El bufete Arriaga Asociados ha entrado en concurso de acreedores al haber fracasado su intento para reestructurar la deuda. El despacho madrileño –conocido por interponer reclamaciones contra la banca– acumula un pasivo de al menos 32 millones de euros.
A lo largo de los últimos meses, el bufete intentó conseguir un poco de oxígeno para seguir adelante negociando un plan de reestructuración de la deuda con el principal acreedor, el fondo inversor Pemberton. Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. De hecho, ambas partes decidieron ir por separado y presentar cada una ante el juez su propio plan con el objetivo de que uno de los dos fuese homologado judicialmente y obligase a la otra parte.
El juez mercantil 1 de Madrid ha rechazado ambos planes y la compañía ha presentado concurso de acreedores. La compañía asegura que a pesar de ello “seguimos atendiendo a nuestros clientes y colaboradores con total normalidad”. A causa de esta situación, el despacho ya ejecutó un ERE el pasado mes de noviembre que implicó el despido de 158 personas, alrededor del 40% de la plantilla. Desde entonces, Arriaga asegura que no ha acometido más recortes de plantilla y que mantiene su actividad en las oficinas de Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.
El despacho afirma mantener la actividad tras haber ejecutado un ERE el año pasado
La empresa, presidida por Jesús Arriaga, tiene esperanzas de salir del concurso. Acaba de solicitar aclaraciones sobre la negativa del juzgado a su plan y contempla plantear un recurso de reposición ante esta resolución. “Consideramos que el procedimiento de concurso de acreedores dictado por el mismo juzgado no debería haberse iniciado hasta que se resuelvan dichas aclaraciones y el posible recurso de reposición”, apuntan fuentes de la empresa. De hecho, Arriaga también estaría dispuesta a alcanzar un pacto con el fondo británico que permitiera levantar el concurso.
Estas fuentes explican que el endeudamiento de la compañía responde a una falta de liquidez, “ocasionada en gran parte por la retención de fondos por parte de la autoridad judicial”. El despacho, añaden estas fuentes, “opera bajo un sistema de cobro a éxito y no ha podido percibir los honorarios correspondientes a la defensa de los clientes, ya que estos, después de meses e incluso años, aún no han recibido sus pagos”, aseguran.
Esta situación ha generado importantes tensiones de tesorería que han provocado que resulte imposible devolver los créditos a Pemberton, que durante años ha financiado la compañía.
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