Revista Contable, 28 Nov. 2012, Editorial WOLTERS KLUWER ESPAÑA
Los auditores de cuentas españoles han promovido la incorporación de una enmienda a la Ley de Transparencia en el Congreso de los Diputados para que sea obligatorio que las cuentas de los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes se auditen anualmente. Así lo ha asegurado Rafael Cámara, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en la inauguración del XXI Congreso Nacional de Auditoría. Según los datos del Tribunal de Cuentas de 2010, el 69% de los ayuntamientos que debían remitir sus cuentas no lo hicieron. Y sólo un 5% de las corporaciones locales audita sus cuentas externamente.
Los profesionales de la auditoría de cuentas impulsamos y apoyamos los cambios que apuestan de forma decidida por mejorar la calidad y la transparencia de la información suministrada por empresas públicas y privadas. Rafael Cámara ha recordado que las tres corporaciones representativas de los auditores de cuentas han dado un paso para acercar a auditores del sector público y privado mediante la creación, en mayo de este año, de la Comisión de Auditores del Sector Público con el objetivo de apoyar a las administraciones públicas y colaborar con la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y los supervisores de cada comunidad autónoma a dotar a la gestión pública española de más transparencia.
La demanda de mayor transparencia también va ligada a una demanda de información esencial que revele la imagen fiel de las compañías teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la información financiera, el control de riesgos, la sostenibilidad, la gobernanza y los factores medioambientales, económicos y sociales, el denominado informe integrado. El presidente del ICJCE considera que es necesario superar el informe de auditoría tradicional e impulsar el informe integrado para dar respuesta a las demandas de los agentes económicos con una información que les permita evaluar mejor el valor económico de las organizaciones.
El Instituto está impulsando la implantación del informe integrado y miembros del Instituto colaboran con los grupos de trabajo constituidos por el International Integrated Reporting Council (IIRC), organismo creado en agosto de 2010, para su puesta en marcha. Este informe contendrá toda la información sustantiva, relevante y realmente estratégica de una compañía y modificará el papel que desempeñamos los auditores en la actualidad, ya que tendremos que ampliar nuestros conocimientos y capacidades y ser capaces de auditar y valorar información no financiera, ha explicado Rafael Cámara. El presidente del ICJCE ha manifestado que está previsto que para finales de 2013 haya un modelo de informe y que este informe hará que no haya que esperar a la información corporativa y financiera obsoleta de cierre anual, dado que el objetivo es que la información sea continua en el tiempo.
En cuanto a los cambios normativos que afectan a la auditoría de cuentas, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España se ha referido a las últimas modificaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea en torno a la Directiva y el Reglamento de Auditoría y a las Directivas IV y VII, refundidas en un texto conocido como Directiva Contable.
Afortunadamente las medidas inicialmente propuestas por la Comisión Europea sobre la rotación obligatoria, las auditorías conjuntas, los nombramientos de auditores por los reguladores o las firmas puras de auditoría se están reconduciendo en el Parlamento Europeo, ha subrayado Rafael Cámara, dado que estas propuestas suponían elevar los costes empresariales, mermar la calidad de la auditoría y limitar las posibilidades de competir en igualdad de condiciones a las pequeñas y medianas firmas de auditoría.
En lo que se refiere a la Directiva Contable, la propuesta de la Comisión Europea proponía que los Estados miembros pudieran eximir a las pequeñas empresas de presentar auditoría de sus cuentas y elevaba los criterios de catalogación de estas empresas lo que suponía un retroceso en el campo de la transparencia informativa, con el consiguiente efecto negativo en la economía, y una pérdida de la credibilidad de la información financiera, según Rafael Cámara.
Finalmente, en el Parlamento Europeo se han modificado los parámetros de pequeña empresa.
Unas modificaciones que se alinean con el sentir del sector auditor europeo, dado que salvaguardan la transparencia de la información financiera de las pequeñas y medianas empresas, ha explicado el presidente del ICJCE.
En cuanto a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España siempre ha apoyado la puesta en marcha de esta normativa, pues equipara la actividad auditora a nivel europeo. El presidente del ICJCE ha afirmado que la modificación en Europa de la Directiva de Auditoría en curso prevé un impulso de la adopción de las NIA, al imponer a los Estados miembro que velen porque las auditorías se efectúen de acuerdo a estas normas. En España, está previsto que las NIA entren en vigor para las auditorías de cuentas anuales correspondientes a ejercicios iniciados a partir de 2014.
Los profesionales de la auditoría de cuentas impulsamos y apoyamos los cambios que apuestan de forma decidida por mejorar la calidad y la transparencia de la información suministrada por empresas públicas y privadas. Rafael Cámara ha recordado que las tres corporaciones representativas de los auditores de cuentas han dado un paso para acercar a auditores del sector público y privado mediante la creación, en mayo de este año, de la Comisión de Auditores del Sector Público con el objetivo de apoyar a las administraciones públicas y colaborar con la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y los supervisores de cada comunidad autónoma a dotar a la gestión pública española de más transparencia.
La demanda de mayor transparencia también va ligada a una demanda de información esencial que revele la imagen fiel de las compañías teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la información financiera, el control de riesgos, la sostenibilidad, la gobernanza y los factores medioambientales, económicos y sociales, el denominado informe integrado. El presidente del ICJCE considera que es necesario superar el informe de auditoría tradicional e impulsar el informe integrado para dar respuesta a las demandas de los agentes económicos con una información que les permita evaluar mejor el valor económico de las organizaciones.
El Instituto está impulsando la implantación del informe integrado y miembros del Instituto colaboran con los grupos de trabajo constituidos por el International Integrated Reporting Council (IIRC), organismo creado en agosto de 2010, para su puesta en marcha. Este informe contendrá toda la información sustantiva, relevante y realmente estratégica de una compañía y modificará el papel que desempeñamos los auditores en la actualidad, ya que tendremos que ampliar nuestros conocimientos y capacidades y ser capaces de auditar y valorar información no financiera, ha explicado Rafael Cámara. El presidente del ICJCE ha manifestado que está previsto que para finales de 2013 haya un modelo de informe y que este informe hará que no haya que esperar a la información corporativa y financiera obsoleta de cierre anual, dado que el objetivo es que la información sea continua en el tiempo.
En cuanto a los cambios normativos que afectan a la auditoría de cuentas, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España se ha referido a las últimas modificaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea en torno a la Directiva y el Reglamento de Auditoría y a las Directivas IV y VII, refundidas en un texto conocido como Directiva Contable.
Afortunadamente las medidas inicialmente propuestas por la Comisión Europea sobre la rotación obligatoria, las auditorías conjuntas, los nombramientos de auditores por los reguladores o las firmas puras de auditoría se están reconduciendo en el Parlamento Europeo, ha subrayado Rafael Cámara, dado que estas propuestas suponían elevar los costes empresariales, mermar la calidad de la auditoría y limitar las posibilidades de competir en igualdad de condiciones a las pequeñas y medianas firmas de auditoría.
En lo que se refiere a la Directiva Contable, la propuesta de la Comisión Europea proponía que los Estados miembros pudieran eximir a las pequeñas empresas de presentar auditoría de sus cuentas y elevaba los criterios de catalogación de estas empresas lo que suponía un retroceso en el campo de la transparencia informativa, con el consiguiente efecto negativo en la economía, y una pérdida de la credibilidad de la información financiera, según Rafael Cámara.
Finalmente, en el Parlamento Europeo se han modificado los parámetros de pequeña empresa.
Unas modificaciones que se alinean con el sentir del sector auditor europeo, dado que salvaguardan la transparencia de la información financiera de las pequeñas y medianas empresas, ha explicado el presidente del ICJCE.
En cuanto a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España siempre ha apoyado la puesta en marcha de esta normativa, pues equipara la actividad auditora a nivel europeo. El presidente del ICJCE ha afirmado que la modificación en Europa de la Directiva de Auditoría en curso prevé un impulso de la adopción de las NIA, al imponer a los Estados miembro que velen porque las auditorías se efectúen de acuerdo a estas normas. En España, está previsto que las NIA entren en vigor para las auditorías de cuentas anuales correspondientes a ejercicios iniciados a partir de 2014.
