En un escrito de 69 páginas fechado el pasado 4 de febrero al que ha tenido acceso EFE, Ron alega que no hay indicios de delito y el banco cumplía con todos los requerimientos de los supervisores.
El pasado 22 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió juicio oral, para el que todavía no hay fecha, contra Ron, otros doce directivos, la firma auditora PwC y dos de sus socios por estafa en la ampliación de capital de 2016, e impuso una fianza provisional de cerca de 2.277 millones de euros.
El magistrado impuso esa responsabilidad civil millonaria a los acusados y a varias aseguradoras, y situó a PwC y al Banco Santander, que se hizo con el Popular al precio simbólico de un euro, como responsables civiles subsidiarios.
Para el juez, los inversores acudieron engañados a la ampliación de capital, ya que los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio.
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