elEconomista.es: Inditex, matrícula de honor en responsabilidad social

Inditex, matrícula de honor en responsabilidad social
26/09/2014

Inditex renueva su presencia en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) por decimotercer año consecutivo. La puntuación global obtenida por Inditex la sitúa por delante del 98 % de las empresas del sector del comercio minorista a nivel mundial. En esta puntuación se combinan elementos de las dimensiones económica, medioambiental y social; en todas ellas el grupo se ha situado como una de las empresas con más sólida responsabilidad corporativa.

La familia de índices de sostenibilidad del Dow Jones datan de 1999, y se elaboran en colaboración con RobecoSAM, firma especializada en inversión sostenible. Las empresas se seleccionan, de entre las 2.500 que integran el Dow Jones Global Total Stock Market Index, en función de un análisis global del desempeño económico a largo plazo, criterios medioambientales y sociales, e indicadores específicos para cada ramo de actividad. El método empleado es sistemático, de manera que los inversores puedan tomar decisiones de forma rigurosa y consistente con arreglo a los resultados.

Entre las dimensiones que se examinan está el gobierno corporativo, la gestión del riesgo, la marca (branding), paliación del cambio climático, estándares de la cadena de suministro y prácticas laborales. Se tiende, pues, a rechazar aquellas compañías que no operan de manera ética y sostenible. Los resultados se vertebran en diversos índices: uno global, el DJSI World (que hoy integra a 319 empresas), y varios geográficos: Europa, Nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), América del Norte y Asia Pacífico. Inditex pertenece a la edición global y la europea.

Activa en todos los frentes
Inditex ha incorporado la sostenibilidad a toda su estrategia comercial. En los últimos años ha plasmado este compromiso en una serie de estándares, que resumen la filosofía del grupo en cada aspecto fundamental del proceso productivo.

Así, el rubro "Right to Wear" comprende protocolos que garantizan que todos sus productos cumplen los estándares de salud y seguridad más avanzados ("Clear to Wear" y "Safe to Wear"); una cultura empresarial centrada en la ética, el respeto a los demás y su diversidad, la honradez, la transparencia y la profesionalidad ("Teams to Wear"); un esquema de auditoría que asegura que todos los productos son fabricados en cumplimiento del Código de Fabricantes y Proveedores ("Tested to Wear"); acciones de inversión social que buscan fortalecer lazos con las comunidades en las que Inditex está presente ("Social to Wear"), y, por último, una estrategia que vela por una fabricación y comercialización de productos respetuosa con el medioambiente ("Green to Wear").

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Todos estos esfuerzos requieren, no obstante, de transparencia para que pueda juzgarse si, en efecto, son acatados. Por este motivo, Inditex participa activamente de las iniciativas globales más punteras en materia de rendición de cuentas (reporting). Sigue desde 2002 los criterios del índice Global Reporting Initiative; está adherida a la iniciativa The Global Compact, de Naciones Unidas, desde 2001 (ha obtenido el nivel más avanzado en el último informe de progeso de la organización) y es asimismo miembro desde sus inicios del International Integrated Reporting Council (IIRC). Las memorias anuales del grupo siguen los estándares definidos por todos ellos.

NoticiasdeAlmería.com: Una auditoría del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Almería desvela otro agujero en la cuenta donde reciben fondos europeos

Una auditoría del SAT en Almería desvela otro agujero en la cuenta donde reciben fondos europeos | Noticias de #Almeria

Sólo en 2013 ya rondaba los 24.000 euros a pesar de quienes imparten los cursos lo hacen de modo altruista

• Graves irregularidades contables en el SAT de Almería
• La gestoría del SAT que se “quedó” con 7.700 euros de cuatro inmigrantes tenía un déficit de 8.700 según una auditoría
• El SAT sanciona a un militante de Almería por opinar

 Una auditoría interna del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Almería, y que lidera a nivel nacional Diego Cañamero, ha desvelado que la denominada “cuenta de campaña” tenía un déficit de 24.000 euros en el año anterior, según han informado a Noticias de Almería fuentes de la organización.

Esta cuenta es la que recibe el dinero “que viene de Europa” y que se utiliza para financiar diversos programas relacionados principalmente con inmigrantes, y que a principios de ese año partía en positivo. A ese déficit hay que añadir los otros casi 8.700 euros de la asesoría laboral en esa misma fecha, pero que según las fuentes consultadas, en junio ya había crecido hasta los 14.000 euros negativos.

Esta información fue trasladada a la dirección nacional del sindicato que abrió una comisión de investigación al respecto, pero según miembros de la organización “no han investigado los programas ni proyectos de Europa, ni nada sobre el dinero que llegaba, con regularidad, de organizaciones europeas”. Lo que se preguntan los sindicalistas que han denunciado ante Noticias de Almería todo esto es que “si esos programas iban para los inmigrantes y sobre todo en los últimos años para la formación y el aprendizaje del español ¿por qué todos los profesores que lo impartían eran voluntarios y no cobraban y cuando no había voluntarios, no se daban esas clases?”.

Dicho de otro modo, que llega dinero de la Unión Europea al SAT de Almería para dar cursos a inmigrantes, quienes los imparten lo hacen de modo altruista, y aún así la cuenta bancaria en la que se recibe registra un importante déficit según la auditoría.

Coordenadas BDO: NIAS también para el Sector Público

Coordenadas BDO - Detalle Artículo
NIAS también para el Sector Público 

El pasado 18 de febrero se publicó Resolución por la que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) inicia el proceso de adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría. 

Este proceso pretende lograr la adaptación y mejora de la normativa técnica de la auditoría del sector público, a través de la elaboración de un cuerpo normativo consistente con las NIA-ES que han sido aprobadas por el ICAC.

En la propia Resolución de la IGAE se menciona que la elaboración de normativa técnica de auditoría específica para el ámbito público constituye una tarea básica para el propio desempeño de la función de control, debiendo tomar como referencia tanto la regulación aprobada para el sector privado como las pautas seguidas en el ámbito internacional.

Desde el punto de vista del sector privado, este proceso ya ha culminado con la aprobación de las NIAS-ES, mediante la Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en las que además se han suprimido todas las referencias en las diferentes NIA al sector público, por estar fuera del alcance del TRLAC y su normativa de desarrollo.

Internacionalmente también se está produciendo este proceso adaptativo hacia las NIAS a través de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Asimismo, el Tribunal de Cuentas Europeo las está aplicando en los últimos años en la ejecución de sus trabajos y en la elaboración de sus informes de fiscalización.

Es interesante destacar que mediante este proceso de adaptación, también se pretende crear el marco adecuado para facilitar el desarrollo de mecanismos de coordinación técnica en materia de auditoría con las administraciones territoriales, en aras a lograr un cuerpo normativo con consistencia en el ejercicio de la función de control en el ámbito público, con independencia de que su ejercicio se efectúe directamente por los órganos de control o bien acudiendo a la colaboración de firmas privadas.

Este proceso contemplará, asimismo, el análisis y, en su caso, el desarrollo de la normativa complementaria, incluidas las normas sobre control de calidad, que contribuirá, sin lugar a dudas, a lograr un cuerpo normativo completo y adaptado a la realidad del sector público.

El órgano encargado de gestionar este proceso será la Comisión de Normas de Auditoría del Sector Público (CNASP), que tendrá como misión servir como órgano de consulta en la adaptación e integración de las nuevas normas de auditoría del sector público. La Oficina Nacional de Auditoría (ONA), iniciará, dirigirá, coordinará e impulsará el proceso de adaptación e integración de las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP) y las Normas Técnicas de Auditoría (NTAS) aplicadas por la Intervención General de la Administración del Estado a las NIAS-ES.

Con todo ello, estamos probablemente ante el cambio normativo más importante de los últimos años, que no sólo va a tener implicaciones para los auditores sino también para los órganos de dirección y gobierno de las sociedades y entidades del sector público auditadas. Este cambio representa además un paso fundamental en el camino de la convergencia, tan importante en una economía global.

Aprovechando estas reflexiones nos parece importante recordar que el cambio que de forma inminente nos va a afectar es el que se producirá por la entrada en vigor de las nuevas Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES), publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el 15 de octubre de 2013, que serán de aplicación obligatoria para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría en el desarrollo de los trabajos de auditoría de cuentas referidos a las cuentas anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014 y, en todo caso, en los trabajos de auditoría de cuentas contratados o encargados a partir del 1 de enero de 2015, independientemente de los ejercicios económicos a los que se refieran los estados financieros objeto del trabajo.

Esta  fecha de entrada en vigor ya se acerca y una vez se cierren las auditorías del ejercicio 2013 ya tendremos que empezar la planificación de nuestros próximos trabajos en base a este nuevo marco normativo,  con el  consiguiente  proceso de adaptación que conllevará en mayor medida para nosotros pero también para nuestros clientes. 

Asimismo, no podemos considerar que éste va a ser un proceso estático en el tiempo sino que se convierte en un proceso dinámico ya que las NIA son objeto de revisión y modificación periódica por parte de IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) y las modificaciones o incorporaciones que lleve a cabo el IAASB deberán pasar el mismo proceso de traducción y adaptación para su aplicación en España.

Esperemos que todo este esfuerzo encaminado a la mejora, homogeneización y mayor transparencia en la información financiera contribuya a conseguir los objetivos básicos del auditor, que no son otros que, obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales y han sido preparados conforme a un marco de información financiera que le sea de aplicación,  de forma que sirvan para dar una mayor credibilidad a nuestros informes y, en definitiva, al trabajo del auditor.

Celia Bertomeu

Fundación Mapfre: Lanzamos convocatoria de 100 becas para que jóvenes en paro obtengan el carné de conducir

Becas carnet de conducir para jóvenes en paro

Lanzamos convocatoria de 100 becas para que jóvenes en paro obtengan el carné de conducir 

FUNDACIÓN MAPFRE ha lanzado una convocatoria de 100 becas, de 500 euros (libre de impuestos) cada una, destinadas a que jóvenes en situación de desempleo obtengan el permiso de conducir.
Podrán beneficiarse de estas becas todas aquellas personas que tengan entre 18 y 29 años (ambos inclusive), que vivan en el domicilio familiar, y que acrediten estar en paro desde al menos el 31 de mayo de 2014 hasta el momento de la solicitud.

Para poder acceder a estas becas las personas interesadas deberán registrarse en la web www.seguridadvialparajovenes.com y aprobar el curso se seguridad vial que se encuentra en dicho site.

Estas becas forman parte del programa seguridad vial para jóvenes que FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla en colaboración con  algunas de las más prestigiosas autoescuelas españolas, con el objetivo de  provocar un cambio de actitud entre los jóvenes con respecto a la seguridad vial.

La convocatoria está abierta desde hoy miércoles, 17 de septiembre, hasta el día 17 de diciembre de 2014.

Consulta las bases - Más información

elEconomista.es: "Sólo un tercio de las entidades locales de España son auditadas", entrevista a Mario Alonso (Censores)

"Sólo un tercio de las entidades locales de España son auditadas" - elEconomista.es
Araceli Muñoz 7:05 - 22/09/2014
Con una larga trayectoria profesional como economista, abogado, así como presidente y cofundador de la firma auditora Auren, Mario Alonso recibe a elEconomista un año después de ganar las elecciones a la presidencia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).

En un momento de muchos cambios para el sector de las auditoras, Alonso recibe a este diario para hablar de los retos a los que se enfrenta este negocio.

- ¿Cuál es su opinión sobre el panorama actual del sector?
- Estamos pasando por un momento duro. Sin embargo, lo que hace la crisis es que la auditoría tenga muchísima más importancia. Ahí está el valor del auditor: poner encima de la mesa cuáles son los resultados reales. Por eso, en un proceso de crisis como el actual, la confianza de los auditores es absolutamente relevante.

Además, estamos viviendo un momento de unos cambios normativos que van a tener unos efectos muy importantes. Muchas veces los gobiernos pueden tener tentaciones de ir a procesos de sobrerregulación cada vez que hay una crisis económica o saltan escándalos financieros. Por eso, una de las soluciones que suelen proponerse es apretar más la regulación a los auditores y eso me parece que no tiene demasiado sentido. Somos una de las profesiones que más regulada, vigilada y controlada está.

- ¿Cuál es su opinión acerca de la nueva ley de auditoría?
- Por el momento, lo que tenemos es el marco de juego que se ha establecido en Europa: una directiva que afecta a todos los trabajos de auditoría de cualquier tamaño y un reglamento, que es aplicable exclusivamente a las entidades de interés público (EIP). Antes de ver los cambios que llegan a las auditorías de las EIP, hay que pensar en los objetivos fijados para regular la profesión.

El primero es la armonización, que haya normas comunes en todos los países. Como se han dado numerosas opciones para que cada país lo adapte según su criterio, creo que este objetivo de homogeneización va a ser difícil de alcanzar. Otro de los objetivos es reducir la concentración del sector y mejorar los temas de independencia. Estas medidas están enfocadas a la rotación.

Sin entrar en detalles, la independencia es el mayor valor de los auditores, vivimos de la objetividad y es el principal activo de nuestro trabajo. Estamos tratando de hacer ver al legislador español la posibilidad de extender al máximo el periodo de rotación, sobre todo en aquellos casos en que exista la co-auditoría. Ésta, desde el punto de vista voluntario, puede ser una oportunidad para abrir el mercado y luchar contra esta concentración.

Otro tema muy importante son los llamados "servicios prohibidos", en el que también da la posibilidad de exceptuar dos servicios. Consideramos importante que se permitan los servicios fiscales y los de valoración de empresas, porque pueden ser perfectamente compatibles. No se debe legislar en base a casos puntuales, por lo que se debería hacer una ley que satisfaga tanto los intereses públicos como los del sector.

- ¿Serán las 'big four' las menos beneficiadas?
- El mercado es libre de elegir y yo creo que es muy difícil imponer reglas en cuanto a esto. Al final, la libertad de empresa permite elegir la auditora que mejor se adapte a sus necesidades. Las firmas que concentren mayor número de EIP pueden ser las menos beneficiadas por los cambios en la rotación.

No obstante, es importante decir que las firmas, independientemente de su tamaño, tienen la capacidad para auditar cualquier empresa: el corte no hay que darlo en los conocimientos técnicos ni en el peso de la marca, sino en los medios y la estructura.

- Ahora se habla mucho del caso Gowex, pero antes de éste ha habido otros, desde Enron a Pescanova. ¿Hasta qué punto estos casos han puesto en duda la credibilidad del sector?
- En España se emiten más de 60.000 informes y se podrían contar con los dedos de la mano los casos con auditores, en los que hay que analizar si éste tenía responsabilidad, porque en la mayoría de ellos todavía no hay un pronunciamiento judicial.

Sin nosotros, la crisis podría haber sido mucho mayor, ya que hemos alertado en muchas ocasiones que las cuentas no reflejaban la situación real de la compañía. Yo siempre digo que el auditor es como un árbitro: nunca se habla de él cuando no pasa nada, pero cuando se ha cometido un error...

- ¿Creen que los organismos públicos deberían ser auditados por empresas privadas?
- Hay que decir, clarísimamente, que los propios medios de la Administración entendemos que no son suficientes para poder auditar al conjunto de la Administración Pública. Por ejemplo, aproximadamente, sólo un tercio de las entidades locales en España se auditan. Yo creo que tenemos formación, experiencia y profesionalidad suficiente para colaborar con ellos.

Si se está demandando que las privadas se auditen, con muchísima más razón tenemos que pedir esto mismo a los organismos públicos. Se habló que la ley de transparencia iba a obligar a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a auditarse, pero finalmente no vio la luz porque políticamente no interesa. Estamos plenamente convencidos de que esto debería llegar y que los privados tienen que colaborar en la auditoría pública para reforzar la confianza e incrementar su transparencia.

- ¿Y los partidos políticos?
- Deberían ser auditados, igual que los sindicatos o las fundaciones. También quería enfatizar que desde el ICJCE estamos defendiendo una libre competencia en los concursos públicos, de forma que las exigencias que se pidan para licitar sean proporcionadas al trabajo a realizar y, en el caso de que no sea necesario pero los pliegos sí exigan un determinado tamaño, hemos presentado recursos y todos los que estamos interponiendo los vamos ganando. No se puede poner cortapisas al mercado.

- Los últimos escándalos han puesto en entredicho el papel del asesor registrado del MAB. ¿Cree que este mercado debería estar sometido a una regulación más estricta?
- Es cierto que hay que hacer una reflexión sobre la regulación que tiene el MAB, dejar más claro la figura que tiene el asesor registrado y la revisión. Lo que sí me parece posible y razonable es que se incluya como EIP a cualquier empresa que cotize en este mercado, para que la nueva normativa también le afecte.

elMundo.es: La Cámara de Cuentas alertó en enero de la 'práctica habitual' de las exoneraciones

La Cámara de Cuentas alertó en enero de la 'práctica habitual' de las exoneraciones | Andalucía | EL MUNDO
FRAUDE EN LA FORMACIÓN

• Instó a agilizar la gestión de las subvenciones para no convertir la excepción en norma 
•  La Junta incumplía «todas las condiciones y requisitos» en ayudas a los consorcios

Actualizado: 21/09/2014

La Cámara de Cuentas de Andalucía alertó en enero al Gobierno andaluz del uso «de forma generalizada de la figura de la exoneración» para poder seguir dando subvenciones a entidades y organismos que no habían justificado en tiempo y forma ayudas anteriores. Lo hizo en el informe de fiscalización de las subvenciones concedidas a los consorcios escuela de formación para el empleo, justo antes de que la Consejería de Educación, Cultura y Empleo decidiera cerrar tres de esos organismos por sospechas de fraude en los cursos.

El informe de auditoría de la Cámara de Cuentas ya señala que la exoneración se había instalado como «práctica habitual» en la administración, por lo que recomendó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) introducir medidas que agilizaran la gestión económico-presupuestaria de los pagos para no tener que recurrir a ello.

Aquí se da una circunstancia digna de destacar, que da una idea de lo enredado que está el asunto en la administración andaluza: los consorcios escuela de formación están adscritos desde hace un año y medio a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, pero el SAE, que es el que financia estos consorcios mediante ayudas públicas y el que recibe estas recomendaciones de la Cámara de Cuentas, depende de la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

El director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ya declaró ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que decidió retirar las ayudas a tres consorcios por sospechas de fraude en los cursos al poco de llegar al cargo, en octubre de 2013. El 28 de enero de 2014, el Consejo de Gobierno decidió disolver esos tres consorcios: Forman, dedicado a las nuevas tecnologías, de Málaga; Formades, sobre equitación, de Almonte (Huelva), y CTI, que impartía soldadura naval, de San Fernando (Cádiz).

El informe de la Cámara de Cuentas destapó numerosas irregularidades en la gestión de las ayudas a la red de consorcios escuela de formación de la Junta, entonces compuesta por 14 centros y ahora por 11, tras disolverse los de Málaga, Almonte y San Fernando.

Los auditores cuestionaban que las ayudas se dieran en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, 'a dedo' o, por utilizar su terminología, de forma «nominativa». También señalan que hay casos en los que el alto cargo que concede las subvenciones es el mismo que las solicita como representante del consorcio de formación de las industrias del ocio de Mijas.

Rosario de irregularidades

El rosario de irregularidades en estas subvenciones es variado, a tenor de lo reflejado en el informe de la Cámara de Cuentas. Los auditores señalan que el SAE «incumple todas las condiciones y requisitos» que se deben cumplir en la tramitación de estas ayudas. Por ejemplo, no hay valoración técnica de los proyectos subvencionados, ni constan «las actas de revisión, que evidencien que se haya comprobado que las solicitudes y la documentación complementaria presentadas cumplen los requisitos exigidos» y, además, las cuantías de las subvenciones se determinaba de manera discrecional.

De hecho, hay consorcios que recibieron subvenciones en las que «se constata que hay un exceso en los importes concedidos sobre los justificados sin que conste que, por parte del SAE, se haya solicitado ni la justificación de las diferencias reflejadas ni el correspondiente reintegro», dicen los auditores.

«Como consecuencia de las deficiencias expuestas -continúa el informe-, hay que señalar que ni las propuestas de resolución aprobadas ni las resoluciones dictadas se presentan adecuadamente motivadas».

Como informó EL MUNDO de Andalucía el pasado miércoles, la Junta de Andalucía disolvió tres consorcios en enero por sospecha de fraude en los cursos de formación. El director general Carlos Cañavate reconoció que retiró las ayudas a tres de esos consorcios porque, «inmediatamente después de recibir la subvención, daban traslado a una serie de empresas constituidas como UTE». Y, según declaró el alto cargo, «una de las posibles bolsas de fraude que puede haber en la formación está en las empresas vinculadas y la subcontratación».

Entre lo que relató Cañavate a la UCO destaca también su relato del traspaso de las competencias de formación desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a la de Educación, Cultura y Deporte. La situación que encontró a su llegada al cargo en octubre de 2013 «era desastrosa» hasta el punto de que la Intervención mandó suspender los pagos de las ayudas.

¿Transparente o translúcida?
La transparencia sirve de algo si va acompañada de la agilidad. De las respuestas del Gobierno de la Junta de Andalucía a las preguntas de la oposición sobre los consorcios escuela de formación, que han sido numerosas en los últimos meses, se deduce una transparencia con matices. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2013, los diputados gaditanos del PP Teresa Ruiz-Sillero y Antonio Sanz registraron una pregunta al consejero Luciano Alonso, responsable de Educación, Cultura y Deporte, sobre el consorcio CTI de San Fernando, que entonces formaba a personal en soldadura naval. La pregunta fue contestada el 17 de febrero de 2014, una vez que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía había acordado su salida o, en su caso, la disolución del citado consorcio. En todo caso, ello no se mencionaba en la respuesta. La diputada del PP Ruiz-Sillero registró en el Parlamento de Andalucía entre octubre y noviembre de 2013 una petición para obtener copia de todos los reparos de la Intervención existentes en los expedientes de subvenciones de todos los consorcios. La Junta de Andalucía puso a disposición del PP los expedientes, de lo cual se deduce que existen reparos de la Intervención, pero la oposición nunca llegó a ver los documentos porque los requisó justo antes la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por orden de la juez Mercedes Alaya. Teniendo en cuenta que los registros se practicaron en mayo pasado, la falta de agilidad de la Administración provocó que la transparencia, tan proclamada por la presidenta Susana Díaz, quedara en nada.

MundoDeportivo.com: El juez acepta un careo de peritos (caso FC Barcelona)

El juez acepta un careo de peritos

Las declaraciones de los dos expertos sobre las auditorías acabaron en posiciones tan antagónicas que el lunes se espera una sesión 'caliente'
Francesc Perearnau Subdirector
Actualizado a 20/09/2014 08:11 CET

La batalla entre peritos iniciada ayer entre el catedrático Diego Prior y la experta contable Margarita Crous llegará el lunes a un punto máximo de antagonismo en el careo que el juez aceptó al final de la primera semana del juicio.

La sugerencia fue del abogado del Barça al término de una larguísima sesión de ambos testigos periciales, cuyas opiniones resultaron, más que contrapuestas, literalmente situadas en las antípodas de la interpretación de las normas contables.

Las salvedades, a debate

Empezaron por distanciarse en la aplicación de los principios de prudencia y de uniformidad. El de prudencia dice que las pérdidas se asientan cuando se conocen y los beneficios cuando se producen. Para Margarita Crous, elegida por los demandados, ni debió provisionarse la venta de Henry, ni la prima de Madiapro, por descontado que tampoco la minoración de Viladecans, y a su criterio, manifestó, la primera auditoría de las cuentas de la junta de Laporta, con ocho salvedades, "reflejaba más fielmente los estados financieros del Barça que la segunda auditoría sobre las cuentas reformuladas. No pasaba nada si se presentaban a la asamblea de compromisarios las cuentas con una auditoría con excepciones, ya que a fin de cuentas el informe de los auditores era favorable", argumentó.

El profesor Diego Prior, por el contrario, dio por más que aceptables y pulidas las actuaciones de la junta entrante de Sandro Rosell y del auditor, Deloitte, aplicando una acertada provisión de los riesgos y presentando a los socios una foto real, acreditada, creíble y limpia de la situación financiera y económica del FC Barcelona. "Tanto las salvedades como las incertidumbres, que son riesgos no cuantificados en el momento de realizar el informe de auditoría, deben tenerse muy en cuenta a la hora de evaluar una sociedad. Si alguien quiere saber cómo esta una empresa con salvedades debe recalcular lo que dice la memoria con las excepciones del auditor".

La liquidación del caso Sogecable, por volumen la provisión de más peso, puso a los peritos en un pulso ya exagerado. Prior la dio por válida y Crous llegó a afirmar que la junta de Rosell se había dado un beneficio de 100 millones a costa del caso Sogecable.

En el tratamiento de la provisión de Mediapro afectada por la situación concursal, la audacia de Margarita Crous llegó al extremo de afirmar que la correcta provisión, si se dudaba del cobro, debió haberse hecho sobre todos los contratos con Mediapro, o sea por unos 120 millones, extremo que Prior no negó del todo. La decisión de reducirla a 3,5 m. fue de la junta de Rosell.

El dato sorpresa e inquietante del día lo dio el abogado del FCB al revelar que en la estimación del valor de la finca de Viladecans, el informe de la consultoría Jones Lang LaSalle afirmaba que las cuestiones urbanísticas se adaptaban al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid.

El juez trató de perfeccionar con sus preguntas la definición más definida del término 'Patrimonio Neto', contable o no, que será al final la clave de todo.