Un castellano-manchego cobró ayudas por una superficie cultivable que en realidad era una pista de motocross.
Diego Sánchez de la Cruz - 2015-11-16
El último informe de evaluación presupuestaria del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea apunta que, a lo largo de 2014, más de 8.000 millones de gasto público comunitario fueron empleados de manera irregular. Semejante bolsa de fraude ha sido aprovechada por pícaros de diversas nacionalidades para llenarse los bolsillos sin cumplir los requisitos exigidos.
Un ejemplo lo tenemos en la "picaresca" que el Tribunal describe como "solicitud de ayuda para tierras no admisibles". Este fraude, común en España, Austria y Portugal, consiste en que se conceden ayudas a parcelas declaradas como pastos permanentes, si bien las fincas en cuestión están en realidad total o parcialmente cubiertas de rocas o de bosques y matorrales tupidos, por lo que no deberían haber sido incluidas en las ayudas comunitarias.
Según explica el Tribunal de Cuentas, "las solicitudes de ayuda para estas parcelas se aceptaron porque su condición real no se reflejaba adecuadamente" en las solicitudes presentadas por los propietarios ante las instituciones comunitarias.
El informe apunta que las auditorías conducidas desde Bruselas han aflorado numerosas declaraciones inexactas a través de las cuales se consiguen fondos para proyectos que, de haber sido comunicados correctamente, no habrían sido admitidos por la Comisión Europea.
¿Parcela cultivable... o pista de motocross?
El caso más llamativo es el de un castellano-manchego que cobró una ayuda por un terreno que estaba registrado en el Sistema de Identificación de Parcelas (SIP) como una superficie cultivable. En realidad, lo que se encontró el Tribunal de Cuentas en este espacio fue una pista de motocross.
Según el organismo auditor, el problema con las subvenciones de pastos en España viene de lejos: hace cinco años, Bruselas comunicó a las Administraciones de nuestro país que era necesario tomar cartas en el asunto y presentar un plan de mejora en los registros de tierras. Sin embargo, aunque la advertencia se produjo en 2010, la aplicación del nuevo SIP aún se está desarrollando.
El proyecto de irrigación que gastaba más agua
También refleja el informe un caso observado en Andalucía que el Tribunal define como un "ejemplo de error de subvencionabilidad en un proyecto de inversión". El beneficiario habría cobrado 1,4 millones de euros para modernizar una infraestructura de irrigación con dos condiciones: la actuación debía ser viable económicamente y el consumo de agua debía reflejar una ganancia de eficiencia una vez se completase la nueva instalación.
"La auditoría del Tribunal constató que no se había cumplido ninguna de las dos condiciones. El proyecto no era económicamente viable en el momento de la concesión de la subvención y debería haber sido rechazado", señala el informe.
Y es que, aunque el consumo de agua que se había comunicado como situación de partida era de 3.000 m3 por hectárea y año, Bruselas pudo comprobar que la cifra real era el doble (6.000 m3 por hectárea y año). Peor aún fue el resultado del proyecto de irrigación: no solamente no cayó el consumo de agua, sino que subió significativamente, hasta los 8.000 m3 por hectárea y año.
Transporte de cereales y leche desnatada
Incluso en el transporte de alimentos regulado por la UE se constatan importantes deficiencias a la hora de cumplir con las normativas vigentes:
"Se asignaron a España cereales y leche desnatada en polvo de las existencias de intervención de Francia e Irlanda respectivamente. Se reembolsaron a los adjudicatarios los costes de transporte a España de ambos productos. La legislación europea prevé que en estos casos el transporte al país de destino debería verificarse mediante un procedimiento específico (formulario T5) que las autoridades francesas e irlandesas se negaron a emprender. Por consiguiente, las autoridades españolas recurrieron a otro procedimiento que el Tribunal considera menos eficaz"Comisiones del 2% en la formación
"En España, los gastos generales de un proyecto de formación se asignaron conforme a un método que incumplía estos requisitos. El Tribunal considera que estos gastos estaban sobrevalorados hasta representar un 2,3% del importe auditado", señala el documento del organismo auditor.
