"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la séptima promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, anunció ayer que este organismo supervisor revisará el Código Unificado de Buen Gobierno, que regula la forma de actuar de los órganos sociales de las empresas cotizadas.
Xavier Gil Pecharromán - 29/11/2012 - 6:00
La base de estas modificaciones será la normativa comunitaria y buscará eliminar aspectos en los que se ha demostrado que existe una falta de comunicación entre las sociedades y sus auditores. Anunció, asimismo, que la CNMV elaborará antes de concluir el primer trimestre de 2013 un informe sobre la actuación de los órganos de gobierno de las sociedades, que servirá para difundir criterios de actuación y como base de informes estadísticos sobre las tendencias de los diferentes sectores.
En su intervención en el XXI Congreso Nacional de Auditoría, organizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE), comentó que en el ámbito de la información financiera, "el auditor ha de tener más implicación y verificar un comportamiento socialmente responsable, que en cierta medida recoge el informe integrado realizado cada ejercicio". Se trata de detectar los posibles fraudes, mediante la creación de una imagen fiel de la situación de los balances de las sociedades auditadas.
Rectificaciones de cuentas
"No es comprensible que se hayan tenido que rectificar con posterioridad cuentas, cuando se habían aprobado sin salvedades", señaló la presidenta de la CNMV, en una clara alusión al caso Bankia. En esta misma línea, reclamó las competencias de supervisión para las auditorías realizadas a las entidades de interés público, entre las que se encuentran las sociedades cotizadas, financieras, y aseguradoras con grandes volúmenes de facturación. Se trabajará en la creación de canales de información entre la CNMV y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac) si estas competencias regulatorias se transfieren.
El traspaso de las competencias reguladoras a la CNMV se realizará en línea con las modificaciones que en la actualidad estudia Bruselas para la Esma (regulador de los mercados comunitarios), que ya tiene competencias sobre los reguladores de los Estados miembros que ya han recibido las competencias sobre las auditoríaS, tal y como ocurre con Italia.
Por su parte, la presidenta del Icac, Ana María Martínez-Pina, señalaba que en la actualidad la Comisión Europea debate la existencia de una lista negra de servicios prohibidos para los auditores y una lista gris de servicios que podrán llevar a cabo, pero con la solicitud de permiso al regulador. Existe un amplio debate entre quienes piensan que la lista gris debería desaparecer y quienes la apoyan.
A este respecto, Rafael Cámara, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, anunció que estas diferencias se pueden superar, ya que hay bastante acuerdo entre limitar a un 10 por ciento de los honorarios estas actividades, que para algunos debería de suponer como mínimo un 15 por ciento.
El juez y la fiscalía consideran clave la declaración de Deloitte que analizó las cuentas Los imputados que ya han pasado por la Audiencia Nacional rechazan responsabilidades
Jesús Sérvulo González - Madrid 23 DIC 2012 - 00:00 CET
La clave está en el informe de auditoría. El juez Fernando Andreu,
que instruye el caso Bankia, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación
(UPyD y 15M) esperan con especial interés la declaración del socio de
Deloitte, Francisco Celma, responsable de analizar y validar los
balances del grupo financiero. Confían en que aclare por qué las cuentas
de 2011 pasaron de arrojar un beneficio de 305 millones a unas pérdidas de 2.979 millones en unos pocos días. Y, sobre todo, por qué se retrasó el informe hasta superar el plazo legal, lo que forzó que la entidad fuera nacionalizada.
Varios
de los consejeros imputados en el caso culpan al auditor de ocultar el
desfase en las cuentas. Según declaró el pasado lunes ante el juez,
Araceli Mora, consejera independiente y miembro de la comisión de
auditoría de la entidad, Francisco Celma justificó el aplazamiento del
informe porque el expresidente de Bankia Rodrigo Rato estaba en
“negociaciones” sobre el futuro del banco. Mora, catedrática de Economía
de la Universidad de Valencia, aseguró que comenzó a sospechar de que
algo extraño ocurría con las cuentas el 25 de abril cuando telefoneó
varias veces al auditor sin obtener respuesta alguna.
Una semana después, el 3 de mayo, el consejo de administración de
Bankia, que presidía Rato, aprobó las cuentas con un beneficio de 305
millones. Pero los estados financieros no iban acompañados por el
pertinente informe de auditoría. Tampoco se presentó al día siguiente a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como es obligatorio.
Mora llamó al auditor para pedirle explicaciones. “Tú sabrás, que estáis
en negociaciones”, contó la consejera que le respondió el socio
auditor. El juez se propone conocer el contenido de esas negociaciones.
Por eso, fuentes de la Audiencia califican la declaración de esta
consejera independiente como clave en la investigación.
Unas 24 horas después Rato presentó la dimisión.
Y dos semanas más tarde, el nuevo presidente de la entidad, José
Ignacio Goirigolzarri, reformuló las cuentas de 2011: que pasaron a
arrojar pérdidas por 2.979 millones, lo que obligó a Bankia a pedir
ayudas públicas por 19.000 millones. Mora considera que esta
modificación no debería justificarse por la nueva reforma del sector
financiero del Gobierno, que obligaba a realizar nuevas provisiones. “No
puede aplicarse con carácter retroactivo”, indicó la consejera. Mora
dimitió el 25 de mayo para no aprobar las nuevas cuentas reformuladas
ese mismo día.
Los responsables de las cajas que formaron Bankia, el día de la fusiónCARLES FRANCESC
Los discusiones entre Deloitte y Rato se centraron en dos grandes
problemas: el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia,
tenía valorada su filial en 12.000 millones cuando en Bolsa valía 2.000
millones. El auditor sostenía que era una valoración irreal y reclamó
que se ajustara, al menos, hasta los 8.500 millones. Es decir, había que
reducir el beneficio o los recursos propios en 3.500 millones. Por otro
lado, BFA se había anotado créditos fiscales (consiste en contabilizar
beneficios por impuestos que prevé ahorrarse en el futuro) por 2.500
millones. Deloitte sostenía que era casi imposible pensar que BFA podría
obtener esos beneficios en los próximos años.
Desde el primer trimestre del año hubo dudas sobre cómo iba a cerrar
BFA-Bankia sus resultados. Sin reconocer los problemas con claridad, la
entidad sostenía que si se le daba tiempo y un poco de ayuda, podría
salir adelante. No obstante, Rato no consultó habitualmente los
problemas más graves con el consejo, donde, por otra parte, se sentaban
muchas personas que han admitido no entender un balance bancario, lo que
les restaba posibilidades de comprender los problemas a los que se
enfrentaba Bankia. Así, algunos de los imputados en el caso justificaron
que aprobaron esos nuevos balances por “responsabilidad”. El juez trata
de dilucidar qué hay detrás de ese argumento.
Rato echó la culpa al Gobierno de Zapatero y al de Rajoy
Rodrigo Rato compareció el pasado jueves ante el juez y justificó que Deloitte no había alertado sobre salvedades
antes de la aprobación de las cuentas. El ex vicepresidente del
Gobierno de Aznar aseguró que Celma le garantizó que le entregaría el
informe a tiempo para aprobar sus cuentas. "Aunque tenga que trabajar
toda la noche", le dijo Celma, según manifestó Rato ante el juez. Pero
el visto bueno del auditor nunca llegó. Rato no supo explicar el jueves a
qué se debió el retraso, según fuentes de la acusación.
Otros imputados también han señalado a Deloitte.
El expresidente de la Comisión de Auditoría de Bankia, Alberto Ibáñez,
criticó la "pasividad" de la firma. Y manifestó que el socio solo había
presentado dos objeciones a las cuentas antes de que el consejo aprobara
las primeras cuentas que arrojaron beneficios. Pese a ello, el auditor
no entregó el informe, dijo.
José Manuel Fernández Norniella, otro de los imputados, declaró que
el presidente de la entidad contrató a la misma firma en marzo,
Deloitte, para que elaborara un plan de capitalización y viabilidad que
disipara las dudas sobre la entidad. Este punto puede ser importante
porque no es fácil entender por qué se encargó este informe a Deloitte
si había un encontronazo entre Rato y la auditora. Norniella, mano
derecha de Rato, afirmó ante el magistrado que el Banco de España avaló
dicho informe. Pero el plan tuvo que ser modificado por las nuevas
exigencias del Gobierno para la banca. Finalmente, el ministerio de
Economía rechazó el proyecto lo que desencadenó la dimisión de Rato,
según han declarado varios de los consejeros ante el juez. Nadie duda de
que Rato mantuvo tensas conversaciones a tres bandas: Gobierno,
Deloitte y Banco de España para cerrar las cuentas. Al final, solo contó
con el apoyo del supervisor, y no fue suficiente.
Una consejera asegura que Deloitte frenó el informe
Otro de los que señaló a Deloitte fue el ex ministro popular, Ángel
Acebes, que dirigió la comisión de auditoría de la matriz BFA. El
exsecretario general del PP dimitió de su cargo y abandonó el banco dos
semanas antes de reformularse las cuentas. En su declaración ante el
juez Andreu aseguró que la auditora no le informó de los problemas
contables de la entidad y solo aludió a "unos temas pendientes de
análisis".
Tras escuchar los testimonios de los 33 imputados el magistrado solo
ha sacado una conclusión: ninguno de los miembros del consejo de
administración asume un ápice de culpas. La mayoría ha responsabilizado
de la debacle de la entidad a Deloitte, apuntan al ex gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al ministro de
Economía, Luis de Guindos e incluso a su predecesora Elena Salgado. Pero
ni rastro de arrepentimiento. En algunos casos ni de pudor: “Queríamos
quitárnoslas de encima. Si Deloitte dice que las cuentas están bien, no
me las voy a leer”, declaró al juez Arturo Fernández, presidente de la
patronal madrileña y exconsejero de Bankia. Cobraba cerca de 300.000
euros por su cargo. El Supremo ha dictado varias sentencias contra
consejeros de empresas con problemas que firmaban las cuentas sin
conocer la situación de la sociedad, por dejación de funciones.
Los testimonios de los imputados
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha escuchado el
testimonio de los 33 miembros del consejo de administración del grupo
BFA-Bankia. Estas son algunas de las declaraciones:
El expresidente de Bancaja, José Luis Olivas,
aseguró el pasado miércoles que “el gobernador del banco de España tiene
mucho poder”. Trataba de justificar por qué accedió a la fusión de la
caja valenciana con Caja Madrid. “Me advirtieron de que tenían una
inspección en marcha”, añadió.
Rodrigo Rato, expresidente del grupo financiero,
declaró: “Deloitte habia dicho en la comisión de auditoría de Bankia que
no había salvedades. Había una opinión del auditor”.
Una de las comparecencias más controvertidas ha sido la del presidente de la patronal madrileña y ex consejero de Bankia, Arturo Fernández,
quién manifestó: “Si Deloitte dice que están bien las cuentas, no me
las voy a leer”. Respecto a la reformulación de cuentas dijo: “Queríamos
quitarnolas de encima de la forma más rápida posible”.
En la Audiencia sorprendió el testimonio de Mercedes de la Merced,
ex consejera de BFA. Esta política vinculada al PP justificó la salida a
Bolsa del grupo en el verano de 2011 por “los brotes verdes” que había
divisado el anterior Gobierno socialista. Su partido, sin embargo, echó
por tierra las buenas perspectivas económicas que vendía el Ejecutivo
anterior. “Compré 80.000 euros en preferentes” porque consideraba que
eran un buen producto, agregó.
El exministro del PP, Ángel Acebes, también desfiló
por los pasillos del juzgado para explicar algunas de las actuaciones
que provocaron la caída de Bankia. Explicó que el auditor solo advirtió
“unos temas pendientes de análisis” sin importancia.
La mano derecha de Rodrigo Rato en la entidad, José Manuel Fernández Norniella,
justificó la estrategia final del banco. Destacó los esfuerzos del
banco para adaptarse a las exigencias de capital a las que iba obligando
el Gobierno. Norniella dijo que encargó un informe a Deloitte que avaló
el Banco de España. “Las palancas incluidas en el plan deberían ser
suficientes para el cumplimiento de los requerimientos fijados”, dijo el
supervisor, según el imputado.
El exsecretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada,
explicó al juez que “tan correcto son beneficios de 300 millones como
pérdidas de 3.000 millones”. Justificó la salida a Bolsa porque “era
bueno para España y para la sociedad”.
Otros imputados también insistieron en desconocer los detalles de las
cuentas. "Tan correctos son beneficios de 300 millones como pérdidas de
3.000 millones", señaló en el juzgado Ricardo Romero de Tejada, ex
consejero de la entidad [cargo por el que cobraba 270.000 euros] y ex
secretario general del PP de Madrid, quien aseguró desconocer que el
Banco de España había realizado una advertencia sobre la situación de la
entidad. Aún más clara fue la ex secretaria de Esperanza Aguirre,
Mercedes Rojo, que ocupó un cargo en la comisión de auditoria de Bankia.
Esta admitió ante el juez que carecía de "conocimientos financieros" y
por eso mostró "reticencias" a su ocupar su puesto por el que cobró
345.000 euros.
Algo parecido sostuvo Juan Manuel Suárez del Toro, presidente de Caja
Insular de Canarias, quien manifestó en su compareciencia en el
tribunal como imputado que ignoraba el agujero en las cuentas de la
entidad: "Nos enteramos de la situación cuando se propuso el
nombramiento de Goirigolzarri como presidente".
El magistrado está interesado en esclarecer los detalles sobre la
salida a Bolsa, la determinación de valor de la compañía y la inmediata
depreciación del valor de las acciones. Bankia se estrenó en el parqué
madrileño el 20 de julio de 2011. El precio de la acción se fijó en
3,75%, un 15% menos del anunciado en el folleto de emisión. Un año
después los títulos de Bankia habían perdido más del 80% de su valor. El
juez considera que los consejeros del grupo BFA-Bankia pudieron
distorsionar las cuentas "a fin de dar la impresión o crear la ficción
de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo
que les sirvió para mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse
la cofianza de los inversores en su salida a Bolsa".
La semana pasada también declaró como imputado el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, quien manifestó que el gobernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le amenazó con intervenir Bancaja si no
aceptaba la fusión con Caja Madrid. El ex presidente interino de la
Comunidad Valenciana por el PP explicó al magistrado que trató de
oponerse a la operación porque la situación de la caja valenciana era
buena. Y admitió que “en condiciones normales” no hubiera accedido a la
unión. El juez le preguntó que si estaba saneada la caja qué es lo que
temía del supervisor: “El gobernador del Banco de España tiene mucho
poder”, rspondió.
El consejero delegado del grupo BFA-Bankia, Francisco Verdú, que
también prestó declaración en calidad de imputado, admitió que desde su
llegada detectó “problemas de liquidez”. Verdú fue fichado por Rato en
julio de 2011 para resolver los problemas de mora y para reforzar el
capital e implantar planes de ahorro, según relató en la vista. Verdú
reveló las dificultades de la entidad, que tenía deudas por 18.000
millones. Solo en 2012 debía hacer frente a pagos por 3.000 millones.
Este ejecutivo cobró 1,7 millones por un año de trabajo.
Tras los imputados, ahora es el momento de los testigos. En esa lista
figuran el ex gobernador del Banco de España y el actual presidente de
Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Las declaraciones de Ordóñez pueden
levantar la polémica porque ya se manifestó en el Congreso contra la
nacionalización de Bankia. Lo que nadie duda es que este es el gran
problema del sistema financiero que tendrá un elevado coste para el
contribuyente y sobre el que todavía hay demasiadas sombras.
No quiso explicar, entre otras cuestiones, por qué tasa la plaza en Primera
A. Centeno P. Barreiros A Coruña / La Voz 22/12/2012 07:00 h
En su línea de oscurantismo, Lendoiro ocultó ayer a los accionistas
del Deportivo el informe que sobre las cuentas realizó la auditora Rocío
Díez-Andino. Es este un documento clave para entender la situación real
del club, pero que el dirigente blanquiazul decidió pasar por alto,
pese a que en la intervención de algún socio se le hizo referencia al
mismo.
Ya antes de la junta, Lendoiro no cumplió la ley al no
facilitar dicho informe hasta un día antes de la asamblea. Incluso solo
se lo proporcionó a un número limitado de accionistas, tal y como
demostró Fernando Freire, que subió al estrado para protestar por la
falta de información: «En el club me dijeron que me lo darían aquí.
Llego aquí y me dicen que no lo tienen y solo me dan las cuentas», se
quejó este socio. El presidente le respondió que hoy se lo entregaría.
Xosé Iglesias Salorio, el accionista más activo
durante la junta de ayer, le formuló una serie de dudas sobre el activo
del club que eran cuestionadas por la auditora, pero Lendoiro solo le
respondió a una, la referida a la tasación de las instalaciones
municipales (Playa Club y estadio). El dirigente dijo que el complejo
hostelero era un activo porque había comprado su concesión y podía
venderla en cualquier momento, mientras que sobre el estadio aseguró que
el club había invertido dinero en algunas mejoras.
No quiso sin
embargo pronunciarse sobre el motivo por el cual había tasado la plaza
en Primera División cuando en el ejercicio 2011-12, que es el que se
analiza, el Deportivo estaba en Segunda y el año pasado también la tasó
en Primera.
También evitó hablar sobre qué jugador o
jugadores posee el Deportivo derechos por valor de más de ocho millones
de euros, tal y como recoge la propia memoria de la entidad.
En
su informe, la auditora expresa que el Deportivo incluye como activos
más de 63 millones de euros que se corresponden en más de la mitad a las
tasaciones de la plaza en Primera y de las concesiones municipales.
Esta cifra supone casi la mitad del activo que dice tener el club, por
lo que cobra especial importancia, pese a que Lendoiro evitara hablar de
ello.
Comparativa con Bankia
Entre las
intervenciones de los accionistas, generó algunos comentarios la de José
Alonso Cabarcos cuando dijo que a él las cuentas de Lendoiro no le
generaban duda pues «son tan buenas y defendibles como las de Bankia».
Por
último, Xosé Iglesias Salorio le rogó al presidente del Deportivo que
en el futuro tuviera en consideración utilizar el gallego en el día a
día del club y que, para que a la entidad no le costara nada, él le
facilitaría profesionales que lo hicieran gratis. Entre risas le
respondió que miraría el tema.
Ayer se repitió el ritual de cada año. Lendoiro se presentó ante los
accionistas con la delegación de acciones que él dice tener y sacó
adelante unas cuentas que no resisten el más mínimo análisis. Una
tomadura de pelo de tintes épicos.
El informe de auditoría, que más de un experto considera light,
desmonta una contabilidad construida de una manera burda, al igual que
en los años anteriores. Porque no hay que olvidar que desde hace años
las cuentas que Lendoiro presenta a los accionistas que se dan cita en
Santa María del Mar son pura filfa. Se trata de un engaño tremendo al
deportivismo, a todos aquellos que de buena fe creen que quien gestiona
su querida entidad está lo suficientemente capacitado para dirigirla y
es lo suficientemente honesto como para contarles la verdad.
Pero tampoco sería correcto decir que nadie sabía
nada. Empezando por los consejeros de Lendoiro, Felipe Marcos, Pachi
Dopico y Suso Rebollo, quienes en su cargo llevan implícita una
responsabilidad enorme, por muy desproporcionada que sea para el papel
de floreros que han decidido aceptar a las órdenes de Lendoiro. Tanto
ellos, como quienes a sabiendas han contribuido a que el club se
gobierne desde la mentira, tienen su parte de culpa en la ruina en la
que se encuentra el Deportivo.
En la junta no hubo mayores
sorpresas. Lendoiro no explicó lo realmente relevante. ¿Cuánto debe el
club a Hacienda? ¿Qué argumentos serios ha presentado ante el fisco para
que le acepten aplazamientos? ¿Por qué no entregó a los presentes el
informe de auditoría? ¿Cuál es su responsabilidad en todo lo que está
sucediendo?
Nunca hay lugar para la autocrítica en el
discurso de Lendoiro. Actúa como si fuera el propietario, como si el
hecho de que no sea capaz de llegar a un acuerdo con Hacienda fuera
culpa de Hacienda; como si la circunstancia de que el equipo sea el
colista sea responsabilidad única de Oltra; como si los futbolistas que
se van del Deportivo y quieren cobrar fueran unos ladrones; y como si
los periodistas que cuentan lo que él quiere ocultar fueran demonios que
quieren llevar al club al infierno.
A Lendoiro ya no le cree
nadie. Y eso es un problema muy grave para el Deportivo, cuya
supervivencia pende de un hilo y requiere de personas solventes al
frente. Alguien con quien los acreedores se puedan sentar sin recordar
las veces que se han sentido engañados. Una persona, en definitiva, que
genere confianza y que deje de pensar en sus intereses para sacar
adelante a un Deportivo que se merece algo algo mejor.
Asimismo, registró 387 informes favorables de auditorías realizadas a las cuentas anuales de las empresas cotizadas en 2011, el 9% menos de los 426 de un año antes.
Ambos descensos obedecen al aumento de salvedades en las entidades financieras que se encuentran en proceso de reestructuración que son emisores de valores de renta fija.
El supervisor bursátil destaca también que en el año no se recibió ningún informe negativo, y que todas las empresas que componen el IBEX 35 obtuvieron informes favorables.
Los datos de la CNMV indican que también se ha reducido el numero total de informes, que ha pasado de 432 a 402 -el 6,9% menos-, correspondientes a 238 emisores de valores que no incluyen fondos de titulización.
Esto es debido al menor número de emisores que sólo publican cuentas individuales y, en particular, a las cajas de ahorros que debido al proceso de reestructuración del sector financiero no están obligadas a informar a la CNMV.
En cuanto a los informes con limitaciones al alcance, han pasado de una en 2010 a doce en 2011.
En una nota, el supervisor bursátil indica que estas salvedades son importantes porque indican que el auditor no ha dispuesto de información suficiente para aplicar los criterios que disponen las normas técnicas de auditorías.
En esos casos, la CNMV exige por escrito que esa falta de información se subsane de forma inmediata: en un principio, se registraron 22 auditorías correspondientes a once emisores que contenían dichas limitaciones.
Las salvedades por excepciones fueron tres en 2011 frente a cinco en 2010.
De las 402 auditorías realizadas en 2011, 179 contenían algún tipo de párrafo de énfasis -frente a 151 en 2010-, y de éstas 86 ponían mostraban alguna incertidumbre.
Tres emisores que inicialmente presentaban salvedades en sus cuentas reformularon sus cuentas anuales consolidadas, y dos de ellos efectuaron también cambios en sus cuentas individuales.
Tras recibir los informes financieros anuales de 2011, la CNMV requirió información adicional a 23 entidades sometidas a revisión formal y a 49 sujetas a revisión sustantiva.
Además, 31 sociedades fueron requeridas por haber facilitado información fuera de plazo.
Dos emisores, que la CNMV no identifica, han sido requeridos para reformular sus cuentas por incumplimiento.
El organismo solicitó a siete entidades que se hallaban en situación preconcursal o que habían pedido concurso de acreedores más información de la que disponía el mercado, y durante al año tuvo que nombrar dos administradores concursales.
Cada día es más frecuente que las distintas Administraciones Públicas
requieran la colaboración de los auditores privados para la realización
de determinadas actuaciones de fiscalización del gasto público, lo que
redunda en beneficio de la independencia y transparencia de la gestión
de los recursos públicos. En este sentido, una de las colaboraciones que
se realizan con más frecuencia está relacionada con los servicios
profesionales sobre el control de las subvenciones concedidas por los
distintos órganos del sector público.
Trataremos de resumir a continuación los cauces más habituales de
actuación de los auditores privados en el marco del control de
subvenciones. Podemos distinguir dos tipos de colaboraciones en este
ámbito en función de si la intervención del auditor sobre la actuación
subvencionada es total o parcial. En este sentido se puede distinguir:
A. ACTUACIONES DE CONTROL SOBRE LA TOTALIDAD LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: En función del origen de los fondos se pueden realizar las siguientes distinciones:
1.- FONDOS NACIONALES: Colaboración habilitada por el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por RD 887/2006,
por la que se suele requerir un informe de revisión de cuenta justificativa. La actuación a realizar se regula en la Orden EHA/1434/2007.
2.- FONDOS EUROPEOS: Podemos distinguir 3 tipos distintos de fondos:
a) ESTRUCTURALES O DE COHESIÓN (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión): El
control de estos fondos se regula en el Reglamento (CE) 1083/2006. En
este caso, para los controles previos al pago de la ayuda,
tanto por parte del beneficiario de la ayuda como por la del Órgano de
control de los fondos se suele requerir el trabajo de un auditor
privado, habitualmente emitiendo un informe de revisión de cuenta justificativa o de procedimientos acordados.
b) AGRÍCOLAS (FEAGA y FEADER): El control de estos fondos se regula
en el Reglamento (CE) 885/2006. Habitualmente es el Órgano de control
quien requiere la colaboración de un auditor privado para la realización
de controles previos al pago de la ayuda a través de procedimientos acordados.
c) OTROS FONDOS (VII Programa Marco, proyectos piloto,…): Existe una
amplia pluralidad de subvenciones o ayudas, que generalmente se
formalizan mediante un contrato con la Comisión Europea dónde se
establece que el control será realizado por un auditor privado. Destacar
que normalmente, el alcance del control en estos casos se circunscribe
únicamente a la emisión de un certificado del estado financiero del proyecto subvencionado.
B. ACTUACIONES SOBRE OTROS REQUISITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: Existen
determinadas colaboraciones subyacentes a la actividad subvencionada
que llevan a cabo los auditores privados. Estos servicios profesionales
son prestados por los auditores privados bien por imperativos legales o
bien por expreso requerimiento del Organismo competente de la concesión
de la subvención. Entre ellos destacamos los siguientes:
1.- AUDITORÍA DE CUENTAS: Tal y como establece la
“Disposición Adicional Segunda” del Reglamento de la Ley de Auditoría de
Cuentas aprobado por RD 1517/2011, las entidades que durante un ejercicio social hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a Fondos de la Unión Europea por un importe total acumulado de 600.000,00 euros, cualquiera que sea su forma jurídica, deberán realizar una auditoría de cuentas anuales
de ese ejercicio y de los ejercicios en los que se realicen las
operaciones o ejecuten las inversiones relacionadas a las citadas
ayudas.
2.- EMISIÓN DE CERTIFICADOS: Así mismo, habitualmente como parte de la cuenta justificativa, determinadas Administraciones exigen diversos
certificados emitidos por un auditor de cuentas inscrito en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) como ejerciente. En este caso, algunos de estos certificados pueden ser:
Certificado del nivel de gastos de I+D del beneficiario.
Certificado de solvencia del beneficiario para la no presentación de avales bancarios.
Certificado del valor de mercado aplicado a determinados gastos elegibles.
Otros certificados
Es evidente que la colaboración del sector privado de la auditoría
está siendo cada vez más frecuente por el requerimiento de las
Administraciones Públicas para llevar a cabo actuaciones de control de
los fondos públicos en el marco de las subvenciones, lo que redunda en
el incremento de la transparencia de las Administraciones demandada por
los agentes sociales.
Desde Audifiel les podemos prestar el asesoramiento y/o realizar las
actuaciones profesionales relacionados en este ámbito de fiscalización
de subvenciones, por lo que no dude en consultarnos.
El PP pide dejar al margen la actividad económica de los grupos parlamentarios y municipales, en contra del Tribunal de Cuentas
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Plan de Contabilidad que la Ley de Financiación de Partidos de 2007 pidió para las formaciones políticas y sus fundaciones empezará a aplicarse en 2014, siete años después, y sus resultados se verán en 2015, una vez que venza ese primer ejercicio de vigencia.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentó este martes a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) los ejes principales del borrador que la institución remitió a las Cortes el pasado mes de marzo y que hasta ahora no se ha podido debatir.
Tras escuchar al presidente de la institución, la Comisión Mixta organizará un nuevo debate con propuestas de resolución de los grupos parlamentarios sobre las cuestiones que quieren modificar. Las conclusiones se elevarán al Tribunal de Cuentas, que ya aprobará un texto definitivo para su aplicación con fecha 1 de enero del año siguiente, esto es, 2014.
En todo caso, la institución ha precisado que el plazo de aplicación es orientativo y que será el Pleno del Tribunal de Cuentas el que, atendiendo a la evolución de las estructuras contables de los partidos, determine si se alarga o acorta ese periodo transitorio.
DEBATE INTERNO Y ASESORÍA DE AUDITORES
Álvarez de Miranda ha comentado a diputados y senadores la complejidad de diseñar ese plan de contabilidad que los partidos y fundaciones vinculadas deberán seguir anualmente para la presentación de sus cuentas.
Ha reconocido que hubo un "intenso debate" en la institución acerca del procedimiento que debía seguir y que se decidió suscribir un convenio con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para empezar escuchando a expertos antes de la redacción del anteproyecto.
El PP, por boca del diputado Eloy Suárez, entiende esa complejidad y ha afirmado que tampoco resulta fácil para los partidos adaptarse a esta nueva normativa contable. De entrada, ya ha adelantado que mantiene algún "punto de fricción y conflicto" con el Tribunal de Cuentas.
A su juicio, los grupos parlamentarios y los grupos políticos de las entidades locales deberían quedar fuera de ese plan de contabilidad de los partidos porque "tienen una normativa propia en los reglamentos de las Cámaras o de los Ayuntamientos".
En cambio, el Tribunal de Cuentas considera que los parlamentarios y concejales, independientemente del grado de autonomía implantado en la toma de las decisiones económicas, llevan a cabo la labor de los partidos políticos en las instituciones, por lo que prefiere incluir sus datos siguiendo el principio de "continuidad de la actividad económica".
"En consecuencia, a efectos de la representatividad de los estados financieros de los partidos políticos, se considera que las cuentas anuales consolidadas son las que mejor reflejan, en todos los aspectos significativos, la actividad económico-financiera del partido político", señala en borrador de Plan de Contabilidad.
El PP ya ha anunciado que pedirá la exclusión de los grupos parlamentarios y municipales, como de hecho ya avanzado en otra propuesta de resolución referida al informe de los partidos políticos en 2007.
La propuesta del PP se produce justo en un contexto en el que el Gobierno viene rebajando las subvenciones que se otorgan anualmente a los partidos políticos --un 60 por ciento en apenas año y medio-- y cuando los 'populares' cuentan con mayoría absoluta en las Cortes y la gran mayoría de los Parlamentos autonómicos.
HAY QUE BUSCAR LA CONTABILIDAD MÁS COMPLETA
Álvarez de Miranda ha prometido que el Tribunal de Cuentas va a estar "atento" a las resoluciones que apruebe en su momento el Parlamento pero ha recordado que la ley busca analizar cada partido como "una única realidad económica" y que conviene buscar "la integración de la contabilidad más completa y abarcando el mayor número de realidad económica afectada por la gestión del propio partido".
El Plan de Contabilidad para las formaciones políticas también prevé la inclusión en las cuentas anuales consolidadas de las organizaciones políticas de "la actividad desarrollada por las sociedades controladas" por los partidos y "por las fundaciones que tengan la calificación de entidades vinculadas".
Precisamente en este punto el PP ha pedido también las modificaciones normativas oportunas para establecer unos criterios destinados a determinar la existencia de vinculación entre fundaciones o asociaciones y partidos políticos.
Auditoría Contable LADE: última clase del año 2012
Esta tarde hemos tenido la última clase de Auditoría del año. Hemos aprendido qué funciones tienen las corporaciones representativas de los auditores (REGA, REA y Censores) y a encontrar auditores y normas técnicas en la web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El jueves está fechada la primera convocatoria de la junta de accionistas del Deportivo y estos todavía no han podido leer ni el informe de auditoría, ni la memoria que elabora el club. Y es que Lendoiro no les ha remitido, ni siquiera a los que lo pidieron por escrito, esta información.
Según recoge la convocatoria publicada en el Borme el pasado mes de noviembre, desde ese mismo instante, los socios pueden solicitar la documentación en la sede del club y recibirla gratis. El dirigente, igual que ha hecho en los años anteriores, retrasa la entrega de la información, sin que haya explicado nunca los motivos.
Este es el texto que la convocatoria de la junta recoge sobre el derecho de información: «De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, y 15 de los Estatutos sociales, se advierte expresamente a los señores accionistas de su derecho de solicitar en el domicilio social, y en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de ambas Juntas y de pedir la entrega gratuita de dichos documentos (artículo 272.2 de la LSC)».
Sí tienen los socios que lo deseen el balance del ejercicio pasado, así como el presupuesto de la presente temporada. Los interesados pueden dirigirse a las oficinas del club. Pero allí no les facilitan la documentación clave para conocer la situación de la entidad. El informe que realiza la auditora, así como la memoria, es información imprescindible para realizar una mejor interpretación de las cuentas. En ese informe, en los últimos años la auditora había reflejado importantes salvedades que ponían en entredicho las cuentas que facilitaba Lendoiro, así como la viabilidad del club.
Entre esas salvedades, las dudas sobre la deuda real con Hacienda, que Lendoiro decía desconocer y que La Voz informaba el pasado sábado que es de setenta millones de euros más intereses.
Visita de Rodrigo García Martínez, del Centro de Transfusión de Almería:
Esta mañana hemos compartido la clase de "Gestión de Organizaciones sin Ánimo de Lucro" con mi buen amigo Rodrigo, antiguo alumno de LADE, actual compañero en la Profesión.
Rodrigo en plena exposición
Nos ha explicado de forma brillante y amena las maravillas que tienen
que hacer en el Centro para gestionar un presupuesto que se ha visto
mermado a las cifras de 2006 habiendo duplicado su actividad.
Foto de familia (3º del Grado en Finanzas y Contabilidad)
Interesantísima
la incidencia que las nuevas tecnologías tienen en la gestión cotidiana
de las donaciones. Gracias al uso de las redes sociales <https://www.facebook.com/donantesalmeria>
y a los mensajes SMS han podido incrementar las donaciones reduciendo
costes en aspectos tan socialmente responsables como el consumo de
papel.
La International Federation of Accountants (IFAC) emisorade las Normas Internacionales de educación (IES,por sus siglas en inglés) por medio de su consejo denominadoInternational Accounting Education StandardBoard (IAESB), promulgó la norma IES 8, con entrada en vigor a partir del 1 de julio de 2008. Esta norma es la primeraque hace referencia a una especialidad dentro de laprofesión contable: la auditoría.
La globalización de los negocios ha aumentado la necesidadde generar información financiera consistente y dealta calidad en todo el mundo. Por ello, el interés de tenerpuntos de referencia internacionales (buenas prácticas) que establezcan las competencias deseadas conlas que deberán contar los auditores profesionales, pues,esto ayudará a promover la aceptación y aplicación delas normas internacionales de contabilidad y auditoría.
Esta norma establece que la auditoría es un proceso estructuradoque implica la aplicación de conocimientosespecializados y habilidades analíticas, gerenciales, juicioy escepticismo profesional, por parte del equipo deprofesionales que la realiza. Al ser parte integral de los sistemas de rendición de cuentas y responsabilidadesdentro de las organizaciones, tiene que adaptarse a losambientes complejos y cambiantes de las diversas estructurasde los sectores públicos, privados y no lucrativos.
La norma IES 8 es necesaria no solamente por el conocimientoespecializado que se requiere para ejercer la auditoría,sino también por la confianza que el público leotorga a este servicio profesional. Ningún Contador profesionalpuede dominar todas las áreas de la contabilidad, la especialización es indispensable para asegurarque los servicios proporcionados se realicen con los conocimientos,habilidades y actitudes necesarias para lograrresultados de alta calidad.
Para adquirir las competencias necesarias para ser unauditor profesional, los individuos requieren educacióny desarrollo, adicionales a los requisitos solicitados paratitularse de Contador Público, los cuales pueden incluir:
Educación profesional avanzada impartida por institucionesacadémicas u organismos profesionales.
Programas de formación profesional.
Experiencia profesional.
Cursos y actividades de educación profesionalcontinua.
El conocimiento y habilidades adquiridas, deberán serevaluados para demostrar las competencias necesarias yasí, asumir la responsabilidad de emitir juicios significativosen relación con la situación financiera de una entidadeconómica. También, debe existir un compromiso con la educación continua, con el fin de mantener actualizadoslos conocimientos y competencias indispensablespara brindar un servicio de alta calidad.
El conocimiento de un profesional en el área de auditoríadebe incluir:
Auditoría avanzada. Mejores prácticas y desarrollosde actualidad relevantes, incluyendo las normas y procedimientosinternacionales de auditoría, y cualesquieraotras normas y leyes aplicables.
Contabilidad avanzada. Procesos y prácticas de contabilidad,incluyendo desarrollos de actualidad relevantes,normas internacionales de información financieray cualesquiera otras normas y leyes aplicables.
Tecnologías de Información (TI). Sistemas de TI paracontabilidad e información financiera, así como susmarcos para análisis de controles y evaluación de riesgosapropiados para la auditoría de estados financieros.
Las habilidades profesionales requeridas para ser consideradoun auditor profesional deben incluir:
Identificar y resolver problemas.
Realizar investigación técnica apropiada.
Trabajar en equipo de forma eficaz.
Recabar y evaluar evidencia.
Presentar, discutir y defender puntos de vista, eficazmente,mediante comunicación formal, informal, escritay hablada.
Las habilidades a un nivel avanzado en un ambiente deauditoría deben incluir:
Aplicar normas y guías relevantes de auditoría.
Evaluar aplicaciones relevantes de Normas de InformaciónFinanciera (NIF).
Capacidad para indagar, pensamiento lógico y abstracto,así como análisis crítico.
Escepticismo y juicio profesional.
Confrontar y solucionar conflictos.
Adicionalmente a los conocimientos y habilidades anterioreslos profesionales de auditoría, deben aplicar los valores,ética y actitudes descritas en el código de ética,requiriendo una profunda comprensión de las implicacioneséticas potenciales de las decisiones profesionalesy gerenciales que se tomen. Los principios fundamentalesque deben observarse son:
Integridad.
Objetividad.
Competencia y diligencia profesional.
Confidencialidad.
Conducta profesional.
Un componente fundamental que contribuye a la competenciade un profesional de auditoría es la experienciapráctica, la cual debe ser relevante al tipo y tamañode asignaciones, donde los profesionales de la auditoríaestén involucrados o, probablemente, vayan a estarlo.Este periodo de experiencia práctica será lo bastantelargo e intensivo (mínimo 3 años) para permitirles aplicar, en un ambiente supervisado, los conocimientos y habilidades,desarrollando y demostrando las competenciasrequeridas.
Se requiere que la experiencia de auditoría, se obtengaen una organización que la proporcione, teniendo laorientación y supervisión de un socio que funja como tutoro guía.
Es importante destacar que para ser considerado comoauditor profesional, de acuerdo con la IE 8, deberá cumplirsecon los mismos requisitos que se solicitan para lacertificación de Contador Público (las tres E):
Estudios
Experiencia práctica
Examen
Sin embargo, estos tres factores se refieren a estudiosespecializados, experiencia práctica documentada y conla existencia de un tutor responsable, así como a un examenenfocado a la demostración de las competenciasdescritas (conocimientos, habilidades y actitudes).
Como se mencionó al inicio de este artículo, la entrada envigor de esta norma internacional de educación, es a partirdel 1 de julio de 2008, por ello, es indispensable que laprofesión organizada y las instituciones de educación superior,incorporen cuanto antes los conocimientos mencionados, así como los mecanismos para desarrollar lascompetencias requeridas internacionalmente.
Bibliografía
International Education Standards
IES 8 (International Federation of Accountants)
C.P.C. Sylvia Meljem Enríquez de Rivera
Directora del Departamento Académico de Contabilidad
