"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset. En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la novena promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
miércoles, 25 de febrero de 2026
WoltersKluwer: Régimen Especial de Fusiones y Escisiones (YouTube)
LawAndTrends.com: Los pronunciamientos del Supremo sobre Segunda Oportunidad dan más claridad al deudor pero obligan al juez a un mayor control del procedimiento
Los pronunciamientos del Supremo sobre Segunda Oportunidad dan más claridad al deudor pero obligan al juez a un mayor control del procedimiento | Mercantil | LawAndTrendsDurante el mes de febrero de 2026, el Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en la configuración jurídica de la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), publicando un conjunto de resoluciones que, analizadas en bloque, redefinen el estándar de buena fe, el alcance del crédito público exonerable y el papel del juez en la verificación de oficio. Las sentencias STS 260/2026, 425/2026, STS 436/2026, STS 437/2026, STS 438/2026, STS 439/2026, STS 440/2026 y STS 441/2026 conformando un cuerpo doctrinal coherente que introduce matices esenciales y consolida una interpretación más técnica y exigente del sistema de segunda oportunidad.
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| Miguel Angel Salazar, economista, abogado, auditor de cuentas y miembro de la Alianza Segunda Oportunidad de Barcelona | ||
Uno de los aspectos más relevantes reside en la reafirmación del carácter imperativo del control judicial. El Tribunal señala que el juez no puede limitarse a examinar las alegaciones de las partes. Deberá incluso sin oposición de acreedores, comprobar la concurrencia de los presupuestos y verificar de oficio si se da alguna de las causas excluyentes previstas en el artículo 487.1 TRLC.
Esta obligación, que aparece reiterada en las resoluciones, refuerza la naturaleza pública del mecanismo de exoneración y evita interpretaciones conviertan el procedimiento en un mero trámite formal.
Asimismo, las sentencias obligan al deudor a un deber reforzado de transparencia. La memoria del concurso dejará de ser un documento accesorio para transformarse en un verdadero relato probatorio: el origen, trayectoria y proporción del endeudamiento deben ser explicados con detalle. El Supremo subraya que la buena fe implica demostrar que la insolvencia es sobrevenida, lógica en el marco concreto financiero personal y no buscada. La insuficiencia de información o las inconsistencias documentales pueden activar las causas de exclusión por conducta negligente o temeraria.
En relación con el crédito público, las resoluciones aportan un giro significativo. Aunque se mantiene el límite cuantitativo del artículo 489.1.5.º TRLC, el Tribunal advierte que cualquier restricción al derecho de exoneración debe estar debidamente justificada, en consonancia con la Directiva (UE) 2019/1023 y la jurisprudencia del TJUE. Esta exigencia limita la aplicación automática de exclusiones y evita que la deuda pública derivada se convierta en un obstáculo insalvable para la rehabilitación económica del deudor.
Otro aspecto innovador es la lectura que hace el Supremo del artículo 487.1.6.º TRLC, al exigir al juez que valore la información patrimonial suministrada por el deudor al acreedor y las circunstancias personales del sobreendeudamiento, se debe trabajara en la idea de fondo para abrir la uerta [sic] a considerar también la diligencia del acreedor en la concesión del crédito. Aunque ninguna de las sentencias impone un deber expreso de aportar los análisis de solvencia realizados por las entidades crediticias, debería iniciarse un camino para que incorpore esa dimensión en el futuro inmediato; si el deudor debe explicar cómo se endeudó, no es jurídicamente incoherente esperar que el acreedor explique cómo y por qué prestó.
Mas precisión en la segunda oportunidad
Estas ocho resoluciones, consideradas de manera conjunta, consolidan un paso más y un modelo de segunda oportunidad más preciso. Al tiempo que se refuerzan las exigencias de los requisitos de buena fe y la obligación de ofrecer un relato completo del endeudamiento y se limita el margen para exclusiones automáticas que podrían frustrar la finalidad rehabilitadora del procedimiento.
En base a este marco, vamos a analizar de forma más profunda, por su importancia la reciente Sentencia 260/2026 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, puesto que ha marcado un hito en la interpretación del régimen de exoneración del pasivo insatisfecho tras la reforma operada por la Ley 16/2022.
Esta resolución, dictada en el recurso de casación 10/2024, establece por primera vez criterios claros y vinculantes sobre el alcance de la exoneración del crédito público (especialmente en lo que respecta a los créditos públicos subordinados) y redefine el concepto mismo de crédito público exonerable. Su importancia es capital, pues clarifica un ámbito que hasta ahora había quedado sometido a criterios dispares entre los Juzgados de lo Mercantil (hoy sección Mercantil de los Tribunales de Instancia) y las Audiencias Provinciales.
Uno de los aspectos más relevantes de esta sentencia es la afirmación categórica del Tribunal Supremo: los créditos públicos subordinados sí son exonerables en su totalidad. El razonamiento es claro: la Directiva (UE) 2019/1023 permite que los Estados limiten o excluyan categorías de créditos de la exoneración, pero siempre bajo el principio de proporcionalidad. En este marco, el Supremo declara que no resulta proporcionado otorgar al crédito público subordinado un trato privilegiado superior al que el propio Derecho concursal español otorga a esta categoría.
En concreto, la Sala indica que, dado que los créditos subordinados son pospuestos por razones de política legislativa respecto de los privilegiados y ordinarios, carece de justificación excluirlos de la exoneración, incluso si son de naturaleza pública. Ello supone un giro doctrinal trascendental, pues hasta ahora la Administración (en particular AEAT y TGSS) sostenía la inexonerabilidad total del crédito público con independencia de su clasificación.
La resolución ofrece una aplicación práctica especialmente ilustrativa: en el caso analizado, el crédito de la TGSS incluía tres tramos —privilegiado, ordinario y subordinado— siendo este último por importe de 16.845,66 euros. El Tribunal declara íntegramente exonerable esta porción subordinada.
Son típicos créditos públicos subordinados:
- Recargos y sanciones no vinculadas a infracciones dolosas declaradas antes del concurso.
- Intereses de demora devengados antes de la declaración concursal.
- Parte de la deuda comunicada fuera de plazo por la Administración sin justa causa (cuando excepcionalmente se clasifica como subordinada).
- Créditos derivados de devoluciones indebidas no reintegradas en plazo pero sin procedimiento firme.
El criterio del Supremo implica que, si estos créditos son de Derecho público, su subordinación determina automáticamente su exonerabilidad.
Otra aportación esencial de esta sentencia es la interpretación expansiva del artículo 489.1.5º TRLC. El precepto parecía limitar la exoneración parcial (hasta 10.000 euros) únicamente a deudas cuya recaudación corresponda a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social. El Tribunal corrige esta visión: todos los créditos públicos, con independencia de qué Administración los gestione —estatal, autonómica, provincial o local—, quedan sujetos al mismo régimen de exoneración.
Esto significa que deudas con Diputaciones, Ayuntamientos o Administraciones autonómicas (tasas, tributos locales, sanciones administrativas) pueden ser objeto de exoneración parcial hasta el límite legal de 10.000 € por acreedor público o total, si son subordinadas.
En la resolución, el Supremo aplica esta doctrina a un crédito de la Diputación de Valencia por importe de 2.433,07 euros, declarando que también está incluido en el ámbito de la exoneración, al no superar los límites cuantitativos legales.
En definitiva es un antes y un después para la Segunda Oportunidad, en su aplicación actual.
La sentencia clarifica definitivamente que:
- El límite de 10.000 euros se aplica a cada Administración acreedora, no solo a AEAT y TGSS.
- Los créditos públicos subordinados se exoneran íntegramente.
- La exoneración debe identificarse crédito por crédito, evitando resoluciones genéricas que generaban inseguridad jurídica.
El resultado práctico es significativo: los deudores de buena fe podrán liberarse de una mayor parte de su deuda pública, especialmente en aquellos casos en que la parte subordinada representaba un obstáculo insalvable.
El Tribunal Supremo aporta la claridad que la práctica concursal llevaba años reclamando en el camino de consolidar un régimen un poco más equilibrado alineado con la jurisprudencia reciente del TJUE, en el derecho a la segunda oportunidad, siguiendo pendiente el equilibrio entre la segunda oportunidad, la buena fe y la plena exoneración.
Infobae.com: Bodegas Riojanas negociará con sus acreedores un plan de reestructuración para garantizar su viabilidad
Bodegas Riojanas negociará con sus acreedores un plan de reestructuración para garantizar su viabilidad - Infobae25 Feb, 2026 07:45 a.m. ESP
La directiva de Bodegas Riojanas, en un encuentro mantenido con sindicatos, acordó la implementación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afecta a unos 70 trabajadores durante cuatro meses, motivado por la reducción de la producción registrada recientemente. Este proceso laboral se produce en un contexto de reestructuración financiera y operativa de la empresa, que busca asegurar la continuidad de sus operaciones y su viabilidad a largo plazo frente a la caída en resultados económicos. Según informó la propia compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración adoptó por unanimidad la decisión de iniciar negociaciones formales con los principales acreedores, apoyándose en lo dispuesto por el artículo 585 de la Ley Concursal, el cual habilita la comunicación al juzgado competente de la voluntad de negociar tras detectar probabilidad de insolvencia o una insolvencia inminente.
De acuerdo con lo publicado por la empresa y recogido por la CNMV, Bodegas Riojanas dispondrá ahora de un periodo mínimo de tres meses para entablar este diálogo con los acreedores, sin que ello afecte a la normalidad de sus actividades cotidianas. La bodega, conocida por marcas como Monte Real y Viña Albina, pretende alcanzar un acuerdo que permita reestructurar su deuda y estabilizar sus finanzas tras encadenar varios ejercicios con resultados negativos.
El medio reportó además que, a finales de 2024, la empresa ubicada en Cenicero (La Rioja) logró pactar la refinanciación de más de 26 millones de euros con el 99% de sus entidades financieras acreedoras. Esta medida permitió, en parte, aliviar las responsabilidades de pago de la sociedad, aunque no fue suficiente para frenar la tendencia de pérdidas que padece la bodega. Como respuesta complementaria a esta situación, en noviembre del año pasado, Bodegas Riojanas llevó a cabo una ampliación de capital por un máximo de 8 millones de euros, dirigida a robustecer los fondos propios y a reducir el volumen de deuda pendiente.
Según consignó el medio, las cuentas anuales remitidas por la compañía muestran que en el año 2024 Bodegas Riojanas arrojó pérdidas cercanas a los 1,9 millones de euros. Estas cifras contrastan con el saldo positivo de 145.000 euros notificado en el ejercicio anterior, lo que apunta a un deterioro significativo en el balance financiero de la sociedad. Solo en el primer semestre de 2025, la bodega informó un nuevo resultado negativo de 129.000 euros, lo que refleja la persistencia de los problemas económicos que enfrenta la firma durante el ejercicio actual.
El expediente de regulación de empleo y las medidas de refinanciación responden, según la información publicada por la CNMV, a las dificultades derivadas del menor volumen de producción, una coyuntura que obligó a la empresa a tomar decisiones para proteger la estabilidad del negocio y buscar salidas negociadas con los acreedores, con el fin de sortear una potencial insolvencia. La Ley Concursal española, en su artículo 585, permite a las empresas comunicar su voluntad de iniciar negociaciones para presentar un plan de reestructuración antes de que la situación económica derive en un concurso de acreedores obligatorio.
A la espera de los resultados de las negociaciones en curso, la compañía mantiene que todas sus operaciones ordinarias seguirán desarrollándose con normalidad. La dirección pretende acordar las soluciones necesarias junto a los acreedores para garantizar la sostenibilidad del grupo vinícola, que figura entre las principales bodegas históricas de la región de La Rioja y del sector en el país. Tal como detalló la empresa en su comunicación con la CNMV, el objetivo prioritario es mantener la actividad y la plantilla, así como resolver la situación financiera a través de acuerdos que consoliden la posición de Bodegas Riojanas en el mercado vitivinícola español.
EconomistJurist.es: La trampa de la capitalización de la cuenta 118 (supuesto práctico)
(Imagen: E&J)
La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 18 de noviembre de 2025, aborda un intento de dilución accionarial mediante una controvertida ampliación de capital por compensación de créditos. El caso se centra en la impugnación de los acuerdos sociales adoptados por parte de una sociedad limitada en su junta general extraordinaria del 7 de febrero de 2022, donde se pretendió transformar una aportación a fondos propios de la cuenta 118 en capital social, alterando drásticamente el equilibrio que existía inicialmente en las cuotas de participación de los socios en el momento de la constitución de sociedad.
Para situarnos en el contexto jurídico, la constitución de la sociedad limitada tuvo lugar el 10 de mayo de 2016, estableciendo inicialmente un reparto del capital social donde el socio demandante ostentaba el 40%, frente al 60% del otro socio, quien además ejercía como administrador único. La controversia surge cuando, años después de esa constitución de sociedad, el socio mayoritario realiza una aportación de 45.000 euros en julio de 2021. Según la documentación contable y fiscal, dicha suma no se ingresó como un préstamo, sino expresamente como una «aportación a fondos propios para equilibrar el balance y remover la causa legal de disolución que afectaba a la compañía».
Esta distinción es fundamental, ya que el administrador decidió posteriormente convocar una junta general para ejecutar una ampliación de capital por compensación de créditos, utilizando precisamente esa aportación para aumentar su participación hasta el 97,5%, reduciendo al minoritario a un 2,5% residual.

(Imagen: E&J)
El primer obstáculo que debió superar la Audiencia Provincial fue la excepción de caducidad apreciada por el juzgado de instancia. La sentencia analizada corrige este criterio recordando que, para los acuerdos sociales, el artículo 205.2 de la Ley de Sociedades de Capital[1] establece un plazo de impugnación de un año. Al haberse celebrado la junta general el 7 de febrero de 2022 y presentarse la demanda el 6 de febrero de 2023, la acción estaba plenamente vigente y, por tanto, el tribunal podía entrar a valorar si la ampliación de capital por compensación de créditos cumplía con los requisitos legales mínimos.
El núcleo del debate jurídico de esta sentencia reside en la naturaleza de la cuenta 118 del Plan General de Contabilidad. La sociedad alegó que la aportación del socio mayoritario generaba un crédito a su favor que podía ser capitalizado en una ampliación de capital por compensación de créditos. Sin embargo, la Audiencia es tajante al citar el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital: «Cuando el aumento del capital de la sociedad de responsabilidad limitada se realice por compensación de créditos, estos habrán de ser totalmente líquidos y exigibles». El tribunal razona que una aportación registrada en la cuenta 118 es, de acuerdo con la Consulta Vinculante V1978/2016, de 9 de mayo, de la DGT, un «negocio jurídico traslativo del dominio por virtud del cual uno o varios socios aportan dinero, bienes o derechos a los fondos propios de una sociedad sin contraprestación». Al no ser una deuda de la sociedad, no puede existir un crédito exigible que legitime una ampliación de capital por compensación de créditos. Es decir, se prohíbe capitalizar aquello que ya es propiedad definitiva de la sociedad «a fondo perdido o no reintegrable».
Resulta significativo que la sentencia constate que el administrador registró la entrada de dinero como una aportación del socio destinada a fortalecer los fondos propios de la sociedad, contabilizándola en la cuenta 118. Dicho de otro modo, al intentar la ampliación de capital por compensación de créditos, el socio mayoritario pretendió «cobrarse» dos veces la misma aportación: primero para evitar la disolución y segundo para diluir al socio minoritario. La Audiencia recuerda que el Plan General de Contabilidad y las resoluciones del ICAC son claros al respecto: las cantidades en la cuenta 118 no tienen naturaleza de pasivo exigible. De esta manera, se impide que la contabilidad se utilice de forma arbitraria para alterar las cuotas de participación.
Y la sentencia no se limita a destacar la imposibilidad técnica de la operación, sino que además profundiza en el abuso de derecho, recordando que «la lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría». El administrador justificó la ampliación de capital por compensación de créditos alegando una supuesta causa de disolución por pérdidas. Sin embargo, los balances aportados acreditaron que la sociedad contaba con un patrimonio neto positivo y que, de hecho, en el ejercicio 2021 había obtenido beneficios. En consecuencia, el tribunal concluye que no existía una «necesidad razonable» para llevar a cabo dicha ampliación de capital por compensación de créditos y que, además, dicha operación resultaba perjudicial para el socio minoritario. Esto último es evidente dada la desproporción resultante, que revela claramente la mala fe del socio mayoritario al incrementar su participación del 60% al 97,5% mediante una ampliación de capital por compensación de créditos ficticia. La sentencia destaca que este tipo de actuaciones, especialmente en un contexto de desconfianza entre las partes, persiguen en la práctica la exclusión del socio minoritario.

(Imagen: E&J)
En conclusión, la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona es un recordatorio de que la ampliación de capital por compensación de créditos es un mecanismo excepcional que solo puede emplearse cuando existe una deuda auténtica y correctamente contabilizada como pasivo. La confusión entre el pasivo y el patrimonio neto (donde se ubica la cuenta 118) invalida cualquier intento de aumentar el capital social por esta vía. Como era previsible, el fallo de la sentencia estima el recurso de apelación del socio minoritario, revoca la sentencia de instancia y declara la nulidad absoluta de los acuerdos de la junta de febrero de 2022. Con ello, se restablece el equilibrio que había sido vulnerado y se preserva el sentido original del pacto fundacional de la sociedad, lanzando un mensaje claro a los administradores: la ampliación de capital por compensación de créditos no puede utilizarse como herramienta para diluir de manera injustificada la participación del socio minoritario. Este caso quedará como un precedente relevante sobre la inalterabilidad de los fondos propios una vez que han sido destinados a la cuenta 118 para sanear la sociedad.
Referencias
lunes, 23 de febrero de 2026
elConfidencial.com: EY crece un 8,7% al tirón de Consulting, mientras Auditoría pierde impulso
EY España anuncia que ha [sic] su ejercicio fiscal 2025 con una facturación de 921,6 millones de euros, un 8,7% más que el año anterior. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el área de Consulting, que aumentó sus ingresos un 12,4% hasta alcanzar los 306 millones de euros, según datos facilitados por la Big Four a la prensa.
Frente a este avance, el negocio de Auditoría y Assurance registró un incremento más moderado, del 5,1%,. El área legal creció un 9% y EY-Parthenon avanzó un 7,3%, según los datos facilitados por la firma. La cifra de 921,6 millones corresponde a los ingresos generados en España por sociedades que depositan cuentas en el Registro Mercantil.
EY excluye de sus cifras los mandatos españoles cuya facturación se ejecuta en el exterior —cuando parte del trabajo lo realizan otras firmas de su red internacional— así como los ingresos intragrupo procedentes de servicios internos entre sociedades del propio grupo.
De esta forma, la firma liderada por Federico Linares se posiciona en la pugna abierta entre las Big Four por el liderazgo en los ránkings de facturación. Mientras PwC ha optado en los últimos ejercicios por sumar parte de la actividad exterior vinculada a contratos ganados por la filial española, EY presenta únicamente los ingresos estrictamente locales, alineándose con el enfoque que defiende Deloitte. Todavía por ver qué hará KPMG.
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El ejercicio coincide además con la culminación de la reorganización global de EY. La firma ha adoptado una nueva estructura basada en diez superregiones y once sectores, con el objetivo de unificar criterios operativos y reforzar la especialización sectorial dentro de la red internacional.
El rediseño incluye el refuerzo de EY-Parthenon como plataforma integrada de estrategia y transacciones, concentrando capacidades que anteriormente estaban distribuidas en distintas áreas. En España, la adaptación al nuevo modelo global ha supuesto ajustes en la estructura organizativa y en la alineación sectorial de las distintas líneas de servicio.
La culminación de este proceso se produce en un ejercicio en el que el crecimiento se ha concentrado en consultoría y asesoramiento, mientras el negocio de auditoría afronta un entorno de mayor rotación de contratos relevantes.
Baile de clientes en auditoría
El ejercicio ha estado marcado por un movimiento relevante de contratos en el mercado de auditoría. Como adelantó este periódico, Inditex ha designado a Deloitte como nuevo auditor de sus cuentas consolidadas a partir de 2027, en sustitución de EY. El contrato está valorado en torno a ocho millones de euros anuales.
El relevo tiene su origen en la crisis abierta en 2024 entre EY y Pontegadea, el holding inversor de Amancio Ortega, en Reino Unido. Ese episodio rompió una práctica histórica dentro del grupo, cuyas principales sociedades habían estado auditadas tradicionalmente por la misma firma. La decisión de Inditex culmina ese proceso y supone la salida de EY de uno de sus principales mandatos en España.
TE PUEDE INTERESARRepsol abre la puja entre las Big Four para auditar sus cuentas desde 2028 Alejandro Mata
A estos cambios se suman la pérdida de los contratos de Ferrovial (13,8 millones de euros) y Enagás (1,4 millones), así como la revisión abierta por FCC, cuyo contrato con EY asciende a 5,78 millones. En paralelo, la firma ha ganado el mandato de Cellnex, valorado en 4,1 millones y mantiene al BBVA en su cartera, uno de los contrato más codiciados del Ibex. Parte de estos movimientos no se refleja[n] todavía de forma completa en la facturación de 2025, ya que varios contratos entrarán en vigor en ejercicios posteriores.
jueves, 19 de febrero de 2026
Auditool.org: Design Thinking: El secreto de los auditores cuyas recomendaciones siempre se implementan
Sus recomendaciones son técnicamente correctas, están bien fundamentadas y nadie las implementa. Si esto le suena familiar, el problema no es su auditoría; es que está diseñando soluciones sin considerar a quien debe ejecutarlas. Design Thinking le ofrece un enfoque radicalmente diferente.
Design Thinking es una metodología de innovación centrada en el ser humano, popularizada por IDEO y Stanford d.school, que ha transformado cómo las organizaciones más innovadoras del mundo resuelven problemas complejos. Su premisa fundamental: las mejores soluciones nacen de entender profundamente a las personas que las usarán.
Para el auditor, esto significa un cambio de paradigma: pasar de "encontrar lo que está mal" a "co-crear lo que funcionará". El resultado no son solo informes más persuasivos, sino recomendaciones que realmente se implementan.
Las 5 fases del Design Thinking aplicadas a auditoría
Design Thinking se estructura en cinco fases iterativas. A continuación, vea cómo cada fase transforma el enfoque tradicional de auditoría:
| # | Fase | Enfoque Tradicional | Enfoque Design Thinking |
|---|---|---|---|
| 1 | 👁️ Empatizar | Entender el proceso | Vivir el proceso junto al auditado. Observar frustraciones, no solo incumplimientos. |
| 2 | 🎯 Definir | Identificar hallazgos | Reformular: ¿Cuál es el verdadero problema detrás del síntoma que encontramos? |
| 3 | 💡 Idear | Proponer recomendaciones | Co-crear soluciones con el auditado. Generar múltiples alternativas antes de elegir. |
| 4 | 🔧 Prototipar | Redactar informe | Crear versiones rápidas de la solución. Probar antes de formalizar en el informe. |
| 5 | ✅ Testear | Seguimiento | Validar con el usuario si la solución funciona. Iterar si es necesario. |
ICAC: Sobre la obligación de publicación del informe del impuesto sobre sociedades
Sobre la obligación de publicación del informe de la disposición adicional undécima de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, acerca del impuesto sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o análoga. - | ICAC- Fecha: 19-01-2026
- Número BOICAC: Número BOICAC 144/diciembre2025-5
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Sobre la obligación de publicación del informe regulado en la disposición adicional undécima de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, acerca del impuesto sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o análoga por parte de determinadas empresas y sucursales
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La sociedad consultante es una sociedad residente en España que forma parte de un grupo multinacional cuya matriz tiene su residencia fiscal en Italia. Este grupo ha superado el umbral de 750 millones de euros de ingresos consolidados durante los dos ejercicios fiscales anteriores, lo que activa la obligación de elaborar y publicar un informe relativo al impuesto sobre sociedades de acuerdo con la Directiva (UE) 2021/2101 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2021, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto sobre sociedades por parte de determinadas empresas y sucursales. El informe será elaborado por la matriz italiana cumpliendo con la legislación italiana, que establece un plazo de 12 meses desde el cierre del ejercicio fiscal. España introdujo esta obligación a través de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, del fomento del ecosistema de las empresas emergentes, que modificó la Ley 22/2015 de 20 de julio, de auditoría de cuentas (LAC). En concreto, en el apartado tercero de la disposición adicional undécima de la LAC se establece un plazo específico de seis meses a partir de la fecha de cierre del ejercicio al que se refieran.
La sociedad consultante afirma que el plazo establecido en la legislación española podría crear una discrepancia temporal con el calendario de la matriz italiana y formula las siguientes preguntas:
1. ¿Puede la filial española acogerse a una exención según Disposición Adicional 11º de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas para la publicación del informe, cuando el informe público País por País sea publicado por la matriz italiana conforme a la normativa italiana, aunque dicha publicación se realice después del plazo de seis meses previsto en la normativa española?
2. En caso de que no resulte aplicable la exención por razones de plazo:
- ¿Debe la filial española publicar el informe antes del 30 de junio (plazo español), o puede esperar a la publicación por parte de la matriz italiana (hasta el 31 de diciembre)?
- En tal caso, ¿incurriría la filial en un incumplimiento formal por no respetar el plazo de la Disposición Adicional 11º de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas (modificación introducida por la Ley 28/2022 de startups) de si decide acogerse al calendario de la matriz?
- En caso de acogerse al calendario de presentación de la matriz italiana, ¿podrá la filial española presentar sin problemas las cuentas anuales en el Registro Mercantil sin la previa publicación del informe país por país?
En respuesta a las preguntas planteadas, este Instituto manifiesta lo siguiente:
La obligación de elaborar un informe acerca del impuesto sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o análoga que establece la Directiva (UE) 2021/2101 fue introducida en la legislación española mediante la creación de la Disposición adicional undécima de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, redactada por la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, del fomento del ecosistema de las empresas emergentes. El artículo 48 ter de la Directiva contable, en la redacción dada por la citada Directiva (UE) 2021/2101, establece lo siguiente en su apartado 1: “1. Los Estados miembros exigirán a aquellas sociedades matrices últimas sujetas a su Derecho nacional y cuyos ingresos consolidados en la fecha de cierre del balance hayan superado en cada uno de los dos últimos ejercicios consecutivos un total de 750 000 000 EUR, según sus estados financieros consolidados, que elaboren, publiquen y hagan accesible un informe relativo al impuesto sobre sociedades relativo al más reciente de esos dos ejercicios consecutivos. (…)” Por su parte, el apartado Primero. Empresas y sucursales obligadas a informar, de la disposición adicional undécima de la LAC dispone (énfasis añadido): “1. La sociedad dominante última de un grupo sujeta a derecho español que formule cuentas anuales consolidadas y cuyo importe neto de la cifra anual de negocios consolidada en la fecha de cierre del ejercicio haya superado, en cada uno de los dos últimos ejercicios consecutivos, un total de 750.000.000 de euros deberá elaborar, publicar, depositar y hacer accesible un informe acerca del impuesto sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o análoga relativo al último de esos dos ejercicios consecutivos. A estos efectos, se entenderá por sociedad dominante última la empresa que elabore los estados financieros consolidados del grupo mayor de empresas conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio (…)”
De la normativa aplicable se desprende que la obligación de elaborar el informe relativo al impuesto sobre sociedades recae, con carácter general, en la sociedad dominante última del grupo, sin perjuicio de las excepciones previstas. En España, la Directiva (UE) 2021/2101 se ha transpuesto atribuyendo dicha obligación a la sociedad dominante última sujeta a Derecho español que cumpla los requisitos establecidos. Esta sociedad, cuando sea residente en territorio español, deberá aprobar y publicar el informe en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio, conforme al apartado Tercero. Publicación y accesibilidad de la disposición adicional undécima de la LAC. Ahora bien, en el supuesto objeto de consulta, la sociedad obligada es la sociedad dominante última residente en Italia. En consecuencia, la elaboración, aprobación, publicación y plazos del informe se regirán por la normativa italiana que haya incorporado la citada Directiva.
miércoles, 18 de febrero de 2026
BOE.es: ¿Es necesaria la legitimación notarial de la firma del auditor de cuentas en un informe para la apliación de capital con cargo a reservas?

I
Mediante escritura autorizada el día 25 de junio 2025 por el notario de Madrid, don Norberto González Sobrino, con el número 1.621 de protocolo, la sociedad «Diza Soluciones Inmobiliarias, S.L.» elevó a público los acuerdos adoptados por unanimidad en su junta general universal celebrada el día 18 de junio de 2025 y por los que se trasladaba el domicilio social y se aumentaba el capital social con cargo a reservas, para lo que se incorporaba un informe de fecha 15 de abril de 2025 emitido por el auditor de cuentas, «Auditest, S.A.P.», y firmado por don J. M. G. M., con número del Registro Oficial de Auditores de Cuentas individual.
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lunes, 16 de febrero de 2026
Expansión.com: Multan a un socio de KPMG por utilizar la IA para aprobar una evaluación sobre la IA | Financial Times
Multan a un socio de KPMG por utilizar la IA para aprobar una evaluación sobre la IA | Financial TimesLa auditora ha detectado a varios empleados utilizando la tecnología en exámenes internos en los últimos meses.
Un socio de KPMG Australia ha sido multado con 10.000 dólares australianos (5.970 euros) tras usar herramientas de inteligencia artificial (IA) para hacer trampa en un curso interno de formación sobre el uso de la IA.
El socio, cuyo nombre no ha trascendido, se vio obligado a repetir el examen tras subir materiales de formación a una plataforma de IA para responder preguntas sobre el uso de esta tecnología en rápida evolución.
Según KPMG, a lo largo de este año financiero se ha descubierto a más de dos docenas de empleados utilizando herramientas de IA para exámenes internos.
Este incidente es el ejemplo más reciente de una empresa de servicios profesionales que lucha contra el uso de IA por parte de su personal para engañar en exámenes o al elaborar trabajos para clientes.
"Como la mayoría de las organizaciones, hemos tenido que lidiar con el papel y el uso de la IA en relación con la formación y las pruebas internas", explica Andrew Yates, consejero delegado de KPMG Australia. "Es algo muy difícil de controlar ante la rapidez con la que la sociedad la ha adoptado".
Y añade: "Dado el uso cotidiano de estas herramientas, algunas personas incumplen nuestra política. Nos lo tomamos muy en serio cuando lo hacen. También estamos buscando maneras de reforzar nuestro enfoque en el actual sistema de autoevaluación".
La Asociación de Contadores Públicos Colegiados, el mayor organismo contable del mundo, descartó las pruebas remotas a finales del año pasado, alegando que sus medidas de seguridad no podían seguir el ritmo de la "sofisticación" de los sistemas de engaño. Las Big Four han sido multadas por escándalos de este tipo en varios países en los últimos años.
KPMG explica que ha adoptado medidas para identificar el uso de IA por parte de su personal y registrará cuántos de sus trabajadores han hecho un mal uso de la tecnología cuando publique sus resultados anuales. El Australian Financial Review fue el primero medio en informar de que un socio de KPMG había sido multado por hacer trampa en la prueba de IA.
El problema se puso de manifiesto la semana pasada durante una investigación del Senado sobre la gobernanza del sector cuando Barbara Pocock, senadora del Partido Verde Australiano, preguntó sobre una "falta" en KPMG.
Pocock afirmó que era "extremadamente decepcionante" que no se hubieran podido tomar medidas adicionales. "Tenemos un sistema ineficaz donde los estafadores... se salen con la suya", denunció.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), el organismo regulador corporativo, afirma que ha confirmado el incidente con KPMG, pero explica que no tomará medidas adicionales hasta que el organismo profesional de los auditores inicie un procedimiento disciplinario contra el socio.
ASIC señala que las auditoras no están obligadas a denunciar este tipo de mala conducta, ya que cada socio tiene la obligación de informar a los organismos profesionales.
sábado, 14 de febrero de 2026
elConfidencial.com: Jaime Echaide, experto en trabajar en Big Four: "En un año de auditoría aprendes más que en un año de máster"
Entrar en una Big Four sigue siendo, para muchos recién graduados, una de las puertas más claras al mundo financiero. Jaime Echaide lo sabe bien. Graduado en ADE bilingüe por la Universidad de Murcia, dio sus primeros pasos profesionales en auditoría en Price y hoy es manager en el área de Deals de KPMG en Madrid. Su recorrido sirve para desmontar mitos y poner cifras, horarios y aprendizajes reales sobre la mesa.
Echaide recuerda que, cuando estaba en la universidad, apenas se hablaba de las Big Four como salida profesional. “Es llamativo, porque son una opción muy recurrente para quien quiere dedicarse a las finanzas”, explica. En su caso, llegó casi por casualidad, a través de unas prácticas en Price tras enviar un correo directo y “a puerta fría”. Aquella decisión marcó su carrera: cuatro años intensos en auditoría, pasando de becario a senior, con una doble promoción incluida durante la etapa más dura del covid.
El trabajo, admite, no es sencillo. La auditoría tiene picos de carga muy claros, sobre todo entre enero y junio, cuando se concentran los cierres contables. Jornadas largas, semanas exigentes y momentos de mucha presión forman parte del paquete. A cambio, ofrece una inmersión acelerada en las tripas de las empresas. “Ves sectores distintos, hablas con directores financieros, controladores, responsables de negocio… El aprendizaje es brutal”, señala. De ahí su frase más repetida: un año en auditoría equivale a varios cursos teóricos seguidos.
En cuanto al salario, Echaide es claro y huye del triunfalismo. Los primeros sueldos no son espectaculares: un becario cobra alrededor de 400 euros al mes y un junior ronda los 22.000 euros brutos anuales.“No entras por lo que ganas, sino por lo que aprendes y por las puertas que se abren después”, dice.
Ese bagaje fue lo que le permitió dar el salto al área de M&A y due diligence financiera en KPMG, donde hoy analiza empresas que están a punto de ser compradas o vendidas por fondos de inversión y grandes grupos. Su día a día mezcla Excel, presentaciones en inglés y muchas horas de análisis para detectar riesgos ocultos en balances y cuentas de resultados. “Ahora el cliente no quiere un informe de auditoría, quiere saber cuánto vale realmente una empresa y qué hay detrás de los números”, explica.
Más allá de la técnica, Echaide reconoce que el trabajo también le ha cambiado la forma de entender el éxito. Si al principio primaba la ambición y el ascenso rápido, con los años ha ganado peso el equilibrio personal. “Es importante que el trabajo te motive, pero también poder hacer deporte, cuidar tus relaciones y tener vida fuera de la oficina”, reflexiona.
viernes, 13 de febrero de 2026
Auditool.org: Cómo escribir hallazgos de auditoría que la gerencia no pueda ignorar: la técnica del impacto narrativo
"Invertí tres semanas de trabajo de campo, analicé cientos de transacciones y redacté un informe impecable. Dos meses después, descubrí que mi hallazgo fue archivado sin que la gerencia tomara una sola acción correctiva." Si esta historia te resulta familiar, el problema no es la calidad de tu trabajo: es cómo lo comunicas.
El hallazgo que nadie leyó
Más del 60% de los auditores reconocen que la comunicación efectiva de hallazgos es su mayor desafío profesional. Y el origen del problema es predecible: escribimos para auditores cuando nuestro lector real es un gerente de operaciones que tiene 47 correos sin leer, tres reuniones en la tarde y cero interés en un hallazgo de dos páginas escrito en lenguaje normativo.
La Técnica del Impacto Narrativo es un marco de escritura que transforma hallazgos técnicamente correctos en comunicaciones que la gerencia no solo lee, sino que actúa sobre ellas. Se compone de cinco elementos que, combinados, crean un hallazgo imposible de ignorar.
Seguir leyendo...UNIR.net: El cine como fuente histórica para el alumnado de Secundaria y Bachillerato
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| 'The Crown', la serie británica de factura impecable que explica la vida de la reina Isabel II. |
“El cine es una contrahistoria de la historia oficial”. Esta sentencia de Marc Ferro, historiador de la Escuela de Annales, marca un antes y un después en la consideración que el cine ha tenido como fuente para investigadores y para el alumnado que se acerca a la Historia.
Durante mucho tiempo, el cine ha sido sistemáticamente rechazado como fuente histórica desde el mundo académico, así como desde el docente. Sin embargo, la irrupción desde los años sesenta y setenta del siglo XX de investigadores pioneros como Ferro provocó un cambio de paradigma en este campo.
Máster en Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía e Historia en Secundaria y BachilleratoLas películas, series de televisión y documentales son productos culturales que pueden tener un gran potencial en el profesorado. Cuando esto ocurre, el cine en todos sus formatos se convierte en una oportunidad para los docentes, al ser una puerta abierta para la reinterpretación de la historia. Los docentes deben ser capaces de dominar el lenguaje propio del cine, con sus simbolismos, referencias y maneras de reflejar el tiempo, que son distintas de una visión diacrónica.
Qué factores intervienen en el análisis
¿Cuáles son los factores que intervienen en el momento de analizar el cine como fuente? Son dos los factores esenciales para que el cine se convierta en una fuente confiable para historiadores y docentes:
- La verosimilitud. Cuanto más rigurosa sea una obra cinematográfica, más se acercará a ser una fuente fiable para la investigación histórica.
- La intención del autor. Los guionistas y directores pueden tener diferentes objetivos cuando abordan la realización de una obra artística (propaganda, entretenimiento, rigor, estética). Desde el punto de vista de las Ciencias Sociales, lo más interesante es que la obra intente reflejar con el mayor detalle posible los hechos históricos y se debe ver de manera clara cuando el objetivo es meramente propagandístico.
Películas y procesos históricos
¿Qué deben mostrar las películas sobre el pasado y los procesos históricos? Lo ideal desde el punto de vista de las Ciencias Sociales es que los procesos históricos estén bien contados y que se explique con detalle el contexto, lo que es fundamental para el alumnado.
Por ejemplo, si nos ponemos con el caso de Cleopatra (1963) nos interesaría saber la familia de la que provenía, cómo llega a gobernar el imperio egipcio o las relaciones políticas y personales que estableció con Roma y sus dirigentes.
Viajar al pasado con ojos de hoy
¿Cómo actúa nuestra visión del presente sobre los hechos históricos reflejados en las películas? La visión cósmica y los valores preponderantes en un momento determinado de la historia influyen de manera importante en nuestra mirada sobre otras épocas. Así, consciente o inconscientemente, se critica las conductas de cualquier tiempo pasado olvidando que los personajes se podían comportar de una manera adecuada a su época desde el punto de vista ético o moral.
Un principio elemental de nuestra civilización es la defensa de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, algo que se debe inculcar al alumnado. Sin embargo, no se debe confundir esto con entender que los valores no han sido los mismos en todas las épocas y han ido evolucionando.
Cinco películas para entender el mundo de ayer
Hay un abanico inacabable de películas y documentales que podríamos usar en las aulas de Secundaria y Bachillerato. Sin embargo, se va a apostar por cinco que reflejan de una manera pedagógica y a la vez realista los acontecimientos de diversos períodos de la existencia humana.
- Shoa (1985). Documental francés de Claude Lanzmann que explica el horror del Holocausto desde fuentes orales, destacando los testimonios de supervivientes, perpetradores y testigos. Ideal para conocer la importancia de la historia oral y para constatar el grado de maldad al que puede llegar el ser humano.
- The Crown (2016). Serie británica de factura impecable que explica la vida de la reina Isabel II contextualizada en acontecimientos históricos tanto a nivel nacional como internacional. Ideal para conocer la figura de la reina británica con un contexto histórico excepcional.
- La Ola (2008). Película de Dennis Gansel en la que un docente explica el concepto de autocracia a través de un experimento con el alumnado. Ideal para comprender el riesgo de todos los autoritarismos.
- Gandhi (1983). Película biográfica sobre la figura de Mahatma Ghandi, defensor de la no violencia y líder del movimiento de independencia indio. Ideal para trabajar temas sociales y biográficos.
- Borgen (2010). Serie danesa que narra las interioridades de la política de su país a través de la figura central del personaje de Birgitte Nyborg. Ideal para conocer el funcionamiento de las instituciones democráticas y el peso de los medios de comunicación en la visión política de los ciudadanos.
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| El cine en todos sus formatos se convierte en una oportunidad para los docentes en el aula. |
El cine, en el cine, pero también en clase
El cine, en sus distintas manifestaciones, puede ser una fuente válida para ser utilizada por los docentes de Secundaria y Bachillerato si se dan las siguientes características:
- Las películas que serán útiles a los docentes serán aquellas que sean verosímiles y que atiendan con rigor al contexto histórico.
- El cine tiene un lenguaje propio que deben controlar los docentes para poder explicarlos a su alumnado.
- Cada obra cinematográfica es una representación social en la que el docente podrá encontrar diferentes elementos con los que trabajar en el aula, desde las características principales de una época hasta los pensamientos e ideologías, pasando por la cultura popular o la vida cotidiana.
(*) Ángel Iturriaga Barco es profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de UNIR. Doctor en Ciencias Sociales y especialista en Historia Contemporánea y de Nuestro Tiempo. Ha participado en ciclos de conferencias y comunicaciones en congresos y seminarios de historia contemporánea.



