Tribuna 09-12-2025 Madrid
Un solo episodio de fraude, corrupción, delito medioambiental, fallo tecnológico o uso indebido de datos puede desencadenar multas millonarias, investigaciones mediáticas, pérdida de confianza e incluso la desaparición de la empresa. De ahí surge una pregunta crucial: ¿puede el compliance, cuando está bien diseñado y ejecutado, realmente salvar a una empresa?
Sujeto responsable
A partir de la reforma del Código Penal de 2010, España introdujo la posibilidad de exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas por delitos cometidos en su beneficio o interés. Esta transformación supuso un giro radical en la concepción del Derecho Penal económico: la empresa dejó de ser un mero instrumento pasivo para convertirse en un sujeto responsable capaz de ser juzgado, sancionado y sometido a medidas tan graves como la suspensión de actividades, la clausura temporal, la intervención judicial o incluso la disolución. No se trata de una teoría abstracta, múltiples sentencias posteriores han confirmado que la empresa puede ser penalmente responsable incluso aunque no exista un beneficio económico directo, siempre que el delito se haya cometido en el marco de su actividad y haya sido facilitado por fallos sistémicos en el control interno.
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