El 68% de la facturación se concentra en siete firmas, lo que implica riesgos sistémicos.
31 JUL 2018 - 08:12 CEST
Recientemente, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha publicado el documento anual sobre “la Situación de la Auditoría en España- 2017”, informe que recoge los datos remitidos al ICAC por los auditores y las sociedades de auditoría correspondientes al período comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.
En segundo lugar, de los datos del ICAC, debemos destacar que en España hay 20.997 auditores individuales, de los cuales no llegan a 5.000 los que ejercen la actividad, ya sea como auditores ejercientes (4.016), o prestando sus servicios para otros auditores (955). Por otro lado hay 1.394 sociedades de auditoría, de las cuales 1.379 se hayan adscritas a alguna de las dos Corporaciones de auditores existentes, y de éstas sólo 1.200 sociedades han tenido facturación durante este último período.
La facturación del sector en los trabajos de auditoría regulados por la LAC en este último período ha alcanzado la cifra de 663.272.307 euros, por lo que podemos afirmar que la actividad del sector permanece más o menos estable ya que ha logrado un pequeño crecimiento que no alcanza los 12 millones, lo que representa un incremento de solo el 1,7%. Como se puede desprender de este dato, España no tiene un gran mercado en lo que se refiere a trabajos de auditoría regulados, y esto se debe a que somos un país eminentemente de pymes en el que solo un porcentaje muy pequeño del total de compañías españolas está sujeto a auditorías obligatorias. En este último período del 2017, se han realizado 60.556 trabajos de auditoría, de los cuales 8.270, un 14%, corresponden a informes emitidos a entidades grandes; 21.066, un 35%, corresponden a entidades medianas, y un 51 %, esto es 31.230 informes, son informes emitidos a entidades pequeñas, datos que por sí solos, reflejan el tejido industrial y económico español.
Otro dato muy importante a destacar, y que también se mantiene inalterable, es que aproximadamente el 95% de la facturación del sector se efectúa a través de sociedades de auditoría; y este año, al igual que en los últimos años, su facturación se ha incrementado un 2% respecto al año anterior, mientras que ha disminuido la facturación de los auditores individuales. Por lo tanto, podemos afirmar que de seguir así esta tendencia, llegaremos a un punto en el que el sector estará acaparado por sociedades de auditoría, y con ello el auditor individual tendrá un papel de menor relevancia.
Para tener un mayor conocimiento de lo que es y representa la actividad de auditoría en España, hay que destacar que en el sector trabajan 16.093 profesionales de los cuales 14.294 lo hacen en sociedades de auditoría y 1.799 para auditores individuales. Por tanto el 88%; es decir casi un 90% del empleo se concentra en sociedades.
Por otro lado, y como viene siendo también una constante en el sector, es un hecho que los honorarios de auditoría no son acordes con el nivel de preparación y conocimientos de los profesionales que trabajan, ni con los niveles de calidad y responsabilidad que se exigen para el desarrollo de la actividad de auditoría. Con respecto a este dato la información publicada por el ICAC muestra que en este período el precio/hora promedio se ha situado en 65,42 euros, lo que supone un descenso con respecto al año anterior (66,26 euros) de un 1,3%, y evidencia además que nos encontramos muy por debajo de los honorarios de otros países de nuestro entorno.
En otro orden de cosas, habría que insistir en el gran problema, que bajo mi punto de vista, es una de las grandes lacras de nuestra actividad, como es la enorme concentración que se da en la misma. Así de los datos publicados por el ICAC se aprecia que el 68% de la facturación total del sector se concentra en siete compañías, otro 10% lo hace en aproximadamente unas 60 compañías más, mientras que las 1.133 compañías restantes solamente tiene una cuota de mercado del 22%. Con estos números, parece que la competencia, factor fundamental en el desarrollo del cualquier sector, en el mantenimiento de la calidad y en el desarrollo de la innovación, está en peligro debido a que un grupo muy reducido de sociedades se reparten el mercado.
Un mercado tan altamente concentrado como el español, no puede gozar de las ventajas anteriormente mencionadas, y además, aporta una serie de riesgos sistémicos que pone en jaque tanto su desarrollo futuro como su estabilidad. Deberíamos analizar esta situación y realizar de forma rigurosa y responsable las acciones pertinentes para reducir sus efectos. Fruto de esta concentración, es que en España, a pesar de ser un país eminentemente de pymes, los pequeños y medianos auditores no tienen un papel relevante, a pesar de que se encuentran en mejores condiciones para prestar servicios a las mismas pymes, que las grandes firmas. Así solamente el 16% del total de los trabajos, es decir 9.802 auditorías, corresponden a entidades con una cifra de negocio superior a 30 millones de euros. Las entidades auditadas con cifra de negocio menor a 6 millones de euros representan un 38% del total. Con estos datos encima de la mesa, parece evidente que los pequeños y medianos auditores deberían liderar el mercado, y sin embargo este hecho no se da.
Carlos Puig de Travy es Presidente del Registro de Economistas Auditores (REA) del Consejo General de Economistas
