La consultora española Índigo GRC ha lanzado una aplicación cloud diseñada para ayudar a las empresas a cumplir la ley de prevención del blanqueo de capitales, que, según esta compañía, incumple el 90% de las organizaciones en España.
Lunes, 12 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 14:14 h.
La consultora española Índigo GRC, especializada en gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, ha lanzado una aplicación cloud diseñada para ayudar a las empresas a cumplir la ley de prevención del blanqueo de capitales, pues, según Javier Frutos, su director, en España el 90% de las organizaciones incumple sistemáticamente las obligaciones marcadas por esta ley. "Salvo en el sector financiero y en el del notariado, en el resto el cumplimiento es anecdótico", dice.
En su opinión, esto obedece entre otras causas a la coyuntura económica actual; a los costes que supone para muchas empresas (sobre todo para las pymes) abordar un proceso de consultoría y auditoría tradicional; la ausencia de recursos internos especializados y el desconocimiento detallado de las empresas de las implicaciones y del riesgo sancionador. Frutos aclara que se trata de una normativa administrativa y que las empresas se enfrentan a sanciones de hasta 1,5 millones (la mínima es de 60.000 euros) y responsabilidades penales.
Así, explica que hay empresas grandes como Maphre, que fue multada en 2009 con 1,2 millones de euros, y otras pequeñas, como el comercio de joyas y arte Ansorena S.A, que el pasado año fue condenada a pagar 135.000 euros.
El directivo de Índigo GRC recuerda igualmente que esta ley -que obliga a definir protocolos de identificación y conocimiento de los clientes, aprobar planes anuales de formación, conservar documentos durante 10 años, establecer un órgano de control interno, comunicar operaciones y realizar auditorias externas, entre otras cosas- no solo obliga a entidades de crédito, aseguradoras, empresas de servicios de inversión y capital riesgo. "También afecta a promotores y agentes inmobiliarios, auditores de cuentas, contables, asesores fiscales, notarios, registradores, abogados, procuradores, casinos y operadores de juego y comerciantes profesionales de joyas, metales precios, arte y antigüedades", añade.
Reducción de costes
La respuesta de Índigo GRC a esta situación ha sido una aplicación, "la primera" de este tipo en la nube, que permite implantar y gestionar un sistema de prevención del blanqueo de capitales "de forma rápida e integral, y con todas las ventajas de reducción de costes y eficiencia derivadas de los modelos cloud computing". Como recuerda Frutos, la solución, que se lanzó al mercado el pasado lunes, se paga por uso, "y no exige inversión en consultoría, lo más caro, ni licencias ni hardware". Así, una compañía de 12 empleados, por ejemplo, pagaría por utilizar la aplicación (de nombre GRC) 184 euros al mes, más 12 euros por empleado adicional. "Es una oportunidad para que las empresas se suban a la nube y cumplan con la normativa", insiste Frutos, que explica que también ofrecen servicios adicionales de personalización.
En su opinión, esto obedece entre otras causas a la coyuntura económica actual; a los costes que supone para muchas empresas (sobre todo para las pymes) abordar un proceso de consultoría y auditoría tradicional; la ausencia de recursos internos especializados y el desconocimiento detallado de las empresas de las implicaciones y del riesgo sancionador. Frutos aclara que se trata de una normativa administrativa y que las empresas se enfrentan a sanciones de hasta 1,5 millones (la mínima es de 60.000 euros) y responsabilidades penales.
Así, explica que hay empresas grandes como Maphre, que fue multada en 2009 con 1,2 millones de euros, y otras pequeñas, como el comercio de joyas y arte Ansorena S.A, que el pasado año fue condenada a pagar 135.000 euros.
El directivo de Índigo GRC recuerda igualmente que esta ley -que obliga a definir protocolos de identificación y conocimiento de los clientes, aprobar planes anuales de formación, conservar documentos durante 10 años, establecer un órgano de control interno, comunicar operaciones y realizar auditorias externas, entre otras cosas- no solo obliga a entidades de crédito, aseguradoras, empresas de servicios de inversión y capital riesgo. "También afecta a promotores y agentes inmobiliarios, auditores de cuentas, contables, asesores fiscales, notarios, registradores, abogados, procuradores, casinos y operadores de juego y comerciantes profesionales de joyas, metales precios, arte y antigüedades", añade.
Reducción de costes
La respuesta de Índigo GRC a esta situación ha sido una aplicación, "la primera" de este tipo en la nube, que permite implantar y gestionar un sistema de prevención del blanqueo de capitales "de forma rápida e integral, y con todas las ventajas de reducción de costes y eficiencia derivadas de los modelos cloud computing". Como recuerda Frutos, la solución, que se lanzó al mercado el pasado lunes, se paga por uso, "y no exige inversión en consultoría, lo más caro, ni licencias ni hardware". Así, una compañía de 12 empleados, por ejemplo, pagaría por utilizar la aplicación (de nombre GRC) 184 euros al mes, más 12 euros por empleado adicional. "Es una oportunidad para que las empresas se suban a la nube y cumplan con la normativa", insiste Frutos, que explica que también ofrecen servicios adicionales de personalización.
Automatizar procesos para simplicar todo el proceso
Para lanzar la herramienta, Índigo, con cinco años de experiencia en la aplicación de esta normativa, ha creado otra marca, GRC, con un equipo de 12 personas. "Hemos creado un departamento comercial y de telemárketing que hasta ahora no teníamos, porque lo que lanzamos ahora es otro negocio", dice Javier Frutos.
El directivo asegura que la nueva aplicación es muy fácil de manejar. "Cuenta con un workflow que convierte las obligaciones, medidas y procedimientos técnicos que marca la ley en procesos automáticos, sencillos, rápidos y guiados, y muestra en todo momento información sobre el grado de cumplimiento normativo alcanzado". La solución, accesible desde cualquier punto con acceso a internet, logra, dice, una rebaja de tiempo de más de un 80% frente a los modelos de consultoría tradicional y una reducción de recursos internos y de personal destinado a cumplir la ley. Además ofrece las actualizaciones normativas sin coste extra.
