La Sindicatura cuestiona el descontrol en el sistema de compras de FerrocarrilsCensura el elevado número de personas con capacidad para contratar bienes sin control presupuestario y la desprotección de datos de usuarios de Metro y TRAM
26.03.13 - 00:09 - M. HORTELANO/ H. ESTEBAN | VALENCIA.
La gestión de compras en la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) es poco menos que caótica, a juzgar por las consideraciones que la Sindicatura de Comptes realiza en un informe específico sobre la entidad, referido a los años 2011 y 2012. En la Auditoria de eficacia de los sistemas de información y control interno del proceso de gestión de compras de FGV en esos dos años, se concluye que el nivel de confianza «no era suficiente para garantizar la correcta ejecución, contabilización de transacciones e irregularidades contables», por lo que no se asegura la «validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad» de la información relacionada con el sistema de compras dentro de la empresa pública.
En el informe de auditoría, hecho público hace días por la Sindicatura de Comptes, se divide la fiscalización en dos grandes bloques. En el primero de ellos, referido a los sistemas de información que permiten el correcto funcionamiento de la empresa, se hace hincapié en que, aunque FGV dispone de una plan estratégico de tecnologías de la información, «no está aprobado por el Consejo de Dirección». De hecho, ese plan es el que debería definir los proyectos e inversiones que la empresa pública debe llevar a cabo, de acuerdo con sus necesidades de gestión. La falta de concreción de ese documento ha provocado que se hayan producido «pérdidas de oportunidades de negocio y de carácter financiero». Desde FGV aducen que el proceso de reestructuración (dentro de la reordenación del sector público empresarial) ha dificultado su aprobación. Pero, por la falta de ese plan la Sindicatura alerta de que entidad, por ejemplo, «almacena datos de tarjetas de crédito con las que se ha efectuado un pago en los terminales de venta», saltándose el procedimiento de uno de los protocolos de seguridad que aporta medidas de seguridad y gestión de datos para comercios o bancos. En concreto, sólo durante 2011, más de 850.000 ventas en Metrovalencia se hicieron mediante tarjeta de crédito. Así, la información de esas transacciones «fue almacenado sin haberse evaluado los requerimientos de seguridad», algo que supone un «riesgo ante un incidente con dichas tarjetas si su información es robada o mal utilizada». Por no hablar del «riesgo de sanción de la entidad financiera, que podría ascender a 200.000 dólares (según el Síndic de Comptes), además de la cancelación de la posibilidad del pago por tarjeta para los clientes.
En otro ámbito, también en el apartado de tecnologías de la información, la Sindicatura detalla irregularidades técnicas en las salas donde se albergan los servidores de datos de FGV como son «la ausencia de sensores de temperatura, humedad o inundación». Algo, a priori, poco importante, si no fuera porque «el riesgo de que se produzca una pérdida de los archivos de la entidad» es considerable. Es decir, por una simple inundación o gotera en la habitación donde se ubican los servidores de Ferrocarrils se podría perder parte de la información de la empresa o alterar su funcionamiento. También se hace especial mención a la poca seguridad de las contraseñas de las cuentas de los trabajadores y usuarios, que manejan información de interés público. Además, el informe de auditoría asegura que «no se efectúa custodia externa de los soportes de copia», por lo que en caso de accidente en la empresa «no se asegura la disponibilidad de la información». Es decir, las copias de seguridad brillan por su ausencia.
Sin criterios de compra
El segundo de los bloques en que se divide el informe de auditoría, referido a la gestión de compras de la empresa, la Sindicatura concluye que «se carece de un procedimiento formalizado que establezca los criterios» a seguir en la contratación de bienes y servicios. Las compras «ni están documentadas, ni han sido aprobadas por el Consejo de Dirección, ni comunicadas al personal involucrado». Esta situación «representa un riesgo alto de que se produzcan casos de gestión indebida, parcial o no controlada», en base a criterios particulares, pero no aprobados por la dirección. Es decir, el descontrol sobre los gastos y contrataciones de servicios es total en FGV, según alerta la Sindicatura.
Y es que, además de esa falta de control sobre los gastos, se habla del «elevado número de usuarios con capacidad de creación y modificación de datos de proveedores», por lo que existe también un riesgo alto de que se puedan realizar compras «sin autorización». Demasiada gente con capacidad de crear órdenes de gasto puede provocar, según el Síndic, «que se tramiten pedidos que no cumplen con las normas de FGV y se realicen compras no autorizadas». Como ejemplo, en el contundente informe auditor se especifica que de los pedidos realizados en 2011 por parte de la empresa pública, un 14% carecen de solicitud aprobada. A eso, hay que unir que el fichero de pagos generado por la empresa para su posterior envío a las entidades financieras es «editable» y puede ser modificación con carácter previo. Eso, por no hablar de que es posible «deshabilitar el control para sobrepasar el presupuesto asignado» y seguir comprando aunque ya se haya agotado la partida para ello.
Tras ser alertada de todas estas irregularidades durante los ejercicios 2011 y 2012, Ferrocarrils remitió en febrero de 2013 un informe a la Sindicatura en el que presentó las alegaciones correspondientes a los fallos detectados en sistemas de información y gestión de compras. En el caso de los fallos informáticos, FGV reconoce los fallos, pero asegura que durante la auditoría, y conforme a las recomendaciones del Síndic, ha corregido buena parte de ellos. Pero la Sindicatura no acepta la versión y recuerda que «la alegación no altera lo señalado en el informe», por lo que rechaza modificarlo. Del mismo modo sucede también con la gestión de compras, de la que la empresa asegura que «es siempre autorizada por el jefe de Compras y el director Económico-Financiero y, a partir de ciertas cantidades, también por la Gerencia». Pero, en este caso, el Síndic tampoco accede a modificar su informe en esta parte, dados los argumentos de la empresa gestora de los Ferrocarriles valencianos.
