ElConfidencial.es: El caso Bankia convierte la ley de auditoría en una ‘camisa de fuerza’ para las Big Four

El caso Bankia convierte la ley de auditoría en una ‘camisa de fuerza’ para las Big Four - Noticias de Empresas
GUINDOS AMENAZA CON LA ‘FACTURACIÓN CERO’
29/09/2014 (05:00)

Ni media fisura. Más o menos esta es la consigna lanzada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, para que los servicios técnicos de su departamento se pongan las pilas en la redacción de la nueva Ley de Auditoría que el Gobierno quiere aprobar antes de que acabe el año. El conflicto desatado con Deloitte por su intervención en el caso Bankia ha decantado la posición más beligerante del titular de la política económica, lo que se va a traducir en una normativa especialmente dura, una verdadera ‘camisa de fuerza’, para las grandes firmas de auditoría que trabajan en España.

El caballo de batalla de la futura legislación reside en lo que se define con el epígrafe de ‘Facturación Cero’, un criterio extraordinariamente restrictivo impuesto por la Unión Europea para impedir que ningún auditor pueda contratar servicio adicional alguno con un mismo cliente. La aplicación generalizada de un requisito tan estricto en nuestro país obligará a un replanteamiento del modelo económico en el que se han desarrollado todas las empresas auditoras y en virtud del cual muchas de ellas actúan también de manera simultánea como entidades consultoras de las principales empresas del Ibex 35.

Para las llamadas Big Four, como son la propia Deloitte, KPMG, PwC y Ernst&Young, la adaptación al nuevo marco legal sin un proceso transitorio constituye un verdadero desafío en la gestión de su negocio. De ahí la intensa capacidad de lobby que algunas marcas han estado ejerciendo en los últimos meses en medios próximos al Ministerio de Economía con el fin de suavizar una normativa que puede poner ‘patas arriba’ las relaciones comerciales dentro del mercado español de auditoría. Las consecuencias se harán sentir también en muchas de las sociedades cotizadas, que tampoco son muy dadas a cambiar la contratación de este tipo de servicios.

 

(Reuters)

El Gobierno parecía receptivo en un primer momento a buscar un consenso con la Comisión Europea ya que la reglamentación en ciernes responde a una directiva comunitaria cuya trasposición al ordenamiento mercantil deberá hacerse efectiva no más tarde de 2016. Los borradores iniciales que han circulado en medios del sector se habían estructurado a partir del actual texto refundido de la Ley de Auditoría vigente desde el año 2011, en el que se deja un cierto margen de incompatibilidad. La regulación actual permite que las firmas facturen anualmente hasta un 15% de sus ingresos en trabajos distintos del propio análisis o investigación de cuentas, considerando a dichos efectos porcentuales la media de los tres últimos ejercicios.

El contencioso abierto con Deloitte
La situación ha cambiado de manera radical después de las tensiones que ha generado el conflicto con Deloitte por su intervención en el caso Bankia. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en su calidad de organismo regulador dependiente del Ministerio de Economía, ha impuesto una multa a la empresa auditora por su labor de asesoramiento en la salida a bolsa de la entidad financiera durante la etapa presidencial de Rodrigo Rato. Más allá de la penalización de 12 millones de euros, lo que verdaderamente preocupa a la firma es el quebranto que la sanción vaya a producir en su imagen reputacional. De momento, Deloitte ha sido excluida por el Banco de España en el reparto de los test de estrés que se vienen realizando desde primeros de año al sector bancario por imperativo del Banco Central Europeo.

 

Salida a Bolsa de Bankia. (Efe)

La entidad está dispuesta a defenderse con todas las consecuencias en lo que puede suponer un pleito por todo lo alto con el Ministerio de Economía. La auditora cuenta con el respaldo de la CNMV, pues no en vano el organismo de supervisión que entonces presidía Julio Segura fue el que solicitó la participación de Deloitte en los trabajos de la oferta pública. El Banco de España ha descalificado también la severidad de la multa y, por si fuera poco, el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido la actuación profesional llevada a cabo por el socio responsable de Deloitte, Francisco Celma, que se negó a avalar en su día las cuentas de la entidad de crédito nacionalizada.

Tras la encendida polémica con Deloitte se esconde también una batalla sorda y larvada desde hace tiempo entre la CNMV de Elvira Rodríguez y el ICAC, que preside Ana María Martínez-Pina. El organismo regulador de la bolsa no está de acuerdo con el ordenamiento actual que atribuye al instituto dependiente del Ministerio de Economía la plena tutela sobre el mercado de la auditoría en España. La Comisión de Valores quiere para sí el control y la supervisión sobre las cuatro grandes firmas del sector, que son las que realizan los análisis de todas las empresas del Ibex donde se concentran, por lo demás, las mayores atenciones y suspicacias de los inversores internacionales.

La sensibilidad de Guindos no alcanza para satisfacer las pretensiones de la CNMV, sino que se inclina, más bien al contrario, por estrechar el cerco del Ministerio de Economía y aplicar ahora nuevas medidas drásticas con el argumento que supone la directiva  de Bruselas. No es la primera vez que el Gobierno busca amparo bajo el paraguas comunitario para enarbolar la bandera reformista en sectores de actividad económica. Las Big Four deberán ‘atarse los machos’, que diría un torero, para lidiar con una regulación que puede marcar época en el mercado de la auditoría en España. Todo sea para que al Gobierno no le coja el toro y la multa a Deloitte pueda ser legitimada pese a la opinión en contrario de la CNMV y el Banco de España.

VoxPopuli.com: Salvedades en la auditoría de Adif al no justificar activos por 4.400 millones

Salvedades en la auditoría de Adif al no justificar activos por 4.400 millones
El interventor delegado en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias señala que no disponía de toda la documentación que solicitó para verificar dichos activos. También apunta a que la red de Feve que pasó a Adif está sobrevalorada.
Raúl Pozo - 29.09.2014

La auditoría del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) correspondiente al último ejercicio presenta una serie de salvedades presentadas por la Intervención General del Estado relativas a los activos de la compañía pública. El interventor asegura no haber dispuesto de la documentación necesaria para verificar una serie de activos valorados en algo más de 4.400 millones de euros, un extremo que podría afectar a las cuentas presentadas por la empresa pública, que arrojan pérdidas de 96,6 millones de euros, un 67,5% menos que el año anterior.

En el informe de auditoría de dichas cuentas, el interventor incluye a tal efecto una serie de salvedades en las que recuerda que durante el pasado ejercicio fueron traspasados a Adif activos valorados en 11.882 millones de euros. Sin embargo, el informe constata que la información disponible no ha sido suficiente para registrar parte de esos activos y, por lo tanto, tampoco los costes que llevan asociados.

De este modo, el informe concluye que “con la información disponible y las evidencias de auditoría obtenidas, no resulta posible evaluar el efecto que las situaciones descritas pudieran tener sobre las cuentas anuales consolidadas de 2013”.

Pero ésta no es la única salvedad incluida en el informe de auditoría de Adif. El interventor también señala que la sociedad absorbió el pasado año los activos de la desaparecida Feve, que presentaban un valor contable de 524 millones de euros, pero que dichos activos habían sido considerados como sobrevalorados en la auditoría que la propia Intervención del Estado había realizado a Feve en 2012.

Activos sobrevalorados
El documento, incluido en las cuentas anuales de la compañía que publicó el pasado viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), recuerda que la Intervención del Estado concluyó que los activos de Feve estaban sobrevalorados debido a una serie de deficiencias de control interno, en especial en lo relacionado con los procesos de bajas por renovaciones.

Los activos fueron incorporados a Adif sin proceder a una nueva valoración y la información proporcionada por la compañía no es suficiente para que el auditor cuantifique “el importe por el cual dichos activos se encontrarían sobrevalorados al cierre del ejercicio”.

Adif redujo un 67,5 % sus números rojos en 2013, cuando contabilizó unas pérdidas de 96,6 millones de euros, gracias a la disminución de las provisiones y a los menores gastos de explotación y financieros. Estos resultados no incluyen los de la sociedad Adif Alta Velocidad, cuyas cuentas está previsto que se publiquen en breve.

A cierre del ejercicio, la cifra de negocios ascendió un 118,3 millones de euros, el 90,7 % menos que los 1.273,7 millones contabilizados en 2012, tal y como publicó el BOE.

Por divisiones, 68,6 millones de euros procedieron del canon por utilización de la red de interés general titularidad de Adif, 33 millones por el canon por utilización de estaciones y otras infraestructuras ferroviarias, y 16,6 millones por la tasa de seguridad del transporte ferroviario.

elEconomista.es: Inditex, matrícula de honor en responsabilidad social

Inditex, matrícula de honor en responsabilidad social
26/09/2014

Inditex renueva su presencia en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) por decimotercer año consecutivo. La puntuación global obtenida por Inditex la sitúa por delante del 98 % de las empresas del sector del comercio minorista a nivel mundial. En esta puntuación se combinan elementos de las dimensiones económica, medioambiental y social; en todas ellas el grupo se ha situado como una de las empresas con más sólida responsabilidad corporativa.

La familia de índices de sostenibilidad del Dow Jones datan de 1999, y se elaboran en colaboración con RobecoSAM, firma especializada en inversión sostenible. Las empresas se seleccionan, de entre las 2.500 que integran el Dow Jones Global Total Stock Market Index, en función de un análisis global del desempeño económico a largo plazo, criterios medioambientales y sociales, e indicadores específicos para cada ramo de actividad. El método empleado es sistemático, de manera que los inversores puedan tomar decisiones de forma rigurosa y consistente con arreglo a los resultados.

Entre las dimensiones que se examinan está el gobierno corporativo, la gestión del riesgo, la marca (branding), paliación del cambio climático, estándares de la cadena de suministro y prácticas laborales. Se tiende, pues, a rechazar aquellas compañías que no operan de manera ética y sostenible. Los resultados se vertebran en diversos índices: uno global, el DJSI World (que hoy integra a 319 empresas), y varios geográficos: Europa, Nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), América del Norte y Asia Pacífico. Inditex pertenece a la edición global y la europea.

Activa en todos los frentes
Inditex ha incorporado la sostenibilidad a toda su estrategia comercial. En los últimos años ha plasmado este compromiso en una serie de estándares, que resumen la filosofía del grupo en cada aspecto fundamental del proceso productivo.

Así, el rubro "Right to Wear" comprende protocolos que garantizan que todos sus productos cumplen los estándares de salud y seguridad más avanzados ("Clear to Wear" y "Safe to Wear"); una cultura empresarial centrada en la ética, el respeto a los demás y su diversidad, la honradez, la transparencia y la profesionalidad ("Teams to Wear"); un esquema de auditoría que asegura que todos los productos son fabricados en cumplimiento del Código de Fabricantes y Proveedores ("Tested to Wear"); acciones de inversión social que buscan fortalecer lazos con las comunidades en las que Inditex está presente ("Social to Wear"), y, por último, una estrategia que vela por una fabricación y comercialización de productos respetuosa con el medioambiente ("Green to Wear").

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Todos estos esfuerzos requieren, no obstante, de transparencia para que pueda juzgarse si, en efecto, son acatados. Por este motivo, Inditex participa activamente de las iniciativas globales más punteras en materia de rendición de cuentas (reporting). Sigue desde 2002 los criterios del índice Global Reporting Initiative; está adherida a la iniciativa The Global Compact, de Naciones Unidas, desde 2001 (ha obtenido el nivel más avanzado en el último informe de progeso de la organización) y es asimismo miembro desde sus inicios del International Integrated Reporting Council (IIRC). Las memorias anuales del grupo siguen los estándares definidos por todos ellos.

NoticiasdeAlmería.com: Una auditoría del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Almería desvela otro agujero en la cuenta donde reciben fondos europeos

Una auditoría del SAT en Almería desvela otro agujero en la cuenta donde reciben fondos europeos | Noticias de #Almeria

Sólo en 2013 ya rondaba los 24.000 euros a pesar de quienes imparten los cursos lo hacen de modo altruista

• Graves irregularidades contables en el SAT de Almería
• La gestoría del SAT que se “quedó” con 7.700 euros de cuatro inmigrantes tenía un déficit de 8.700 según una auditoría
• El SAT sanciona a un militante de Almería por opinar

 Una auditoría interna del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Almería, y que lidera a nivel nacional Diego Cañamero, ha desvelado que la denominada “cuenta de campaña” tenía un déficit de 24.000 euros en el año anterior, según han informado a Noticias de Almería fuentes de la organización.

Esta cuenta es la que recibe el dinero “que viene de Europa” y que se utiliza para financiar diversos programas relacionados principalmente con inmigrantes, y que a principios de ese año partía en positivo. A ese déficit hay que añadir los otros casi 8.700 euros de la asesoría laboral en esa misma fecha, pero que según las fuentes consultadas, en junio ya había crecido hasta los 14.000 euros negativos.

Esta información fue trasladada a la dirección nacional del sindicato que abrió una comisión de investigación al respecto, pero según miembros de la organización “no han investigado los programas ni proyectos de Europa, ni nada sobre el dinero que llegaba, con regularidad, de organizaciones europeas”. Lo que se preguntan los sindicalistas que han denunciado ante Noticias de Almería todo esto es que “si esos programas iban para los inmigrantes y sobre todo en los últimos años para la formación y el aprendizaje del español ¿por qué todos los profesores que lo impartían eran voluntarios y no cobraban y cuando no había voluntarios, no se daban esas clases?”.

Dicho de otro modo, que llega dinero de la Unión Europea al SAT de Almería para dar cursos a inmigrantes, quienes los imparten lo hacen de modo altruista, y aún así la cuenta bancaria en la que se recibe registra un importante déficit según la auditoría.

Coordenadas BDO: NIAS también para el Sector Público

Coordenadas BDO - Detalle Artículo
NIAS también para el Sector Público 

El pasado 18 de febrero se publicó Resolución por la que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) inicia el proceso de adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría. 

Este proceso pretende lograr la adaptación y mejora de la normativa técnica de la auditoría del sector público, a través de la elaboración de un cuerpo normativo consistente con las NIA-ES que han sido aprobadas por el ICAC.

En la propia Resolución de la IGAE se menciona que la elaboración de normativa técnica de auditoría específica para el ámbito público constituye una tarea básica para el propio desempeño de la función de control, debiendo tomar como referencia tanto la regulación aprobada para el sector privado como las pautas seguidas en el ámbito internacional.

Desde el punto de vista del sector privado, este proceso ya ha culminado con la aprobación de las NIAS-ES, mediante la Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en las que además se han suprimido todas las referencias en las diferentes NIA al sector público, por estar fuera del alcance del TRLAC y su normativa de desarrollo.

Internacionalmente también se está produciendo este proceso adaptativo hacia las NIAS a través de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Asimismo, el Tribunal de Cuentas Europeo las está aplicando en los últimos años en la ejecución de sus trabajos y en la elaboración de sus informes de fiscalización.

Es interesante destacar que mediante este proceso de adaptación, también se pretende crear el marco adecuado para facilitar el desarrollo de mecanismos de coordinación técnica en materia de auditoría con las administraciones territoriales, en aras a lograr un cuerpo normativo con consistencia en el ejercicio de la función de control en el ámbito público, con independencia de que su ejercicio se efectúe directamente por los órganos de control o bien acudiendo a la colaboración de firmas privadas.

Este proceso contemplará, asimismo, el análisis y, en su caso, el desarrollo de la normativa complementaria, incluidas las normas sobre control de calidad, que contribuirá, sin lugar a dudas, a lograr un cuerpo normativo completo y adaptado a la realidad del sector público.

El órgano encargado de gestionar este proceso será la Comisión de Normas de Auditoría del Sector Público (CNASP), que tendrá como misión servir como órgano de consulta en la adaptación e integración de las nuevas normas de auditoría del sector público. La Oficina Nacional de Auditoría (ONA), iniciará, dirigirá, coordinará e impulsará el proceso de adaptación e integración de las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP) y las Normas Técnicas de Auditoría (NTAS) aplicadas por la Intervención General de la Administración del Estado a las NIAS-ES.

Con todo ello, estamos probablemente ante el cambio normativo más importante de los últimos años, que no sólo va a tener implicaciones para los auditores sino también para los órganos de dirección y gobierno de las sociedades y entidades del sector público auditadas. Este cambio representa además un paso fundamental en el camino de la convergencia, tan importante en una economía global.

Aprovechando estas reflexiones nos parece importante recordar que el cambio que de forma inminente nos va a afectar es el que se producirá por la entrada en vigor de las nuevas Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES), publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el 15 de octubre de 2013, que serán de aplicación obligatoria para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría en el desarrollo de los trabajos de auditoría de cuentas referidos a las cuentas anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014 y, en todo caso, en los trabajos de auditoría de cuentas contratados o encargados a partir del 1 de enero de 2015, independientemente de los ejercicios económicos a los que se refieran los estados financieros objeto del trabajo.

Esta  fecha de entrada en vigor ya se acerca y una vez se cierren las auditorías del ejercicio 2013 ya tendremos que empezar la planificación de nuestros próximos trabajos en base a este nuevo marco normativo,  con el  consiguiente  proceso de adaptación que conllevará en mayor medida para nosotros pero también para nuestros clientes. 

Asimismo, no podemos considerar que éste va a ser un proceso estático en el tiempo sino que se convierte en un proceso dinámico ya que las NIA son objeto de revisión y modificación periódica por parte de IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) y las modificaciones o incorporaciones que lleve a cabo el IAASB deberán pasar el mismo proceso de traducción y adaptación para su aplicación en España.

Esperemos que todo este esfuerzo encaminado a la mejora, homogeneización y mayor transparencia en la información financiera contribuya a conseguir los objetivos básicos del auditor, que no son otros que, obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales y han sido preparados conforme a un marco de información financiera que le sea de aplicación,  de forma que sirvan para dar una mayor credibilidad a nuestros informes y, en definitiva, al trabajo del auditor.

Celia Bertomeu

Fundación Mapfre: Lanzamos convocatoria de 100 becas para que jóvenes en paro obtengan el carné de conducir

Becas carnet de conducir para jóvenes en paro

Lanzamos convocatoria de 100 becas para que jóvenes en paro obtengan el carné de conducir 

FUNDACIÓN MAPFRE ha lanzado una convocatoria de 100 becas, de 500 euros (libre de impuestos) cada una, destinadas a que jóvenes en situación de desempleo obtengan el permiso de conducir.
Podrán beneficiarse de estas becas todas aquellas personas que tengan entre 18 y 29 años (ambos inclusive), que vivan en el domicilio familiar, y que acrediten estar en paro desde al menos el 31 de mayo de 2014 hasta el momento de la solicitud.

Para poder acceder a estas becas las personas interesadas deberán registrarse en la web www.seguridadvialparajovenes.com y aprobar el curso se seguridad vial que se encuentra en dicho site.

Estas becas forman parte del programa seguridad vial para jóvenes que FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla en colaboración con  algunas de las más prestigiosas autoescuelas españolas, con el objetivo de  provocar un cambio de actitud entre los jóvenes con respecto a la seguridad vial.

La convocatoria está abierta desde hoy miércoles, 17 de septiembre, hasta el día 17 de diciembre de 2014.

Consulta las bases - Más información

elEconomista.es: "Sólo un tercio de las entidades locales de España son auditadas", entrevista a Mario Alonso (Censores)

"Sólo un tercio de las entidades locales de España son auditadas" - elEconomista.es
Araceli Muñoz 7:05 - 22/09/2014
Con una larga trayectoria profesional como economista, abogado, así como presidente y cofundador de la firma auditora Auren, Mario Alonso recibe a elEconomista un año después de ganar las elecciones a la presidencia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).

En un momento de muchos cambios para el sector de las auditoras, Alonso recibe a este diario para hablar de los retos a los que se enfrenta este negocio.

- ¿Cuál es su opinión sobre el panorama actual del sector?
- Estamos pasando por un momento duro. Sin embargo, lo que hace la crisis es que la auditoría tenga muchísima más importancia. Ahí está el valor del auditor: poner encima de la mesa cuáles son los resultados reales. Por eso, en un proceso de crisis como el actual, la confianza de los auditores es absolutamente relevante.

Además, estamos viviendo un momento de unos cambios normativos que van a tener unos efectos muy importantes. Muchas veces los gobiernos pueden tener tentaciones de ir a procesos de sobrerregulación cada vez que hay una crisis económica o saltan escándalos financieros. Por eso, una de las soluciones que suelen proponerse es apretar más la regulación a los auditores y eso me parece que no tiene demasiado sentido. Somos una de las profesiones que más regulada, vigilada y controlada está.

- ¿Cuál es su opinión acerca de la nueva ley de auditoría?
- Por el momento, lo que tenemos es el marco de juego que se ha establecido en Europa: una directiva que afecta a todos los trabajos de auditoría de cualquier tamaño y un reglamento, que es aplicable exclusivamente a las entidades de interés público (EIP). Antes de ver los cambios que llegan a las auditorías de las EIP, hay que pensar en los objetivos fijados para regular la profesión.

El primero es la armonización, que haya normas comunes en todos los países. Como se han dado numerosas opciones para que cada país lo adapte según su criterio, creo que este objetivo de homogeneización va a ser difícil de alcanzar. Otro de los objetivos es reducir la concentración del sector y mejorar los temas de independencia. Estas medidas están enfocadas a la rotación.

Sin entrar en detalles, la independencia es el mayor valor de los auditores, vivimos de la objetividad y es el principal activo de nuestro trabajo. Estamos tratando de hacer ver al legislador español la posibilidad de extender al máximo el periodo de rotación, sobre todo en aquellos casos en que exista la co-auditoría. Ésta, desde el punto de vista voluntario, puede ser una oportunidad para abrir el mercado y luchar contra esta concentración.

Otro tema muy importante son los llamados "servicios prohibidos", en el que también da la posibilidad de exceptuar dos servicios. Consideramos importante que se permitan los servicios fiscales y los de valoración de empresas, porque pueden ser perfectamente compatibles. No se debe legislar en base a casos puntuales, por lo que se debería hacer una ley que satisfaga tanto los intereses públicos como los del sector.

- ¿Serán las 'big four' las menos beneficiadas?
- El mercado es libre de elegir y yo creo que es muy difícil imponer reglas en cuanto a esto. Al final, la libertad de empresa permite elegir la auditora que mejor se adapte a sus necesidades. Las firmas que concentren mayor número de EIP pueden ser las menos beneficiadas por los cambios en la rotación.

No obstante, es importante decir que las firmas, independientemente de su tamaño, tienen la capacidad para auditar cualquier empresa: el corte no hay que darlo en los conocimientos técnicos ni en el peso de la marca, sino en los medios y la estructura.

- Ahora se habla mucho del caso Gowex, pero antes de éste ha habido otros, desde Enron a Pescanova. ¿Hasta qué punto estos casos han puesto en duda la credibilidad del sector?
- En España se emiten más de 60.000 informes y se podrían contar con los dedos de la mano los casos con auditores, en los que hay que analizar si éste tenía responsabilidad, porque en la mayoría de ellos todavía no hay un pronunciamiento judicial.

Sin nosotros, la crisis podría haber sido mucho mayor, ya que hemos alertado en muchas ocasiones que las cuentas no reflejaban la situación real de la compañía. Yo siempre digo que el auditor es como un árbitro: nunca se habla de él cuando no pasa nada, pero cuando se ha cometido un error...

- ¿Creen que los organismos públicos deberían ser auditados por empresas privadas?
- Hay que decir, clarísimamente, que los propios medios de la Administración entendemos que no son suficientes para poder auditar al conjunto de la Administración Pública. Por ejemplo, aproximadamente, sólo un tercio de las entidades locales en España se auditan. Yo creo que tenemos formación, experiencia y profesionalidad suficiente para colaborar con ellos.

Si se está demandando que las privadas se auditen, con muchísima más razón tenemos que pedir esto mismo a los organismos públicos. Se habló que la ley de transparencia iba a obligar a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a auditarse, pero finalmente no vio la luz porque políticamente no interesa. Estamos plenamente convencidos de que esto debería llegar y que los privados tienen que colaborar en la auditoría pública para reforzar la confianza e incrementar su transparencia.

- ¿Y los partidos políticos?
- Deberían ser auditados, igual que los sindicatos o las fundaciones. También quería enfatizar que desde el ICJCE estamos defendiendo una libre competencia en los concursos públicos, de forma que las exigencias que se pidan para licitar sean proporcionadas al trabajo a realizar y, en el caso de que no sea necesario pero los pliegos sí exigan un determinado tamaño, hemos presentado recursos y todos los que estamos interponiendo los vamos ganando. No se puede poner cortapisas al mercado.

- Los últimos escándalos han puesto en entredicho el papel del asesor registrado del MAB. ¿Cree que este mercado debería estar sometido a una regulación más estricta?
- Es cierto que hay que hacer una reflexión sobre la regulación que tiene el MAB, dejar más claro la figura que tiene el asesor registrado y la revisión. Lo que sí me parece posible y razonable es que se incluya como EIP a cualquier empresa que cotize en este mercado, para que la nueva normativa también le afecte.