"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la novena promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
Ya está disponible en español la Norma Internacional de Contabilidad
para Entidades sin Fines de Lucro (INPAS, por sus siglas en inglés), el
primer estándar contable global diseñado específicamente para este tipo
de organizaciones. La publicación incluye la Norma, la Guía de
Implementación y la Guía de Práctica 1: Información armonizada sobre subvenciones, todos disponibles para descarga gratuita.
Según la información divulgada, esta versión en español fue posible
gracias al trabajo de un Comité de Revisión de 12 miembros, liderado por
Hernán Pablo Casinelli, presidente del Grupo Latinoamericano de
Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF, por sus siglas en
inglés). El proceso buscó garantizar una terminología técnicamente
precisa y su alineación, cuando correspondiera, con la traducción
oficial de la Norma Internacional de Información Financiera para las
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes).
La disponibilidad de la INPAS en español amplía el acceso a este
marco contable para las entidades sin fines de lucro de habla hispana,
luego de que la norma fuera publicada originalmente en octubre de 2025
(inicialmente en inglés) como un referente internacional para fortalecer
la transparencia, la comparabilidad y la rendición de cuentas en el
sector.
Para más detalles, consulte los documentos adjuntos.
El pacto permite absolver buena parte de los acusados y supone la retirada de la plataforma de perjudicados como acusación.
ACNAgència de notícies
Creado:
Imagen de algunos de los acusados en el juicio de la cooperativa de l'Aldea
Después de llegar hace un mes a un acuerdo económico para exonerar Caixabank y los exresponsables de la oficina de Bankia en Amposta, las cuestiones previas del juicio por la quiebra de la Cooperativa de l'Aldea han arrancado con un nuevo acuerdo entre la entidad y los afectados con Juan Carlos Torres, su empresa BDOy la aseguradora Mapfre, que pagarán 880.000 euros para dejar de ser acusado.
Fruto de este pacto, la magistrada de la Audiencia de Tarragona ha acordado la absolución de todos ellos, así como del exdirector de la sección de crédito, Enric Sabaté.
El acuerdo ha satisfecho las pretensiones de la Plataforma de
Afectados, que ha anunciado su retirada del procedimiento y dejando la
acusación penal en manos de la Cooperativa y Fiscalía.
Tarragona - Este martes ha comenzado a
juzgarse en la Audiencia de Tarragona la quiebra de la cooperativa de
l'Aldea, en el Baix Ebre, que hace ahora 14 años hizo que perdieran sus
ahorros 408 acreedores, con unas consecuencias nefastas para todo el
pueblo. Aunque aparentemente las cuentas de la cooperativa funcionaban
correctamente –de hecho superaron una auditoría de la Generalitat
un año antes de la bancarrota–, los acreedores descubrieron el 1 de
diciembre de 2011 que había un agujero de 6,97 millones de euros, 4,6 de
los cuales eran sus ahorros. Durante el juicio, que durará dos meses,
estaban llamadas como testigos 293 personas, aunque acabarán siendo
menos, ya que durante las cuestiones previas, celebradas esta mañana, ya
ha habido acuerdos de indemnizaciones.
AHORA La cooperativa de l'Aldea.
El
principal acusado es el exgerente de la cooperativa Daniel Ferré, para
quien la Fiscalía pide 14 años de prisión por los supuestos delitos
continuados de falsedad contable, falsedad en documento mercantil,
insolvencia punible y administración desleal. Además, también se le pide
una responsabilidad civil de más de 1,6 millones de euros. La Fiscalía
considera que Ferré utilizó diferentes estrategias contables para
ocultar las dificultades económicas que sufría la entidad por culpa de
su mala gestión, con facturas ficticias y sobrevaloración de los activos
inmovilizados.
Otro
de los principales acusados era el responsable de la empresa auditora
BDO, Juan Carlos Torres, que habría cometido un delito de falsedad
contable y otro de administración desleal, por inflar la valoración de
los activos que poseía la cooperativa y permitir de esta manera que
fueran creíbles las cuentas que presentaba Ferré. Para él, la Fiscalía
pedía siete años y tres meses de prisión, pero finalmente no será
juzgado porque, según informa ACN, esta mañana ha pactado con los
afectados que, junto con la empresa aseguradora Mapfre, BDO pagará
880.000 euros a cambio de que se retiren los cargos. La asociación que
agrupa a los perjudicados por la quiebra de la entidad ha aceptado
también retirar los cargos contra el exdirector de la sección de crédito
Enric Sabaté, quien ha consignado también 12.500 euros para facilitar
su exclusión.
Una vez cerrado el acuerdo, el abogado de la
plataforma de afectados, Alberto Venegas, ha anunciado la retirada de
los afectados como acusación particular: "Esta parte se aparta del
procedimiento. No tenemos encomendada exclusivamente la acción penal y
la acción civil ha quedado completamente agotada respecto a los
demandantes, ya que los afectados han recuperado el 100% de las
cantidades", ha argumentado. El fiscal del caso, Xavier Jou, se ha
adherido al anuncio hecho por las acusaciones particulares una vez los
acusados se hayan comprometido a hacer efectivas las compensaciones
acordadas.
El
24 de abril CaixaBank ya cerró un acuerdo para indemnizar con 3
millones de euros a los afectados por la quiebra de la cooperativa. A
cambio de este dinero, las acusaciones particulares y la Fiscalía
aceptaron que se retiraran los cargos contra Antonio Fornós, exdirector
de la oficina de Amposta, y Manuela Buera, subdirectora, y también
contra Bankia como entidad jurídica. Bankia (antes Caja Madrid) fue
absorbida por CaixaBank.
El papel de Bankia
La
Fiscalía sostiene que el exgerente y principal acusado por el caso,
Daniel Ferré, pidió un préstamo a Bankia por valor de 1,5 millones de
euros en el año 2006 y que presentó como aval los activos financieros de
la entidad. Dos años más tarde, y de acuerdo con los exdirectivos de
Bankia, pidió otro préstamo por valor de 1,64 millones de euros y puso
como garantía los activos financieros de la sección de crédito. Pero la
cooperativa que sin saberlo avalaba estas operaciones no recibió este
dinero.
Paralelamente,
Bankia también ofrecía servicios bancarios a la sección de crédito. La
cooperativa tenía dos cuentas corrientes donde se cargaban los recibos
y, posteriormente, se cargaban a las cuentas que tenían cada socio. Los
trabajadores acusados habrían vinculado unilateralmente las cuentas de
los socios con otras abiertas a su nombre en la misma Bankia. Cuando se
produjo la quiebra, Bankia no solo bloqueó las cuentas de la cooperativa
sino también las abiertas directamente con la entidad y vinculadas
ilegalmente a la sección de crédito.
