Las grandes empresas deberán detallar su política anticorrupción.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el borrador del anteproyecto de ley que regulará la información no financiera que estarán obligadas a dar las grandes empresas sobre cuestiones como sus políticas sociales y medioambientales, de personal, respeto a los derechos humanos o lucha contra la corrupción.
“El objetivo es identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad”, ha informado hoy el Ministerio de Economía.
El texto, con el que se transpone la directiva europea, será remitido al Consejo de Estado para recibir dictamen antes de su aprobación como proyecto de ley y posterior tramitación parlamentaria; y reformará el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.
La nueva normativa amplía el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las políticas de diversidad competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.
En lo que atañe a cuestiones medioambientales, la directiva señala que las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de sus actividades en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del agua y la contaminación atmosférica.
Medias sociales
Respecto a las cuestiones sociales y relativas a personal, la información hará referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.
En relación a los derechos humanos y a la corrupción, se incluirá información sobre prevención y medidas.
La información deberá incorporarse al informe de gestión de la empresa o en un informe separado correspondiente a cada ejercicio, según la misma fuente.
Las empresas afectadas por estos cambios son aquellas que superan los 500 trabajadores o que durante dos ejercicios cumplan con dos de los tres siguientes requisitos: que su activo supere los 20 millones, que facture más de 40 millones o que emplea a más de 250 personas.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el borrador del anteproyecto de ley que regulará la información no financiera que estarán obligadas a dar las grandes empresas sobre cuestiones como sus políticas sociales y medioambientales, de personal, respeto a los derechos humanos o lucha contra la corrupción.
“El objetivo es identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad”, ha informado hoy el Ministerio de Economía.
El texto, con el que se transpone la directiva europea, será remitido al Consejo de Estado para recibir dictamen antes de su aprobación como proyecto de ley y posterior tramitación parlamentaria; y reformará el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.
La nueva normativa amplía el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las políticas de diversidad competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.
En lo que atañe a cuestiones medioambientales, la directiva señala que las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de sus actividades en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del agua y la contaminación atmosférica.
Medias sociales
Respecto a las cuestiones sociales y relativas a personal, la información hará referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.
En relación a los derechos humanos y a la corrupción, se incluirá información sobre prevención y medidas.
La información deberá incorporarse al informe de gestión de la empresa o en un informe separado correspondiente a cada ejercicio, según la misma fuente.
Las empresas afectadas por estos cambios son aquellas que superan los 500 trabajadores o que durante dos ejercicios cumplan con dos de los tres siguientes requisitos: que su activo supere los 20 millones, que facture más de 40 millones o que emplea a más de 250 personas.
