- El Tribunal actual termina su mandato este mes de julio y es necesario el acuerdo entre PSOE y PP para renovarlo
- El Gobierno considera que las causas abiertas por el Tribunal contra el independentismo son "una piedra en el camino" del diálogo
- Los secesionistas critican su composición y quieren un cambio en el sistema de elección de sus miembros
El Tribunal de Cuentas se ha convertido en una pesadilla para los independentistas. El órgano fiscalizador de las instituciones públicas tramita una causa millonaria contra una cuarentena de ex altos cargos del Govern por la utilización de dinero público en el referéndum del 1 de octubre y por la publicidad del proceso secesionista en el exterior. Desde que se concedieron los indultos se han intensificado las voces cuestionando la institución cuyo mandato está a punto de caducar. Una renovación, como en el caso del CGPJ, cambiaría el reparto de poder. Repasamos algunas claves del Tribunal de Cuentas.
¿Qué es el Tribunal de Cuentas?
El Tribunal de Cuentas está recogido en el artículo 136 de la Constitución. En el punto primero establece que es "el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público". Tiene una función jurisdiccional que consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en la que incurran quienes manejen fondos públicos. Sus resoluciones se pueden recurrir ante el Tribunal Supremo.
Depende de las Cortes Generales y, según la Carta Magna, sus miembros "gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces".
¿Quién lo compone?
El Tribunal está compuesto por un fiscal y 12 consejeros elegidos por las Cortes Generales mediante una votación por mayoría de tres quintos. 6 son designados por el Congreso y 6 por el Senado para un mandato de 9 años que caduca este mes de julio.
Según la ley que regula el Tribunal, la elección de sus miembros se realiza entre letrados, auditores de cuentas, magistrados, fiscales, profesores de Universidad y funcionarios públicos con titulación académica superior con más de 15 años de ejercicio profesional.
Su actual presidenta es María José de la Fuente, licenciada en Derecho y letrada asesora de Empresa. Desde su creación en 1982 ha tenido 8 presidentes, los 5 últimos a propuesta del PP.
¿Qué pasa con su renovación?
El mandato del actual Tribunal caduca este mes de julio. Su renovación, al igual que otros órganos constitucionales como el CGPJ, exige un acuerdo entre socialistas y populares. El PP, que mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial, tampoco está dispuesto a sentarse con el Gobierno.
Los 12 consejeros se designaron en 2012 cuando el Partido Popular tenía mayoría en el Congreso. El PP propuso a 7 consejeros y el PSOE a 5. En este tiempo el llamado bloque progresista se ha visto mermado porque uno de los consejeros renunció por motivos personales y su plaza nunca se cubrió.
El PSOE, al igual que en el CGPJ, se queja de que esa composición no se ajusta a la nueva realidad política del país que dejaron las urnas tras las últimas elecciones y que desembocaron en el Gobierno de coalición.
El Tribunal, en la picota
Las causas del Tribunal contra los independentistas le han colocado en el centro de sus ataques. Tanto ERC como Junts per Catalunya denuncian que es un Tribunal desfasado y dominado por sectores ultraconservadores. Reprochan que entre sus miembros figure Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, Margarita Mariscal de Gante, magistrada, exministra de Justicia con Aznar y con una familia vinculada al régimen franquista [sic] o Ángel Antonio Algara, doctor en Económicas, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa y también próximo a Aznar.
"Un chiringuito de 4 familias", denuncia ERC. "El Tribunal de Cuentas se ha convertido en la nueva inquisición, la inquisición económica", proclama el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Los republicanos están aumentado su presión en los últimos días y exigen no solo su renovación sino un cambio en el sistema de elección.
Miembros del Gobierno también han expresado públicamente el escollo que representan las causas abiertas contra los exaltos [sic] cargos del Govern en la nueva etapa abierta en Cataluña tras la concesión de los indultos. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dijo que son "piedras en el camino del diálogo". La ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha pedido "eliminar" los procesos y dejar "protagonismo absoluto" a la "política, el diálogo y el acuerdo".
Decisiones polémicas del Tribunal
El 2019, el Tribunal revocó una condena anterior que había dictado una consejera y que obligaba a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, y a varios miembros de su equipo a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros por la venta masiva de pisos protegidos a fondos buitre. La absolución fue decisión de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal compuesta por tres miembros. El resultado de la votación fue dos contra uno. Los que firmaron a favor de la revocación fueron los dos consejeros propuestos por el PP, Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Sáchez Robledano.
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