
La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro. También a penas que van de los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros once acusados de la excúpula de la compañía. Es por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.
Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional ha condenado, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova SA y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil. En algunos casos, llegan a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores. MAPFRE figura como responsable civil directo de la auditora.
Explica la sentencia que «la cobertura abarca los daños provocados por sus labores de auditoría en relación con las cuentas anuales de Pescanova y el grupo correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012 que influyeron decisivamente en las operaciones de toma de participación de Luxempart en Pescanova realizadas en los años 2011 y 2012 y su consiguiente perjuicio”. El límite de responsabilidad de la póliza para cada ejercicio es de 12.150.000 euros.
En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven a siete de los 19 acusados.
Hechos probados
Los hechos probados de la sentencia relatan cómo, a consecuencia de la crisis financiera que empezó a detectarse en 2008, el presidente de la firma gallega, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza, entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares con objeto de seguir obteniendo financiación bancaria.
Una vez obtenida esa financiación se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa «para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones».
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