirector técnico de la Presidencia el 26 de noviembre de 2013. Enrique Medina era el gerente de la secretaria general, hasta que Graciela García Díez cesó en el cargo de subdirector técnico. Álvarez de Miranda designó sustituto en comisión de servicios a Enrique Medina "dada la inaplazabilidad y urgente necesidad de la cobertura de dicho puesto". El cargo acarrea un complemento específico de 48.775,02 euros.
Se convoca la plaza con requerimientos como "experiencia en cooperación y asistencia técnica, en dirección de proyectos, en auditoría y en elaboración de informa. Dominio de los idiomas inglés y francés. Experiencia en desempeño de puesto de trabajo similar", entre otras cosas. Solo quince días después el Tribunal dicta una resolución "corrigiendo" errores en la convocatoria. La cuestión parece que es eludir que el subdirector técnico tenga una formación específica -"especialización en auditoría y contabilidad pública"- que, en principio, no encaja con la especialización de Enrique Medina.
Finalmente la comisión de Gobierno (15 marzo de 2013) convoca el puesto por el sistema de libre designación pero lo turbio del proceso hace que aparezca aquí el primer recurso de Fernando Clemente de Antonio, funcionario del Tribunal y personaje famoso porque consiguió que el Supremo anulara por nepotismo la designación de Carmen, la hermana del socialista Ciriaco de Vicente 19 años después de disfrutar de un cargo a dedo. Su hermano dirigía la cuota-parte del PSOE en el consejo del Tribunal de Cuentas.
La Abogacía del Estado, en un informe fechado el mismo día de la comparecencia del presidente ante las Cortes, describe un acto de nepotismo con pelos y señales en el que Ramón Álvarez de Miranda favorece a Enrique Medina Guijarro, hermano del número dos del Tribunal de Cuentas, Javier Medina, al que tras innumerables patrañas legales convierte en subdirector técnico de la Dirección Técnica de la Presidencia del Tribunal por su capricho y perjudicando a otros quince funcionarios aspirantes a la plaza con vergonzosos cambios de normativa del concurso que la Abogacía del Estado ha puesto al descubierto.
Álvarez de Miranda convirtió a Enrique Medina en subdirector técnico de la Presidencia el 26 de noviembre de 2013. Enrique Medina era el gerente de la secretaria general, hasta que Graciela García Díez cesó en el cargo de subdirector técnico. Álvarez de Miranda designó sustituto en comisión de servicios a Enrique Medina "dada la inaplazabilidad y urgente necesidad de la cobertura de dicho puesto". El cargo acarrea un complemento específico de 48.775,02 euros.
Se convoca la plaza con requerimientos como "experiencia en cooperación y asistencia técnica, en dirección de proyectos, en auditoría y en elaboración de informa. Dominio de los idiomas inglés y francés. Experiencia en desempeño de puesto de trabajo similar", entre otras cosas. Solo quince días después el Tribunal dicta una resolución "corrigiendo" errores en la convocatoria. La cuestión parece que es eludir que el subdirector técnico tenga una formación específica -"especialización en auditoría y contabilidad pública"- que, en principio, no encaja con la especialización de Enrique Medina.
Finalmente la comisión de Gobierno (15 marzo de 2013) convoca el puesto por el sistema de libre designación pero lo turbio del proceso hace que aparezca aquí el primer recurso de Fernando Clemente de Antonio, funcionario del Tribunal y personaje famoso porque consiguió que el Supremo anulara por nepotismo la designación de Carmen, la hermana del socialista Ciriaco de Vicente 19 años después de disfrutar de un cargo a dedo. Su hermano dirigía la cuota-parte del PSOE en el consejo del Tribunal de Cuentas.
En
conclusión, para colocar a Enrique Medina en el cargo que pretendía el
presidente, se produjeron dos modificaciones de la Relación de Puestos
de Trabajo (en cinco meses), cuatro resoluciones sobre el puesto de
trabajo en cuestión (en siete meses); media docena de recursos de alzada
(alguno de la Asociación ACLA, de funcionarios). El informe de la
Abogacía del Estado destaca los precedentes "por desviación de poder"
en el Tribunal de Cuentas que anuló -de forma expeditiva- el Tribunal
Supremo y que orienta sobre cómo debe producirse la provisión de puestos
de trabajo por libre designación.
Las normas
del Supremo para los nombramientos discrecionales -principios de
igualdad, mérito y capacidad entre los solicitantes- están opuestas
frontalmente al nombramiento de Enrique Media. La Abogacía del Estado
recorre una por una las decisiones administrativas que van configurando
los criterios de valoración para dar un trato de favor al candidato
Medina, que constituyen "serias irregularidades (…) que vician la
adjudicación realizada" [del puesto de trabajo], por lo que propone como
conclusión que se anule la adjudicación del cargo en favor de Enrique
Medina, cuyo currículum vitae revela que es licenciado en Derecho por la
Complutense, con conocimiento medio de inglés, que tiene 35 años de
servicios y consolidado un Grado 30 en la Administración del Estado.
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