LaRioja.com: La Audiencia Nacional condena a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova

La Audiencia Nacional condena a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova | La Rioja
Además de a Manuel Fernández de Sousa-Faro, la justicia ha condenado a otros once acusados a penas que van desde los seis meses a los tres años y medio de prisión por prácticas irregulares para lograr financiación y por manipulación de las cuentas.
Martes, 6 octubre 2020, 12:14

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro y a penas que van de los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros once acusados de la excúpula de la entidad por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.

En una sentencia, los magistrados de la sección cuarta de lo penal absuelven a siete de los 19 acusados y condena a los otros doce a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente.

Además de a las personas físicas, la Audiencia Nacional ha condenado, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova SA y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores.

La sentencia, que consta de 610 páginas, relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova, a cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del consejo de administración, Manuel de Sousa-Faro. De acuerdo con la sentencia, el primer ejecutivo de la compañía contaba con la colaboración de los responsables de los departamentos más relevantes, como el de administración, Alfredo Pérez Uros; el financiero, dirigido por Antonio Taboas y determinados empleados de confianza, como José Manuel Gil González o Ángel González Domínguez.

Los hechos probados de la sentencia muestran que bajo el mandato de quien fuera presidente ejecutivo entre 1985 y 2013, como consecuencia de la dificultad de seguir disfrutando de la financiación bancaria que le servía de soporte para su normal funcionamiento, «al menos desde finales de 2007, ideó una serie de mecanismos que tenían por objeto aparentar una relación comercial, en realidad inexistente, que permitiera a Pescanova seguir obteniendo financiación bancaria y ostentar frente al resto de los socios y terceros interesados en invertir una situación económica y financiera positiva muy distinta a la publicada oficialmente». Para ello, Fernández de Sousa-Faro se sirvió de los departamentos de administración y financiero y de algunos empleados que trabajaban en los mismos, de la auditoría interna y de la falta de salvedad alguna por parte del responsable de la auditoría externa durante los ejercicios en que tal labor de financiación sobre operaciones financieras u otros mecanismos de ocultación de las deudas financieras que se llevaron a cabo.

Algunos de los mecanismos empleados por la compañía para lograr financiación bancaria fueron la solicitud de multimillonarios créditos documentarios a través de operaciones con filiales de ultramar; la creación de sociedades 'ad hoc' para aparentar unas relaciones comerciales de compraventa de pescado, en realidad inexistentes, pero aptas para conseguir lineas de factoring o pólizas de descuento bancario; además del uso de antiguos clientes, incluso sin su consentimiento, con objeto de aparentar frente a las entidades bancarias una fluida relación comercial, igualmente inexistente; también la ocultación de sociedades filiales que deberían estar en el perímetro de consolidación; y la compensación de activos con pasivos y créditos con deudas.

Con ello, según muestra la sentencia, «estaríamos ante un delito de estafa en el que los engañados por la sociedad eran los bancos y el mecanismo del engaño fueron esas facturas, transformadas en remesas de facturas, supuestamente vinculadas a unos inexistentes contratos de compraventa de pescado».

Una vez obtenida esa financiación, se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones, de acuerdo con la sentencia, en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa «para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores».

La sentencia también considera acreditado que el presidente de Pescanova y su esposa, Rosario Andrade, sacaron cuatro millones y medio de euros de las cuentas de España e ingresaron el dinero en dos entidades bancarias de la localidad portuguesa de Valença, después de que se conociera que las cuentas no reflejaban la situación real de Pescanova y se hubieran presentado las primeras querellas. Además, trataron de transferir el dinero a una cuenta previamente abierta en Hong Kong.

Durante el juicio los dos acusados reconocieron las transferencias de España a Portugal, aunque discreparon respecto a su carácter delictivo y alegaron que su intención no era ocultar patrimonio a los inversores de Pescanova, sino poder usar su patrimonio a la vista de los inconvenientes derivados de la situación económica de la sociedad.

Por estos hechos en concreto, el expresidente de Pescanova resultó condenado a dos años de cárecel y a uno su mujer por delito de alzamiento de bienes.