El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el
Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015. Los objetivos de la fiscalización han sido: el análisis del cumplimiento de la legalidad de los recursos públicos y privados percibidos por los partidos políticos, así como de la regularidad contable de las actividades económico-financieras que aquellos realicen.
El informe ha emitido una opinión favorable, aunque con salvedades, de las cuentas fiscalizadas de 20 de los partidos políticos, en 2014, y 19, en 2015. Sin embargo, el documento acusa a los partidos Aralar, Coalició Compromís, Coalición EH Bildu, Convergència Democrática de Catalunya, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida y Partido Aragonés en el ejercicio 2014, y Aralar, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Coalició Compromís, Coalición EH Bildu, Convergència Democrática de Catalunya, Eusko Alkartasuna, Federación EH Bildu, Izquierda Unida y Partido Aragonés, en el ejercicio 2015 de que
“las cuentas no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial”.
Además, el Tribunal de Cuentas no ha podido emitir, por distintos motivos, opinión sobre Unió Democrática de Catalunya y Unión Progreso y Democracia.
También señala a 12 formaciones respecto del ejercicio 2014 y 13 respecto de 2015, por no presentar el preceptivo informe relativo a la revisión del sistema de control interno prescrito en el artículo 15 de la LOFPP. La
falta de un sistema de auditoría o control interno a que hace referencia dicho precepto podría constituir una irregularidad sancionable tipificada en el artículo 17 de la mencionada Ley Orgánica, explica el informe.
Otra de las conclusiones que se desprenden del análisis es que al cierre de los ejercicios fiscalizados,
seis formaciones presentaban patrimonio neto negativo, entre las que destacan por su elevada cuantía Unió Democrática de Catalunya, Convergència i Unió e Iniciativa per Catalunya-Verds. En el caso de las dos primeras, su situación de desequilibrio patrimonial ya se había puesto de manifiesto en informes de fiscalización anteriores.
Además, el informe subraya que “se han detectado gastos que se han contabilizado como ordinarios, que correspondían a conceptos de naturaleza electoral según se recoge en el artículo 130 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, vinculados a los procesos electorales celebrados durante 2014 y 2015 y que deberían haberse efectuado en el periodo electoral, y que debieron computarse a efectos de los límites máximos de gastos electorales aplicables a cada proceso”.
Se han identificado, además, otras irregularidades como que 13 formaciones en 2014 y 11 en 2015 no publicaron en su web, o al menos no de forma completa, las cuentas anuales de cada ejercicio o que
12 formaciones no habían publicado en su página el Informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2013, cuestión que viene denunciando la Fundación Compromiso y Transparencia en su informe
Transparencia, el mejor eslogan desde hace años.
En positivo, el informe señala que la totalidad de los partidos políticos obligados a rendir cuentas de los ejercicios 2014 y 2015 cumplieron con dicha obligación. Además, prácticamente todos ellos integraron en sus cuentas anuales las operaciones económico-financieras derivadas de su participación en los procesos electorales celebrados durante los ejercicios 2014 y 2015.
Fiscalización de las fundaciones y entidades vinculadas
En cuanto a las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos, las actuaciones fiscalizadoras han tenido como objetivo examinar las aportaciones recibidas por las mismas analizando su legalidad y la regularidad contable, y también la de los gastos derivados de programas y actividades financiados con cargo a subvenciones públicas. El informe analiza 43 fundaciones y cuatro asociaciones en 2014 y en 2015 añade tres sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de los partidos políticos.
Estas presentaron mayoritariamente sus cuentas de los ejercicios 2014 y 2015 al Tribunal de Cuentas, siendo esto obligatorio a partir de este último ejercicio. No obstante, aquellas que no lo habían hecho en un primer momento, las remitieron cuando les fueron solicitadas, explica el Tribunal de Cuentas. Por su parte,
la mayoría no envió el informe de auditoría de las cuentas anuales, a pesar de su obligatoriedad a partir de 2015.
Siete de las fundaciones fiscalizadas disponían de patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2015, destacando por su importancia cuantitativa la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Ideas para el Progreso, por importes de más de 1.500.000 y 300.000 euros, respectivamente.
En cuanto a las
aportaciones y donaciones privadas a fundaciones y entidades vinculadas o dependientes informadas al Tribunal de Cuentas, la fiscalización recoge que estas ascendieron a 5,3 millones de euros, en 2014, y a 4,9 millones, en 2015. En este punto, el informe observa una serie de incumplimientos:
- Donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no tener abiertas cuentas específicas al efecto.
- Donaciones procedentes de personas jurídicas sin aportar el acuerdo del órgano social competente o que no fueron notificadas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses.
- Entregas de efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptación.
Finalmente, similar a los partidos políticos,
las cuentas anuales correspondientes a los últimos ejercicios no han sido publicadas en las respectivas páginas web en el caso de 28 fundaciones, cuatro asociaciones y tres sociedades. (Vid.
Sobre el descontrol de las fundaciones políticas).
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