Nota de Aviso REA. Septiembre 2021: Auditoría de Entidades Menos Complejas, propuesta de nuevo estándar

Nº 90/2021 -09 de septiembre de 2021- AUDITORÍA DE ENTIDADES MENOS COMPLEJAS PROPUESTA DE NUEVO ESTÁNDAR Estimados/as compañeros/as: En diciembre de 2020 se aprobó la Propuesta de proyecto para este trabajo y el pasado 23 de julio de 2021 fue aprobado y publicado por el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) para comentario público el Proyecto (ED) de una Propuesta de Norma Internacional sobre Auditoría de Estados Financieros de Entidades Menos Complejas (Less Complex Entities/ LCE, en su denominación en inglés), que marca un hito significativo para la profesión contable global (ver también nuestra nota de aviso del 28 de julio de 2021). Antecedentes y propuesta de estándar separado Los temas generales más importantes de las respuestas recibidas como resultado del documento publicado por el IAASB en 2019, sobre las posibles acciones a abordar en relación con la publicación de un estándar sobre la auditoría de entidades menos complejas (LCE), hacían mención a la necesidad urgente de llegar a una solución internacional para abordar los problemas relacionados con las auditorías de las LCE; por otra parte, indicaban que el IAASB debe priorizar sus esfuerzos en el desarrollo de una solución para abordar los desafíos y problemas relacionados con estas auditorías y, por último, que la solución no es solo una acción sino que probablemente ha de involucrar una combinación de acciones. Las respuestas también destacaron que muchos de los problemas y desafíos que se están experimentando no son exclusivos de las LCE y también pueden ser aplicables a otras auditorías. En particular, se destacaban cuestiones relacionadas con la complejidad, la comprensión, la escalabilidad y la proporcionalidad de todas las auditorías. Teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por las partes interesadas, en junio de 2020 el IAASB acordó dos líneas de trabajo: a)Un trabajo centrado en las NIA para abordar cuestiones de complejidad, comprensión, escalabilidad y proporcionalidad, en relación con las NIA de manera más amplia a fin de abordar los desafíos que se han identificado en la aplicación de las NIA en las auditorías de todo tipo de entidades, incluidas las auditorías de las LCE; y (b) Un trabajo específico y separado que explorara el desarrollo de un estándar propio que abordará los desafíos en la aplicación de las NIA en una auditoría de una LCE. El estándar separado está diseñado para una auditoría de los estados financieros de una LCE que: Sea proporcional a la naturaleza y las circunstancias típicas en una auditoría de una LCE. Pueda usarse de manera efectiva y eficiente para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para respaldar una opinión de auditoría de seguridad razonable. Utilice un enfoque basado en el riesgo para una auditoría, con requisitos que se basen en principios, de modo que el estándar propuesto se pueda aplicar a entidades menos complejas con una amplia gama de circunstancias y en todos los sectores o industrias. En consecuencia, muchos de los conceptos básicos utilizados en las NIA para respaldar un enfoque basado en el riesgo también se han incorporado en esta norma separada, lo que incluye utilizar sus objetivos; usar los procedimientos y conceptos centrales de las NIA como base para establecer el esfuerzo de trabajo del auditor al realizar una auditoría de una LCE; la necesidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para respaldar la opinión de auditoría; usar la materialidad para enfocar los esfuerzos del auditor y evaluar las incorrecciones y utilizar el modelo de riesgo de auditoría. Como tal, el estándar separado debería tener los mismos objetivos generales del auditor y las limitaciones inherentes que una auditoría de NIA, lo cual se explica en el Prefacio del estándar propuesto. El contenido de este (Requerimientos y Material Explicativo Esencial relacionado) se agrupa en nueve "Partes" que siguen el flujo de un trabajo de auditoría. En el enlace adjunto, donde se encuentra el contenido completo del artículo utilizado para elaborar esta nota, se puede ver una descripción general de cada una de estas nueve partes. Además, en el siguiente enlace se puede ver, junto con la propuesta de estándar, un memorándum explicativo del IAASB que explica las decisiones importantes tomadas por el IAASB en el desarrollo del estándar propuesto. Comentarios al estándar El IAASB ha solicitado aportaciones sobre los asuntos tratados en el borrador (Exposure Draft- ED) y, en particular, le gustaría conocer la opinión de las partes interesadas que se verían directamente afectadas por el estándar, como los usuarios de los estados financieros de las LCE, los propietarios y administradores de las LCE, las autoridades legislativas o reguladoras o los organismos locales relevantes con autoridad para establecer estándares y los auditores que prestan sus servicios a las LCE. Las preguntas cubren: Posicionamiento general: opiniones sobre la naturaleza independiente del estándar, el título propuesto y el posicionamiento general del estándar separado. Autoridad de la Norma - incluyendo puntos de vista sobre el alcance, si es implementable, si el papel propuesto de las autoridades legislativas o reguladoras o de los organismos locales relevantes con autoridad para establecer normas es claro y apropiado y si es necesario realizar algún cambio en las limitaciones propuestas relativas a su uso. Principios clave utilizados en el desarrollo de la norma separada y el diseño y la estructura general, incluidas las opiniones sobre los principios clave de desarrollo y el enfoque de los requisitos, objetivos y material explicativo esencial. Contenido, incluidas las opiniones sobre el contenido de cada parte y dónde se podría mejorar el estándar. Auditorías de grupos, incluidas las opiniones sobre el impacto de excluir actualmente las auditorías grupales del alcance y si deben incluirse las auditorías grupales. Otros asuntos, incluidas las opiniones sobre el enfoque propuesto para las actualizaciones y el mantenimiento futuros y qué apoyo y orientación serían útiles al implementar la norma propuesta. En el memorándum explicativo que se encuentra al principio del documento, se proporcionan antecedentes y una explicación del ED-ISA para LCE. La norma propuesta se aborda en las Secciones 4 y 5 del documento, con preguntas específicas para los encuestados que se incluyen al final de cada una de las secciones 4A a 4G, y al final de la sección 5 en relación con la auditoría de grupos. Y en el Apéndice 2 incluye una lista completa de todas las preguntas para quienes respondieron a ED-ISA para LCE. El borrador (ED) está abierto para comentarios hasta el 31 de enero de 2022. Existe una plantilla de respuesta opcional disponible para facilitar sus comentarios, en caso de que desee utilizarla. Esperando que esta información sea de vuestro interés, como siempre quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que podáis necesitar. Un cordial saludo,

Paloma Belmonte Secretaria Técnica REA Auditores-CGEE Web: www.rea.economistas.es

elMundo.es: Deja de ser falta leve sancionable copiar en un examen al alumno de al lado

Deja de ser falta leve sancionable copiar en un examen al alumno de al lado - YouTube

 

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha hecho caso a los estudiantes y ha eliminado la falta leve de copiar en el examen al alumno de al lado del anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria que este martes ha sido aprobado en el Consejo de Ministros. Se sancionarán el plagio y el fraude académico a través de comportamientos premeditados, como hacerse una chuleta o usar un pinganillo, pero las actuaciones espontáneas que contemplaba el borrador inicial han sido eliminadas. 

Más información sobre la nueva Ley de Convivencia Universitaria aprobada en el Consejo de Ministros: https://www.elmundo.es/espana/2021/09...

AMSEL: Las 'big four' lideran las auditorías de sostenibilidad

Las 'big four' lideran las auditorías de sostenibilidad - Amsel assessors, asesoramiento fiscal, contable y de gestión.

Sep 5, 2021 | Noticias 

Deloitte, EY, KPMG y PwC son las encargadas de firmar los informes que verifican las políticas ambientales, sociales y de gobierno de las empresas. Con los cambios en la Directiva europea de información no financiera y diversidad, ahora en revisión, se introducirá un requisito general de auditoría (garantía) para la información sobre sostenibilidad (la relacionada con cuestiones ambientales y sociales, de personal, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción y el soborno), ayudando a garantizar que sea precisa y fiable. Un cambio que responde a las demandas de inversores y stakeholders.

Aunque esta norma, que pasará a denominarse Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa, recoge este requisito, el contar con un informe que verifique la información no financiera es una práctica habitual entre las empresas españolas. Especialmente entre las de mayor capitalización y proyección internacional, cuya presencia exterior les hace objeto de escrutinio de inversores, fondos y analistas que evalúan sus estrategias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y las compañías consideran que contar con un informe de un experto independiente que verifique sus prácticas sostenibles aporta mayor fiabilidad a sus actuaciones y contribuye a la transparencia de la organización.

Y los grupos de Ibex fueron pioneros en esta práctica. La casi totalidad de las empresas del índice selectivo de la Bolsa incluye en sus informes anuales este informe de verificación independiente, que lleva a cabo un tercero, un aseguramiento donde las big four (Deloitte, EY, KPMG y PwC) se reparten la firma de las auditorías no financieras del ejercicio 2020. Para elaborar estos informes de verificación revisan toda la información presentada por las compañías y se entrevistan con sus directivos para conocer el modelo de negocio, enfoques de gestión y los objetivos y políticas de sostenibilidad.

Almirall, Bankinter, CaixaBank, Cie Automotive, Colonial, Merlin Properties, PharmaMar, Repsol, Santander y Telefónica figuran entre las sociedades del Ibex de cuya verificación se encargaron los socios de PwC. KPMG, por su parte, asumió entre otros, la revisión de los informes de Acciona, ACS, Banco Sabadell, BBVA, Endesa, Grifols, Iberdrola y Mapfre. Banco Sabadell ha cambiado de firma para verificar el estado de su información no financiera, que en el ejercicio de 2019 llevó a cabo PwC. Para 2020, el banco optó por el mismo auditor que el de sus cuentas, KPMG. Endesa también ha cambiado (en 2019, EY firmó el informe), así como Iberdrola (lo hizo PwC en 2019).

Deloitte asumió en 2020, entre otros, la responsabilidad de auditar la información no financiera de Acerinox (que en 2019 hizo KPMG), Aena, ArcelorMittal España, Cellnex Telecom, Inditex, Indra, Meliá y Viscofan. EY se encargó de los informes de Amadeus, Enagás, Ferrovial (que ya era su auditor de cuentas, sustituyéndolo por Deloitte, que se encargó de la verificación en 2019), Fluidra (el año anterior lo realizó Tüv Rheinland), IAG (el holding aéreo que integra a British Airways, Iberia y Vueling), Naturgy, Red Eléctrica y Siemens Gamesa.

Con los cambios, ocho de cada diez empresas del Ibex han elegido llevar a cabo la verificación de su información no financiera con la misma firma de servicios profesionales que se encarga de la auditoría de sus cuentas anuales.

elDiario.es: Errores contables e "inexistencia de datos": los auditores de Hacienda dudan de las cuentas del Consejo de Transparencia

Errores contables e "inexistencia de datos": los auditores de Hacienda dudan de las cuentas de Transparencia

La IGAE advierte del "incumplimiento de principios contables", costes que "no pueden ser objeto de comprobación" y bienes "disfrutados en situación de precario" en el organismo, que lleva años denunciando la falta de medios económicos y humanos
- El Consejo de Transparencia encuentra presidente tres años después... pero sigue buscando personal
24 de agosto de 2021 22:01h 

"Incumplimiento de principios contables", costes que "no pueden ser objeto de comprobación, debido a la inexistencia de datos" y bienes "disfrutados en situación de precario" que "siguen sin estar reflejados en la contabilidad" del organismo.

Son los motivos por los que los auditores de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda han introducido salvedades a las últimas cuentas anuales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

"Nuestra contabilidad es totalmente fiel", defienden fuentes de esta entidad, que vela por la transparencia de las Administraciones públicas y lleva años denunciando falta de medios materiales y humanos. Esas fuentes señalan que las salvedades que incluye el informe son por "cosas menores" y en el organismo no hay "ni un euro fuera de control".

En el informe de auditoría, al que ha tenido acceso elDiario.es, fechado el 7 de julio, la IGAE considera que las cuentas del CTBG reflejan adecuadamente "la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2020". Pero ha introducido salvedades al apreciar "incumplimiento de principios contables", según se lee en el informe.

En primer lugar, hay costes que "no pueden ser objeto de comprobación, debido a la inexistencia de datos", por la no implantación de un sistema de contabilidad analítica habilitado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, denominado CANOA (Sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para las Organizaciones Administrativas) y que debía implantarse en el ejercicio 2020. Finalmente, no se hizo "y, por tanto, no es posible comprobar la composición ni el soporte de los costes", dice la IGAE.

Fuentes del CTBG aseguran que lleva desde 2019 intentando implantar CANOA y que si no lo han hecho hasta ahora no es por su falta de medios materiales, sino por la llegada de la pandemia y por la escasez de recursos de la propia IGAE, que no lo ha puesto hasta el año pasado a disposición del organismo.

En sus cuentas de 2020, Transparencia explica que el pasado ejercicio comenzó "a iniciar la implantación" de ese sistema y el 16 de noviembre la IGAE "aprobó el Informe de Personalización del Modelo de Contabilidad Analítica del CTBG". Argumenta en esas cuentas que, en virtud de una orden ministerial por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, "durante el primer ejercicio al que se refieran las cuentas anuales en que se incluyan datos sobre cálculo de costes obtenidos de acuerdo con lo determinado por el Sistema CANOA, particularizado en el Documento de Personalización de cada ente, no será obligatoria la presentación de datos relativos a los indicadores de gestión incluidos a la nota 26 de la Memoria de la Tercera Parte del plan General de Contabilidad Pública".

Bienes "en precario"

Los auditores de Hacienda también destacan que Transparencia no ha cumplido las normas contables al contabilizar los bienes cedidos por su casero, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), dependiente de Hacienda y a la que alquila su sede desde su creación en 2015 a cambio de unos 200.000 euros anuales.

Se trata de bienes "tanto muebles como inmuebles, disfrutados en situación de precario" y que "siguen sin estar reflejados en la contabilidad del Organismo, situación recurrente en los últimos ejercicios", dice la IGAE.

En sus cuentas, el CTBG explica que el mobiliario que utiliza "se considera como parte del contrato de arrendamiento de la sede. Todos estos bienes en uso están dotados de su correspondiente etiqueta con el código de barras e identificados, en su naturaleza y ubicación, en la relación actualizada de mobiliario que existe en el Consejo". Fuentes del Consejo afirman que se trata de mobiliario de oficina (no inmuebles) que "tiende a desaparecer" porque va a ser renovado próximamente.

Otro incumplimiento de la normativa contable, siempre según la IGAE, es que "siguen pendientes de valoración las dos obras pictóricas que han sido cedidas por MUFACE", la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, y que "permanecen en el inventario del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno".

En sus cuentas, el CTBG recuerda que en abril de 2015, cuando se creó el organismo, recibió en régimen de cesión once obras por un plazo de cinco años prorrogable anualmente. A cierre de 2020 solo tenía dos, tras devolver a MUFACE nueve de ellas en junio. Como en años anteriores, "se ha solicitado a MUFACE una valoración económica de las obras con el fin de incorporarlo al inmovilizado de la entidad". Pero "desde MUFACE se ha indicado que no es posible dicha valoración ya que estas obras pertenecientes a sus fondos provienen de certámenes artísticos promovidos por la entidad, careciendo de valor económico", indica en sus cuentas.

Falta de medios

La IGAE ya introdujo en 2019 salvedades a las cuentas del consejo de 2018, entonces relativas a la incorrecta contabilización de las transferencias corrientes y de capital con cargo a Presupuestos y la falta de mecanismos de control interno para contabilizar los fondos derivados de un convenio de colaboración del organismo con la Administración General del Estado, discrepancias que se solucionaron con posterioridad.

La entidad estuvo descabezada tres años, hasta octubre pasado, tras no cubrirse en ese periodo la vacante de su fallecida primera presidenta, Ester Arizmendi. Con una plantilla de apenas 21 empleados a 31 de diciembre, uno menos que un año antes, lleva años clamando por la insuficiencia de recursos humanos y materiales, incapaz de hacer frente al incremento anual de reclamaciones que reciben, pese a la ligera caída registrada en 2020 por la pandemia.

Su presidente desde octubre, José Luis Rodríguez Álvarez, denunció en junio en el Congreso la "precariedad crónica" que sufre el CTBG desde su creación. Algo que, dijo, no afecta a su imparcialidad, pero sí a su "independencia de actuación", puesto que le impide desarrollar eficazmente todas sus funciones. Explicó que el presupuesto de 2,38 millones con el que cuenta el CTBG es "manifiestamente insuficiente" y que sería necesario "al menos duplicar la cuantía".

"Actualmente somos veinticuatro personas contando al presidente y a dos administrativos de nuevo ingreso. No hace falta, por tanto, un estudio muy profundo para darse cuenta de que la dotación actual, a pesar del compromiso que todos los funcionarios tienen y demuestran cada día, que merece un gran reconocimiento por su dedicación y desempeño, es notoriamente insuficiente para que el consejo gestione de manera eficiente la carga de trabajo actual", argumentó.

Rodríguez recordó que el organismo carece de secretaría general o de gabinete jurídico, algo "inconcebible teniendo en cuenta que su función principal es precisamente la garantía de un derecho, teniendo en cuenta también la complejidad técnica de las reclamaciones y el abundante número de procesos contenciosos a los que tiene que hacer frente". Y añadió que esta falta de medios materiales y personales "es algo que ya ha sido denunciado en varios informes de relevantes organismos nacionales como el Tribunal de Cuentas, supranacionales —la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de derecho— e internacionales, como el grupo Greco en su informe de evaluación de junio del año 2019".

El FC Barcelona, ¿al borde del concurso de acreedores? – MANUEL REJÓN

El FC Barcelona, ¿al borde del concurso de acreedores? – MANUEL REJÓN

19/08/2021

Hola a tod@s,

Recientemente, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha declarado que la situación financiera del club es «dramática». A la luz de los números realmente lo es. La salida de Messi ha sido una pena muy grande para muchos, pero no me extrañaría que algunos dentro de Can Barça se hayan alegrado, más por motivos financieros. Ahora veremos por qué.

He querido escribir este artículo para que sea leído por un público más general, más allá de mis lectores habituales economistas y auditores. Vamos a echarle un vistazo a las principales cifras del club. 

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Córdoba Noticias: Según la Memoria anual, el PSOE redujo en casi 20 millones de euros su deuda en 2020

Según la Memoria anual, el PSOE redujo en casi 20 millones de euros su deuda...

15 de agosto de 2021, 14:37  

La Memoria anual de las cuentas del PSOE de 2020 refleja que los socialistas redujeron su deuda durante el pasado ejercicio en cerca de 20 millones de euros (19,6 millones), de tal forma que ha pasado de los 46,27 millones con que cerró el ejercicio de 2019 a 26,63 millones. Las citadas cuentas han sido aprobadas por el auditor con algunas salvedades, entre las que señala que el PSOE ha infravalorado los resultados del pasado ejercicio en 5,2 millones de euros y ha sobrevalorado las provisiones en 9,47 millones.

Según la citada Memoria, la deuda pendiente de pagar a 31 de diciembre de 2020 que tenía el PSOE era de 26,63 millones de euros, de los que 58.000 euros eran por actividad electoral. El resto se divide entre 16,81 millones de deuda hipotecaria y 9,76 millones de deuda no hipotecaria.

Este dato es sensiblemente menor que el registrado en 2019, cuando la deuda total del partido ascendió a 46,276 millones de euros. No obstante, de esa cantidad, 13,8 millones eran deudas por procesos electorales.

Por lo que el saldo vivo de deuda hipotecaria y no hipotecaria al término de 2019 sin contar la relacionada con actividad electoral, ascendía a 32,47 millones de euros: 20.006.672 euros de deuda hipotecaria y 12.467.562 de deuda no hipotecaria.

Esto significa que, además de pagar casi en su totalidad esos 13,8 millones de deuda por actividad electoral, los socialistas también amortizaron préstamos en 2020 por un total de 5,89 millones de euros entre la amortización ordinaria y la anticipada. De hecho, el Plan Estratégico de los socialistas contempla ir pagando la deuda de manera anticipada en la medida de lo posible.

La firma Ecovis Grosclaude and Partners ha sido la encargada de emitir el informe de auditoría externa sobre las cuentas del PSOE. Recuerda en su informe que las cuentas de 2019 del PSOE no fueron auditadas "por no estar obligado a ello" y señala también que las cuentas de 2020 son las primeras totalmente comparables con las del ejercicio anterior, 2019.

Esto se debe a los cambios producidos por la aplicación del nuevo Plan General Contable Adaptado a las Formaciones Políticas y a la Ley orgánica 3/2015 de 30 de marzo, que permite la total comparación de la información de la situación económica, financiera y patrimonial del partido, al ser esta última homogénea en el tiempo.

Teniendo en cuenta esta apreciación, la auditora ha concluido su trabajo asegurando que estas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera del PSOE, pero apuntando varias "salvedades".

De hecho, el auditor comienza su informe reflejando una "opinión con salvedades" y estas se centran en que el "saldo de excedentes de ejercicios anteriores de la cuenta de resultados se encuentra infravalorado en 4.207.505 euros y los resultados del ejercicio infravalorados en 5.271.665 euros".

Además, expone que en el epígrafe de Provisiones a largo plazo del pasivo no corriente del balance se refleja un saldo por importe de 9.479.170 euros. Este importe, según el auditor, se basa en
"estimaciones y cálculos" realizados por el PSOE basados en información actual e histórica, si bien aclara que las citadas provisiones "no cumplen con las condiciones necesarias para ser reconocidas como tales, según establece el Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas". Por ello, considera que las Provisiones a largo plazo del balance se encuentran "sobrevaloradas en el citado importe".

En estas salvedades también han puesto de manifiesto que pueden existir gastos de un ejercicio que estén registrados en el siguiente. Pero argumentan que, debido a que el partido "no dispone de información contable suficientemente actualizada del ejercicio 2021 de las unidades afectadas" y a que el auditor no ha podido obtener "evidencia suficiente sobre el posible impacto de este hecho mediante procedimientos alternativos de auditoría", no les ha sido posible cuantificar el posible impacto de este hecho en la cuenta de resultados.

En el informe se recuerda además que no existe obligación legal de incluir la información de los grupos municipales en la contabilidad de las formaciones políticas. A pesar de los cual el PSOE había entendido hasta 2017 que dichos grupos podían integrarse en la misma. Sin embargo, y vista la evolución sufrida por los citados grupos a partir de 2018 la contabilidad de estos no se considera parte de la del PSOE.

No obstante, el partido que encabeza Pedro Sánchez incluyó en la memoria a efectos puramente informativos y como información complementaria el balance de situación y la cuenta de resultados agregados de los Grupos Municipales. Pero al considerar dicho objeto como informativo no facilitó la documentación justificativa por lo que no ha permitido al auditor verificar la integridad y razonabilidad de los saldos y transacciones de dichas unidades.

El auditor también destaca en su informe lo que considera "área de riesgos más significativos" a la hora de realizar su trabajo. Se trata de los ingresos de origen público y los activos inmobiliarios.

Por lo que se refiere a los primeros, el documento al que ha tenido acceso Europa Press recuerda que el PSOE registró en 2020 ingresos por 46.384.017 euros en concepto de subvenciones anuales para gastos de funcionamiento, aportaciones de grupos institucionales y subvenciones para gastos de seguridad.

"Este epígrafe representa la principal fuente de ingresos del Partido, siendo la más representativa dentro de la cuenta de resultados", según precisan y añaden que por este motivo ha sido considera como "relevante" dentro del trabajo de auditoría.

Por ello, han realizado las comprobaciones necesarias --consultas en los Boletines Oficiales de los importes adjudicados y la imputación temporal como ingreso en el ejercicio correspondiente-- y concluyen que "se ha verificado que la información revelada en la memoria anual se corresponde con lo establecido en el marco normativo de información financiera aplicable al Partido". La misma apreciación que hacen tras analizar los activos inmobiliarios del PSOE.

El balance del partido refleja en su cuenta de "terrenos y construcciones" unos activos inmobiliarios por valor de 56,75 millones de euros, dentro del epígrafe de inmovilizado material, y otros 7,57 millones dentro del epígrafe "inversiones inmobiliarias".

Unos epígrafes que se consideran los más representativos dentro del balance y por ello, el auditor ha comprobado la información contenida en los libros extracontables de control de activos, la obtención de la totalidad de las escrituras de compra de los mismos, las facturas y otra documentación que soporte los importes reconocidos en la contabilidad, la comprobación de la titularidad sobre los bienes inmuebles con la información catastral, y para una muestra de todos los activos, la verificación de la información disponible en el Registro de la Propiedad.

Inese.es: Las aseguradoras apoyan la creación de un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad

Las aseguradoras apoyan la creación de un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad — Inese 

Noticia,  5 de agosto 2021

Insurance Europe ha publicado su respuesta a la consulta realizada por la International Financial Reporting Standards Foundation para su proyecto de modificaciones de los estatutos de la propia fundación para dar cabida a un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés).

El seguro europeo expresa su apoya (sic) las iniciativas destinadas a integrar los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en todos los aspectos del comportamiento empresarial e individual. Y reconocen, además, la necesidad de una acción internacional y soluciones para lo que son cuestiones globales. A la luz de esto, la federación europea está de acuerdo, en general, con las propuestas realizadas por los administradores de las NIIF en sus propuestas de modificaciones específicas:

• Las aseguradoras apoyan que el ISSB tenga una estructura de Consejo inspirada en la que existe actualmente en el IASB para la información financiera.
• Las aseguradoras apoyan el objetivo del ISSB de promover la convergencia de las normas nacionales y regionales de información sobre sostenibilidad y las normas de información sobre sostenibilidad de las NIIF.
• Las aseguradoras acogen con satisfacción el hecho de que la International Financial Reporting Standards Foundation tenga la intención de colaborar con las iniciativas regionales, lo cual es fundamental.

Insurance Europe también hizo los siguientes comentarios:

• El trabajo de la ISSB debería abarcar también el impacto de la empresa en su entorno, así como el impacto de los factores ESG en el valor de la empresa (es decir, la doble materialidad).
• Las normas de sostenibilidad deberían incluir información prospectiva y de transición e incluir elementos cualitativos.
• El trabajo de las NIIF debería establecer su alcance para abarcar todos los aspectos de la sostenibilidad, no sólo el clima.
• Debería prestarse especial atención a la presión de las empresas a la hora de informar. En particular, el coste de la producción de datos y la sensibilidad de cierta información que podría afectar a la competitividad de las empresas deben considerarse cuidadosamente a lo largo del proceso de forma adecuada.
• Aunque las aseguradoras apoyan la flexibilidad otorgada a la ISSB en la constitución sobre las pruebas de campo, la realización de pruebas de campo debe considerarse una norma y no una excepción si existen o surgen preocupaciones considerables en relación con determinadas normas.
• Los miembros de la Junta Directiva de la ISSB no deberían ser elegidos utilizando únicamente criterios geográficos. Para garantizar que las futuras normas se ajusten a las necesidades de todas las jurisdicciones y sean aplicadas por todos los países del mundo, la composición de la Junta también debería reflejar la variedad de perfiles que participan en los procesos de elaboración de informes de sostenibilidad, incluidos los inversores, los preparadores y la sociedad civil.

Autor: Redacción Inese