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Agentes de la UCO de la Guardia Civil durante el registro al Canal de Isabel II. EFE
En lo relativo a KPMG la denuncia explica que “ha sido la empresa auditora de las cuentas de Canal Isabel II, de Canal Gestión y de todas las empresas del grupo. Las cantidades devengadas por Canal de Isabel II a esta empresa han sido han sido muy importantes, dándose la circunstancia de que, en ocasiones, los datos que nos proporciona el Canal sobre estas retribuciones no son coincidentes con lo que reflejan los propios informes de auditoría de KPMG”. Este periódico informó que la citada empresa había cobrado cuatro millones de euros del Canal desde el año 2010 por diversos servicios, no sólo de auditoría.
Por ello esta denuncia cuestiona también la compatibilidad para acceder a esos otros contratos firmados en el tiempo en que KPMG auditaba las cuentas del grupo. “Llama la atención que los informes de KPMG, de tan elevado coste, no hayan detectado ninguna de las numerosas irregularidades que se están acreditando en la adquisición y/o gestión de las empresas de CANAL en América”, dice el escrito. La sociedad brasileña Emissao fue adquirida en 2013 por el Canal pagando una cifra de 21 millones de dólares, pero al cabo de un año pasó a valer la mitad. Los investigadores sospechan que se pagó un sobrecoste elevado para luego repartirse el sobrante entre varias personas investigadas.
Contratos de asesoría "verbal"
También se solicita a la Fiscalía que investigue los contratos de asesoría que firmó el Canal con diferentes despachos profesionales. Las asesorías eran sobre diversas cuestiones. Los partidos indican que la mayoría de estos acuerdos se hicieron “sin concurrencia pública” y admiten que les ha sido imposible conseguir los trabajos realizados porque eran “verbales”. Por ello piden al Ministerio Público que averiguar “si ha habido malversación en la utilización de fondos públicos para contratar trabajos que no se pueden acreditar y/o si hubo razones de otro tipo para contratar con estos despachos y si los procedimientos de contratación han sido conformes a la ley”.
La iniciativa de los grupos de la oposición supone una ampliación de la denuncia que ya presentaron el pasado mes de marzo, apenas unas semanas antes de la operación en la que fue arrestado el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Según informan fuentes parlamentarias, no fue hasta este lunes cuando los grupos terminaron de unificar todos sus datos para formalizar esta denuncia. Se basan también en la documentación que les ha hecho llegar el responsable de un despacho de abogados de Uruguay llamado Estudio Algorta y Asociados y que les ha manifestado “su deseo de colaborar”.
Este despacho constituyó en 2007 la sociedad Soluciones Andinas de Agua que fue instrumentalizada por el Canal para la compra de Emissao. Por ello PSOE, Ciudadanos y Podemos denuncian una “operación premeditada y urdida con anterioridad para dar apariencia (al menos nominal) de que tuviese que ver con el agua”.
Los Papeles de Panamá
“Resulta relevante en la información que nos ha sido remitida cómo el encargo se le hace de forma simultánea al de constituir otras sociedades, algunas de las cuales aparecían relacionadas en los Papeles de Panamá con personas vinculadas al entramado organizado desde las empresas de Canal en América. Creemos que hay conexidad entre ambas operaciones, que quizá pueda ser relevante a efectos de recuperar el dinero distraído en este fraude”, añaden. Los diez correos electrónicos que se adjuntan a la denuncia abordan tanto la condición de paraíso fiscal de Uruguay como los pasos para constituir la sociedad.
En concreto, la orden para constituir Soluciones Andinas de Agua -según la documentación del despacho uruguayo- la dio Ignasi Maestre, uno de los investigados en la causa. Suya es la sociedad Igmasa Managements, bajo la lupa de la Audiencia Nacional en su búsqueda del dinero del Canal y el posible patrimonio oculto de varios de sus directivos. El financiero Ignasi Maestre Casanovas es conocido también por tener como clientes a los futbolistas Xabi Alonso y Javier Mascherano, cuyas finanzas fueron investigadas por el fisco español.
Cámara de Cuentas
La denuncia de la oposición en la Asamblea se remonta incluso al año 2001 con la compra de Inassa una de las principales filiales del Canal de Isabel II y que durante diez años estuvo dirigida por Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González. Para ello remiten también la comparecencia en 2001 ante la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid de Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas.
En aquel momento Canalda ejercía como directivo del Canal y a juicio de los denunciantes incurrió en “datos inciertos” e "inexactitudes" sobre la adquisición de Inassa, su precio, lo que la operación le iba a costar a Canal y sobre el proceso mismo de compra. En aquellas fechas el presidente de la Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón.
