El PSOE ante el precipicio: sin defensa jurídica externa ni auditor con la UCO en la puerta - Artículo 14Actualizado: 14/06/2026 - 20:35h
El PSOE vive su particular déjà vu con la Unidad Central Operativa (UCO) en la puerta de Ferraz. Hace un año, cuando se conoció el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, Pedro Sánchez hizo unas promesas sobre una segunda auditoría externa que no se han cumplido. Entonces, el partido también sondeó a penalistas para su defensa, pero estos rechazaron implicarse. Desde entonces, han pasado doce meses y lejos de apaciguarse, las investigaciones de la UCO se han ido adentrándo más y más en el corazón del partido.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llame como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al partido y al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En paralelo, la UCO por orden de la Audiencia Nacional indaga la financiación del partido. El 27 de mayo, el mismo día que los agentes de la Guardia Civil requisaron más documentación en la sede del PSOE, también requirieron información a su auditor, según adelantó El Mundo.
Investigación del PSOE como persona jurídica
Así, la posible imputación del PSOE como persona jurídica cobra fuerza con la investigación, bajo secreto, de la Audiencia Nacional sobre la posible financiación irregular del partido y la apertura del sumario de la causa sobre las cloacas del PSOE, en la que además están imputados abogados del PSOE.
El juez Santiago Pedraz ha ordenado que se tome declaración judicial en calidad de investigado a Jacobo Teijelo Casanova, abogado del exsecretario de Organización, Santos Cerdán. Previamente, ya había citado a la abogada Leticia de la Hoz, defensa de Koldo García.
A ello se añade que el juez Pedraz ha requerido al partido su programa de compliance (cumplimiento normativo) en el último registro que practicó y que la propia gerente y responsable de Compliance, Ana María Fuentes Pacheco, ha sido imputada.
En este precipicio jurídico, el PSOE se ha quedado sin auditor para sus cuentas de 2025. Tampoco, según las fuentes jurídicas sondeadas por Artículo14, se aprecian movimientos del partido en busca de penalistas.
Asesoría interna jurídica
Las informaciones que se han conocido estos días nos llenan de decepción, preocupación e indignación.
No conocía ni nunca se me ha informado de las andanzas de Leire Díez porque si las hubiera conocido, no las habría tolerado.
Vamos a dejar trabajar a la Justicia desde el… pic.twitter.com/VmSfcb27Hc
— PSOE (@PSOE) June 5, 2026
El pasado 5 de junio, desde Montenegro, Pedro Sánchez aseguró que: “Los equipos jurídicos del PSOE están analizando todo, es más de un terabyte. Cuando lo hagamos con rigor y solvencia, ustedes tendrán debida información sobre las acciones a emprender. Estamos trabajando con el equipo jurídico para ver qué acciones emprender en defensa de la honorabilidad del PSOE”.
En la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, la Secretaría de Justicia corresponde a Félix Bolaños, que es además ministro de Justicia. Bolaños es letrado del Banco de España en excedencia. Más allá de esta información, la web pública del partido no identifica ningún responsable de la asesoría jurídica, un departamento que el año pasado por estas fechas ofertó una plaza interna extra, según informó La Razón.
En paralelo, penalistas de dilatada trayectoria como Ignacio Gordillo o González Franco fueron sondeados en el verano de 2025, tanto desde el PSOE como por algunas de las figuras que han estado vinculadas a él y que están en el foco de la investigación del Supremo. Los acercamientos resultaron infructuosos ante la negativa de estos penalistas a prestar estos servicios.
Los riesgos penales
Según los expertos penalistas consultados por este medio, la clave a efectos de delimitar la responsabilidad penal del partido como persona jurídica no solo residiría en la confirmación o no de que se haya beneficiado de prácticas ilegales, sino en el hecho de que se hayan implementado mecanismos de control interno para prevenir y/o combatir esas prácticas ilegales, así como en la forma en que los primeros se llevaron a cabo.
De comprobarse que el partido se benefició realmente de estas prácticas, podría enfrentarse a tres posibles desenlaces, de menor a mayor gravedad, como persona jurídica. El primero sería su consideración como “partícipe a título lucrativo” de la trama, si el tribunal concluyera que el partido, como entidad, desconocía la comisión de los delitos.
Consecuencias más graves tendría una condena por responsabilidad civil subsidiaria, supuesto en el que el PSOE respondería subsidiariamente por las condenas a las personas físicas. El último escenario posible, el más grave, sería el de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En este caso, el partido podría enfrentarse a diferentes consecuencias, desde multas económicas hasta el fin de su actividad.
Fiscalización de sus cuentas
No vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos ponga en peligro el buen rumbo de España.
No vamos a permitir que eche por tierra la integridad de una de las Administraciones públicas más limpias de la historia de nuestro país.
No vamos a permitir que tumbe al mayor… pic.twitter.com/7KewUCLfv8
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 16, 2025
En su línea de defensa frente a la presunta financiación irregular, la auditoría de cuentas también resulta determinante. Las últimas cuentas verificadas por Ecovis Audit Grosclaude & Partners son las correspondientes a 2024, que fueron aprobadas por la Comisión Federal del PSOE en su reunión del 15 de junio de 2025.
“El resultado [en alusión a la auditoría de 2024] es tajante, lo que viene a decir es que hay un reflejo fiel del estado de cuentas y la situación financiera de nuestra organización”, destacó Pedro Sánchez en su comparecencia tras la reunión.
Entonces también anunció que, “a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del PSOE, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista“. Estos propósitos quedaron frustrados por la realidad del mercado: ninguna firma de auditoría se prestó a fiscalizar las cuentas.
Finalmente, el partido tuvo que recurrir a dos profesores universitarios: Félix Alberto Vega Borruego, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid —propuesto por Podemos para el Consejo General del Poder Judicial en 2018—, y César Martínez Sánchez, profesor de la misma disciplina en esa universidad. Ambos analizaron los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido.
En junio de 2026, la garantía externa de cumplimiento se ha complicado aún más. Grosclaude & Partners, S.L.P., conocida como Ecovis Audit Madrid, auditor del PSOE al menos desde 2020, dejará de verificar las cuentas del partido con sede en Ferraz. Según confirmaron a Artículo14 fuentes de esta firma, el PSOE ya no es su cliente.
Salvedades
Cabe recordar que esta firma ha sido la responsable de la auditoría en los últimos cuatro años, todas ellas con una opinión favorable con salvedades por cuestiones como la valoración de activos, provisiones o ingresos públicos. Sin embargo, tal y como adelantó Artículo14, y siguiendo el modelo de los cuatro ejercicios anteriores (2020, 2021, 2022 y 2023), dicho informe excluye el análisis detallado de la financiación procedente de subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como del sistema de control interno de la organización.
En los cuatro informes de auditorías publicados, el auditor Luis Grosclaude, máximo responsable de la firma, señala expresamente que el apartado ‘Otra información’ no entra dentro del alcance de la auditoría. “La ‘Otra información’ comprende la relación de subvenciones públicas, donaciones privadas y de créditos o préstamos con las entidades de crédito, así como el informe sobre los resultados de la revisión del sistema de control interno, cuya formulación es responsabilidad de la directora gerente federal del Partido [Ana María Fuentes] y no forma parte integrante de las cuentas anuales”, se detalla en los informes de auditoría.
“Pagos llamativos”
Por su parte, los expertos universitarios contratados por el PSOE confirmaron que no existían indicios de financiación ilegal ni de fondos no declarados o carentes de trazabilidad. El informe concluye que el sistema de caja del PSOE durante el periodo analizado es “coherente, cerrado y verificable”. Indica además que “todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas”.
No obstante, sí detectó algunos gastos “llamativos” imputados a la Secretaría de Organización que entonces dirigía José Luis Ábalos. Entre 2017 y 2024, el PSOE destinó 940.388 euros a la caja en efectivo del partido.
El PSOE transita por el desfiladero judicial sin auditor para sus cuentas ni asesor penal externo, bajo el escrutinio de la UCO y con el reto de acreditar tanto la regularidad de su financiación como la eficacia de sus mecanismos de control interno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario