M. V. MADRID - Día 14/03/2014
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) entiende que la firma incumplió las normas técnicas de auditoría y podría sancionarla con multa y suspensió.
El estallido de la crisis de Pescanova, desvelando una trama societaria que degeneró en una deuda de 3.674 millones de euros y un patrimonio negativo por 1.667 millones, dejó una pregunta en el aire. ¿Cómo en tantos años nadie había sido capaz de destapar semejante agujero financiero? Un año después, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha abierto un expediente sancionador a BDO y a su socio auditor Santiago Sañé por un posible incumplimiento de las técnicas de auditoría a la hora de auscultar las cuentas de la pesquera. La infracción, considerada grave, podría acarrear una multa para la firma y la suspensión del socio.
El informe del organismo concreta que esos incumplimientos se refieren a la planificación, la falta de obtención de evidencia y a la omisión de información. Además, denuncia que la firma emitiera una opinión favorable sobre las cuentas de cada una de las sociedades incorporadas al balance consolidado sin aportar el informe del auditor de cada sociedad. En resumen, el ICAC entiende que el auditor no comprobó las cuentas con arreglo a los criterios técnicos exigidos.
BDO auditó y aprobó las cuentas de Pescanova durante diez años seguidos y sin presentar ninguna salvedad. Después de que la multinacional gallega presentase el concurso de acreedores y aflorase la trama societaria tejida en los últimos ejercicios, la firma siempre defendió que su tarea no era la de destapar un posible fraude, y en este sentido se considera otro de los engañados por la antigua dirección de la compañía, encabezada por Manuel Fernández de Sousa, que en teoría le ocultaba información del grupo. De hecho, ante la Audiencia Nacional, que imputó a BDO por el «caso Pescanova», el auditor ya manifestó que la empresa mantenía una «contabilidad B» a la que nunca tuvo acceso.
La firma auditoria dispone ahora de quince días para presentar alegaciones al ICAC. En todo caso, fuentes cercanas a BDO recuerdan que el expediente del Instituto, que actúa siempre de oficio [no siempre], forma parte de su forma habitual de proceder y que el informe no sugiere en ningún momento que el auditor incurriese en cohecho o prácticas similares.
Como fuere, si el organismo público, que dispone de un año para cerrar el expediente, acaba atribuyendo a BDO una infracción muy grave, la firma se enfrentaría a una multa por un importe de hasta el 3% de los honorarios facturados a la pesquera en el último año que la auditó, sin que ésta pueda ser inferior a 12.000 euros. Además, el ente podría suspender de actividad al socio Santiago Sañé, quitándole la autorización e imponiéndole la baja temporal durante un máximo de dos, o imponer una de entre 3.000 y 12.000 euros.
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