Araceli Muñoz 7:05 - 22/09/2014
Con una larga trayectoria profesional como economista, abogado, así como presidente y cofundador de la firma auditora Auren, Mario Alonso recibe a elEconomista un año después de ganar las elecciones a la presidencia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).
En un momento de muchos cambios para el sector de las auditoras, Alonso recibe a este diario para hablar de los retos a los que se enfrenta este negocio.
- Estamos pasando por un momento duro. Sin embargo, lo que hace la crisis es que la auditoría tenga muchísima más importancia. Ahí está el valor del auditor: poner encima de la mesa cuáles son los resultados reales. Por eso, en un proceso de crisis como el actual, la confianza de los auditores es absolutamente relevante.
Además, estamos viviendo un momento de unos cambios normativos que van a tener unos efectos muy importantes. Muchas veces los gobiernos pueden tener tentaciones de ir a procesos de sobrerregulación cada vez que hay una crisis económica o saltan escándalos financieros. Por eso, una de las soluciones que suelen proponerse es apretar más la regulación a los auditores y eso me parece que no tiene demasiado sentido. Somos una de las profesiones que más regulada, vigilada y controlada está.
- ¿Cuál es su opinión acerca de la nueva ley de auditoría?
- Por el momento, lo que tenemos es el marco de juego que se ha establecido en Europa: una directiva que afecta a todos los trabajos de auditoría de cualquier tamaño y un reglamento, que es aplicable exclusivamente a las entidades de interés público (EIP). Antes de ver los cambios que llegan a las auditorías de las EIP, hay que pensar en los objetivos fijados para regular la profesión.
El primero es la armonización, que haya normas comunes en todos los países. Como se han dado numerosas opciones para que cada país lo adapte según su criterio, creo que este objetivo de homogeneización va a ser difícil de alcanzar. Otro de los objetivos es reducir la concentración del sector y mejorar los temas de independencia. Estas medidas están enfocadas a la rotación.
Sin entrar en detalles, la independencia es el mayor valor de los auditores, vivimos de la objetividad y es el principal activo de nuestro trabajo. Estamos tratando de hacer ver al legislador español la posibilidad de extender al máximo el periodo de rotación, sobre todo en aquellos casos en que exista la co-auditoría. Ésta, desde el punto de vista voluntario, puede ser una oportunidad para abrir el mercado y luchar contra esta concentración.
Otro tema muy importante son los llamados "servicios prohibidos", en el que también da la posibilidad de exceptuar dos servicios. Consideramos importante que se permitan los servicios fiscales y los de valoración de empresas, porque pueden ser perfectamente compatibles. No se debe legislar en base a casos puntuales, por lo que se debería hacer una ley que satisfaga tanto los intereses públicos como los del sector.
- ¿Serán las 'big four' las menos beneficiadas?
- El mercado es libre de elegir y yo creo que es muy difícil imponer reglas en cuanto a esto. Al final, la libertad de empresa permite elegir la auditora que mejor se adapte a sus necesidades. Las firmas que concentren mayor número de EIP pueden ser las menos beneficiadas por los cambios en la rotación.
No obstante, es importante decir que las firmas, independientemente de su tamaño, tienen la capacidad para auditar cualquier empresa: el corte no hay que darlo en los conocimientos técnicos ni en el peso de la marca, sino en los medios y la estructura.
- Ahora se habla mucho del caso Gowex, pero antes de éste ha habido otros, desde Enron a Pescanova. ¿Hasta qué punto estos casos han puesto en duda la credibilidad del sector?
- En España se emiten más de 60.000 informes y se podrían contar con los dedos de la mano los casos con auditores, en los que hay que analizar si éste tenía responsabilidad, porque en la mayoría de ellos todavía no hay un pronunciamiento judicial.
Sin nosotros, la crisis podría haber sido mucho mayor, ya que hemos alertado en muchas ocasiones que las cuentas no reflejaban la situación real de la compañía. Yo siempre digo que el auditor es como un árbitro: nunca se habla de él cuando no pasa nada, pero cuando se ha cometido un error...
- ¿Creen que los organismos públicos deberían ser auditados por empresas privadas?
- Hay que decir, clarísimamente, que los propios medios de la Administración entendemos que no son suficientes para poder auditar al conjunto de la Administración Pública. Por ejemplo, aproximadamente, sólo un tercio de las entidades locales en España se auditan. Yo creo que tenemos formación, experiencia y profesionalidad suficiente para colaborar con ellos.
Si se está demandando que las privadas se auditen, con muchísima más razón tenemos que pedir esto mismo a los organismos públicos. Se habló que la ley de transparencia iba a obligar a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a auditarse, pero finalmente no vio la luz porque políticamente no interesa. Estamos plenamente convencidos de que esto debería llegar y que los privados tienen que colaborar en la auditoría pública para reforzar la confianza e incrementar su transparencia.
- ¿Y los partidos políticos?
- Deberían ser auditados, igual que los sindicatos o las fundaciones. También quería enfatizar que desde el ICJCE estamos defendiendo una libre competencia en los concursos públicos, de forma que las exigencias que se pidan para licitar sean proporcionadas al trabajo a realizar y, en el caso de que no sea necesario pero los pliegos sí exigan un determinado tamaño, hemos presentado recursos y todos los que estamos interponiendo los vamos ganando. No se puede poner cortapisas al mercado.
- Los últimos escándalos han puesto en entredicho el papel del asesor registrado del MAB. ¿Cree que este mercado debería estar sometido a una regulación más estricta?
- Es cierto que hay que hacer una reflexión sobre la regulación que tiene el MAB, dejar más claro la figura que tiene el asesor registrado y la revisión. Lo que sí me parece posible y razonable es que se incluya como EIP a cualquier empresa que cotize en este mercado, para que la nueva normativa también le afecte.
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