Aunque la entrada en vigor (hace año y medio) de la reforma del texto refundido de la Ley Concursal ha traído consigo un marco regulatorio más favorable para la gestión de las insolvencias, se están registrando casos de empresas que al amparo de la nueva norma alcanzaron un plan de reestructuración con sus acreedores y que ahora, paradójicamente, están acudiendo al juzgado para solicitar la declaración de concurso.
En tales casos, el plan de reestructuración ha fracasado como instrumento destinado a garantizar la viabilidad de una compañía a corto y medio plazo y, en efecto, la única salida posible pasa por el procedimiento concursal, mucho más lento, costoso y enrevesado en su tramitación.
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