FRAUDE EN LA FORMACIÓN
- Instó a agilizar la gestión de las subvenciones para no convertir la excepción en norma
- La Junta incumplía «todas las condiciones y requisitos» en ayudas a los consorcios
La Cámara de Cuentas de Andalucía alertó en enero al Gobierno andaluz del uso «de forma generalizada de la figura de la exoneración» para poder seguir dando subvenciones a entidades y organismos que no habían justificado en tiempo y forma ayudas anteriores. Lo hizo en el informe de fiscalización de las subvenciones concedidas a los consorcios escuela de formación para el empleo, justo antes de que la Consejería de Educación, Cultura y Empleo decidiera cerrar tres de esos organismos por sospechas de fraude en los cursos.
El informe de auditoría de la Cámara de Cuentas ya señala que la exoneración se había instalado como «práctica habitual» en la administración, por lo que recomendó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) introducir medidas que agilizaran la gestión económico-presupuestaria de los pagos para no tener que recurrir a ello.
Aquí se da una circunstancia digna de destacar, que da una idea de lo enredado que está el asunto en la administración andaluza: los consorcios escuela de formación están adscritos desde hace un año y medio a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, pero el SAE, que es el que financia estos consorcios mediante ayudas públicas y el que recibe estas recomendaciones de la Cámara de Cuentas, depende de la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
El director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ya declaró ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que decidió retirar las ayudas a tres consorcios por sospechas de fraude en los cursos al poco de llegar al cargo, en octubre de 2013. El 28 de enero de 2014, el Consejo de Gobierno decidió disolver esos tres consorcios: Forman, dedicado a las nuevas tecnologías, de Málaga; Formades, sobre equitación, de Almonte (Huelva), y CTI, que impartía soldadura naval, de San Fernando (Cádiz).
El informe de la Cámara de Cuentas destapó numerosas irregularidades en la gestión de las ayudas a la red de consorcios escuela de formación de la Junta, entonces compuesta por 14 centros y ahora por 11, tras disolverse los de Málaga, Almonte y San Fernando.
Los auditores cuestionaban que las ayudas se dieran en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, 'a dedo' o, por utilizar su terminología, de forma «nominativa». También señalan que hay casos en los que el alto cargo que concede las subvenciones es el mismo que las solicita como representante del consorcio de formación de las industrias del ocio de Mijas.
De hecho, hay consorcios que recibieron subvenciones en las que «se constata que hay un exceso en los importes concedidos sobre los justificados sin que conste que, por parte del SAE, se haya solicitado ni la justificación de las diferencias reflejadas ni el correspondiente reintegro», dicen los auditores.
«Como consecuencia de las deficiencias expuestas -continúa el informe-, hay que señalar que ni las propuestas de resolución aprobadas ni las resoluciones dictadas se presentan adecuadamente motivadas».
Como informó EL MUNDO de Andalucía el pasado miércoles, la Junta de Andalucía disolvió tres consorcios en enero por sospecha de fraude en los cursos de formación. El director general Carlos Cañavate reconoció que retiró las ayudas a tres de esos consorcios porque, «inmediatamente después de recibir la subvención, daban traslado a una serie de empresas constituidas como UTE». Y, según declaró el alto cargo, «una de las posibles bolsas de fraude que puede haber en la formación está en las empresas vinculadas y la subcontratación».
Entre lo que relató Cañavate a la UCO destaca también su relato del traspaso de las competencias de formación desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a la de Educación, Cultura y Deporte. La situación que encontró a su llegada al cargo en octubre de 2013 «era desastrosa» hasta el punto de que la Intervención mandó suspender los pagos de las ayudas.
¿Transparente o translúcida?
La transparencia sirve de algo si va acompañada de la agilidad. De las respuestas del Gobierno de la Junta de Andalucía a las preguntas de la oposición sobre los consorcios escuela de formación, que han sido numerosas en los últimos meses, se deduce una transparencia con matices. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2013, los diputados gaditanos del PP Teresa Ruiz-Sillero y Antonio Sanz registraron una pregunta al consejero Luciano Alonso, responsable de Educación, Cultura y Deporte, sobre el consorcio CTI de San Fernando, que entonces formaba a personal en soldadura naval. La pregunta fue contestada el 17 de febrero de 2014, una vez que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía había acordado su salida o, en su caso, la disolución del citado consorcio. En todo caso, ello no se mencionaba en la respuesta. La diputada del PP Ruiz-Sillero registró en el Parlamento de Andalucía entre octubre y noviembre de 2013 una petición para obtener copia de todos los reparos de la Intervención existentes en los expedientes de subvenciones de todos los consorcios. La Junta de Andalucía puso a disposición del PP los expedientes, de lo cual se deduce que existen reparos de la Intervención, pero la oposición nunca llegó a ver los documentos porque los requisó justo antes la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por orden de la juez Mercedes Alaya. Teniendo en cuenta que los registros se practicaron en mayo pasado, la falta de agilidad de la Administración provocó que la transparencia, tan proclamada por la presidenta Susana Díaz, quedara en nada.
El informe de auditoría de la Cámara de Cuentas ya señala que la exoneración se había instalado como «práctica habitual» en la administración, por lo que recomendó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) introducir medidas que agilizaran la gestión económico-presupuestaria de los pagos para no tener que recurrir a ello.
Aquí se da una circunstancia digna de destacar, que da una idea de lo enredado que está el asunto en la administración andaluza: los consorcios escuela de formación están adscritos desde hace un año y medio a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, pero el SAE, que es el que financia estos consorcios mediante ayudas públicas y el que recibe estas recomendaciones de la Cámara de Cuentas, depende de la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
El director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ya declaró ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que decidió retirar las ayudas a tres consorcios por sospechas de fraude en los cursos al poco de llegar al cargo, en octubre de 2013. El 28 de enero de 2014, el Consejo de Gobierno decidió disolver esos tres consorcios: Forman, dedicado a las nuevas tecnologías, de Málaga; Formades, sobre equitación, de Almonte (Huelva), y CTI, que impartía soldadura naval, de San Fernando (Cádiz).
El informe de la Cámara de Cuentas destapó numerosas irregularidades en la gestión de las ayudas a la red de consorcios escuela de formación de la Junta, entonces compuesta por 14 centros y ahora por 11, tras disolverse los de Málaga, Almonte y San Fernando.
Los auditores cuestionaban que las ayudas se dieran en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, 'a dedo' o, por utilizar su terminología, de forma «nominativa». También señalan que hay casos en los que el alto cargo que concede las subvenciones es el mismo que las solicita como representante del consorcio de formación de las industrias del ocio de Mijas.
Rosario de irregularidades
El rosario de irregularidades en estas subvenciones es variado, a tenor de lo reflejado en el informe de la Cámara de Cuentas. Los auditores señalan que el SAE «incumple todas las condiciones y requisitos» que se deben cumplir en la tramitación de estas ayudas. Por ejemplo, no hay valoración técnica de los proyectos subvencionados, ni constan «las actas de revisión, que evidencien que se haya comprobado que las solicitudes y la documentación complementaria presentadas cumplen los requisitos exigidos» y, además, las cuantías de las subvenciones se determinaba de manera discrecional.De hecho, hay consorcios que recibieron subvenciones en las que «se constata que hay un exceso en los importes concedidos sobre los justificados sin que conste que, por parte del SAE, se haya solicitado ni la justificación de las diferencias reflejadas ni el correspondiente reintegro», dicen los auditores.
«Como consecuencia de las deficiencias expuestas -continúa el informe-, hay que señalar que ni las propuestas de resolución aprobadas ni las resoluciones dictadas se presentan adecuadamente motivadas».
Como informó EL MUNDO de Andalucía el pasado miércoles, la Junta de Andalucía disolvió tres consorcios en enero por sospecha de fraude en los cursos de formación. El director general Carlos Cañavate reconoció que retiró las ayudas a tres de esos consorcios porque, «inmediatamente después de recibir la subvención, daban traslado a una serie de empresas constituidas como UTE». Y, según declaró el alto cargo, «una de las posibles bolsas de fraude que puede haber en la formación está en las empresas vinculadas y la subcontratación».
Entre lo que relató Cañavate a la UCO destaca también su relato del traspaso de las competencias de formación desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a la de Educación, Cultura y Deporte. La situación que encontró a su llegada al cargo en octubre de 2013 «era desastrosa» hasta el punto de que la Intervención mandó suspender los pagos de las ayudas.
La transparencia sirve de algo si va acompañada de la agilidad. De las respuestas del Gobierno de la Junta de Andalucía a las preguntas de la oposición sobre los consorcios escuela de formación, que han sido numerosas en los últimos meses, se deduce una transparencia con matices. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2013, los diputados gaditanos del PP Teresa Ruiz-Sillero y Antonio Sanz registraron una pregunta al consejero Luciano Alonso, responsable de Educación, Cultura y Deporte, sobre el consorcio CTI de San Fernando, que entonces formaba a personal en soldadura naval. La pregunta fue contestada el 17 de febrero de 2014, una vez que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía había acordado su salida o, en su caso, la disolución del citado consorcio. En todo caso, ello no se mencionaba en la respuesta. La diputada del PP Ruiz-Sillero registró en el Parlamento de Andalucía entre octubre y noviembre de 2013 una petición para obtener copia de todos los reparos de la Intervención existentes en los expedientes de subvenciones de todos los consorcios. La Junta de Andalucía puso a disposición del PP los expedientes, de lo cual se deduce que existen reparos de la Intervención, pero la oposición nunca llegó a ver los documentos porque los requisó justo antes la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por orden de la juez Mercedes Alaya. Teniendo en cuenta que los registros se practicaron en mayo pasado, la falta de agilidad de la Administración provocó que la transparencia, tan proclamada por la presidenta Susana Díaz, quedara en nada.
