
El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles en Junta de Gobierno el Plan de Auditorias para 2017 de las entidades dependientes del propio Consistorio las cuales no estén aún sometidas a control y fiscalización previos, como serían las sociedades mixtas y algunas fundaciones.
Según ha explicado el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, el Plan se ha aprobado a propuesta del interventor municipal y alude tanto al de materia económico-financiera como al cumplimiento de objetivos, que resulta "más novedoso".
Así, se informará del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación, así como del grado de eficiencia en la consecución de los objetivos previstos; se comprobará la gestión económico-financiera; así como la transparencia del Sector Público Municipal así como a la auditoría de cumplimiento cuyo fin es verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que sean de aplicación.
El edil socialista ha explicado que las auditorías se realizarán en entidades que hasta ahora no tenían un control económico financiero, como entiende que serían las sociedades municipales mixtas, fundaciones y otras entidades como la Feria de Valladolid, la Asociación Ibérica de Municipios o el Patronato de la Casa de la India.
La Intervención participará, según ha apuntado Gato, en la elaboración de pliegos para contratar empresas externas, que serán las que se encarguen de las auditorías, que se realizarán sobre la anualidad de 2017, por lo que no se llevarán a cabo hasta que concluya el ejercicio, ya en 2018.
El objetivo es "que no se escape nada" y que se auditen aspectos específicos, como el control de la contratación pública, personal, presupuestos, y otras cuestiones que, como ha reconocido Antonio Gato, "ahora mismo no son objeto de control económico financiero".
De hecho, ha recordado que sólo están sometidos a fiscalización "plena" el propio Ayuntamiento, los organismos autónomos Fundación Municipal de Deportes y de Cultura, la Seminci y las sociedades VIVA y Auvasa, mientras que el resto "quedaba prácticamente sin control de intervención".
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