"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la novena promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
El Tribunal de Cuentas da 15 días a los líderes del procés para abonar los 5,42 millones y rechaza sus alegaciones | Teinteresa
30 de junio de 2021 Por T.I.
Ayer se comunicaron los embargos por los gastos del ‘procés’. El
Tribunal de Cuentas ha ordenado el depósito de 5,42 millones a 41 ex
altos cargos independentistas y funcionarios de la Administración entre
2011 y 2017. Este miércoles, el organismo ha notificado a los líderes
que tienen 15 días para abonar el dinero que presuntamente desviaron en
la red exterior del procés.
Alega que se 5,15 millones de fondos públicos de manera ilegal y
ahora deben pagarse intereses. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur
Mas, Raül Romeva y Andreu Mas-Colell son algunos de los nombres de la
lista.
Según ha publicado el diario El Mundo, el Tribunal de cuentas ha
rechazado todas las alegaciones presentadas para eliminar o rebajar las
cuantías, y si no se depositan en el plazo fijado comenzarán los
embargos de sus bienes.
Ahora, las defensas de los implicados pueden solicitar que se amplíe
el plazo de depósito y recurrir una vez abonado el dinero. Francesc
Homs, el exconseller de Presidencia de la Generalitat, ha denunciado
ante la prensa que se trata de una decisión de «naturaleza política».
Entre las partidas que se reclaman se incluyen algunas
«irregularidades y deficiencias» que han sido detectadas por los
auditores. Corresponden en este caso a o falta de documentación y pagos
injustificados, con 261.581 euros y 151.430 euros respectivamente. El
Tribunal de Cuentas incluye un apartado que hace referencia a la
«implicación de la sociedad civil catalana».
La exconsejera Neus Munté y Jordi Turull han sido exonerados al
demostrar que no tuvieron responsabilidad en esos gastos puesto que no
tenían competencia en materia de acción exterior.
Vox exige al Gobierno andaluz que publique las auditorías de 54 entes creados por el PSOE
Desde la formación de Abascal sospechan que la política "amistosa" del PP al "tender puentes" con Espadas "puede estar influyendo" en el retraso para conocer el dictamen, tras gastar 3 millones de euros en hacerlo.
José Carlos Villanueva
Publicado 30/06/2021 11:55
"Sospechamos que esos nuevos puentes que está tendiendo el PP con el
PSOE estén influyendo en esta relación tan amistosa y el resultado de
estas auditorías esté sobre la mesa de la negociación". El portavoz
parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira,
ha lanzado estas sombras, en forma de conjeturas, para exigir este
miércoles al Gobierno andaluz que publique ya el resultado de las
auditorías hechas sobre 54 entidades instrumentales de la Junta. Fueron
creadas bajo gestión de anteriores ejecutivos socialistas. La formación
de Santiago Abascal
reivindica que los dictámenes por conocer forman parte del "acuerdo
presupuestario" que suscribieron con el Partido Popular, en el marco del
acuerdo de legislatura con Juanma Moreno, previo a su investidura de enero de 2019.
Gavira da por hecho que estas auditorías están finalizadas, a pesar
de que durante la rueda de prensa que ha ofrecido en sede parlamentaria
se le ha recordado que el portavoz de la Junta y consejero de
Presidencia, Elías Bendodo, aseguró este lunes al ser preguntado que "se están ultimando ahora mismo y se harán públicas en breve", fueron sus palabras textuales.
En el marco de su discurso sobre que estos informes están concluidos,
este partido opositor llega a afirmar que el bipartito PP-Cs "está modificando entes instrumentales de la administración,
en base al resultado de esas auditorías, y en base al primer acuerdo
presupuestario al que llegó con Vox". De ahí que, tras apelar a la
"cacareada transparencia y regeneración", se pueda conocer "la verdadera
dimensión de lo que es la administración de la Junta", ha expuesto
Gavira sobre lo que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas llegó a llamar "chiringuitos creados por el PSOE".
Vox ha recordado que cuando los actuales gobernantes del Partido
Popular eran oposición al PSOE hablaban de los citados entes
instrumentales como "fuentes de colocación de amigos y familiares", así como de "administración paralela" de la Junta de Andalucía.
El citado partido opositor hace hincapié en los "tres millones de euros"
que han costado estas auditorías "a todos los andaluces" para reclamar
la "mayor transparencia" a la hora de hacer públicos los dictámenes
fiscalizadores. "Quizá les interese tenerlas paralizadas,
no entendemos por qué no se hacen públicas", ha dicho Gavira sobre las
auditorías para, a continuación, denunciar "el incumplimiento" del
acuerdo presupuestario que Vox alcanzó con PP y Cs.
Ya el pasado 27 de mayo, también en sede
parlamentaria, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, mostró su
disposición a que las auditorías sobre el llamado sector público
instrumental estuvieran listas "en el plazo más breve, de aquí a verano". De hecho, se comprometió a que las conocería "todo el mundo".
En aquel entonces, Bravo justificó la demora existente debido a la pandemia.
Además, se refirió a la supervisión necesaria de la Intervención de la
Junta, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la
Cámara de Cuentas, además de otras actuaciones, como
la fusión de las agencias IDEA y Andalucía Emprende, además de la
creación del futuro Instituto Andaluz de Salud.
¿Qué es el Tribunal de Cuentas y para qué sirve? - NIUS
El Tribunal de Cuentas, ariete contra el independentismo y escollo para el diálogo
María Galán Cuello de Oro - Madrid - 29/06/2021
El Tribunal actual termina su mandato este mes de julio y es necesario el acuerdo entre PSOE y PP para renovarlo
El Gobierno considera que las causas abiertas por el Tribunal contra el independentismo son "una piedra en el camino" del diálogo
Los secesionistas critican su composición y quieren un cambio en el sistema de elección de sus miembros
El Tribunal de Cuentas se ha convertido en una pesadilla para los independentistas. El órgano fiscalizador de las instituciones públicas tramita una causa millonaria contra una cuarentena de ex altos cargos del Govern por la utilización de dinero público en el referéndum del 1 de octubre y por la publicidad del proceso secesionista en el exterior.
Desde que se concedieron los indultos se han intensificado las voces
cuestionando la institución cuyo mandato está a punto de caducar. Una
renovación, como en el caso del CGPJ, cambiaría el reparto de poder.
Repasamos algunas claves del Tribunal de Cuentas.
¿Qué es el Tribunal de Cuentas?
El Tribunal de Cuentas está recogido en el artículo 136 de la Constitución.
En el punto primero establece que es "el supremo órgano fiscalizador de
las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector
público". Tiene una función jurisdiccional que consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en la que incurran quienes manejen fondos públicos. Sus resoluciones se pueden recurrir ante el Tribunal Supremo.
Depende de las Cortes Generales
y, según la Carta Magna, sus miembros "gozarán de la misma
independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas
incompatibilidades que los jueces".
¿Quién lo compone?
El Tribunal está compuesto por un fiscal y 12 consejeros elegidos
por las Cortes Generales mediante una votación por mayoría de tres
quintos. 6 son designados por el Congreso y 6 por el Senado para un mandato de 9 años que caduca este mes de julio.
Según
la ley que regula el Tribunal, la elección de sus miembros se realiza
entre letrados, auditores de cuentas, magistrados, fiscales, profesores
de Universidad y funcionarios públicos con titulación académica superior
con más de 15 años de ejercicio profesional.
Su actual presidenta es María José de la Fuente,
licenciada en Derecho y letrada asesora de Empresa. Desde su creación
en 1982 ha tenido 8 presidentes, los 5 últimos a propuesta del PP.
¿Qué pasa con su renovación?
El mandato del actual Tribunal caduca este mes de julio.
Su renovación, al igual que otros órganos constitucionales como el
CGPJ, exige un acuerdo entre socialistas y populares. El PP, que
mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial, tampoco está
dispuesto a sentarse con el Gobierno.
Los 12 consejeros se designaron en 2012 cuando el Partido Popular tenía mayoría en el Congreso. El PP propuso a 7 consejeros y el PSOE a 5. En
este tiempo el llamado bloque progresista se ha visto mermado porque
uno de los consejeros renunció por motivos personales y su plaza nunca
se cubrió.
El PSOE, al igual que en el CGPJ, se queja de que esa composición no se ajusta a la nueva realidad política del país que dejaron las urnas tras las últimas elecciones y que desembocaron en el Gobierno de coalición.
El Tribunal, en la picota
Las
causas del Tribunal contra los independentistas le han colocado en el
centro de sus ataques. Tanto ERC como Junts per Catalunya denuncian que
es un Tribunal desfasado y dominado por sectores ultraconservadores. Reprochan que entre sus miembros figure Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, Margarita Mariscal de Gante, magistrada, exministra de Justicia con Aznar y con una familia vinculada al régimen franquista [sic] o Ángel Antonio Algara, doctor en Económicas, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa y también próximo a Aznar.
"Un chiringuito de 4 familias", denuncia ERC. "El Tribunal de Cuentas se ha convertido en la nueva inquisición,
la inquisición económica", proclama el presidente de la Generalitat,
Pere Aragonès. Los republicanos están aumentado su presión en los
últimos días y exigen no solo su renovación sino un cambio en el sistema
de elección.
Miembros del Gobierno también han
expresado públicamente el escollo que representan las causas abiertas
contra los exaltos [sic] cargos del Govern en la nueva etapa abierta en
Cataluña tras la concesión de los indultos. El ministro de Transportes,
José Luis Ábalos, dijo que son "piedras en el camino del diálogo". La ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha pedido "eliminar" los procesos y dejar "protagonismo absoluto" a la "política, el diálogo y el acuerdo".
Decisiones polémicas del Tribunal
El 2019, el Tribunal revocó una condena anterior que había dictado una consejera y que obligaba a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, y a varios miembros de su equipo a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros por la venta masiva de pisos protegidos a fondos buitre.
La absolución fue decisión de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal
compuesta por tres miembros. El resultado de la votación fue dos contra
uno. Los que firmaron a favor de la revocación fueron los dos consejeros
propuestos por el PP, Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Sáchez
Robledano.
Ese mismo año, 2019, el Tribunal confirmó su condena previa contra la consulta soberanista del 9-N de 2014 y la aumentó. Fueron condenados Artur Mas, expresidente de la Generalitat; su vicepresidenta, Joana Ortega y dos consejeros, Francesc Homs e Irene Rigau a pagar 4,9 millones de euros
de forma solidaria por haber organizado la consulta. Mas tuvo que
presentar una fianza previa de 5.2 millones de euros y el Tribunal le
llegó a embargar su casa en Barcelona. El fallo inicial lo redactó
Margarita Mariscal de Gante.
La obligación de reportar el impacto social se amplía a las empresas medianas. El 45% desconoce esta exigencia, según Grant Thornton Madrid 29 JUN 2021 - 08:41 CEST
Las pymes afectadas por la crisis del Covid tienen seis meses
decisivos por delante. Es un período de transición en el que deberán
aprovechar la prórroga de los ERTE, los aplazamientos tributarios y el
sexto tramo de avales públicos para sortear el que, gracias al avance de
la vacunación, podría ser el último bache hacia la recuperación
económica.
En este tour de force
muchas de ellas se encontrarán con la sorpresa de que deberán dedicar
parte de su tiempo y destrezas al cumplimiento de una nueva normativa
contable.
Al
cierre de este ejercicio, las empresas de mediano tamaño están
obligadas a presentar junto con sus resultados anuales un estado de
información no financiera (EINF) en el que reporten sobre sus políticas
medioambientales, sociales y laborales, y sobre los controles que han
implementado para asegurarse de que la organización respeta los derechos
humanos y previene o combate la corrupción y el soborno.
Desde que España traspuso en diciembre de 2018 un conjunto de
directivas europeas de transparencia, la norma solo era aplicable para
las compañías de más de 500 empleados y cierto volumen de ventas o
activos, y para bancos, aseguradoras y gestoras de fondos.
Sin embargo, en su momento esta ya contemplaba que a partir de 2021
se haría extensible a las de más de 250 trabajadores siempre que en los
dos últimos años consecutivos el valor de sus bienes haya superado los
20 millones de euros o que su facturación haya excedido de los 40
millones.
Pese a los tres años transcurridos desde entonces, el 45% de los
directivos del segundo grupo desconoce que la elaboración del EINF y su
validación por parte de un auditor externo es obligatoria, según una
encuesta realizada por Grant Thornton a una muestra de 400 sociedades de
entre 50 y 500 empleados.
El incumplimiento puede acarrear multas de entre 1.200 y 60.000 euros
dependiendo del tamaño de la compañía infractora, de acuerdo con la
firma de servicios profesionales.
Las compañías tienen hasta finales de julio de 2022 para entregar el primer informe
Jaime Romano, socio de procesos, eficiencia y riesgos de Grant
Thornton, explica que el decreto de 2018 pone la información ambiental y
social de las empresas al mismo nivel que la estrictamente financiera,
al reconocerles la misma importancia y establecer para ambas las mismas
formalidades. Es decir, el ENIF debe seguir el mismo circuito de
elaboración fijado para los resultados anuales: cerrado el ejercicio,
los administradores tienen tres meses para formular las cuentas;
después, la junta general de accionistas tiene tres meses más para
aprobarlas y, alcanzado este hito, un mes adicional para depositarlas en
el registro mercantil.
Si la mayoría de las sociedades en España completa su ejercicio
fiscal el 31 de diciembre, significa que las empresas medianas a las que
aplique esta regulación tendrán como mucho hasta finales de julio de
2022 para entregar el reporte por primera vez. Pero si realmente quieren
que el plazo les alcance porque nunca han recabado datos sobre
emisiones o diversidad, tendrán que ponerse manos a la obra este mismo
verano.
“Muchos empresarios se están dando cuenta ahora, en el ecuador del
ejercicio, de que tienen que preparar esta información, con unos medios y
recursos que no son los mismos que los de las grandes compañías. Tienen
que ponerse las pilas porque el EINF no es un documento de dos páginas,
sino un estado que consta de cinco capítulos muy bien definidos, en
cada uno de los cuales deben desarrollarse una serie de contenidos
acompañados por una batería de indicadores. Si esperas al 2 de enero
para empezar, no vas a poder cumplir”, advierte Romano.
Los cinco bloques en los que debe organizarse el EINF son medio
ambiente, responsabilidad social (que incluye políticas de igualdad de
género y de formación laboral), derechos humanos, sistemas para detectar
fraudes o blanqueo de capitales, y relaciones con clientes,
consumidores, proveedores y el fisco de los diferentes países donde
opera la empresa (aquí tienen cabida temas como el pago de impuestos).
La similitud de parte de estos contenidos con los de las memorias de
responsabilidad social corporativa que algunas pymes ya publican, puede
llevarlas a incurrir en el error de creer que estas últimas pueden hacer
las veces de EINF. “No les valdría porque, por lo general, los informes
de RSC están muy centradas en las actividades solidarias de las
empresas. El EINF incorpora la RSC pero trasciende su ámbito”, aclara.
¿Por dónde empezar?
Al igual que ocurre con las cuentas anuales, aquí también hay dos
grandes pasos que dar: elaborar el EINF (puede hacerlo la misma firma o
un tercero) y someterlo a la verificación de un auditor de cuentas
independiente que puede ser el mismo que examine los resultados
financieros.
Antes de redactar el reporte, Romano aconseja conocer bien la ley y
analizar de qué información se dispone en las bases de datos de la
organización. “Si no haces planes de igualdad, tienes que mencionarlo o
dejar constancia de que estás en proceso de implementarlos”, apunta.
Recuerda que el EINF “no es solo literatura”: los aspectos
cualitativos tienen que sustentarse en mediciones, para lo cual la
legislación permite recurrir a los más de 450 indicadores de
sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI).
Aenor recomienda empezar por hacer una revisión de la actividad y la cadena de valor
José Magro, mánager de sostenibilidad y RSC de Aenor, entidad que
lleva cuatro años verificando EINF de grandes corporaciones, recomienda
hacer una revisión de la actividad, cadena de valor y partes interesadas
para, en base a eso, identificar cuáles son las materias de
sostenibilidad más relevantes. “La norma ofrece una tabla de asuntos
potenciales sobre los cuales la empresa puede reportar para que
determine los que considere más pertinentes”, dice. En ese sentido,
asegura que no hace falta reportar sobre los cinco bloques propuestos.
Juan Alfaro, secretario del Club de Excelencia en Sostenibilidad,
descarta que la imposición del EINF en las pymes vaya a propiciar que
estas se involucren en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas. “Una cosa es una obligación legal y otra una
herramienta de mercado voluntaria. El reporte puede contribuir a generar
una conciencia ambiental y social, pero no puede contabilizarse como
contribución a los ODS”, argumenta.
En juego, el acceso a licitaciones, ayudas europeas y préstamos
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Efectos del incumplimiento. Aparte de las multas, el
incumplimiento de la obligación de presentar el estado de información
no financiera (EINF) puede tener consecuencias “cualitativas”, incluso
más graves que las pecuniarias, avisa Jaime Romano, experto de Grant
Thornton. Entre ellas, menciona la imposibilidad de participar en
determinadas licitaciones públicas o de acceder a subvenciones como las
del programa de recuperación europeo.
Acceso a financiación. Dado que a partir de este
ejercicio el registro mercantil no aceptará balances de empresas
medianas que no se acompañen del EINF, el incumplimiento de esta
obligación puede conllevar también dificultades para obtener préstamos
bancarios, ya que el depósito completo de las cuentas es uno de los
criterios que las entidades suelen considerar para conceder la
financiación.
Trasfondo. El espíritu que mueve a la UE a exigir a
las empresas el EINF es su compromiso con el Acuerdo de París y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Al
respecto, Juan Alfaro, secretario del Club de Excelencia en
Sostenibilidad, mantiene que los ODS son actualmente “un tema exclusivo
de gran empresa y, como pasa con otros movimientos, es probable que las
pequeñas y medianas se incorporen posteriormente”.
Lluvia fina. Alfaro apoya su argumento en un estudio
publicado a inicios de mes por la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM), en colaboración con el Club y EY (Ernst & Young), sobre el
grado de implantación de los ODS en las empresas madrileñas. La
investigación concluye que el 95% de las grandes compañías ya integra
los ODS en su estrategia de negocio, mientras que en las pymes, este
porcentaje se reduce al 50%, si bien el 83% de ellas los conocen. “Las
pymes están lejos de los ODS, pero eso no significa que no los vayan a
incorporar en un futuro, es un proceso de lluvia fina que empezará por
las grandes”, matiza.
Avances. Entre las pymes que han asumido los ODS
como propios, hay avances importantes. Así lo sugiere un análisis
realizado por la ONU de las memorias de sostenibilidad (no confundir con
el EINF) de las 380 pymes españolas adheridas al Pacto Mundial. Según
este estudio, cerca del 90% promueve la igualdad de género en su
organización, lo que las sitúa por delante de las empresas grandes,
donde este porcentaje es del 83%. En el ámbito medio ambiental, el 69%
se ha comprometido a la reducción de emisiones de CO2.
A la reina Sofía, porque su fundación triplicó sus gastos en proyectos sociales para paliar los efectos de la pandemia
24/06/21 1:00
La Fundación Reina Sofía triplicó su gasto en
proyectos sociales para paliar los efectos de la pandemia en los
colectivos más desfavorecidos, según se desprende de las cuentas anuales
correspondientes al año 2020, que se presentaron en la reunión de la
junta del patronato celebrada este miércoles en el Palacio de La Zarzuela.
El documento completo de estas cuentas, que han
sido auditadas externamente (gastos, ingresos, activo, pasivo,
patrimonio y memoria), tal y como viene realizando de forma
voluntaria desde hace diecisiete años la fundación la Reina Dª
Sofía, está disponible en la página web: www.fundacionreinasofia.es.
Las cuentas han sido elaboradas, como procede, teniendo en cuenta las
exigencias contables derivadas del Plan General de Contabilidad de las
entidades sin fines lucrativos y demás normas de obligado cumplimiento
aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en
desarrollo de dicho Plan.
En este post, queremos transmitir la importancia que tienen los
hechos posteriores al cierre de un ejercicio para una entidad. Estos
Hechos Posteriores al cierre del ejercicio, en función de su relación
con el propio ejercicio cerrado, podrán tener cierta repercusión en las
cuentas anuales, implicando un ajuste o un desglose de información
adicional en la memoria.
Por eso trataremos de explicar con ejemplos de cada tipo de hechos posterior al cierre del ejercicio.
¿Qué son los Hechos Posteriores al cierre?
Son hechos posteriores al cierre del ejercicio, aquellos hechos
que ocurren después de la fecha de cierre del ejercicio y que cobran
relevancia para los usuarios de la información financiera que aportan las cuentas anuales de una entidad y debido a su importancia, las cuentas anuales deben reflejar información relacionada con estos hechos.
El Plan General Contable, en su Norma de Registro y Valoración Nº 23 expone lo siguiente:
“Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria o ambos.
La contable de los industriales de Cuarte de Huerva confiesa que sisó casi 150.000 euros
La acusada habría enmascarado como pagos a proveedores varios movimientos a sus cuentas. Acepta 39 meses de cárcel.
NOTICIA ACTUALIZADA 23/6/2021 A LAS 02:00 A. Maluenda
La excontable de la Asociación
de Industriales de Cuarte de Huerva (AIC) reconoció este martes sin
titubear en la Audiencia de Zaragoza haber detraído de las cuentas de la
organización algo más de 148.000 euros a través de distintos ‘pellizcos’.
Lo hizo durante varios años, entre 2017 y 2019, camuflándolos entre
pagos a distintos proveedores y sin levantar la más mínima sospecha en
el AIC, donde gozaba de una gran reputación. «Se ha dejado la
vida por la asociación, tenía libertad total a la hora de llevar las
cuentas», apuntó uno de los integrantes de la directiva, que reclama el
reingreso total de las cantidades sisadas. Es en este punto
donde surgen las diferencias entre la encartada, Cruz D., y la acusación
particular y el Ministerio Fiscal. La primera considera que ya solo
adeuda en torno a 42.500 euros. Pero las otras dos partes entienden que
el agujero todavía supera los 85.000.
La
encausada, quien según la defensa sufre problemas de ludopatía, fue
devolviendo de forma paulatina y a escondidas pequeñas cantidades a las
arcas del ente (uno de los últimos pagos ascendió a 1.071 euros y sirvió
para pagar la electricidad y la línea telefónica). Pero la
llamada en 2019 de un proveedor que detectó una anomalía permitió a la
directiva averiguar que se habían acometido sucesivas transferencias «a
cuentas corrientes de su propiedad» y que, incluso, «se extrajo
dinero en efectivo, siempre cantidades redondas poco comunes en una
contabilidad financiera». Esto llevó al AIC a contratar una auditoría
externa para arrojar luz y poner cifras al presunto delito.
El
asesor fiscal que asistió a los industriales halló «grandes desfases»
en la contabilidad del año 2019, que la propia acusación particular,
ejercida por la letrada Adoración Navarro, tildó de «completamente
ficticia» e «irreal».
La confesión como atenuante
Tras
escuchar a las partes, la Fiscalía modificó su solicitud de condena y
pidió dos penas de cárcel distintas: un año y seis meses por un presunto
delito de apropiación indebida y 21 meses de prisión por falsedad
documental. La acusación y la defensa se adhirieron al criterio del
Ministerio Público, si bien la abogada de la acusada, Jessica Serrano,
rogó a la Sección Sexta que tuviera en cuenta como atenuante que «ha
reconocido la autoría, a excepción de las cantidades devueltas». También
solicitó una responsabilidad civil muy inferior.
