martes, 12 de noviembre de 2024

DineroSeguro.info: El Consejo General de Economistas se suma al IFAC

El Consejo General de Economistas se suma al IFAC


La Ordinary Council Meeting, la reunión ordinaria del Consejo de la IFAC, que ha tenido lugar en París, ha terminado con la incorporación del Consejo General de Economistas de España (CGE) a esta organización. Después de un riguroso proceso de análisis y evaluación de su recorrido histórico, representación de la profesión, estructura y gobernanza, es nuevo miembro, de pleno de derecho, de la International Federation of Accountants –IFAC– , la mayor organización mundial para la actividad profesional de la contabilidad y la auditoría.

La trayectoria y los méritos del CGE le han permitido entrar en la IFAC de forma directa en la categoría A, o de pleno derecho, sin necesidad de pasar por las categorías previas. Además, esta incorporación revalida al CGE como organización profesional de contabilidad y auditoría (PAO en sus siglas en inglés). 

El CGE se incorpora a la IFAC en un momento decisivo en cuanto que, entre los objetivos recogidos en sus planes estratégicos, se encuentran, entre otros, la adopción de la nueva norma para la Auditoría de Estados Financieros de Entidades menos Complejas, el análisis de las responsabilidades del auditor con respecto al fraude y el refuerzo del aseguramiento en materia de sostenibilidad. 

La IFAC, junto con sus organizaciones miembros, está comprometida con la protección del interés público por medio del desarrollo de normas y estándares internacionales de su campo, promoviendo valores éticos, fomentando prácticas de calidad y apoyando el desarrollo de todos los sectores de las actividades profesionales que representa a nivel global. 

Fundada en 1977, la IFAC está constituida en la actualidad por 180 miembros y asociados, de 135 países o jurisdicciones diferentes, que en total representan a más de 3 millones de contables y auditores de todo el mundo, ya sea en el ámbito profesional, privado, público, empresarial o de la educación.  

El conjunto de normas y procedimientos que se emiten desde IFAC es amplio y reconocido internacionalmente, abarcando, entre otros, los siguientes: el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad y la Auditoría, Normas Internacionales de Auditoría, Revisión, Otros Aseguramientos y Servicios Relacionados,  Normas Internacionales de Control de Calidad, Normas Internacionales de Educación,  Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, y a las que recientemente se le ha unido toda la actividad sobre guías y pronunciamientos en el ámbito de la información sobre sostenibilidad. 

Además, la IFAC dispone de varios comités y grupos, en los que también tiene un papel relevante el dedicado a los problemas y retos de los despachos y profesionales pequeños y medianos (SMP, de sus siglas en inglés), así como su relación con las pymes. 

En su intervención, y tras un sentido recuerdo por las víctimas y el resto de afectados en España por la dana, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha expresado su agradecimiento por poder formar parte de la gran familia de contables y auditores que constituye la IFAC: “Desde el Consejo General de Economistas sabemos que disponer de un marco normativo armonizado es esencial, dado que aporta seguridad a la economía y facilita las actividades comerciales y las inversiones, aumenta los flujos transfronterizos de capital, otorga una mayor estabilidad financiera y reduce el riesgo de arbitraje regulatorio en la información financiera y de sostenibilidad, es decir de la información corporativa”, ha manifestado el presidente de los economistas españoles. 

Según Pich, “la participación del Consejo General de Economistas en la IFAC ayudará a dar aún más voz a los economistas del ámbito de la contabilidad y la auditoría de cuentas –sobre todo de pequeñas y medianas empresas, aunque también de otras entidades y organizaciones del ámbito público y privado– en el proceso de elaboración de estándares internacionales de alta calidad en relación con nuestras actividades profesionales clásicas –a las que ahora hay que sumar la de la elaboración y verificación de la información de sostenibilidad– y con las miras siempre puestas en nuestro objetivo principal que no es otro que el interés público”. 

El presidente de los economistas considera que “la pertenencia a la IFAC, no solo nos va a permitir aportar nuestro punto de vista en cuestiones globales sobre temas relevantes en el ámbito de la contabilidad y de la auditoría, sino que también nos va a permitir reforzar los servicios brindados a nuestros miembros y a la sociedad en general”. 

Valentín Pich, estuvo acompañado por Salvador Marín, quien, además de ser miembro de los órganos del Consejo General de Economistas de España (CGE), de la dirección en su Servicio de Estudios, es también presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pymes (EFAA for SMEs), organización esta que comparte vínculos muy estrechos como network partner con la IFAC, transmitiendo a nivel europeo sus mismos signos de identidad. Para Marín, “si alguien se merecía estar en IFAC, y por la `puerta grande´, ese era sin duda el Consejo General de Economistas de España, por historia, tradición, valores y trabajo bien hecho”. “El CGE ya es miembro de otras destacadas organizaciones y asociaciones, entre ellas de la EFAA for SMEs o del Comité Integración Latino Europa América (CILEA), y ahora, en un nuevo salto de crecimiento internacional, pasa a estar dentro de la que, hoy por hoy, es la voz global de una actividad profesional cuyo reconocimiento debería seguir aumentando por la amplia labor social y de apoyo que realizamos dentro de la economía, principalmente con las pymes y otras entidades públicas y semipúblicas con diferentes y variadas formas societarias”, ha concluido Marín.

DiarioExtra.com: Evaluación de riesgos en la auditoría financiera

Evaluación de riesgos en la auditoría financiera - Diario Extra
Lic. René Cubillo Vásquez*
12/11/2024 - 07:30

En un principio la función de la auditoría se limitaba a la mera vigilancia, con el fin de evitar errores y fraudes, a lo que denominamos “auditoría transaccional”. Sin embargo, el concepto de auditoría que conocemos actualmente es muy distinto, ya que el auditor busca determinar la razonabilidad de las cifras que se presentan y expresan en los estados financieros de las empresas, bajo un marco de referencia debidamente aceptado, como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que, en nuestro país, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica ha adoptado.

El enfoque de auditoría ha evolucionado en gran medida con la aparición de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), de hecho, la NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, brinda al auditor herramientas para que la dirección de una fiscalización financiera sea bajo un “enfoque basado en riesgos”. De ahí que la identificación de todos los posibles riesgos de declaraciones erróneas en los estados financieros a los que está expuesta una compañía es una materia que debe ser considerada dentro de la planeación y ejecución de un plan de inspección.

Tanto así que un enfoque basado en riesgos requiere que el auditor tenga un amplio sentido de atención, ya que su esfuerzo debe dedicarse a las áreas de alto riesgo de la compañía, en lugar de dedicar tiempo y recursos en aquellas cuentas contables que representan un nivel de riesgo bajo.

Esto quiere decir que el auditor externo debe conocer al cliente, su negocio, su entorno, saber qué lo afecta, cuáles son las principales amenazas y debilidades de control interno a las que está expuesto, para así identificar los riesgos y evaluarlos con el fin de determinar si pueden generar errores significativos en los estados financieros. Una vez identificados y evaluados los riesgos, el auditor debe diseñar los procedimientos y pruebas en respuesta a esa evaluación.

En conclusión, la evaluación de riesgos es una herramienta que el auditor debe llevar a cabo en la etapa de planificación de la auditoría (etapa inicial), con el fin de determinar el enfoque que debe llevar a cabo en la ejecución de la revisión, y por ende el alcance que debe llevar a cabo mediante la aplicación de procedimientos de fiscalización, tanto de pruebas de control como sustantivas y analíticas.

*Contador Público
Autorizado-7779

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica

lunes, 11 de noviembre de 2024

CGE: El Consejo General de Economistas (CGE) se ha incorporado como miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Contadores #IFAC

7 de noviembre de 2024.- EL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA SE INCORPORA COMO MIEMBRO DE PLENO DERECHO A LA IFAC, LA ORGANIZACIÓN DE CONTABLES Y AUDITORES MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO - Consejo General de Economistas

En el marco de la reunión ordinaria de la International Federation of Accountants (IFAC), celebrada ayer y hoy en París.

En base a su trayectoria histórica y a sus méritos, el Consejo General de Economistas de España (CGE) consigue entrar en la IFAC de forma directa en la categoría A, o de pleno derecho, sin necesidad de pasar por las categorías previas. Además, esta incorporación revalida a nivel internacional el CGE como organización profesional de contabilidad y auditoría (PAO en sus siglas en inglés).

El CGE se incorpora a la IFAC en un momento decisivo en cuanto que, entre los objetivos recogidos en sus planes estratégicos, se encuentran, entre otros, la adopción de la nueva norma para la Auditoría de Estados Financieros de Entidades menos Complejas, el análisis de las responsabilidades del auditor con respecto al fraude y el refuerzo del aseguramiento en materia de sostenibilidad.

Para el presidente de los economistas españoles, Valentín Pich, “la participación del Consejo General de Economistas en la IFAC ayudará a dar aún más voz a los economistas del ámbito de la contabilidad y la auditoría de cuentas en el proceso de elaboración de estándares internacionales de alta calidad en relación con nuestras actividades profesionales clásicas –a las que ahora hay que sumar la de la elaboración y verificación de la información de sostenibilidad– y con las miras siempre puestas en el interés público”.

París, 7 de noviembre de 2024.- Hoy ha concluido la Ordinary Council Meeting, la reunión ordinaria del Consejo de la IFAC, que ha tenido lugar en París y que se inició ayer, en la que se ha dado a conocer la incorporación del Consejo General de Economistas de España (CGE) a esta organización.

El Consejo General de Economistas de España (CGE), después de un riguroso proceso de análisis y evaluación de su recorrido histórico, representación de la profesión, estructura y gobernanza, es desde hoy un nuevo miembro, de pleno de derecho, de la International Federation of Accountants –IFAC– (en español, la Federación Internacional de Contadores), la mayor organización mundial para la actividad profesional de la contabilidad y la auditoría. Es de destacar que la trayectoria y los méritos del CGE le han permitido entrar en la IFAC de forma directa en la categoría A, o de pleno derecho, sin necesidad de pasar por las categorías previas. Además, esta incorporación revalida al CGE a nivel internacional como organización profesional de contabilidad y auditoría (PAO en sus siglas en inglés).

El CGE se incorpora a la IFAC en un momento decisivo en cuanto que, entre los objetivos recogidos en sus planes estratégicos, se encuentran, entre otros, la adopción de la nueva norma para la Auditoría de Estados Financieros de Entidades menos Complejas, el análisis de las responsabilidades del auditor con respecto al fraude y el refuerzo del aseguramiento en materia de sostenibilidad.

La IFAC, junto con sus organizaciones miembros, está comprometida con la protección del interés público por medio del desarrollo de normas y estándares internacionales de su campo, promoviendo valores éticos, fomentando prácticas de calidad y apoyando el desarrollo de todos los sectores de las actividades profesionales que representa a nivel global.

Fundada en 1977, la IFAC está constituida en la actualidad por 180 miembros y asociados, de 135 países o jurisdicciones diferentes, que en total representan a más de 3 millones de contables y auditores de todo el mundo, ya sea en el ámbito profesional, privado, público, empresarial o de la educación.  El conjunto de normas y procedimientos que se emiten desde IFAC es amplio y reconocido internacionalmente, abarcando, entre otros, los siguientes: el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad y la Auditoría, Normas Internacionales de Auditoría, Revisión, Otros Aseguramientos y Servicios Relacionados,  Normas Internacionales de Control de Calidad, Normas Internacionales de Educación,  Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, y a las que recientemente se le ha unido toda la actividad sobre guías y pronunciamientos en el ámbito de la información sobre sostenibilidad. Además, la IFAC dispone de varios comités y grupos, en los que también tiene un papel relevante el dedicado a los problemas y retos de los despachos y profesionales pequeños y medianos (SMPs, de sus siglas en inglés), así como su relación con las pymes.

En su intervención, y tras un sentido recuerdo por las víctimas y el resto de afectados en España por la dana, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha expresado su agradecimiento por poder formar parte de la gran familia de contables y auditores que constituye la IFAC. “Desde el Consejo General de Economistas sabemos que disponer de un marco normativo armonizado es esencial, dado que aporta seguridad a la economía y facilita las actividades comerciales y las inversiones, aumenta los flujos transfronterizos de capital, otorga una mayor estabilidad financiera y reduce el riesgo de arbitraje regulatorio en la información financiera y de sostenibilidad, es decir de la información corporativa”, ha manifestado el presidente de los economistas españoles.

Según Pich, “la participación del Consejo General de Economistas en la IFAC ayudará a dar aún más voz a los economistas del ámbito de la contabilidad y la auditoría de cuentas –sobre todo de pequeñas y medianas empresas, aunque también de otras entidades y organizaciones del ámbito público y privado– en el proceso de elaboración de estándares internacionales de alta calidad en relación con nuestras actividades profesionales clásicas –a las que ahora hay que sumar la de la elaboración y verificación de la información de sostenibilidad– y con las miras siempre puestas en nuestro objetivo principal que no es otro que el interés público”. Así mismo, el presidente de los economistas considera que “la pertenencia a la IFAC, no solo nos va a permitir aportar nuestro punto de vista en cuestiones globales sobre temas relevantes en el ámbito de la contabilidad y de la auditoría, sino que también nos va a permitir reforzar los servicios brindados a nuestros miembros y a la sociedad en general”.

Valentín Pich, estuvo acompañado por Salvador Marín, quien, además de ser miembro de los órganos del Consejo General de Economistas de España (CGE), en concreto de la dirección en su Servicio de Estudios, es también presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pymes (EFAA for SMEs), organización esta que comparte vínculos muy estrechos como network partner con la IFAC, transmitiendo a nivel europeo sus mismos signos de identidad. Para Marín, “si alguien se merecía estar en IFAC, y por la `puerta grande´, ese era sin duda el Consejo General de Economistas de España, por historia, tradición, valores y trabajo bien hecho”. “El CGE ya es miembro de otras destacadas organizaciones y asociaciones, entre ellas de la EFAA for SMEs o del Comité Integración Latino Europa América (CILEA), y ahora, en un nuevo salto de crecimiento internacional, pasa a estar dentro de la que, hoy por hoy, es la voz global de una actividad profesional cuyo reconocimiento debería seguir aumentando por la amplia labor social y de apoyo que realizamos dentro de la economía, principalmente con las pymes y otras entidades públicas y semipúblicas con diferentes y variadas formas societarias”, ha concluido Marín.

domingo, 10 de noviembre de 2024

elEconomista.es: La obligación para pymes y autónomos de emitir facturas digitales se retrasará a 2027

  • Este proyecto es distinto al de enviar al fisco los datos contables, que entra en vigor en 2026
  • La Administración mantiene sin aprobar el reglamento para su desarrollo
Eva Díaz - Madrid - 6:40 - 10/11/2024 

La Agencia Tributaria mantiene congelada la obligación de que pymes y autónomos facturen en formato electrónico. Según fuentes consultadas de toda solvencia, la Administración tiene paralizado este proyecto, del que aún no se ha aprobado el Real Decreto para desarrollar el reglamento, y se retrasará a 2027, al menos, para quienes ingresen menos de 8 millones de euros al año.

Esta obligación, que pone fin a la facturación en papel, nace de la Ley Crea y Crece de 2022 y consiste en que todas las empresas y profesionales tendrán que elaborar facturas en formato digital para sus clientes y proveedores con el objetivo de que se pueda monitorizar su pago y evitar la morosidad.

La medida es distinta a la que emana de la Ley Antifraude de 2021 y obliga a empresas y profesionales que ingresen menos de 6 millones de euros a intercambiar datos de su facturación y contabilidad de forma inmediata con el fisco en 2026.

La factura electrónica exige que pymes y autónomos elaboren estos documentos en formato digital tal y como lo hacen en papel, de modo que se recojan todos los datos de la factura y los motivos del servicio. Mientras que la obligación de intercambio de información con el fisco no supone hacer las facturas en formato electrónico sino que simplemente exige remitir determinados datos de la misma como el emisor, el número de serie, la fecha o el importe.

El proyecto de la factura digital lo lidera el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, aunque es la Agencia Tributaria quien lleva su gestión técnica. Economía sacó a audiencia pública en junio de 2023 el Proyecto de Real Decreto para desarrollar el reglamento de la facturación electrónica pero nunca llegó a aprobarse.

Este borrador establecía que las empresas y autónomos con una cifra de negocio superior a los 8 millones de euros anuales tendrían que digitalizar sus facturas al año de la aprobación del Real Decreto, mientras que quienes tuvieran unos ingresos por debajo de ese umbral, debían hacerlo a los dos años. De este modo, por muy rápido que se aprobara un nuevo reglamento, la obligación no entraría en vigor para las empresas y profesionales más pequeños hasta 2027.

Hacienda busca paliar costes

Una de las mayores críticas de las asociaciones de pymes y autónomos a esta obligación es el coste que supondrá hacerse con un sistema que les permita emitir las facturas de forma electrónica. Para ello, la Agencia Tributaria ya informó en 2023 que desarrollaría una aplicación gratuita para estos profesionales aunque, "bajo determinadas condiciones y requisitos" que quedaron sin especificar. Aunque se interpretó que solo iría dirigida a los negocios con menor volumen de facturación.

Ahora, el PSOE ha incluido una enmienda al Proyecto de Ley del Impuesto mínimo del 15% complementario al de Sociedades para tratar de sacar adelante la aplicación de facturación electrónica elaborada por la Agencia Tributaria. El texto propone que la Administración fiscal "desarrollará y gestionará, en los términos que se establezcan reglamentariamente, una solución pública de facturación electrónica". No obstante, en esta ocasión el texto no hace mención alguna a que solo podrá ser utilizada por empresas y profesionales que menos facturen, con lo que se da a entender que podrá utilizarla cualquier sociedad o profesional.

El uso de esta plataforma pública será voluntario, aunque las compañías o autónomos que opten por una solución privada, deberán luego remitir a Hacienda "copia fiel de cada factura" y de la información sobre si se ha pagado.

viernes, 8 de noviembre de 2024

laVanguardia.com: Arriaga despide a 158 personas y presenta un plan de reestructuración

El bufete de abogados acumula una deuda de 32 millones de euros y funda un negocio de IA
Blanca Gispert - Barcelona
08/11/2024 06:00 Actualizado a 16/01/2025 20:22 

El bufete Arriaga Asociados atraviesa una crisis que pone en entredicho su presencia en el sector de la abogacía, conocida por defender los intereses de los consumidores frente a la banca.

El despacho madrileño acaba de ejecutar un ERE para despedir a 158 personas, alrededor del 40% de su plantilla, según fuentes del Ministerio de Trabajo y del sindicato UGT. La compañía también ha replegado estructura por todo el país. Ha cerrado oficinas en ciudades como Tarragona, Girona, Lleida, Bilbao, Alicante, Coruña o Almería. Mantiene abiertas las sedes operativas en Madrid, Barcelona, Sevilla y València, y sigue prestando servicios telefónicos por todo el país.

Tras la ejecución del ERE, la plantilla del despacho ha quedado reducida a 195 empleados, lejos de los 600 que había llegado a tener hace unos años, cuando era una máquina de interponer demandas contra las cláusulas suelo, el IRPH, las tarjetas revolving o los gastos hipotecarios. “Los retrasos que la administración de justicia arrastra desde la pandemia han puesto palos a las ruedas a nuestro modelo de negocio. Solo cobramos al cliente si ganamos el caso y, como las resoluciones tardan en llegar una media de seis años –en lugar de uno o dos–, los ingresos han caído y se ha reducido la carga de trabajo del personal. De ahí que nos hayamos visto obligados a tomar esta decisión”, comenta Jesús Arriaga, fundador del negocio.

La plantilla ha quedado reducida a 195 empleados, lejos de los 600 que había llegado a tener

Además, Arriaga señala que la situación ha hecho elevar significativamente la deuda del despacho, hasta los 32 millones de euros, lo que ha obligado a presentar un plan de reestructuración para aplazar los pagos a los acreedores. El plan todavía debe ser homologado por los juzgados mercantiles de Madrid. El principal acreedor es el fondo de inversión Pemberton, que en los últimos años ha llevado a cabo aportaciones para financiar la actividad de Arriaga.

De forma paralela, el despacho ha puesto en marcha una filial dedicada a la prestación de servicios legales basados en inteligencia artificial. La sociedad, llamada Little John, se constituyó el año pasado y Arriaga la describe en su página web como la legaltech que “va camino de convertirse en el escudero legal que multiplica el negocio y maximiza la competitividad de los abogados”. Entre sus funciones, se encuentran soluciones enfocadas a la lectura y asignación inteligente de notificaciones judiciales, la información proactiva a clientes o el gobierno del dato.

La compañía asegura que “los despidos no guardan relación con el proyecto de inteligencia artificial con Little John, ya que este aún se encuentra en una fase de desarrollo”. En todo caso, Arriaga asegura que sigue atendiendo con normalidad a todas las personas a las que representa. Desde su nacimiento en el 2011, el bufete ha atendido a más de 200.000 clientes. Según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, relativos al año 2022, la empresa facturó 41 millones, un 8% menos y obtuvo un beneficio neto de 2,4 millones, un 6% menos.

miércoles, 6 de noviembre de 2024

theObjective.com: La IGAE, 150 años de existencia, por Juan Francisco Martín Seco

La IGAE, 150 años de existencia, por Juan Francisco Martín Seco
«Se dedica mucha atención a la corrupción, pero no a potenciar órganos de control como la Intervención General del Estado que impidan la malversación y el fraude»
 
 
En este año de 2024 la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) viene celebrando con múltiples actos su 150 aniversario. Pocas instituciones pueden vanagloriarse de que sus orígenes se remonten tan atrás en el tiempo. Creo sinceramente que en buena medida una democracia vale lo que valen sus instituciones. Desde luego, esto es aplicable a la IGAE, dada la importancia de la función que se le ha encomendado, el control del gasto público y garantizar la transparencia en las cuentas públicas. No obstante, su actuación a menudo pasa desapercibida y no siempre se le da la relevancia política que tiene.

Quizás este sea un buen momento de darle visibilidad, aprovechando que cumple siglo y medio de existencia, para decir algo sobre ella y sobre todo acerca de las funciones que debe realizar. Lo primero es que su nacimiento no fue aleatorio o gratuito, hubo que esperar a que las libertades estuviesen medianamente asentadas en el Estado y el Patrimonio Nacional separado del de la Corona para que se crease un organismo orientado a controlar el gasto público y garantizar la autenticidad de las cuentas públicas. Fueron el Sexenio liberal y la Constitución de 1869 los que pusieron los cimientos para que esto fuese posible.

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lunes, 4 de noviembre de 2024

laVanguardia.com: La normativa de información, una oportunidad para avanzar en gestión sostenible

Las empresas deberán reportar datos con indicadores homogéneos sobre su estrategia de sostenibilidad, así como sus previsiones de cumplimiento de objetivos para 2030 y 2050
Patricia Coll - Barcelona
04/11/2024 06:00

El consejo de ministros aprobó el pasado martes el proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que transpone dos directivas europeas que establecen el marco de presentación y verificación de la información sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, y racionalizan las obligaciones de presentación de información corporativa para las empresas.

En cumplimiento de la Directiva de la Unión Europea 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 (CSRD), esta ley obliga a las empresas a presentar información sobre sostenibilidad, con el objetivo contribuir a la transición hacia un sistema económico y financiero sostenible e integrador, de conformidad con el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Las empresas tenemos que abordar la sostenibilidad desde la estrategia de negocio
Alicia Fernández del VisoGlobal ESG Director Cellnex

La normativa europea, que se aplicará de manera escalonada, afecta tanto a las empresas ya sujetas a la Directiva sobre divulgación de información no financiera, unas 11.000 en Europa, como a muchas otras organizaciones. En total, serán más de 50.000 las empresas que deberán cumplir los requerimientos de esta directiva en la Unión Europea.

Las grandes empresas de interés público con más de 500 personas empleadas deberán presentar en 2025 información sobre el año fiscal 2024. Al año siguiente, lo harán las que cuenten con un equipo de más de 250 personas, un volumen de negocios neto de de 50 millones de euros o activos por valor de 25 millones de euros, de acuerdo con la Directiva Delegada (UE) 2023/2775 de la Comisión, de 17 de octubre de 2023, que también traspone el proyecto de ley.

La directiva es una herramienta para revisar el modelo de negocio, implicando a toda la organización
Germán Granda, Director general Forética

También las pymes cotizadas y entidades financieras pequeñas tendrán que aportar en 2027 información sobre el año fiscal 2026. Y, por último, en 2029, las empresas con filiales en Europa cuyo volumen de negocios neto en la Unión Europea supere los 150 millones de euros, tendrán que reportar su estrategia de sostenibilidad, partiendo del año fiscal 2028.

Además de aportar datos pasados concretos y homogéneos en materia de sostenibilidad, otra de las grandes novedades que introduce esta directiva es que las empresas deberán incluir una descripción de sus objetivos para, como mínimo, los horizontes 2030 y 2050.

Los verificadores trabajamos para asegurar que la información sea transparente y relevante”
Patricia ReverterSocia responsable de Assurance ESG KPMG España

Para analizar la transcendencia de esta normativa, Diálogos La Vanguardia, en colaboración con Cellnex, organizó la mesa de debate “Redefiniendo el Reporting: Innovación y futuro en la gestión de datos", que contó con la participación de la Global ESG Director de Cellnex, Alicia Fernández del Viso; la jefa del área de normalización y técnica contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Garrido; el director general de Forética, Germán Granda; y la socia responsable de Assurance ESG de KPMG en España, Patricia Reverter.

El grupo de expertos que debatieron en la sesión coincidió con la primera intervención de Alicia Fernández del Viso, en la que resaltó que la nueva directiva supone “una oportunidad” para avanzar en materia de sostenibilidad. “En Cellnex llevamos más de un año reflexionando sobre la directiva y ya no se habla tanto de reportar sino de qué tenemos que hacer, ya que nos está abriendo la mirada, ya que la directiva también nos pide analizar nuestras áreas de mejora”, explicó la directora global de sostenibilidad del operador europeo de torres e infraestructuras de telecomunicaciones.

Desde la Administración, somos conscientes del reto de adaptación a la normativa”
Ana Garrido, Jefa del área de normalización ICAC

El ICAC se encargará de la supervisión de esta actividad de verificación de la información sobre sostenibilidad, en términos análogos a la auditoría de cuentas. La jefa del área de normalización y técnica contable del ICAC subrayó que “la clave de esta directiva es dejar de entenderla como un trámite administrativo para verla como un punto de partida para adaptarse mejor a la transición sostenible”. Ana Garrido admitió que “desde el regulador, se observa que hay desconocimiento sobre ella, sobre todo por parte de las pymes”. La Administración es “consciente de este reto” y está poniendo a disposición de las empresas toda la “información” además de “apoyar y promover la formación de quienes deben implementarla”, aseguró.

La gestión de la sostenibilidad se encuentra ante “un cambio de paradigma”, con “la entrada en vigor de todo un conjunto de elementos regulatorios” que tendrán “un impacto muy potente” ya que afectan a un mayor número de empresas, más de 50.000 en Europa con la directiva CSRD, según Germán Granda, director general de la organización empresarial especializada en sostenibilidad y responsabilidad social en España, Forética, que tiene como misión integrar los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de las organizaciones.

Informar sobre sostenibilidad será obligatorio para más de 50.000 empresas europeas.

Durante los últimos 25 años, desde Forética, han podido comprobar como la sostenibilidad “ha dejado de ser fruto del voluntarismo” por parte de las empresas más concienciadas para ser una responsabilidad de todo el ecosistema económico. La reacción ante la nueva directiva europea está siendo desigual. Germán Granda observa “una cierta tensión interna en algunas compañías sobre cómo hay que responder a la nueva normativa, existen empresas avanzadas que lo ven como una oportunidad”, porque saben que ser sostenible es un factor de “elegibilidad” para inversores, clientes y empleados.

Para asegurar la “transparencia y relevancia” de la información, los verificadores están trabajando conjuntamente con las empresas y el regulador, afirmó la socia responsable de Assurance ESG de KPMG en España, Patricia Reverter. La experta insistió también en que la directiva “no sólo pide los datos actuales, sino también las proyecciones hacia el futuro”.

Inversores, clientes y empleados eligen empresas por su gestión sostenible

“Lo que quiere ahora el mercado es saber si seguiremos siendo compañías sostenibles que generan valor”, destacó Patricia Reverter. La socia responsable de Assurance ESG de KPMG en España recomienda a las empresas establecer “criterios claros y bien definidos”. “El papel de los auditores es muy importante y hay que coordinarse muchísimo con ellos”, reconoció la Global ESG Director de Cellnex, Alicia Fernández del Viso.

La socia responsable de Assurance ESG de KPMG en España, Patricia Reverter, explicó que la entrada en vigor de la nueva normativa se hará de manera “escalonada”, en función del tamaño de la empresa, que “no todos los elementos es necesario divulgarlos el primer año”. Aún así, advirtió que “no hay que pensar que es una evolución de los estados de información no financiera, porque no lo es”.

La directiva europea CSRD es una herramienta para una gestión más transparente

La jefa del área de normalización y técnica contable del ICAC, Ana Garrido, animó a las empresas no obligadas a reportar a hacerlo igualmente, ya que con ello contribuirán a “la transformación hacia un modelo económico más sostenible”.

Otra de las ventajas de la nueva directiva es que exige que “los datos sean homogéneos”, apuntó el director general de Forética, Germán Granda. En la misma línea, la socia responsable de Assurance ESG de KPMG en España, Patricia Reverter, advirtió que “si en el mundo financiero el dato es clave, en sostenibilidad también lo tiene que ser” y que “hay que poner mucho el foco en la digitalización, ya que la tecnología hace posible la trazabilidad”.

Gracias a la digitalización de los datos, “el reporte sobre la gestión sostenible de las empresas puede acabar siendo lo más automático y homogéneo posible”, aseguró la Global ESG Director de Cellnex, Alicia Fernández del Viso. “Las empresas de software tienen por tanto también un papel clave”, resaltó la socia responsable de Assurance ESG de KPMG en España, Patricia Reverter.

Avances tecnológicos como el de la inteligencia artificial (IA) “nos permiten realizar las proyecciones a futuro”, celebró Germán Granda. No obstante, Patricia Reverter matizó que “para el buen uso de la IA, es necesario contar con buenos datos y capacidad para analizarlos”. Con una buena gestión del dato y apoyándose en la tecnología, se puede conseguir contar con “una inteligencia de mercado en materia de sostenibilidad”, concluyó la Global ESG Director de Cellnex, Alicia Fernández del Viso.