Madrid - 20 FEB 2025 - 05:15 CET
Las ayudas en forma de subvenciones constituyen uno de los principales mecanismos de actuación de los gobiernos (autonómico, estatal y unión europea), en áreas clave de la economía y de la sociedad en general. Entre otras, el propio desarrollo social, el arte en cualquiera de sus manifestaciones, la formación educativa, la investigación, el equipamiento industrial, las tecnologías digitales, etc.
Es a través de estas ayudas en forma de subvenciones como las organizaciones empresariales y otras entidades (fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, cooperativas...), son capaces de destinar recursos a la puesta en marcha y desarrollo de proyectos de alcance y repercusión en determinados casos específicos, y en otros de repercusión y aprovechamiento general o al menos sectorial.
Se llega así al momento donde se pone de manifiesto la importante responsabilidad que asumen las partes implicadas, organismos financiadores y entidades beneficiarias. Esta responsabilidad estriba en garantizar la correcta utilización de los recursos asignados en base a un proyecto, plan de actuación, etc.
Si bien es cierto, y a nadie escapa, que surge en ocasiones la sombra del recelo por parte del contribuyente acerca del adecuado y buen destino del dinero público… de sus impuestos. Es por ello necesario un ejercicio profundo de transparencia, claridad y confianza.
Aquí es donde el auditor juega un importante papel, actuando como garante de la transparencia, la legalidad y la adecuada administración de los recursos.
Es clave la intervención del auditor al convertirse en el bálsamo adecuado para sanar la incertidumbre de la propia administración ante la posibilidad que lleguen a obtenerse logros o resultados aprovechables, la inseguridad o falta de destreza en ocasiones en la expectativa del camino a seguir para la adecuada gestión económica del proyecto por parte del beneficiario y la desconfianza o recelo del contribuyente.
El auditor en su función verifica los gastos incurridos en el proceso de ejecución, tanto por lo que respecta a su legalidad, adecuada justificación y coherencia con el proyecto, lo que contribuye a evitar el fraude y la malversación, en definitiva, a un incorrecto destino de los fondos públicos. Con su actuación aporta confianza y transparencia al proceso, lo que redunda en un aumento de la confianza entre las partes.
La planificación previa de la actuación contribuye a identificar errores e incluso fraudes, con la consiguiente propuesta de medidas correctoras. También se preocupa del adecuado cumplimiento de la normativa contable y fiscal, así como del cumplimiento de las condiciones específicas impuestas por la administración, más allá de lo establecido en la propia ley y reglamento de subvenciones. Con la emisión del informe, el auditor describe el proceso de revisión llevado a cabo, plasmando todas las incidencias y aportando recomendaciones de mejora.
Identificadas y analizadas las funciones que realiza el auditor, se pone de manifiesto con rotundidad como éstas van más allá de una mera revisión de documentos o recálculo de cifras. Al contrario, su participación es clave, ya que tiene la responsabilidad del aseguramiento del adecuado destino y fin de los fondos entregados, siendo su imparcialidad el aspecto más destacable en su actuación.
Por lo que respecta a la transparencia en el proceso, con ella el auditor consigue que tanto el beneficiario de la subvención como la administración y el público en general tengan confianza en el procedimiento.
El trabajo planificado y ordenado pretende actuar como un filtro o prevención de ciertas irregularidades o incluso fraude, lo cual afecta sin duda a la credibilidad de los distintos factores que intervienen.
La conformidad del auditor en el cumplimiento normativo aplicable, así como al específico que pueda establecer cada organismo concedente, es sinónimo de transparencia y confianza.
No se debe dejar de lado que, además de todo lo dicho, el auditor también es sinónimo de aporte de mejora a la gestión continuada de las subvenciones, mediante identificación de debilidades o inconsistencias que, analizadas y solventadas contribuirán a un proceso de mejora continúo basado en sus recomendaciones.
En conclusión, el papel del auditor en la justificación de las subvenciones es esencial, siendo su función final de un alcance mayor al de una mera revisión documental de carácter técnico. Su presencia e intervención aseguran un adecuado uso de los recursos disponibles afectados y contribuye a mejorar la cultura de la transparencia y compromiso en la actuación de las partes. Favorece el fortalecimiento de la confianza en la gestión de los recursos públicos, detecta y previene errores y fraudes, reforzando que el destino final de los fondos públicos sea el correcto.
El auditor aporta al proceso objetividad y confiabilidad.
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