- El interventor de la Junta en Almería advierte que los expedientes investigados sobre cursos de formación no han prescrito
- Todas las subvenciones de los cursos de formación en Almería presentan irregularidades
En el mismo decía que no se podía sostener “indubitadamente” que el dinero se había destinado al fin adecuado.
El interventor de la Junta de Andalucía en Almería, José Castillo Gualda, no aceptó ninguna de las alegaciones que la Delegación de Educación, Cultura y Deporte, hizo al informe especial que elaboró sobre las subvenciones por los cursos de formación que están siendo investigados judicialmente.
Así lo ha reconocido en el transcurso de su comparecencia en la comisión parlamentaria de investigación, donde quedó claro que lo único que sí recogió fue algunas matizaciones aclaratorias sobre datos o legislación, pero no sobre el fondo de los reparos expresados. Tal como ha recogido Noticias de Almería, el total de 51 expedientes analizados por la Intervención almeriense contenía algún tipo de irregularidades, hasta el punto de que Castillo sostiene en dicho informe que no se puede sostener que “indubitadamente” el dinero se ha destinado al fin correcto.
A Castillo le llegó un “oficio” con las alegaciones de la delegada territorial, que eran un total de 90 archivos definitivos, mientras que en sentido contrario, este órgano sí que aceptó todas las recomendaciones expuestas por él, hasta el punto de que pasado un tiempo le remitió un escrito explicando cómo se habían implantado.
Hay que recordar que una parte importante de lo que se investiga a nivel judicial es si las subvenciones pagadas se destinaron o no a su fin. En ese sentido, el interventor reconoció que esa comprobación es tarea suya, pero que en aplicación del artículo 40 del Reglamento de Intervención, puede ser sustituida por una certificación del órgano gestor de la subvención acreditativo de que efectivamente se ha cumplido.
De esta forma, y habida cuenta de que tal como también indicó, sólo siete personas analizan en Almería hasta 20.000 expedientes anuales, la norma es esa certificación que a la postre significa que el órgano político que autoriza la ayuda es quien la justifica, y la Intervención se limita a ordenar el pago.
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