Los 32 partidos fiscalizados percibieron 206,17 millones públicos.
Xavier Gil Pecharromán - 31/07/2015
El patrimonio neto de la coalición CiU al cierre del ejercicio 2013 presentaba un saldo negativo de 8,6 millones de euros, lo que supone una reducción de 659.000 euros sobre el ejercicio de 2012.
Además, Unión Democrática de Cataluña contaba con un saldo negativo patrimonial al concluir 2013 de 13,1 millones de euros, mientras que Convergència Democràtica de Catalunya tenía un saldo positivo de 8,8 millones, aunque la tendencia de los últimos años ha sido a reducirlo en un orden de más de 1,5 millones de euros anuales.
Por su parte, las cuentas de Izquierda Unida presentan en las cuentas de 2013 un saldo negativo de 11,7 millones de euros. La deuda fundamental se contabiliza en IU Federal -8,2 millones de euros, Andalucía -3,01 millones de euros- y Madrid -2,1 millones de euros-.
En el caso de Iniciativa per Catalunya-Les Verds (ICV), se acumulaba en diciembre de 2013 una deuda de 1,7 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas, presidido por Ramon Álvarez de Miranda, ha fiscalizado 32 formaciones en total, que han percibido, directa o indirectamente, algún tipo de subvención pública para atender sus gastos de funcionamiento, recursos que fueron otorgados por el Estado, el País Vasco y la Comunidad Valenciana.
Las grandes cifras
La financiación pública percibida por los partidos políticos, en el ejercicio 2013, ha supuesto un total de 216,7 millones de euros, según se desprende de las comunicaciones remitidas por las Instituciones otorgantes a las que el Tribunal de Cuentas les ha solicitado información (entre las que no se incluyen
los ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes).
Los recursos privados contabilizados por cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes han ascendido a 42,8 millones de euros y las donaciones recibidas a 5,9 millones.
Por otra parte, la deuda contabilizada por los partidos políticos mantenida con entidades de crédito, a finales del ejercicio 2013, ascendía a 205,7 millones de euros, de los que 127 millones corresponden a deudas con garantía hipotecaria.
Se han detectado incumplimientos de la prohibición de recibir donaciones anónimas en dos de los partidos fiscalizados, si bien estas donaciones supusieron importes insignificantes.
Además, se ha comprobado la ausencia de cuentas bancarias específicas para el ingreso, en exclusiva, de las cuotas y aportaciones de los afiliados, adheridos y simpatizantes; el ingreso de donaciones en cuentas no destinadas exclusivamente a recursos de esta naturaleza; y donaciones procedentes de personas jurídicas, sin que conste el acuerdo preceptivo del órgano social competente.
Por otra parte, algunas formaciones se encontraban obligadas a reintegrar los remanentes pendientes de aplicación de las subvenciones que fueron otorgadas para sufragar los gastos de seguridad; en otros casos, se ha verificado el incumplimiento de la prohibición legal de realizar pagos en efectivo por importes superiores a 2.500 euros; asimismo, existían formaciones que continuaban manteniendo participaciones en sociedades mercantiles, estando prohibida la realización de cualquier actividad mercantil por los partidos políticos.
Las fundaciones vinculadas
En relación con las fundaciones vinculadas orgánicamente a los partidos políticos, se ha optado por fiscalizar las que fueron identificadas como vinculadas por las formaciones con representación en las Cortes Generales, ascendiendo a un total de 41 fundaciones objeto de fiscalización. De estas, cinco no presentaron cuentas argumentando que no habían percibido donaciones por la falta de actividad en dicho periodo. No obstante, otras fundaciones que no han tenido actividad durante el ejercicio han presentado cuentas.
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