Francis Lefebvre: "Manual de Auditoría"

Manual de Auditoria | Mementos | Tienda Online | EFL
Manual Auditoría - Adaptado a las NIAs
Una herramienta imprescindible para dominar todo lo que implica una Auditoría

• ISBN: 978-84-15911-44-9
• Incorpora las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s), con efecto desde el 1 de Enero de 2014.
• Proporciona soluciones rápidas y fáciles a todas las dudas que surgen al auditor en su actividad diaria.
• Cada concepto teórico es aclarado con ejemplos prácticos.
• Todo ello con las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor y facilidad de acceso a la información.

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Ayto. Almería: Dieciocho empresas y asociaciones se suman al Ayuntamiento creando una red de Responsabilidad Social

Dieciocho empresas y asociaciones se suman al Ayuntamiento creando una red de Responsabilidad Social 

Presidido por la concejala (sic) del Área de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, Ana Martínez Labella, se ha celebrado hoy el acto de firma de constitución de la Red de Responsabilidad Social, dentro del marco de las actuaciones del Proyecto AIRE, Almería Integración y Responsabilidad Social, promovido por el Ayuntamiento de Almería. La Red de Responsabilidad Social está integrada, además de por el Consistorio, por 18 empresas y colectivos que han participado en la implantación de este nuevo modelo de gestión empresarial, dirigido a la contribución activa y voluntaria, al mejoramiento social, económico y ambiental, y que han desarrollado y elaborado su propio plan de actuación en cuanto a la llamada responsabilidad social.

Martínez Labella ha destacado “el compromiso cada vez mayor de las empresas, pero también de la propia administración y de la sociedad, respecto a las relaciones sociolaborales, la contratación y motivación de empleados o en la relación con proveedores y clientes, aspectos todos ellos que convergen en el objetivo de mejorar la situación competitiva y valorativa de las empresas, incrementando su valor añadido. Ese es el objetivo que persigue este sistema de gestión que vienen implantando muchas empresas y que ahora, a través de esta nueva red, concebida como una estructura ágil, flexible y viva, articula un instrumento de participación activa, donde todas las entidades participantes se asociarán libremente y participarán como iguales”.

La finalidad de esta red es “crear una estructura estable y permanente para promover el desarrollo integral del Territorio desde la Responsabilidad Social” y que permita a sus participantes continuar alcanzar una serie de objetivos específicos que se han incluido en los estatutos de esta nueva red.

Objetivos
Entre esos objetivos destaca la creación de un espacio común para el debate y la reflexión en torno a estrategias y acciones para la planificación territorial y el desarrollo y crecimiento económico desde la sostenibilidad social y medioambiental; crear y difundir normativas, herramientas, metodologías y materiales didácticos que faciliten la implantación de la Responsabilidad Social en pymes, administraciones públicas y agentes sociales, generando nuevo conocimiento a través de la experiencia y la aplicación práctica; intercambiar experiencias, conocimiento e información entre los distintos agentes territoriales; promover la implementación de la responsabilidad social en todas las áreas de la gestión empresarial, en la negociación colectiva y en la gobernanza de las administraciones públicas; sensibilizar y dinamizar al tejido empresarial, entidades públicas y agentes sociales para la creación de empleo de calidad, la contratación de colectivos en riesgo de exclusión social y la implantación de medidas que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; promover y difundir medidas de acción positiva (selección de personal en condiciones de igualdad, flexibilidad de horarios de trabajo, medidas de conciliación, reserva de plazas para la atención a niños/as o a personas dependientes, etc.), facilitando a las mujeres y a personas en riego de exclusión social su incorporación al mercado de trabajo; impulsar la implantación de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública; dotar al tejido económico de plataformas para el establecimiento de sinergias y alianzas que fortalezcan su competitividad y apoyen su crecimiento y expansión; incentivar la generación de ideas y acciones innovadoras individuales y colectivas para la protección medioambiental, además de conocer e intercambiar experiencias con otras redes nacionales o transnacionales y cooperar con ellas en el ámbito de los objetivos que se han propuesto.

Martínez Labella, por último, ha agradecido a las empresas y colectivos participantes “su aportación al proyecto AIRE y específicamente su incorporación a la Red de Responsabilidad social, contribuyendo al objetivo marcado por el Ayuntamiento de Almería y del Proyecto AIRE para que Almería se convierta en territorio socialmente responsable”.

Las 18 empresas, pertenecientes a diferentes sectores, que se suman a esta iniciativa son: 

• Manuel Torres Rodríguez, 
• Génave Multiservicio, 
• Ruano Formación, 
• Ruano Informática, 
• Asociación Verdiblanca, 
• Verdiblanca Medioambiente, 
• Parque Tecnológico de Almería (PITA), 
• José Ángel Ferrer Arquitectos, 
• Estrategia Creativa, 
• Almeriense de Publicidad, 
• Academia Forma3Almería, 
• Servicios de Ayuda a Domicilio Martín SL, 
• Formedia formación, 
• Tiempo de Lenguas, 
• Realtrack Systems SL, 
• José Antonio Berenguer, 
• Fundación para el estudio y la promoción de la acción social (FEPAS) y la 
• Federación Almeriense de Personas con Discapacidad (FAAM).

 

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Wiley: "Frequently Asked Questions in International Standards on Auditing" - Steven Collings

Wiley: Frequently Asked Questions in International Standards on Auditing - Steven Collings

Steven Collings

ISBN: 978-1-118-76541-8

480 pages

July 2014

Description

Auditing has hit the headlines over recent years, and for all the wrong reasons, and in today’s environment, the result of negligent auditing can be serious resulting in sizeable fines and even withdrawal of audit registration which can be costly in terms of fee income.

Frequently Asked Questions in International Standards on Auditing presents the relevant standards in a concise and jargon-free way, enabling auditors to appreciate the reasoning behind the standards and undertake audit work effectively. This book focuses on the main areas of the auditing standards and also addresses some key areas where audit firms are failing and which have been flagged up by audit regulators. The FAQs cover the main parts of each standard, and each question will be answered in a practical context, with worked examples showing how the standards are applied in real situations.

En Ecobook.com:
http://www.ecobook.com/libros/frequently-asked-questions-in-international-standards-on-auditing/9781118765418/

CincoDías.com: "La necesaria transparencia y claridad", por Valentín Pich y Carlos Puig

La necesaria transparencia y claridad | Economía | Cinco Días
29-07-2014 22:06

La transparencia y la claridad deben constituir una práctica habitual en el comportamiento de los agentes económicos en general y de las Administraciones públicas en particular, en cuanto que contribuyen a mejorar la información de los ciudadanos, derecho que resulta fundamental en el marco de una sociedad desarrollada. Su ausencia crea un caldo de cultivo que propicia la aparición de casos de corrupción y de fraude, conductas que se erigen hoy en día como la segunda preocupación de la población, detrás del paro, según el último barómetro del CIS. Esta percepción se ve corroborada por los datos del último informe anticorrupción de la Unión Europea, según el cual el 95% de los españoles considera que la corrupción está generalizada –siendo este uno de los porcentajes más elevados dentro de los 28 países de la UE–, aunque, sin embargo, solo un 2% de españoles asegura haber recibido propuestas en este sentido, frente al 4% de media en la Unión Europea.

La información sobre el actuar de la administración pública debe ser lo más correcta y fiable posible

Carlos Puig de Travy y Valentín Pich

Pero independientemente de que estas sensaciones se correspondan o no de manera exacta con la realidad, está claro que es lo que el ciudadano percibe lo que pone de manifiesto que estas malas prácticas minan los principios de nuestro modelo de sociedad y evidencian que la transparencia y la claridad han de configurarse como unos elementos indispensables para que la ciudadanía pueda conocer cómo se toman las decisiones que la afectan y cómo se manejan los fondos públicos. Pero el conocimiento de las actuaciones en el caso de las Administraciones públicas, al igual que cuando se trata de entidades privadas, debe venir acompañado de las mayores garantías de que la información es lo más correcta y fiable posible, y responde a los principios de eficiencia y eficacia.

Esta necesidad fue captada por el actual Gobierno, que la materializó en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en la que se establecen una serie de principios éticos generales y también obligaciones concretas para los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración general del Estado y de las entidades del sector público estatal. Esta norma –que debe valorarse positivamente– obliga a los responsables públicos a informar al ciudadano sobre a qué se aplican los fondos públicos, así como a dar a conocer los informes de fiscalización.

Se pone, por tanto, de manifiesto la conveniencia de un proceso de mayor control del sector público, basado en la transparencia y la comprensibilidad, que contribuya a cumplir los objetivos que se marca la ley, en el que entendemos que la colaboración entre este sector y el privado se hace imprescindible por una doble razón. Por una parte, por la falta de medios de la Administración y la mayor flexibilidad del sector privado para ajustarse a las necesidades tanto temporales como espaciales de cada momento y, por otra, porque es necesario que exista la mayor independencia posible entre quienes ejecutan las políticas de gastos y quienes realizan la labor de control, a través de auditorías financieras y de cumplimiento de legalidad, y de auditorías operativas, necesarias para medir el grado de la eficacia en la aplicación de programas y para realizar controles en materia de contrataciones públicas y de concesiones administrativas, así como con respecto al otorgamiento y/o recepción de subvenciones, entre otros.

Por otra parte, el tamaño del sector público sigue siendo indefinido y difuso, a pesar de los innumerables esfuerzos de racionalización acometidos, por lo que sería deseable trabajar en la realización de un registro centralizado de los entes que lo componen. Y aunque su número se haya visto reducido en los últimos años como consecuencia de la situación económica, es indudable que el control de todos ellos requiere de unos importantes recursos que la Administración, hoy por hoy, debe racionar.

Ahora, que los recursos son escasos y las necesidades crecientes, una gestión eficiente es imprescindible

Es fácil constatar que en el ámbito estatal el grado de control es alto, algo menor en el autonómico y muy débil en el local, de manera que existe un número elevado de ellos que se escapan a los controles mínimos deseables. En este sentido, podemos hablar de que en el ámbito estatal se pueden quedar fuera de control determinados consorcios, fondos sin personalidad jurídica y organismos autónomos. En las comunidades autónomas, muchas unidades de gestión de algunas áreas, además de algunas sociedades mercantiles, dándose la mayor carencia en fundaciones. Pero es en el ámbito local donde esta debilidad es de una magnitud realmente grave, tanto en ayuntamientos como en entidades de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones.

Para modificar esta situación, en los últimos años se viene produciendo una importante colaboración entre el sector público y el privado que consideramos que es necesario incrementar en estos momentos y mejorar los marcos de actuación, para lo que sería recomendable una regulación específica y más amplia, que no solo contemple esa cooperación, sino que establezca los criterios exigibles a los auditores privados, la normativa a aplicar y un régimen de responsabilidades independientemente de la contractual. La colaboración público-privada en el control debe potenciarse regulando el control de calidad de estos trabajos, potenciando el diálogo, compartiendo formación y experiencias, haciendo trabajos conjuntos y desarrollando la normativa reguladora de estas actuaciones.

Contribuir a mejorar esta situación debe ser también un objetivo de las instituciones que tenemos encomendada la ordenación de la actividad de los profesionales que más pueden hacer en beneficio de la misma, a través de los mecanismos a nuestro alcance; máxime si tenemos en cuenta la labor de profilaxis que desempeñan dichos profesionales, que se configura como un valor estratégico para el entramado económico. Conseguir avanzar en materia de transparencia y comprensibilidad de las cuentas públicas es una obligación demandada de manera evidente por la sociedad, con la cual estamos comprometidos y a la que servimos, al tiempo que es un requisito exigible para apelar a la complicidad de la sociedad en unos momentos en que los recursos son escasos, las necesidades crecientes y donde una gestión eficiente es imprescindible.

Valentín Pich y Carlos Puig de Travy son miembros de la Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

BOE.es: Insuficiencia de medios de la IGAE que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría

Disposición 8114 del BOE núm. 183 de 2014 - verFichero.do

Orden HAP/1368/2014, de 14 de julio, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría.

EuropaPress.es: Los auditores salen en defensa de su profesión, una de las "más reguladas y controladas"

Los auditores salen en defensa de su profesión, una de las "más reguladas y controladas"
MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Instituto de Censores Jurados de Cuentas y la Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas de España han salido este lunes en defensa de la profesión, después de haber sido objeto, según denuncian, de "descalificaciones" y de "filtraciones carentes de rigor", y han asegurado que se trata de una de las actividades que están "más reguladas y controladas".

   En un comunicado, ambos organismo aseguran que la profesión está regulada por la aplicación obligatoria de las normas internacionales de auditoría, los controles de calidad periódicos (cada tres o seis años), la implantación exigida de sistemas de control de calidad interno o el reporte anual de actividades a los reguladores, entre otros.

   Además, indican que la auditoría está sometida a numerosos controles preventivos adicionales por parte del órgano regulador, en una doble vertiente: control técnico o investigación, que puede solicitarse a instancia de una denuncia, y control de calidad o inspección. De ambos, en caso de incumplimiento, puede derivarse importantes sanciones económicas o incluso, la inhabilitación del auditor.

   Los auditores apuntan que en España hay más de 1.200 auditores y 1.300 firmas de auditoría, que dan empleo total a más de 30.000 personas, y añaden la importancia para el conjunto de la economía española de que sus trabajos sean "rigurosos" y sean "comprendidos y respetados".

   "Ningún sector, profesión o actividad debe ser objeto de descalificaciones consecuencia de las dudas que generan actuaciones aisladas, sobre todo si no han sido objeto del pertinente análisis del supervisor o de un procedimiento judicial, o de filtraciones carentes de rigor", denuncian los auditores.

ALTO NIVEL TÉCNICO.

   Además, afirman que numerosos estudios muestran la buena percepción que tienen las empresas españolas sobre la utilidad de la auditoría --en 2011 los trabajos de auditoría de carácter voluntario representaron el 27% del total de las auditorías realizadas--, y agregan que tanto el acceso a la profesión, para lo que es necesario acreditar 3 años de experiencia, como la formación continuada avalan el nivel técnico de los profesionales de la auditoría.

   Por último, los auditores apelan a la necesidad de que se investigue "de manera rigurosa y con la máxima rapidez posible" cualquier indicio de actuación irregular por parte de un auditor y muestran la "total predisposición" de las corporaciones de auditores para trabajar en las medidas que puedan ayudar a evitar que estas situaciones puedan producirse.

   "En momentos como el actual, la actividad que desempeñamos los auditores está siendo fundamental para sentar las bases con las que restablecer la confianza en la información que utilizan los mercados y los usuarios en general. Además, no hay que olvidar la labor de profilaxis que desempeñan los auditores, que se configura como un valor estratégico para el entramado económico", concluye el comunicado.

Expansion.com: Los auditores piden que se valore su trabajo y se investiguen malas prácticas

Los auditores piden que se valore su trabajo y se investiguen malas prácticas
28/07/2014

Madrid, 25 jul (EFECOM).- Los auditores han pedido hoy que se valore su trabajo y se investigue de manera rigurosa y con la máxima rapidez posible cualquier indicio de actuación irregular por parte de un auditor, una petición que llega tras el escándalo de Let's Gowex, cuyas cuentas falsas fueron validadas por M&A Auditores.

En un comunicado remitido hoy, La Corporación de Auditores y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas señalan que ningún sector, profesión o actividad debe ser objeto de descalificaciones por las dudas que generan actuaciones aisladas -sobre todo, si no han sido objeto del pertinente análisis del supervisor o de un procedimiento judicial- o de filtraciones carentes de rigor.

Además, destacan que la auditoría es "probablemente" la actividad profesional más regulada y controlada, pues puede ser investigada a instancia de una denuncia o inspeccionada la calidad del trabajo; y de ambos, en caso de incumplimiento, pueden derivarse importantes sanciones económicas e, incluso, la inhabilitación del auditor.

Los auditores consideran que su nivel técnico se basa en su experiencia, estudios complementarios, el hecho de que deban aprobar un concurso-oposición y su formación continuada obligatoria.

Por eso están convencidos de que la calidad de los trabajos de auditoría es independiente de la dimensión de quien los realiza.

En España hay más de 8.000 entidades de interés público y sus auditorías son realizadas por 261 auditores diferentes, entre los que hay grandes, medianas y pequeñas firmas.

Por ello, a su juicio, "no se puede afirmar con rigor que la dimensión sea un requisito obligatorio para hacer auditorías de organizaciones complejas".

En el mercado de la auditoría, las firmas pequeñas y medianas juegan un papel prioritario, y resulta incuestionable su capacidad para llevar a cabo trabajos de auditoría de calidad a un abanico muy amplio de clientes, cumpliendo con los estándares de transparencia y confiabilidad que el mercado exige al sector.

Una aclaración que llega semanas después de que el ex fundador de Gowex, Jenaro García, confesara en la Audiencia Nacional que falseó las cuentas del operador de wifi y quedara en entredicho el papel de José Antonio Villanueva, de la firma M&A Auditores y encargado de validarlas.

Todo ello a pesar de que el propio Villanueva fue sancionado en junio de 2011 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, por cometer una infracción grave al incumplir las normas de auditoría en las cuentas anuales del ejercicio 2006 de la empresa Comercial Quemoil.

En cualquier caso, justo cuando el Gobierno ultima un proyecto de ley para limitar el trabajo de las auditoras y prohibir que presten otros servicios a las empresas a las que auditan, el colectivo recuerda que en España hay más de 20.000 auditores y 1.300 firmas de auditoría.