"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la novena promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
Los auditores de cuentas han empezado a alertar de los
efectos del nuevo coronavirus en los resultados empresariales del
ejercicio 2019 que todavía estaban pendientes de publicación y
que se han registrado en los últimos días en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). De esta forma, los auditores de Clínica
Baviera, Eroski y Adolfo Domínguez han incluido párrafos de énfasis en
sus auditorías de cuentas provocados por el impacto del Covid-19.
A pesar de que el parón en la actividad y el golpe en el negocio no ha afectado a las cuentas recientemente publicadas, ya que corresponden al ejercicio anterior,
los auditores están llamando la atención sobre los administradores e
inversores dado que la evolución y las previsiones sobre el ejercicio
siguiente (2020) podrían no llegar a materializarse o sufrir alguna
modificación.
En el caso de Clínica Baviera, el auditor destaca y remite a la nota de hechos posteriores de las cuentas anuales en las que la compañía realiza un balance de los daños iniciales
y la batería de medidas de contención aplicadas por la empresa. En esa
relación de hechos posteriores, Clínica Baviera no aporta detalles
financieros dado que el efecto “es difícilmente cuantificable, ya que
dependerá en gran medida de la evolución futura de diversos factores que
están fuera del control del grupo”, señala.
No obstante, el párrafo de énfasis recoge la alerta: “Llamamos la
atención respecto de lo señalado en la memoria consolidada adjunta, en
la que los administradores hacen mención al hecho posterior en relación
con los efectos derivados de la propagación del Covid-19 y las
principales consecuencias identificadas a la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales, considerando las medidas adoptadas por los
respectivos Gobiernos de los países en los que opera el grupo, así como
las dificultades que conlleva la estimación de los potenciales impactos
que podría tener esta situación”, señala el informe de auditoría,
realizado por la firma Mazars.
Este mismo esquema lo siguen los párrafos de énfasis incluidos en los
informes de auditoría de Eroski y Aldofo Domínguez. En el caso de la cooperativa vasca de distribución, el auditor además resalta: “Las dificultades que conlleva la estimación de los posibles impactos que podría tener esta situación”.
En el informe de auditoria de la firma textil el párrafo de énfasis llama a prestar atención sobre “los efectos que la situación de incertidumbre
generada por la crisis del Covid-19 podría llegar a producir en las
operaciones futuras del grupo y las medidas adoptadas por los
administradores y la dirección de la sociedad dominante del mismo para
hacer frente a dicha crisis”.
Tanto Eroski como Adolfo Domínguez expresan en el apartado de hechos
posteriores que “estos acontecimientos no implican un ajuste en las
cuentas anuales” por lo que se detallarán en los estados contables de
2020.
Eroski finalizó su ejercicio fiscal en enero de 2020 y Adolfo
Domínguez al cierre de febrero de este año, por lo que en el ejercicio
completo su actividad no se vio afectada por la crisis y el estado de
alarma, declarado a partir del 14 de marzo.
Viabilidad empresarial
La pandemia originada por el Covid-19 ha coincidido en un periodo de tiempo en el que la mayoría de las empresas tenían ya formuladas las cuentas
del ejercicio 2019, por lo que sus informes de auditoría no incluyen
los posibles riesgos o impactos provocados por el virus. Sin embargo,
los auditores ya preveían la inclusión de párrafos de énfasis en
aquellos resultados del ejercicio anterior, todavía pendientes de
publicar y para aquellas compañías cuyo año fiscal no se corresponde con
el año natural.
Además, según explicaron a CincoDías fuentes del ICJCE al inicio de la crisis, el mayor reto de los auditores estará en determinar la viabilidad de muchas empresas en sus informes de auditoría de 2020.
“En las cuentas de 2019 que todavía están pendientes de salir lo que
está siendo más habitual es que aparezca recogido en la memoria como un
hecho posterior que no afecta a las cuentas de ese año. La verdad es que
ahora en muchos casos los datos cuantitativos son insuficientes y no se
puede hacer un análisis completo como en las cuentas de 2020 donde se va a poner en prueba la viabilidad de muchas empresas”, concluyen.
Precisamente, según explicó Francisco Gracía, presidente del Registro
de Expertos Contables (REC), en un foro virtual celebrado este viernes,
las principales consultas que ha recibido la institución por parte de
los expertos en cuentas y empresas tenían que ver con la aplicación del
principio de empresa en funcionamiento y la consideración sobre el tipo
de hecho posterior que supone la crisis.
La chispa de la duda ha vuelto a encender el polvorín en Wirecard. La fintech alemana se hunde hasta un 71%
en la Bolsa de Fráncfort después de que su auditor de cuentas haya
señalado que no encuentra evidencias de una cuarta parte del efectivo
que la compañía dice tener en su balance. Un agujero de nada menos que 1.900 millones de euros.
“Hay señales de que se ha proporcionado información falsa al auditor por parte del fiduciario sobre sus cuentas bancarias con el objetivo de engañar
y crear la percepción errónea de la existencia de dicho saldo de
efectivo o la propiedad de las cuentas en beneficio de las empresas del
grupo Wirecard”, ha indicado la empresa para explicar el señalamiento de
la firma EY.
Debido a estas sospechas de alteración contable,
la empresa ha vuelto a retrasar la publicación de sus cuentas anuales
auditadas, sin que se haya señalado fecha para ello. Wirecard ha
alertado de que si el balance no ve la luz este viernes, ciertos préstamos por valor de 2.000 millones de euros se podrán rescindir.
Caída en picado
Con este telón de fondo, la compañía ha visto sus acciones caer en picado desde los 104 euros por acción
hasta perder los 30 euros. Al cierre, el descalabro se ha limitado al
61,8%, hasta los 39,9 euros en los que ha marcado su último precio este
jueves. En lo que va de año, su gráfica pierde un 72% y el porcentaje
engorda al 78% si se toma como referencia el cierre del ejercicio 2018.
El director ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, ha
señalado que “las confirmaciones emitidas previamente por los bancos ya
no cuentan con el reconocimiento del auditor”, de manera que “todas las
partes involucradas están tratando de aclarar el asunto lo más rápido
posible”.
Acusaciones de fraude
A este respecto, la fintech alemana ha explicado que los bancos que emiten las garantías de depósito son dos entidades asiáticas con calificaciones de grado de inversión. En este sentido, ha subrayado que tienen mandatos de otras instituciones en la región.
En octubre el año pasado, 'Financial Times'
publicó que parte del personal de Wirecard podría haber inflado
fraudulentamente las ventas y las ganancias en las filiales del grupo.
Mientras que la compañía ha negado estas acusaciones, KPMG ha llevado a cabo una investigación especial y dijo que no podía proporcionar datos sobre los ingresos de su negocio de adquisición de terceros.
De forma separada, el supervisor de los mercados alemanes está investigando a Braun por acusaciones de uso de información privilegiada en la compañía.
En este sentido, el primer espada de la compañía fue también primer
accionista de la misma, con una participación cercana al 7%.
Desde DWS, del grupo Deutsche Bank, han señalado que
su posición fiduciaria en Wirecard se "ha ido reduciendo
constantemente". En este sentido, la entidad puntualiza que "al cierre
del mercado el 17 de junio de 2020, DWS ya había reducido su posición cerca de un 60%".
Asimismo, añade que "actualmente ya no tiene posiciones en fondos
gestionados activamente". Tras asegurar que "continuará cumpliendo con
su deber fiduciario con los inversores", explica que "se está analizando
la situación y considerando la posibilidad de emprender acciones
legales".
Cambios en la cúpula
Ya con los mercados europeos cerrados a negociación, la compañía alemana ha anunciado la suspensión temporal, hasta el próximo 30 de junio, de su director operaciones, Jan Marsalek.
Aunque no se han explicado las razones del cese, la coincidencia de
hechos es significativa. Del mismo modo, se ha procedido a adelantar el
fichaje de James Freis, inicialmente previsto para el 1 de julio, para
el puesto de nueva creación de director de compliance.
La mejora global que experimentaron las empresas del Ibex
en cuanto a responsabilidad fiscal en el año 2019 se ha visto empañada
por un peor desempeño en lo que respecta a la independencia que deberían
mantener con sus auditores de cuentas. Según el último informe de la
Fundación Compromiso y Transparencia, el 63% de las empresas del selectivo incumplió
este objetivo, mientras que un año antes lo hizo un 57%. El deterioro
de esta ratio se debe a que el informe de contribución y transparencia
fiscal de 2019 añade como incumplidoras a BBVA y Repsol, empresas que sí aprobaron este examen un año antes.
De todos los análisis realizados, el de independencia del auditor es en el que las compañías del Ibex 35 se llevan el peor suspenso.
Según explica el informe, "se entiende que si la empresa encargada de
realizar la auditoría legal presta también servicios de asesoría fiscal,
existe un riesgo importante, como muestra la evidencia empírica, de que colabore con la empresa diseñando y promoviendo esquemas de planificación tributaria que se consideren potencialmente agresivos".
Si
la empresa encargada de la auditoría presta servicios de asesoría
fiscal, existe riesgo importante de planificación tributaria agresiva
En este sentido, los investigadores alertan de que "desconocer el activo papel que han jugado las 'Big Four' (PwC, Deloitte, KPMG y EY) asesorando a las grandes empresas para eludir la normativa fiscal
es ignorar conscientemente la realidad de lo acontecido en las últimas
décadas". El estudio concluye que "mientras las 'Big Four' sigan
prestando servicios de auditoría y de consultoría, ese riesgo de falta de independencia seguirá existiendo".
Las que más incumplen
Con
base en esto, el informe pone de manifiesto quiénes son las empresas en
las que se puede dar este conflicto de intereses: "Entre las 22
empresas que no cumplen con el indicador de independencia, nos
encontramos con tres grupos diferenciados. Por un lado, se encuentran
las empresas que no publican el informe de independencia del auditor
externo y, por tanto, no existe manera de comprobar si cumplen con el
indicador. Este es el caso de ArcelorMittal, Bankinter, Grifols, Mapfre y Meliá".
"En
segundo lugar, se encuentra un grupo de ocho empresas que mantienen la
mala práctica de contratar servicios de asesoría fiscal y que son Acciona, ACS, Amadeus, Banco Santander, CIE Automotive, Enagás, Indra y Repsol", subraya el informe.
"Por
último, está el grupo de empresas cuyo desglose es muy genérico y no
permite contrastar si se prestan o no servicios fiscales". En este grupo
están Acerinox, Banco Sabadell, Bankia, BBVA, CaixaBank, Ferrovial, Inmobiliaria Colonial, Merlin Properties y Naturgy.
Las que cumplen
Esto significa que Aena, Cellnex, Ence, Endesa, IAG, Iberdrola, Inditex, MásMóvil, Mediaset, REE, Siemens Gamesa, Telefónica y Viscofan son las empresas que reportan que no contratan ningún servicio de asesoría externa con su auditor.
En vista de este panorama, el informe advierte de "la necesidad de impulsar un conjunto de reformas urgentes
para tratar de evitar los constantes conflictos de intereses derivados
de la prestación de servicios de auditoría y servicios de consultoría
por parte de las 'Big Four" sobre la base de dos informes del regulador y
el Parlamento británico que "han puesto de manifiesto la crisis de
credibilidad por la que atraviesa la actividad de la auditoría".
Mejora generalizada
Pese
al aumento de los conflictos de interés entre empresas del Ibex y sus
auditores, el informe de contribución y transparencia fiscal de 2019
registra una mejora generalizada en la mayoría de indicadores que
analiza. Según explica, las diferentes iniciativas puestas en marcha en
los últimos seis años a diversos niveles han logrado que las empresas empiecen a tomarse en serio las cuestiones relativas a la transparencia fiscal en sus reportes informativos.
"Todos
estos cambios e iniciativas han contribuido al significativo avance que
las empresas analizadas han experimentado en relación con la
información y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de su
responsabilidad fiscal. Buena prueba de ello es el importante descenso que se ha producido en el porcentaje de empresas calificadas de opacas
desde la publicación de nuestro primer informe (en 2014) hasta la
publicación del presente: del 86% de empresas opacas hemos pasado a poco
más del 10%", concluye.
'Contribución y transparencia', el informe de
transparencia en la gestión de la responsabilidad fiscal de las empresas
del IBEX 35 analiza las horas que dedican los comités de auditoría del
IBEX 35.
CE @Compromiso_Empr - 16 junio 2020
Aunque en los últimos años se ha hecho un
esfuerzo importante por asegurar que los comités de auditoría estén
integrados por personas cualificadas, que velen por los intereses
generales de la compañía y rindan cuenta de sus actuaciones, la realidad
del funcionamiento de estos órganos está muy lejos de esos deseos.
Esta es una de las principales conclusiones del informe Contribución y Transparencia 2019,
elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia, que destaca la
diferente dedicación de tiempo de los comités de auditoría del IBEX 35,
como se desprende en el gráfico.
El informe señala que se están produciendo una serie de diferencias
“difíciles de justificar” atendiendo a la naturaleza de la actividad y/o
las dimensiones de la empresa.
Así, por ejemplo, el comité de auditoría de Siemens-Gamesa se ha
reunido en 21 ocasiones durante el año 2019, mientras que cinco empresas
(AENA, Amadeus, Ferrovial, Inditex y Mediaset) se han reunido con una
periodicidad inferior a la bimestral. La media de reuniones anuales de
las empresas del IBEX 35 es de diez sesiones.
El informe denuncia que aunque entendiendo que el Código Unificado de
la CNMV no haya querido establecer con carácter general unos estándares
de dedicación de tiempo a los consejeros (Principio 13 y Recomendación
25), “resulta muy difícil defender que los miembros de un comité de
auditoría de una empresa del IBEX 35, como Inditex o Ferrovial, puedan
cumplir efectivamente sus deberes de diligencia con una dedicación como
la mencionada anteriormente”.
El Papa nombró al Fabio Gasperini, secretario de la Administración del
Patrimonio de la Sede Apostólica. Por primera vez, un laico ocupará una
posición tan alta en los dicasterios de la Curia romana.
El Santo Padre nombró al doctor Fabio Gasperini, de 58 años, secretario
de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, en reemplazo
del padre Mauro Rivella de la diócesis de Turín, quien se desempeñaba
en el cargo desde 2015, según informó la Oficina de Prensa de la Santa
Sede.
El Dr. Fabio Gasperini nació en Roma el 17 de octubre de 1961. Es
auditor legal, contador y doctor en economía y comercio. Tiene más de 25
años de experiencia en servicios de consultoría y auditoría en
instituciones financieras líderes: bancos, compañías de seguros,
compañías de gestión de activos, compañías de corretaje de valores y
compañías financieras.
Actualmente es el presidente del Consejo de Supervisión de Ernst &
Young Advisor SpA; miembro del comité ejecutivo de servicios de
consultoría EMEIA y AIIA (Asociación Italiana de Auditores Internos);
experto en el sector bancario y mercado de capitales.
La Administración de la Santa Sede (APSA) actúa como el banco central del Estado de la Ciudad del Vaticano.
En los momentos críticos que vivimos, en los que la pandemia del
coronavirus está poniendo a prueba las estructuras y convenciones
sociales, económicas y culturales, además de otros muchos aspectos
concretos de nuestra vida cotidiana, el compromiso, la solidaridad, la
flexibilidad o la creatividad, entre otras características propias de
una organización basada en la responsabilidad social corporativa (RSC),
resultan imprescindibles para la supervivencia de las empresas.
Las
pequeñas y medianas empresas son especialmente sensibles a situaciones
de incertidumbre, en las que sus interrelaciones con los grupos de
interés se deterioran de manera irremediable, produciéndose un colapso
de las operaciones. En estos contextos una cultura organizacional
asentada en el compromiso y la responsabilidad de todas las personas
resulta vital, resultando para las pymes una auténtica tabla de
salvación. Ante las grandes dificultades para salir adelante en un
escenario tan crítico como el actual, la RSC se presenta como un
instrumento que potencia la resiliencia de las empresas, proporcionando
una base sólida desde un enfoque participativo y de compromiso por parte
de todos los grupos de interés.
En
muchas ocasiones hemos oído decir que la RSC es algo orientado a las
grandes empresas, ya que a las pequeñas y medianas, y no digamos a las
micro, les viene grande. Evidentemente, detrás de esta afirmación nos
encontramos con un desconocimiento profundo del concepto de la RSC y de
las posibilidades de su aplicación y beneficios como sistema de
dirección, gestión y control, especialmente en situaciones de crisis e
incertidumbre.
Una nueva Opinión Emitida por la Comisión RSC de AECA intenta dar
respuesta a esta equivocada apreciación poniendo en valor las
importantes ventajas, primero, de conocer y entender el concepto de la
RSC y, segundo, de su implantación también en las pequeñas, medianas y
micro empresas.
Entre las conclusiones propuestas cabe destacar algunas de especial interés para su aplicación en el marco de la crisis actual:
Los elementos conceptuales de la RSC son propios de las pymes de la
misma manera que lo son de las grandes empresas, es decir, la
responsabilidad, el compromiso voluntario, el esfuerzo compartido, la
especial preocupación por el medio ambiente, la solidaridad, la persona
como centro de la organización y la proactiva interrelación con los
grupos de interés y la sociedad.
Desde un punto de vista organizativo el alcance de la RSC comprende
todas las áreas funcionales de las pymes, de la misma manera que las
grandes: gobierno corporativo, dirección estratégica, gestión y control,
reporte y verificación, certificación, inversión socialmente
responsable y comunicación. La penetración del concepto de la RSC en la
estructura organizativa asegura una respuesta eficaz a situaciones
críticas en las que se requiere el compromiso de todos los estamentos de
la empresa.
El menor tamaño de las pymes condiciona las características del
órgano de gobierno que mayoritariamente se identifica con una dirección
general individual (administrador único) o de varios administradores que
actúan de forma solidaria o conjunta. En momentos en los que se
requiere urgencia en la toma de decisiones y un mando coordinado las
pymes pueden mostrar su fortaleza respondiendo eficazmente a situaciones
difíciles.
Las relaciones interpersonales y el predominio de la comunicación de
tipo informal son muy importantes en las pymes, de manera que bien
llevadas y gestionadas, con un enfoque de responsabilidad social, suelen
resultar un elemento esencial para la estabilidad y la seguridad
organizacional, especialmente valioso en momentos de crisis.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) directamente
relacionados con las políticas de responsabilidad social corporativa son
perfectamente aplicables y alcanzables por las pymes, al igual que por
las grandes. Es decir, la implantación de un sistema RSC en las pymes
permite, a su vez, alinearse con los ODS.
El cumplimiento de políticas y de comportamientos socialmente
responsables facilitan la incorporación de las pymes a la cadena de
suministro de clientes con requisitos RSC, facilitando a su vez las
relaciones con los proveedores financieros y las administraciones
públicas, de especial significación en momentos de la mayor necesidad.
La sensibilidad a las cargas administrativas de trabajo con escaso
valor añadido está muy presente en las pymes. Por esa razón, se hace
estrictamente necesario encontrar una relación coste-beneficio adecuada
en las políticas de transparencia informativa y comunicación. Por otra
parte, las políticas fiscales son una vía apropiada para apoyar a las
pymes en situaciones críticas en las que existe un peligro evidente para
la supervivencia de muchas empresas.
La promoción de la inversión socialmente responsable, con criterios ESG (Environmental, Social and Governance),
por parte de organismos internacionales y entidades financieras, ha de
llegar también a las pymes, tanto como receptoras de recursos, en
reconocimiento de sus buenas prácticas RSC, como inversores en productos
ISR de rentabilidad competitiva.
Quizá porque aún no es obligatoria para las pymes la elaboración,
publicación y verificación de una información normalizada sobre RSC, las
empresas no acometen estas prácticas de manera voluntaria, salvo que
como parte de la cadena de suministro de sus clientes estén forzadas a
realizarlas. Por tal motivo la utilización de una guía o modelo de
reporte de la información sobre RSC y su verificación son aspectos casi
inéditos en las pymes españolas.
El tejido empresarial de un país se compone, prácticamente en su
totalidad, de pequeñas, medianas y micro empresas. Garantizar que en su
gran mayoría estas empresas estén bien preparadas para afrontar las
dificultades propias de los periodos críticos que inevitablemente se
reproducen a lo largo del tiempo es un factor de competitividad muy
relevante para las economías nacionales. La RSC como sistema de
dirección y gestión especialmente prescrito para mejorar los resultados
de las pymes se convierte, por lo tanto, en instrumento eficaz para
afrontar momentos de incertidumbre.
