Así lo recoge el informe especial del interventor de la Junta de Andalucía en la provincia
- El interventor de Almería no aceptó ninguna de las alegaciones de la Junta a su informe sobre irregularidades en los cursos de formación
- El interventor de la Junta en Almería advierte que los expedientes investigados sobre cursos de formación no han prescrito
- Todas las subvenciones de los cursos de formación en Almería presentan irregularidades
Los cursos de formación que están bajo investigación en 18 juzgados de las ocho provincias andaluzas y que también son objeto de estudio en una comisión parlamentaria, no sirvieron para dar cumplimiento a su fin primordial, que era dar trabajo a los alumnos, según se desprende del informe especial que sobre este asunto elaboró el interventor de la Junta de Andalucía en Almería, José Castillo Gualda.
Castillo sostiene que no se puede afirmar de manera “indubitada” que las subvenciones que provienen de la Unión Europea y tramita la Junta de Andalucía, hayan tenido el fin para el que se concedieron. Hay que recordar que en total, el presunto fraude se podría elevar a 72 millones de euros según datos de la propia Junta de Andalucía.
A pesar de ello, considera que no se ha producido “menoscabo” de fondos públicos ya que aún está en fase de justificación algunos de ellos, y que en todo caso son expedientes “vivos” puesto que no han prescrito, por lo que en caso de detectarse incumplimientos podría ser reclamado el dinero a los beneficiarios.
Pero lo cierto es que de su propio informe especial se deduce que sí ha habido ese menoscabo, ya que afirma textualmente que se ha incumplido el compromiso de contratación del 60% de los alumnos que formaron parte de los cursos de formación, y que además no hay criterio para seleccionar los asistentes. De tal modo que si el fin de los cursos de formación para el empleo era dar empleo, y no lo dieron, pero sí se cobraron las subvenciones, parece evidente que el objetivo de la subvención no se cumplió.
Según Castillo, lo que se puede hacer en estos casos es exigir al beneficiario la devolución parcial de la subvención.
Se da la circunstancia de que para obtener la ayuda, uno de los requisitos más importantes era que la entidad comprometiera la contratación de al menos el 60% de los alumnos. Como ya hemos indicado en otras informaciones, el órgano gestor de la subvención es quien a su vez acaba siendo quien justifica el cumplimiento de la misma, aunque eso sería tarea de los interventores para permitir un control independiente.
Y es que ante el exceso de trabajo de la Intervención, ese control de la justificación que deben ejecutar, se sustituye por un certificado del órgano que dio la ayuda, diciendo que efectivamente se ha cumplido con el fin encomendado, eliminándose de un plumazo ese control externo. Tan habitual es este sistema de la certificación, que es ahora, a raíz de la judicialización de este asunto, cuando la Intervención General ha pedido a las provinciales que hagan ese control directamente en al menos el 25% de la subvenciones.
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