"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la novena promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
¡Bienvenidos a la retransmisión en directo de la Jornada Virtual en Abierto sobre la Presentación de Cuentas Anuales 2025!
¿Por qué es importante esta jornada?
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha aprobado, mediante las Resoluciones de 19 de mayo de 2026, los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales (tanto individuales como consolidadas) correspondientes al ejercicio 2025.
El objetivo de este encuentro online es analizar de forma práctica y rigurosa el alcance técnico de estas novedades (como la transición clave de la nomenclatura CNAE-2009 al nuevo CNAE-2025 y las previsiones de reformulación del Real Decreto-ley 4/2025), conocer los criterios registrales aplicables y repasar los errores más frecuentes detectados en el depósito, permitiendo a los profesionales afrontar la campaña de julio con la máxima seguridad técnica.
⏱️ PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE LA SESIÓN:
00:00 - Acto de Presentación
A cargo de Salvador Marín, Presidente de Economistas Contables (EC-CGE).
06:00 - Novedades Contables del Ejercicio
A cargo de Jorge Capeáns, Secretario Técnico de EC-CGE.
22:35 - Criterios Registrales y Presentación de Cuentas
A cargo de Carlos Orts, Vocal director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles.
01:33:00 - Turno de Ruegos y Preguntas
Espacio abierto para resolver las dudas de los asistentes en el chat en directo.
🔔 ¡No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras sesiones informativas y jornadas técnicas!
El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
(IAASB, por sus siglas en inglés) publicó un documento de preguntas
frecuentes para apoyar la implementación de la Norma Internacional de
Aseguramiento de Sostenibilidad 5000 (ISSA 5000), Requerimientos generales para encargos de aseguramiento de sostenibilidad.
El material explica cómo aplicar el concepto de materialidad en estos
encargos y desarrolla la aplicación de este criterio tanto por parte de
las entidades que elaboran reportes de sostenibilidad como de los
profesionales que prestan servicios de aseguramiento. Entre otros
aspectos, aborda la identificación de las necesidades de información de
los usuarios, el tratamiento de revelaciones cualitativas y
cuantitativas, la consideración de la doble materialidad cuando sea
exigida y la evaluación de este concepto durante todo el encargo para
respaldar información útil para la toma de decisiones.
Asimismo, incorpora explicaciones y ejemplos ilustrativos para
facilitar la aplicación de estos requerimientos, además de referencias a
otros materiales de apoyo elaborados por el IAASB. El organismo precisó
que este recurso está dirigido a profesionales, preparadores,
reguladores y demás partes interesadas que aplican o se preparan para
implementar la ISSA 5000, y aclaró que su contenido no modifica,
sustituye ni prevalece sobre los requerimientos de la norma.
Para más detalles, consulte el documento disponible a continuación.
Las 'Big Four' acaparan el 85% de las auditorías de sostenibilidad en España
Una investigación analiza la evolución de este mercado entre 2018 y 2023 en una muestra de 916 empresas cotizadas
Hugo Gonzalo
Publicado: 29/06/2026 • 05:25
Las cuatro grandes firmas de auditoría —PwC, Deloitte, EY y KPMG— concentran en seis países europeos, entre ellos España, cerca del 85% del mercado de la verificación de la información no financiera, según se desprende de los datos de un estudio elaborado para el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
La investigación analiza la evolución de este mercado entre 2018 y 2023,
un periodo en el que España hizo obligatoria la revisión independiente
de la información no financiera de las grandes empresas tras la
aprobación de la Ley 11/2018, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez
con el objetivo de adaptar la normativa española a la legislación
europea.
El informe se basa en una muestra de 916 empresas
cotizadas en Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal,
lo que equivale a un total de 5.496 observaciones. Sus conclusiones
reflejan el claro dominio de las Big Four en el mercado de la
verificación de información no financiera, con una presencia menor en el
resto de auditoras y certificadoras.
España fue uno de los tres países, junto con Francia e Italia, que estableció la obligatoriedad de la verificación
de la información no financiera antes de que la normativa europea
extendiera este requisito a todos los Estados miembros. Alemania, Países
Bajos y Portugal mantuvieron durante ese periodo un sistema de
verificación voluntario.
El estudio refleja también el crecimiento de estas revisiones en los últimos años. En 2018, el 48,03%
de los estados de información no financiera de la muestra presentaban
verificación. En 2023, cinco años después, ese porcentaje ya había
crecido hasta el 66,48%.
En cuanto a firmas, durante todo el periodo analizado, PwC lidera el mercado, seguida por EY, KPMG y Deloitte. Los auditores que no pertenecen a las Big Four
han aumentado su participación, pasando del 7,73% en 2018 al 11,82% en
2023, pero las cuatro grandes siguen dominando un mercado que ha ganado
peso al incrementarse las exigencias de transparencia de las empresas.
El negocio de la auditoría en España atraviesa su mejor momento y ha
alcanzado una dimensión sin precedentes. Por primera vez, la facturación
anual del sector ha superado los 1.000 millones de euros, un récord que
refleja el crecimiento sostenido de una actividad cada vez más
estratégica para los mercados financieros, al reforzar la transparencia y
la fiabilidad de la información económico-financiera de las empresas.
De acuerdo con la Memoria Anual de Actividades 2025 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, organismo encargado de la
supervisión del sector, los ingresos por servicios de auditoría
rebasaron el pasado ejercicio esa cifra histórica, mientras que el
número de informes emitidos superó los 75.000.
Una parte significativa de este negocio procede de las grandes
empresas cotizadas. Las compañías del Ibex 35 destinaron en 2025 más de
400 millones de euros a servicios de auditoría y trabajos relacionados,
como verificaciones financieras y no financieras exigidas por
reguladores, revisiones para organismos supervisores o la emisión de
comfort letters, según las cuentas anuales consolidadas publicadas por
las propias sociedades.
De ese volumen total, cerca de 390 millones de euros correspondieron a
honorarios del auditor principal, función que recayó mayoritariamente
en las cuatro grandes firmas internacionales: PwC, EY, KPMG y Deloitte.
Otros 14 millones fueron percibidos por firmas que participaron en la
auditoría de filiales o prestaron servicios vinculados al proceso de
revisión. Estas cifras no incluyen servicios fiscales ni otros trabajos
complementarios.
Según destaca el presidente del ICAC, Santiago Durán, el sector
mantiene una evolución especialmente positiva, como demuestra el récord
simultáneo en facturación y en número de informes emitidos. El organismo
supervisor señala además que en 2025 operaban en España 3.498 auditores
de cuentas en ejercicio y 1.344 sociedades de auditoría.
Dentro del grupo de las denominadas big four, PwC mantiene el
liderazgo en el mercado del Ibex, con aproximadamente 190 millones de
euros en ingresos procedentes de las grandes cotizadas. Entre sus
principales clientes destaca Banco Santander, cuyo contrato constituye
el mayor encargo del mercado, con 133 millones de euros. También audita a
compañías como Telefónica, Ferrovial, Repsol, CaixaBank, Bankinter,
Sacyr, Acerinox y Merlin Properties.
KPMG ocupa el segundo lugar en facturación dentro del Ibex, con 88
millones de euros y once mandatos de auditoría. Entre sus principales
contratos figura el de Iberdrola, valorado en 28 millones de euros,
además de encargarse de la revisión de Banco Sabadell, Mapfre, Acciona,
Acciona Energía, IAG, Naturgy, Endesa, Unicaja, Aena y Laboratorios
Rovi.
Muy cerca se sitúa EY, también con once auditorías de grandes
cotizadas y unos ingresos de 84 millones de euros. Su cartera incluye
contratos con BBVA, cuyo encargo asciende a 33 millones, además de
Inditex, Amadeus, Cellnex, Puig, Logista, Enagás, Fluidra, Redeia,
ArcelorMittal y Solaria. Por su parte, Deloitte, cuyo negocio tiene
mayor peso en consultoría, completa el grupo con alrededor de 28
millones de euros procedentes principalmente de auditorías para ACS,
Grifols, Indra y Colonial.
El ejercicio 2025 también ha estado marcado por la creciente
relevancia de la información corporativa en materia de sostenibilidad.
La directiva europea CSRD obliga a las grandes entidades de interés
público, especialmente aquellas con más de 500 empleados, a informar
sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza. No obstante, la
transposición de esta normativa al ordenamiento jurídico español
continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados, lo que ha generado
incertidumbre entre empresas y auditoras.
Ante esta situación, el ICAC y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores emitieron un comunicado conjunto para orientar a los auditores
sobre la elaboración de estos informes mientras concluye el proceso
legislativo. En materia de supervisión, el ICAC intensificó notablemente
su actividad durante 2025. El organismo realizó 365 actuaciones de
control, frente a las 317 de 2024 y las 303 de 2023. Este aumento
responde a una mayor planificación, al refuerzo de la digitalización y a
una supervisión más orientada al análisis de riesgos.
Entre esas actuaciones destacaron seis inspecciones específicas sobre
auditores de grandes empresas, centradas en la evaluación de sus
sistemas de gestión de calidad. El ICAC subraya que los auditores de
entidades de interés público están sometidos a mayores exigencias debido
a la relevancia sistémica de las compañías que revisan, lo que los
convierte en una prioridad supervisora.
La memoria también refleja un incremento en la actividad
sancionadora. Durante 2025 se resolvieron 53 expedientes sancionadores,
frente a 48 en 2024. Cinco concluyeron sin sanción, mientras que en el
resto se detectaron incumplimientos de la normativa de auditoría. El
importe total de las sanciones ascendió a 635.110,77 euros, de los
cuales 521.091,77 euros correspondieron a sociedades de auditoría y
socios, y 114.019 euros a auditores individuales.
Cada vez veremos entornos de auditoría más integrados, capaces de
conectar información procedente de distintos sistemas empresariales y de
automatizar procesos de revisión y documentación
Isabel Perea - Madrid - 29 JUN 2026 - 08:30 CEST
Tengo la suerte de trabajar en un sector en constante
evolución y en el que aprendo algo nuevo cada día. Los auditores
llevamos décadas adaptándonos a marcos regulatorios —tanto nacionales
como internacionales—, negocios y formas de presentar la información. Lo
hemos hecho con un modelo profesional estable y manteniendo nuestra
función real: expresar una opinión independiente sobre la información
financiera. Tenemos el cambio en nuestro ADN.
Pero lo que
vivimos hoy, con la madurez de la inteligencia artificial, tiene una
mayor envergadura. Afrontamos una transformación estructural en la forma
en que se entiende, se organiza y se ejecuta nuestra función. Hasta
ahora nos hemos adaptado a los nuevos tiempos; ahora nos enfrentamos a
una revolución mucho más profunda.
La consecuencia más inmediata afecta a la formación de nuevos profesionales y al talento.
Nuestro modelo se ha construido sobre una estructura piramidal, en la
que el aprendizaje se consolidaba mediante la ejecución de tareas
repetitivas combinada con la formación interna. De esta forma, poco a
poco ganaban criterio y responsabilidad. Este sistema se va a
transformar, porque la automatización de procesos, la estandarización
del tratamiento de datos y el análisis inteligente de información van a
reducir progresivamente el peso de muchas tareas rutinarias.
Cada
vez veremos entornos de auditoría más integrados, capaces de conectar
información procedente de distintos sistemas empresariales y de
automatizar procesos de revisión y documentación. Esto no elimina la
necesidad del auditor; al contrario, desplaza el foco hacia aquello que
realmente aporta valor: nuestro juicio profesional, la interpretación de
riesgos y la capacidad de detectar anomalías e incluso tendencias
relevantes en tiempo real.
La principal implicación de
este cambio está ligada con la formación. ¿Cómo creamos nuevos perfiles
capaces de revisar la información que genera la tecnología sin pasar por
los procesos que han acompañado al oficio durante los últimos 100 años?
Para
obtener la respuesta, debemos replantear la relación de nuestra
profesión con las Universidades. Más aún teniendo en cuenta la
dificultad que tenemos para atraer a los más jóvenes.
No solo hay que acercarse al talento antes, sino también contar con un
contenido curricular adaptado a una profesión que se enfrenta a un
desafío tecnológico que nos hará cambiar nuestra manera de trabajar.
Es
una evolución que irá en aumento, en la medida en que los auditores nos
enfrentemos al reto de auditar entidades en las que la inteligencia
artificial está incorporada en su actividad y el flujo de información
discurre de manera automatizada hasta construir la información
financiera. Un desafío que nos llevará a contar con perfiles
hiperespecializados no sólo en contabilidad o finanzas, sino también en
tecnología.
A medio plazo, podría ser conveniente hablar
de un nuevo grado de auditoría que aúne los conocimientos asociados al
trabajo con elementos tecnológicos. ¿Por qué no? En nuestro tejado está
encontrar fórmulas que nos permitan recuperar el atractivo de la
profesión para las nuevas generaciones.
En mi fuero
interno albergo la esperanza de que precisamente ese cambio será la
palanca que volverá a hacernos atractivos entre los más jóvenes,
precisamente por adoptar formas de trabajo vanguardistas. Reivindico una
profesión que va más allá de la revisión, que cumple una función social
en su objetivo inherente dotar de transparencia al mercado. Se habla de
que los jóvenes de hoy quieren encontrar un espacio laboral alineado
con su manera de entender el mundo, lugares con compromiso y eso no es
tan diferente de lo que mi generación o al menos yo buscaba hace tres
décadas.
Todo este nuevo desafío también afecta a nuestro
regulador. La incorporación de inteligencia artificial introduce nuevos
retos en materia de explicabilidad, trazabilidad y validación de
modelos, elementos esenciales en un entorno regulado.
Existe una lectura adicional. Las áreas de auditoría y assurance en
firmas de servicios profesionales vivimos hoy un momento de inversión e
innovación sin precedentes que nos está permitiendo mejoras concretas
de eficiencia, consistencia y capacidad analítica.
Me
viene a la cabeza la imagen de los luditas en el siglo XIX, trabajadores
que se levantaron contra las máquinas con la convicción de que
lograrían mantener el sistema vigente. No creo que el contexto actual
vaya a ser diferente: habrá resistencia porque, al fin y al cabo,
estamos hablando de un fenómeno que afecta a todo el tejido productivo
en su conjunto. Pero el que no abrace el cambio, se quedará atrás. Creo
que toda esta tecnología viene para ayudarnos.
Llevo casi
tres décadas en esta profesión y nunca la había visto en un momento
como este. Hay algo estimulante en saber que vamos a vivir la
transformación más profunda que ha conocido la auditoría, y que nos toca
a nosotros, los que estamos hoy, tomar las decisiones que van a definir
cómo será la profesión del futuro. Puede que estemos viviendo un
momento de incertidumbre. Pero eso no quita que sea fascinante.
De un tiempo a esta parte, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) se ha generalizado en nuestro día a día, y el sector de la auditoría no es ajeno a esta tendencia. Por ello, muchos consideran la IA como uno de los motores principales de la cuarta revolución industrial.
En relación con el sector de la auditoría, ya en el año 2024, el informe "El reto de la Inteligencia Artificial para la Auditoría",
impulsado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC) y la Asociación Española de Profesores Universitarios de
Contabilidad (ASEPUC), se hacía referencia a que un 27% de las firmas
había desarrollado una estrategia integral de IA y, aproximadamente, un 62% de los auditores hacía uso de este tipo de tecnología.
Está claro que esta nueva herramienta ha llegado para quedarse y que
debemos adaptarnos a ella, lo que supondrá la redefinición de
determinados procesos, roles profesionales y expectativas de calidad.
Por un lado, el uso de la IA permite la automatización de procedimientos de auditoría
repetitivos, de forma que se puedan dedicar más recursos a labores
que aportan un mayor valor añadido. Por otro lado, los algoritmos
ofrecen la capacidad de realizar un análisis de poblaciones completas
frente a la tradicional selección de muestras, lo que facilita la
detección de anomalías, reduce el riesgo de errores y permite la
identificación de determinados patrones relevantes.
Además, la introducción de este tipo de tecnologías puede incrementar
el atractivo de nuestra profesión, especialmente para perfiles
jóvenes.
Ahora bien, no podemos obviar que existen determinados retos que también nos afectan y a los que debemos enfrentarnos.
Tal y como indica la NIA-ES 200 en su párrafo 15, "El auditor planificará y ejecutará la auditoría con escepticismo profesional…",
la aplicación de la inteligencia artificial a la auditoría no debe
llevarnos a perder dicha actitud, ya que existen determinados sesgos en los algoritmos
que pueden afectar a la evaluación de los riesgos o a determinadas
estimaciones contables. Asimismo, dicha automatización de procesos puede
dar la falsa impresión de que la responsabilidad recae sobre la
herramienta. Sin embargo, el ICAC ya señalaba que las herramientas de IA
e IA generativa deben incluirse dentro del marco integral para la gestión de la calidad en las firmas de auditoría que establece la ISQM 1 (NIGC 1-ES).
Por lo tanto, los equipos de auditoría deben mantener el control sobre la tecnología y ser responsables de su juicio profesional. Es por ello que estas nuevas herramientas no pueden sustituir la toma de decisiones del auditor, sino apoyarle en ella.
Otro punto importante es la ciberseguridad y la protección de los datos.
Como es sabido, durante el transcurso de una auditoría se hace uso de
información de carácter sensible. En este sentido, la ciberseguridad
constituye un punto crítico para garantizar la fiabilidad del trabajo
del auditor y la privacidad de los datos utilizados. Es por ello que,
en el proceso de auditoría, ya no solo deberemos centrarnos en revisar
los sistemas financieros, sino también evaluar la seguridad de los modelos de IA que generen información relevante para los estados financieros y los controles internos de la entidad.
Por último, y no menos importante, no podemos ser ajenos al trasfondo geopolítico asociado al uso de la inteligencia artificial y a las posibles limitaciones que pueden establecer los países.
Como síntesis de todo lo anterior, debemos tener en cuenta que la IA no sustituye al auditor
sino que va a transformar su papel, haciendo que la profesión se
mueva hacia un modelo en el que se produzca la automatización de
determinados procesos, se amplíe el alcance del trabajo y se haga un uso equilibrado de este tipo de tecnologías. Dado que el auditor siempre va a aportar un juicio profesional que no va a poder hacer una máquina.
"La auditoría no es un coste que hay que minimizar. Es una inversión que hay que aprovechar."
Durante décadas, la auditoría ha cargado con una etiqueta difícil de
sacudir, como es la de “trámite obligatorio”. Algo que hay que hacer
porque lo exige la normativa, el banco o los accionistas. Esa visión no
solo es equivocada. Es costosa.
Las empresas que tratan la auditoría como un mero ejercicio de
cumplimiento están dejando sobre la mesa información valiosa, señales de
alerta tempranas y oportunidades de mejora que un proceso bien
ejecutado inevitablemente genera. Y lo más paradójico: están pagando por
algo sin aprovechar casi nada de su valor real.
El auditor ve lo que la gestión no puede ver
Existe una ventaja estructural en el análisis del auditor que con
frecuencia se subestima, como es su independencia. Un equipo directivo
excelente, por definición, está demasiado cerca de su propia realidad.
Conoce sus procesos, confía en su gente, y tiene inevitablemente puntos
ciegos.
El auditor llega sin esos sesgos. Compara de estándares del sector.
Detecta patrones que se han normalizado internamente pero que resultan
llamativos desde fuera (el llamado “siempre se ha hecho así”).
Identifica riesgos que a veces la dirección ha aprendido a convivir con
ellos sin cuestionarlos.
No se trata de que el auditor sea más inteligente. Se trata de que
tiene una perspectiva diferente. Y esa perspectiva, bien aprovechada, es
extraordinariamente valiosa.
Un ejemplo real: durante la auditoría de una empresa comercial de
un grupo internacional, identificamos que cada vez que se vendía una
máquina, los comerciales para facilitar la venta tendían a regalar
paquetes de repuestos que hacían minorar muy significativamente el
margen real de la operación respecto al teórico. La compañía solo
identificaba como coste de la venta la de la propia máquina, y no el
resto de las piezas que de manera gratuita se entregaban. A raíz del
proceso, la empresa formalizó procedimientos de control y autorización
sobre estas “gentilezas” comerciales. El coste de la auditoría ese año
quedó cubierto con creces por el valor de haber detectado esa cuestión.
Las tres preguntas que un buen proceso de auditoría debe responder
Más allá de si los estados financieros presentan la imagen fiel, un
proceso de auditoría bien diseñado debería iluminar al menos estas tres
dimensiones:
- ¿Dónde están los riesgos reales de negocio que no aparecen en el
balance? Los riesgos operativos, de concentración de clientes, de
dependencia de personas clave o de debilidad en los controles internos
rara vez se manifiestan en los estados financieros hasta que es
demasiado tarde.
- ¿Están los sistemas de información y los procesos a la altura de la
escala a la que opera o quiere operar la empresa? Muchas compañías
crecen sobre estructuras que no escalan, y el proceso de auditoría es
uno de los momentos en que esa tensión se hace visible.
- ¿Existen ineficiencias o inconsistencias que, corregidas, generarían
un retorno directo? Desde procesos de cierre contable ineficientes
hasta políticas de gestión de tesorería inapropiadas, la auditoría
frecuentemente destapa oportunidades de mejora con impacto económico
directo.
El papel del CFO: de guardián del proceso a impulsor del valor
Esta transformación de la auditoría, de trámite a herramienta
estratégica, no se produce sola. Requiere de un director financiero
(CFO) que entienda que su relación con el auditor no es adversarial sino
colaborativa. Que comparta contexto, que haga las preguntas incómodas,
que use el proceso para aprender.
Los mejores CFOs no esperan al informe final para obtener valor de la
auditoría. Lo obtienen a lo largo del proceso: en las conversaciones
sobre áreas de riesgo, en los ajustes que se detectan, en las
recomendaciones de mejora de control interno. No en el documento que
nadie lee, sino en las decisiones que esas conversaciones generan.
En la práctica, esto se traduce en tres comportamientos concretos:
compartir contexto estratégico con el auditor al inicio del proceso (no
limitarse a entregar documentación), dedicar tiempo real a las reuniones
de hallazgos intermedios en lugar de delegarlas al equipo técnico, y
hacer seguimiento explícito de las recomendaciones de control interno en
el siguiente ciclo. Son hábitos simples. Pero marcan la diferencia
entre una auditoría que consume recursos y una que los genera.
La auditoría es una de las pocas ocasiones en que una mirada externa y
cualificada recorre en profundidad la realidad financiera y operativa
de una empresa. Desaprovecharla es, sencillamente, un error estratégico.
Para los inversores: la auditoría como señal de calidad
Desde la perspectiva del inversor, la calidad del proceso de auditoría
de una compañía es una señal de primer orden sobre la madurez de su
gestión. No me refiero solo a que el auditor sea una firma de reconocido
prestigio, sino a cómo la dirección gestiona las observaciones, si
existe un comité de dirección activo y comprometido, y si estos tratan
los hallazgos como oportunidades de mejora o como amenazas que
minimizar.
Por lo tanto, la auditoría que agrega valor no es la que produce el
informe más limpio. Es la que provoca las conversaciones necesarias,
incluso las más incómodas. La que, al final, hace mejores a las
organizaciones que la reciben. El trabajo del auditor no se circunscribe
únicamente a la revisión de los libros contables, sino que abarca el
análisis de los riesgos y los procedimientos globales de una
organización.
El cumplimiento es el suelo. El valor es el techo. Entre ambos, hay mucho espacio que aprovechar.
Por Sergio González, UHY Fay & Co Partner & Head of Audit & Assurance
El PSOE se enfrenta al riesgo de una eventual responsabilidad penal como persona jurídica, mientras trata de acreditar la eficacia de sus controles internos y la regularidad de su financiación
El PSOE vive su particular déjà vu con la Unidad Central
Operativa (UCO) en la puerta de Ferraz. Hace un año, cuando se conoció
el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, Pedro Sánchez hizo unas
promesas sobre una segunda auditoría externa que no se han cumplido.
Entonces, el partido también sondeó a penalistas para su defensa, pero estos rechazaron implicarse.
Desde entonces, han pasado doce meses y lejos de apaciguarse, las
investigaciones de la UCO se han ido adentrándo más y más en el corazón
del partido.
Así, la posible imputación del PSOE como persona jurídica
cobra fuerza con la investigación, bajo secreto, de la Audiencia
Nacional sobre la posible financiación irregular del partido y la
apertura del sumario de la causa sobre las cloacas del PSOE, en la que
además están imputados abogados del PSOE.
A ello se añade que el juez Pedraz ha requerido al partido su programa de compliance (cumplimiento normativo) en el último registro que practicó y que la propia gerente y responsable de Compliance, Ana María Fuentes Pacheco, ha sido imputada.
En
este precipicio jurídico, el PSOE se ha quedado sin auditor para sus
cuentas de 2025. Tampoco, según las fuentes jurídicas sondeadas por
Artículo14, se aprecian movimientos del partido en busca de penalistas.
Asesoría interna jurídica
Las informaciones que se han conocido estos días nos llenan de decepción, preocupación e indignación.
No conocía ni nunca se me ha informado de las andanzas de Leire Díez porque si las hubiera conocido, no las habría tolerado.
El pasado 5 de junio, desde Montenegro, Pedro Sánchez aseguró que: “Los
equipos jurídicos del PSOE están analizando todo, es más de un terabyte.
Cuando lo hagamos con rigor y solvencia, ustedes tendrán debida
información sobre las acciones a emprender. Estamos trabajando con el equipo jurídico para ver qué acciones emprender en defensa de la honorabilidad del PSOE”.
En la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, la Secretaría de Justicia corresponde a Félix Bolaños,
que es además ministro de Justicia. Bolaños es letrado del Banco de
España en excedencia. Más allá de esta información, la web pública del
partido no identifica ningún responsable de la asesoría jurídica, un
departamento que el año pasado por estas fechas ofertó una plaza interna
extra, según informó La Razón.
En paralelo, penalistas de dilatada trayectoria como Ignacio Gordillo o González Franco fueron sondeados
en el verano de 2025, tanto desde el PSOE como por algunas de las
figuras que han estado vinculadas a él y que están en el foco de la
investigación del Supremo. Los acercamientos resultaron infructuosos
ante la negativa de estos penalistas a prestar estos servicios.
Los riesgos penales
Según los expertos penalistas consultados por este medio, la clave a
efectos de delimitar la responsabilidad penal del partido como persona
jurídica no solo residiría en la confirmación o no de que se haya
beneficiado de prácticas ilegales, sino en el hecho de que se hayan implementado mecanismos de control interno para prevenir y/o combatir esas prácticas ilegales, así como en la forma en que los primeros se llevaron a cabo.
De comprobarse que el partido se benefició realmente de estas
prácticas, podría enfrentarse a tres posibles desenlaces, de menor a
mayor gravedad, como persona jurídica. El primero sería su consideración
como “partícipe a título lucrativo” de la trama, si el tribunal concluyera que el partido, como entidad, desconocía la comisión de los delitos.
Consecuencias más graves tendría una condena por responsabilidad civil subsidiaria, supuesto en el que el PSOE respondería subsidiariamente por las condenas a las personas físicas. El último escenario posible, el más grave, sería el de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En este caso, el partido podría enfrentarse a diferentes consecuencias, desde multas económicas hasta el fin de su actividad.
Fiscalización de sus cuentas
No vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos ponga en peligro el buen rumbo de España.
No vamos a permitir que eche por tierra la integridad de una de las
Administraciones públicas más limpias de la historia de nuestro país.
En su línea de defensa frente a la presunta financiación irregular, la auditoría de cuentas también resulta determinante.
Las últimas cuentas verificadas por Ecovis Audit Grosclaude &
Partners son las correspondientes a 2024, que fueron aprobadas por la
Comisión Federal del PSOE en su reunión del 15 de junio de 2025.
“El resultado [en alusión a la auditoría de 2024] es tajante, lo que
viene a decir es que hay un reflejo fiel del estado de cuentas y la
situación financiera de nuestra organización”, destacó Pedro Sánchez en
su comparecencia tras la reunión.
Entonces también anunció que, “a pesar de los informes positivos que
ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado
de las cuentas del PSOE, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista“.
Estos propósitos quedaron frustrados por la realidad del mercado:
ninguna firma de auditoría se prestó a fiscalizar las cuentas.
Finalmente, el partido tuvo que recurrir a dos profesores universitarios:
Félix Alberto Vega Borruego, catedrático de Derecho Financiero y
Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid —propuesto por Podemos
para el Consejo General del Poder Judicial en 2018—, y César Martínez
Sánchez, profesor de la misma disciplina en esa universidad. Ambos
analizaron los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y
2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido.
Cabe recordar que esta firma ha sido la responsable de la auditoría en los últimos cuatro años, todas ellas con una opinión favorable con salvedades
por cuestiones como la valoración de activos, provisiones o ingresos
públicos. Sin embargo, tal y como adelantó Artículo14, y siguiendo el
modelo de los cuatro ejercicios anteriores (2020, 2021, 2022 y 2023),
dicho informe excluye el análisis detallado de la financiación
procedente de subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o
préstamos con las entidades de crédito, así como del sistema de control interno de la organización.
En los cuatro informes de auditorías publicados, el auditor Luis
Grosclaude, máximo responsable de la firma, señala expresamente que el
apartado ‘Otra información’ no entra dentro del alcance de la auditoría.
“La ‘Otra información’ comprende la relación de subvenciones públicas,
donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de
crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del
sistema de control interno, cuya formulación es responsabilidad
de la directora gerente federal del Partido [Ana María Fuentes] y no
forma parte integrante de las cuentas anuales”, se detalla en los informes de auditoría.
“Pagos llamativos”
Por su parte, los expertos universitarios contratados por el PSOE
confirmaron que no existían indicios de financiación ilegal ni de fondos
no declarados o carentes de trazabilidad. El informe concluye que el sistema de caja del PSOE durante el periodo analizado es “coherente, cerrado y verificable”. Indica
además que “todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o
responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están
correctamente documentadas”.
No
obstante, sí detectó algunos gastos “llamativos” imputados a la
Secretaría de Organización que entonces dirigía José Luis Ábalos. Entre
2017 y 2024, el PSOE destinó 940.388 euros a la caja en efectivo del
partido.
El PSOE transita por el desfiladero judicial sin auditor para sus cuentas ni asesor penal externo,
bajo el escrutinio de la UCO y con el reto de acreditar tanto la
regularidad de su financiación como la eficacia de sus mecanismos de
control interno.
👉 Mª Fernanda Rodríguez, directora del área Fiscal de CE Consulting, analiza las claves de la fiscalidad de las sociedades profesionales, con especial foco en los riesgos y en cómo defender correctamente la retribución de los socios frente a Hacienda.
ORDEN DE CONVOCATORIA DEL EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS
Estimado/a compañero/a:
Os informamos que, en el BOE de hoy, 9 de junio de 2026, se ha publicado la Orden
ECM/579/2026, de fecha 1 de junio, relativa la convocatoria conjunta
del Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas
Auditores y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, del
examen de aptitud profesional (EAP) para la autorización del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas e inscripción en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
Desde el REA Auditores-CGE queremos trasladaros nuestro
apoyo y desearos mucho éxito a todos los que os presentáis a esta nueva
convocatoria.
Asimismo, os animamos a confiar en nuestra Corporación y
señalar, en la documentación que tenéis que aportar, al Consejo General
de Economistas – Registro de Economistas Auditores (CGE-REA) como la
corporación encargada de tramitar vuestra Solicitud de Admisión al EAP.
Nuestro objetivo es acompañaros durante todo este importante proceso,
ofreciéndoos el respaldo, la experiencia y los recursos necesarios para
afrontar esta nueva etapa profesional con las máximas garantías.
Además, os invitamos a completar vuestra preparación
mediante los cursos de formación organizados por el CGE-REA, diseñados
específicamente para facilitaros una formación rigurosa, actualizada y
adaptada a los requisitos de la convocatoria.
A este respecto, os informamos de que ya se encuentran programados los cursos de formación, que darán comienzo a finales del mes de junio, y en el próximo mes de julio.
Nuestro Departamento de Formación queda a vuestra
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La verdadera transformación ocurre cuando la sostenibilidad deja de verse como una obligación y se incorpora a la forma en que la organización toma decisiones, asigna recursos y define prioridades.
Jorge Reyes Iturbide
vie 05 junio 2026 06:00 AM
Aunque la
implementación de normas como las NIS A1 y B1 y las NIIF S1 y S2 implica
esfuerzos significativos, también ofrece una oportunidad extraordinaria
para fortalecer la gestión empresarial para aquellas organizaciones que
desarrollen sistemas sólidos de información, apunta Jorge Reyes
Iturbide.(Foto: iStock)
Durante los últimos años, numerosas organizaciones han
avanzado en la elaboración de informes de sostenibilidad utilizando
marcos voluntarios como los estándares de Global Reporting Initiative
(GRI) para comunicar sus compromisos, iniciativas y resultados en
materia ambiental, social y de gobernanza, pero el contexto ha cambiado
de manera significativa por el reto que ahora implica el cumplimiento de
algunas otras normas que se han emitido a nivel nacional e
internacional, como son las Normas de Información de Sostenibilidad
(NIS) A-1 y B-1 emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF) para las
organizaciones que preparan sus estados financieros bajo el marco de las
Normas de Información Financiera (NIF), y las normas internacionales
NIIF S1 y S2 desarrollados por el International Sustainability Standards
Board, que ya son requeridas por la CNBV para las empresas emisoras y
participantes del mercado de valores.
Por ello, la sostenibilidad empresarial está entrando en
una nueva etapa en México, pasando de la voluntariedad al cumplimiento
en cuanto a su medición y comunicación, abonando finalmente a la gestión
estratégica del propio negocio. Sin duda, este nuevo escenario implica
desafíos importantes para las empresas, pero también representa una
oportunidad para fortalecer su competitividad, resiliencia y capacidad
de generación de valor en el largo plazo.
En este sentido, uno de los principales cambios consiste en
que la sostenibilidad deja de considerarse únicamente como un ejercicio
de comunicación corporativa para convertirse en un componente esencial
de la gestión empresarial, donde ya no es suficiente describir acciones o
presentar casos de éxito en la materia, sino que es necesario demostrar
con datos verificables cómo la organización gestiona sus impactos,
riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, con un nivel
mucho mayor de rigor en la medición, documentación y divulgación de
resultados.
Este cambio plantea un desafío importante para las empresas
mexicanas, muchas de las cuales aún se encuentran en etapas tempranas
de madurez en la gestión de información no financiera, y además no todas
tienen disponibles datos confiables, consistentes y comparables, cuando
la información de sostenibilidad ya comienza a requerir niveles de
robustez similares a los que tradicionalmente se han exigido para la
información financiera. Esto implica desarrollar sistemas internos de
recopilación de información, establecer controles y responsabilidades
claras en diversas áreas de la empresa, así como generar procesos que
permitan asegurar la calidad y trazabilidad de los indicadores
reportados.
Otro reto importante es la integración de la sostenibilidad
y la estrategia de negocio, ya que por ejemplo, las NIIF S1 y S2 ponen
especial énfasis en identificar aquellos factores ambientales, sociales y
de gobernanza que pueden afectar la creación de valor de la
organización y su desempeño financiero futuro. Esta perspectiva obliga a
las empresas a dejar atrás la visión de la sostenibilidad como una
función aislada y a promover una colaboración mucho más estrecha entre
la dirección general y las áreas de finanzas, riesgos, operaciones,
recursos humanos, cadena de suministro, etc., para que la sostenibilidad
deje de ser responsabilidad exclusiva de un departamento especializado y
se convierta en un tema transversal que influya en las decisiones
estratégicas de toda la organización.
En este contexto, la determinación de la materialidad
adquiere una relevancia particular ya que las empresas deberán
desarrollar capacidades para identificar aquellos temas que resultan
verdaderamente significativos tanto para sus grupos de interés como para
la generación de valor para el negocio. Este ejercicio requiere
metodologías más sofisticadas, análisis prospectivos y una comprensión
más profunda de las tendencias regulatorias, tecnológicas, sociales y
ambientales que pueden afectar el desempeño futuro del negocio, y que
implican un proceso dinámico de evaluación continua de éste con un doble
enfoque, es decir, tanto financiero como de sostenibilidad.
Por otro lado, la cadena de valor constituye otro elemento
crítico en este tema, debido a que una parte creciente de la información
requerida para los informes de sostenibilidad depende de proveedores,
contratistas, distribuidores y socios comerciales, lo que significa que
las empresas deberán fortalecer sus mecanismos de evaluación,
acompañamiento y desarrollo de dichos grupos de interés, promoviendo
prácticas más transparentes y sostenibles a lo largo de toda la cadena
de valor. Así, para muchas organizaciones, y especialmente aquellas con
redes de suministro o distribución amplias y complejas, este podrá ser
uno de los mayores retos operativos en los próximos años.
Finalmente, quizá el desafío más profundo no sea técnico ni
regulatorio, sino cultural, porque la verdadera transformación ocurre
cuando la sostenibilidad deja de verse como una obligación de
cumplimiento y se incorpora a la forma en que la organización toma
decisiones, asigna recursos y define sus prioridades; y para ello se
requiere de liderazgo, visión de largo plazo y una gobernanza capaz de
integrar los criterios de sostenibilidad en la estrategia corporativa.
Ante esto, los consejos de administración y los equipos directivos
tendrán un papel cada vez más relevante en la supervisión de los
riesgos, la definición de los objetivos y el seguimiento del desempeño
en esta materia, y para ello deben conocer suficientemente el tema y
estar bien preparados.
Por todo lo anterior, aunque la implementación de normas
como las NIS A1 y B1 y las NIIF S1 y S2 implica esfuerzos
significativos, también ofrece una oportunidad extraordinaria para
fortalecer la gestión empresarial para aquellas organizaciones que
desarrollen sistemas sólidos de información, integren la sostenibilidad
en su estrategia y generen una cultura orientada a la creación de valor
sostenible, lo que les permitirá estar mejor posicionadas para acceder a
financiamiento, atraer talento, responder a las expectativas de
inversionistas y clientes, y enfrentar con éxito un entorno cada vez más
complejo e incierto.
_____
Nota del editor: Jorge Reyes Iturbide es
especialista en responsabilidad social empresarial y desarrollo
sostenible y desde hace 21 años ha trabajado para diversas empresas y
organismos nacionales e internacionales en proyectos de investigación,
consultoría, desarrollo de estándares y educación ejecutiva en la
materia. Actualmente es Director de Empleabilidad y docente de
Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac México. Síguelo en X y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
La reciente encíclica Magnifica Humanitas ha reabierto un
debate que trasciende lo religioso y alcanza de lleno al mundo
empresarial: qué ocurre cuando delegamos decisiones relevantes en
sistemas de inteligencia artificial. En la empresa, la IA no plantea
solo un dilema de valores; plantea un problema de gobierno,
trazabilidad, prueba y responsabilidad. Y, sobre todo, lanza una
pregunta: ¿quién responde jurídicamente cuando la máquina decide?
Aunque el documento se centra en la protección de la persona en la
era digital, su mensaje conecta con una preocupación cada vez más
presente en los departamentos jurídicos y de compliance. La IA ha
dejado de ser únicamente una cuestión tecnológica o reputacional para
convertirse en un problema de responsabilidad jurídica.
La pregunta ya no es si una empresa puede utilizar sistemas
automatizados para ganar eficiencia. La cuestión es quién responde
cuando esos sistemas intervienen en decisiones que afectan a personas,
derechos, oportunidades económicas o relaciones laborales.
La automatización ya forma parte de numerosos procesos
empresariales: selección de personal, evaluación del desempeño,
concesión de financiación, prevención del fraude, segmentación
comercial, atención al cliente o gestión de reclamaciones. En muchos
casos, la decisión formal sigue siendo humana, pero el resultado viene
condicionado por una recomendación algorítmica. En otros, la
intervención humana es prácticamente residual.
Es aquí donde aparece el principal reto jurídico. Cuando una persona
es descartada en un proceso de selección, se le deniega una
financiación o recibe un tratamiento distinto al de otros clientes, la
organización debe poder explicar quién tomó la decisión, con qué
información, bajo qué criterios y qué mecanismos existían para corregir
posibles errores.
RGPD y AI Act: el marco de control
El RGPD ya anticipó esta problemática en su artículo 22, al
reconocer el derecho de las personas a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos
jurídicos o les afecten significativamente de modo similar. Esta
previsión no debe interpretarse como una cláusula aislada de protección
de datos, sino como una garantía estructural frente a la
despersonalización de la decisión.
La misma lógica inspira el Reglamento Europeo de Inteligencia
Artificial (AI Act), que establece obligaciones específicas para
determinados sistemas considerados de alto riesgo. Gestión de riesgos,
documentación técnica, supervisión humana, trazabilidad o controles de
calidad no son exigencias burocráticas. Son mecanismos destinados a
garantizar que las organizaciones puedan demostrar cómo funcionan los
sistemas que utilizan y quién responde por sus resultados.
La caja negra también puede ser corporativa
La clave jurídica está en la accountability, término que se introduce en varias normativas actuales.
La empresa que utiliza IA no puede escudarse en que el modelo lo
desarrolló un tercero, en que el resultado fue generado automáticamente o
en que la decisión final fue adoptada por un empleado que se limitó a
validar una recomendación. La responsabilidad no desaparece porque
intervenga una máquina. Al contrario, cuanto mayor sea la opacidad
técnica, más exigente debe ser la diligencia organizativa.
Por eso, el principal riesgo no siempre está en el algoritmo, sino
en la ausencia de gobierno interno. Muchas compañías desconocen qué
herramientas de IA están utilizando sus áreas de negocio (se estima que
el 60% de los empleados usan IA que su empresa desconoce -shadow AI-),
qué datos se incorporan a los sistemas, si existen transferencias a
proveedores, si se han evaluado sesgos, si el sistema aprende con datos
nuevos, si hay registros de actividad o si la persona que supervisa
puede apartarse realmente de la recomendación automatizada. La caja
negra, en estos casos, no es solo tecnológica, es corporativa.
Este punto es especialmente relevante para los órganos de
administración. La IA ya no puede tratarse como una decisión puramente
técnica o departamental. Cuando afecta a procesos críticos o a derechos
de terceros, entra en el perímetro del gobierno corporativo, del mapa de
riesgos, del sistema de compliance y, en su caso, de la función de protección de datos.
Del cumplimiento documental al cumplimiento operativo
La diligencia debida exige identificar los usos de IA, clasificarlos
por riesgo, asignar responsables, aprobar políticas internas, revisar
contratos con proveedores, establecer controles periódicos y documentar
las decisiones relevantes. Pero también exige superar la brecha entre
cumplimiento formal y cumplimiento operativo.
El riesgo más sofisticado no es carecer de documentos, sino tenerlos
sin que modifiquen la realidad. La supervisión humana es,
probablemente, uno de los puntos más débiles del cumplimiento actual. El
AI Act la exige para sistemas de alto riesgo, pero su eficacia
dependerá de cómo se implante. No basta con colocar a una persona al
final del proceso.
Por eso, el debate abierto por Magnifica Humanitas tiene una
lectura especialmente relevante para el mundo empresarial. Más allá de
consideraciones éticas o filosóficas, la cuestión central es jurídica:
cuando una decisión que afecta a una persona está condicionada por un
algoritmo, alguien debe responder por ella.
---
* María Pardo de Vera, socia del área de protección de datos y derecho digital de Ceca Magán.
