CanalDeportivo.com: Ratificado el nombramiento del auditor de cuentas tras ser estimado el recurso ante la DGRN

CanalDeportivo -- Página Oficial del R.C. Deportivo de La Coruña
Ratificado el nombramiento del auditor de cuentas tras ser estimado el recurso del RC Deportivo
Martes 12/05/2015 14:35, canaldeportivo, A Coruña.

El Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. ha sido notificado en el día de hoy de la estimación del recurso que presentó la Asesoría Jurídica del Club, a través de su abogado D. Óscar Rama, el pasado mes de enero de 2015 ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la negativa a la inscripción de la sociedad Auren Auditores LCG, S.L. como auditor de la sociedad.

Los hechos se iniciaron a raíz del expediente sobre nombramiento de auditor instado por D. Germán Rodríguez Conchado el 24 de noviembre de 2014, fecha de celebración en primera convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Club solicitando el nombramiento de un auditor que verificara las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio social 2013/2014 por no existir nombramiento alguno aprobado.

La situación societaria y registral que se encontró el actual consejo de administración del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. evidenciaba la inexistencia de inscripción registral del cese del anterior auditor de cuentas Olszewski Auditores, S.L. cesado mediante Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de La Coruña con fecha 11 de marzo de 2013 y también la falta de constancia registral del nombramiento de la sociedad AUREN AUDITORES LCG, S.L. auditor nombrado mediante Auto dictado el pasado 24 de abril de 2013 por el referido juzgado. Ambas operaciones deberían haberse inscrito en el Registro Mercantil pero no fueron tramitadas ni presentadas en ningún momento por parte de la anterior Asesoría Jurídica del Club.

La Junta General de Accionistas del Club celebrada en segunda convocatoria el pasado 25 de noviembre de 2014 adoptó, con las mayorías legal y estatutariamente exigidas y el voto a favor del 95,84% de los votos emitidos en la Junta el acuerdo de nombrar a la sociedad AUREN AUDITORES LCG, S.L. como Auditores de Cuentas del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. para los Ejercicios 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016, ratificándose de este modo la renovación tácita ya producida mediante acuerdo adoptado en su día por el actual Consejo de Administración.

Asimismo, como medida precautoria la referida Junta General acordó, a los efectos de su debida constancia en el Registro Mercantil, también la revocación del nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad “Olszewski Auditores, S.L.”, para el supuesto de que dicho cese fuese preciso legal o registralmente.

Con ocasión de la Junta General, el Consejo de Administración informó además a los Accionistas de que se ha realizado también en el pasado mes de junio de 2014 el nombramiento voluntario de la sociedad AUREN AUDITORES LCG, S.L. como auditores de cuentas de las sociedades filiales del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.

La Dirección General de Registros y del Notariado valida totalmente el procedimiento seguido por el Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. en cuanto a la prórroga tácita de auditor considerándolo adecuado a la Ley y Reglamento de Auditoría de Cuentas y además considera que, dadas las circunstancias concurrentes, no existe legitimación del socio para nombramiento de auditor por parte del Registrador Mercantil existiendo además un informe de auditoría realizado y que se había presentado a la Junta General de Accionistas con ocasión de la aprobación de las cuentas anuales.

El Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. procederá a inscribir el nombramiento de AUREN AUDITORES LCG, S.L. como su auditor así como a depositar nuevamente las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2014 con objeto de cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias exigibles y continuará en la línea de máxima transparencia y publicidad informativa de su situación económica y jurídica a todos sus accionistas, acreedores, socios y aficionados en general.

El Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. procederá a someter a la autorización de la próxima Junta General de Accionistas, por primera vez en su historia, de unas cuentas sociales consolidadas que permitirán conocer la situación real y actualizada de la sociedad matriz y de todas las sociedades filiales mostrando la imagen fiel de las mismas y referidas al Ejercicio Social cerrado al 30 de junio de 2015 (temporada futbolística 2014 - 2015).

elMundo.es: Hacienda culpa a la Junta de 'posibilitar' el fraude en formación (Auditoría de las Subvenciones)

Hacienda culpa a la Junta de 'posibilitar' el fraude en formación | Andalucía | EL MUNDO
Operación Barrado. Dictó una norma que exime al beneficiario de las ayudas de presentar las factura.
ANTONIO SALVADOR SEBASTIÁN TORRES Actualizado: 12/05/2015

La Agencia Tributaria llega a la conclusión de que la Junta de Andalucía facilitó el fraude de la formación al promulgar una norma en 2009 que eximía al beneficiario de las ayudas de tener que aportar las facturas a la Administración a la hora de justificar el gasto. La medida hacía recaer la labor de auditoría de las ayudas en una empresa privada pagada por el adjudicatario de los cursos y que en la práctica se limitaba a realizar una mera revisión de los gastos que le presentaban.

Griñán y Antonio Fernández, presidente de la Junta y consejero de Empleo 

cuando se aprobó la orden en 2009. E.M.

Así lo expone la unidad combinada de Vigilancia Aduanera de Huelva -dependiente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)- en un informe enviado el pasado mes de febrero a un juzgado de Sevilla. En él, se investiga al empresario de la formación José Sivianes Sánchez por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Los funcionarios sitúan el "origen" de los hechos investigados en la orden de 23 de octubre de 2009. En ella se desarrollaba el decreto por el que se regulaba la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y donde se establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas.

En su artículo 102, relativo a la justificación de las subvenciones, la norma fija que el beneficiario deberá presentar una cuenta justificativa, con aportación de un informe de auditor de cuentas, en la que éste compruebe la elegibilidad de los gastos imputados a la ayuda y las obligaciones establecidas en la correspondiente resolución de concesión.

Ese informe de auditor debe certificar que la beneficiaria utiliza un sistema de contabilidad que permite la identificación de los gastos realizados, que los imputados al proyecto subvencionado guardan una relación directa con el mismo y que las facturas originales cuentan con los datos requeridos por la legislación.

Los funcionarios llaman la atención sobre el hecho de que, con esta orden, la Administración autonómica "traslada la auditoría de subvenciones a una empresa" que, "en el mejor de los casos, se limita a realizar una comprobación formal del dinero empleado, es decir, que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las sociedades que están auditando".

La Agencia Tributaria recuerda que ese informe de auditoría externa lo paga el beneficiario de la ayuda "con cargo a la subvención concedida" y que éste no está obligado a entregar las facturas a la Junta de Andalucía. Tan sólo ha de almacenarlas y "tenerlas a disposición de la Junta de Andalucía".

Para remarcar su conclusión sobre el caldo de cultivo para el fraude que habría supuesto la entrada en vigor de la orden de 23 de octubre de 2009, Vigilancia Aduanera detalla en su informe que, a raíz de los casos abiertos en los juzgados de Sevilla en los últimos años, técnicos de la Administración autonómica han comenzado a realizar «la auditoría real de las subvenciones».

La responsabilidad de los auditores
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España rechaza que se descargue la responsabilidad en los auditores por irregularidades que se están investigando en juzgados andaluces en cursos de formación financiados con dinero público.

"Está claro que se ha demostrado que el sistema no es válido. Pero nosotros sólo tenemos un trozo del trabajo, que consiste en revisar gastos. La función de control de la realización de la actividad subvencionada no corresponde al auditor, sino a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía", declara a este periódico Eduardo Molina, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en Andalucía Oriental.

Sea como fuere, los interventores de la Junta reprochan en informes que constan en las actuaciones que instruye la juez Alaya que los auditores privados no detectaran incidencias cuando revisaron los gastos imputados a las subvenciones de formación profesional para el empleo, frente al sinfín de irregularidades que ellos sí han puesto de manifiesto.

En los informes especiales realizados por los ocho interventores provinciales sobre la justificación de las ayudas concedidas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo entre 2009 y 2012 -gestionadas en cada una de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)- se dedica un capítulo a analizar los informes de auditoría aportados por los beneficiarios para justificar las subvenciones recibidas ante la Administración autonómica.

Los interventores son muy críticos con la labor realizada por los auditores y cuestionan abiertamente la rigurosidad de sus trabajos, de los que llegan a decir que se limitan a ajustarse "a los parámetros de la subvención para que el beneficiario cumpla con las normas establecidas". En algún caso, se llega a plantear incluso "la posibilidad de exigir responsabilidad profesional del auditor".

elEconomista.es: Los equipos de fútbol de primera división se alejan de las 'cuatro grandes' auditoras

Los equipos de fútbol de primera división se alejan de las 'cuatro grandes' auditoras - elEconomista.es

Araceli Muñoz madrid. 6:00 - 11/05/2015

En los últimos años, muchos de los equipos de la Liga de fútbol española han visto cómo su credibilidad y sus cuentas eran cuestionadas por culpa de los escándalos financieros de sus directivos. Este puede ser uno de los motivos por los que las que las cuatro grandes firmas de servicios profesionales (Deloitte, PwC, EY y KPMG) no estén interesadas en esta competición.

En este sentido, fuentes solventes de la Liga de Fútbol Profesional (LPF), consultadas por elEconomista, apuntan a que "la LPF está tomando medidas para impulsar la transparencia, como auditar sus propias cuentas". "Al igual que ha ocurrido con otro tipo de negocios, a medida que se profesionalice, habrá más nivel de firmas de servicios profesionales y será un buen negocio para ellas de cara a crear nuevas carteras de clientes", explicaron a este diario.

Con todo, mientras que PwC y KPMG se desmarcan de la Liga española, EY y Deloitte sí que participan. No obstante, llama la atención la aparición de Auren -séptima firma española por facturación según el ranking de elEconomista- que verifica las cuentas de dos equipos gallegos. En concreto, la firma presidida por Mario Alonso -también presidente de una de las patronales del sector, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE)- controla las cuentas del Celta de Vigo y del Deportivo de La Coruña.

EY logra un 'hat-trick'
La ganadora de la máxima competición española es EY (la antigua Ernst & Young), al auditar a tres de los principales equipos. Por un lado, la firma presidida por José Luis Perelli en España es el auditor oficial del Real Madrid. En concreto, EY verifica las cuentas del equipo blanco desde hace más de una década. Frente a esta histórica cuenta, la firma de Perelli también audita las cuentas del Valencia Club de Fútbol desde enero de este mismo año. Esto se debe a que EY fue la que asesoró en la reciente compra del equipo ché -de hecho, esta compañía de servicios profesionales también asesoró a la firma china Dalian Wanda Group cuando entró en el capital social del Atlético de Madrid-.

¿Quién audita la Liga?

Parece que así el equipo de la asiática Lay Hoon Chan ha decidido dejar atrás los escándalos a los que tuvo que enfrentarse hace poco. Sin ir más lejos, los peritos de Bankia detectaron hace unos meses -antes de que EY ganara esta cuenta- sospechas de irregularidades en la relación que Bancaja primero y luego Bankia pudo mantener con el club ché y su fundación.

La tercera cuenta que verifica la firma de Perelli es el Sevilla CF y también ha sido nombrado a principios de este año. El anterior auditor de cuentas era MB Consultores y Auditores.

Con todo, el socio director responsable de Asesoramiento en Transacciones de EY, Rafael Roldán, explicó a este diario que "la importancia del mercado del fútbol reside en que es un contenido más, cada día está más vigilado por las cantidades que mueven". En este sentido, Roldán explicó a este diario que por este motivo "todos buscan que se aumente la transparencia, para dar credibilidad a las cifras que se mueven". No obstante, "es un mercado muy global, por eso todavía tiene alguna sombra en cuanto a los equipos más pequeños", aclaró.

Por su parte, el socio responsable de Retail & Consumer en EY, José Luis Ruiz Expósito, apuntó a que "el fútbol reúne el ocio, el negocio y la pasión... de ahí salen muchas cosas". "Por el tamaño y la relevancia que tiene, el dinero que mueve el sector y a raíz de que la LPF cada vez exige unos ratios financieros más exigentes, la aparición de firmas de servicios profesionales en el mercado del fútbol es fundamental". "A muchos les gustaría que les auditaran firmas más potentes y por eso lo están pasando mal, porque van muy justitos", explicó Ruiz Expósito a este diario.

Deloitte es 'blaugrana'
 La otra big four que participa en el mercado del fútbol español es Deloitte, que controla las cuentas del Fútbol Club Barcelona. Por su parte, el equipo blaugrana ha tenido que enfrentarse en los últimos tiempos a un gran escándalo: el denominado Caso Neymar. Esta operación salpicó de lleno tanto al expresidente del club, Sandro Rosell, como al actual presidente, Josep Maria Bartomeu.

El escándalo se habría producido cuando el club blaugrana supuestamente ocultó que el fichaje de Neymar habría costado 94,8 millones de euros, frente a los 57,1 millones que comunicó Rosell. Pero, además, de la cantidad descubierta por la Fiscalía, 12,14 millones correspondían a impuestos no pagados por el Barça.

En este sentido, cabe destacar que, según consta en el auto del caso al que tuvo acceso elEconomista, Deloitte sí avisó al equipo de la obligación de este pago.

"La retención del impuesto correspondía efectuarla al F. C. Barcelona y tal obligación era plenamente conocida por el Club, siendo advertido por la auditora Deloitte del riesgo que suponía el tratamiento fiscal de la operación, a pesar de lo cual por el FCB no se efectuaron dichas retenciones ni se ingresaron en la Hacienda Pública", expone el auto.

Más escándalos contables
Sin embargo, el del Barça no es un caso aislado. En la época en la que el Deportivo de La Coruña fue presidido por Augusto César Lendoiro -ahora es auditado por la firma Auren- también sufrió irregularidades contables.

En concreto, estuvo alrededor de cinco años sin presentar sus cuentas al Registro Mercantil. Además, según el informe del administrador Francisco Prada Gayoso se detectaron "operaciones de revalorización contable de sus activos contrarios a las reglas legales y reglamentarias de la contabilidad". Yendo más lejos, antes de presentar el concurso de acreedores, el Dépor realizó una serie de fichajes por un alto importe, porque sabía que sus deudas sufrirían una quita.

Con todo, el escándalo más reciente que ha sacudido la Liga española ha venido de la mano del Elche F. C. en relación a las cuentas de la temporada 2013-2014, la de regreso a la Primera División. En un primer momento, la LPF inhabilitó durante 18 meses al órgano directivo del club franjiverde por irregularidades contables, así como una sanción económica. Sin embargo, ha quedado suspendida tras el recurso del club.

elPaís.com: El Ibex suspende en buenas prácticas (estado del arte)

El Ibex suspende en buenas prácticas | Economía | EL PAÍS
La mayoría de las multinacionales ofrece una información fiscal y laboral opaca
María Fernández Madrid 9 MAY 2015

La transparencia no es el punto fuerte de la pequeñas y medianas (pymes) españolas y todavía no es un comportamiento interiorizado por las grandes corporaciones, las que por su posición y carácter multinacional están obligadas a presentar datos sobre sus compromisos medioambientales, sociales, con los Derechos Humanos o de buen gobierno.

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, una organización sin ánimo de lucro subvencionada por el Ministerio de Trabajo, lleva once años separando el trigo de la paja en su informe anual sobre las empresas del Ibex 35, y esta semana, en la presentación de la última edición, ha vuelto a insistir en que, salvo excepciones, la gran cantidad de información que las cotizadas aportan sobre responsabilidad social “carece todavía de rigurosidad, alcance, cantidad y calidad suficiente”.

En una escala del cero al cuatro, el Observatorio ha puntuado con una media del 1,21, un rotundo suspenso, al conjunto del índice bursátil. Sólo Red Eléctrica, que repite primera posición, pasa del aprobado raspado. Inditex, Gas Natural, Telefónica e Indra completan las cinco primeras posiciones. “Otro año más, la palabra estancamiento define las insuficientes variaciones registradas globalmente. Las empresas no han considerado como área estratégica y prioritaria la definición de sistemas de gestión de su RSC”, asegura el documento, en cuya elaboración han participado 22 analistas. Lamentan que en más de una ocasión las grandes sociedades españolas se limitan a ofrecer datos en un enfoque “puramente comunicativo y buenista”. En otras ni siquiera eso: de las 35 empresas del Ibex, las seis que ocupan las últimas posiciones en el ránking, Ebro Técnicas Reunidas, Viscofan, Dia, Jazztel y Grifols “no presentan información relevante sobre aspectos de RSC”.

En un momento en que la corrupción es percibido como el segundo problema de los españoles tras el paro, 32 de las 35 empresas del índice tienen presencia en países con baja tributación (considerados paraísos fiscales en alguno de los listados que elaboran España, la OCDE, el Parlamento Europeo o la ONG Tax Justice Network). En 2013, año del estudio, incrementaron en 73 el número de sociedades en estos territorios, pasando de 467 a 540. Esto significa que lejos de retirarse de plazas off-shore, hay un incremento de un 15,6% con respecto a 2012 y de un 23,5 % respecto a 2011, pese a la salida del Ibex de Abengoa, que tenía 27 sociedades en paraísos fiscales y Endesa y Acerinox, con seis cada una.

Precisamente en los aspectos relacionados con la fiscalidad la información sobre resultados, beneficios, impuestos, subvenciones recibidas, localización de los proveedores y gastos salariales se convierte en un bien escaso. Según el director del informe, Orencio Vázquez, estos datos “permitirían entender dónde se ha generado el beneficio de estos grupos”, algo que al menos los accionistas deberían de conocer con detalle. Vázquez destaca que su análisis no busca tanto poner el acento en operaciones supuestamente delictivas como en la estrategia para eludir el pago de impuestos. Recuerda que el comité del Parlamento Europeo para asuntos legales reclamó a la Comisión Europea que obligase a las empresas a informar qué operaciones realizan país a país, “dado que cada año la UE deja de recaudar la escandalosa cifra de un billón de euros por fraude, evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva, lo que supone un coste de 2.000 euros anuales por cada ciudadano”.

Bajando a la arena, el estudio del Observatorio destaca que en Delaware, el segundo Estado más pequeño de EE UU, 222 filiales de firmas del Ibex han elegido poner un pie (allí están el 60% de los empresarios que figuran en la lista Forbes). Curiosamente, el informe asegura que 180 de ellas (el 81%) comparten las mismas dos direcciones postales en la pequeña ciudad de Wilmington (70.000 habitantes). Según el New York Times, en los circuitos fiscales llaman a Delaware loophole, escapatoria, por su facilidad para crear sociedades sin estar físicamente; por el secreto de privacidad sobre los propietarios y por el hecho de que si una compañía no tiene actividad en esa ciudad, no tiene que pagar impuestos.

Los casos de corrupción también han estado muy presentes en la investigación. De nuevo el buenismo reina. Solo cinco empresas aportan alguna información sobre esta cuestión pese a que 17 operan en países con fuerte fragilidad institucional. “Es especialmente preocupante. No es aceptable que en un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas con las que las empresas del Ibex 35 dicen estar comprometidas, éstas no informen de manera amplia y de forma transparente”.

Ante la pregunta de, “¿cuenta con políticas que garanticen el cumplimiento de su compromiso en materia de Derechos Humanos?”, el 40% de las empresas del Ibex responden que sí. Pero solo el 17% informa sobre qué medidas han tomado y sólo una de cada cinco cuenta con políticas activas de control de proveedores. “Una buena práctica en este sentido es la Inditex”, destacan los analistas. Su plan de auditorías sobre proveedores pasó de 113 en 2012 a 1.425 un año (de un total de 1.592), aunque seis de los 46 países donde opera se quedaron fuera de estos exámenes.

Hay otras empresas con riesgos especialmente sensibles en su cadena de valor, como es el caso de las que necesitan minerales situados en países pobres para fabricar artículos de electrónica. Por ejemplo, la información facilitada en relación a los proveedores del coltán por parte de Jazztel es “inexistente” y la de Telefónica, “vaga”. Arcelormittal, sin embargo, afirma que ha adquirido el compromiso en su código de suministro responsable de no utilizar minerales de conflicto.

Según índice de Riesgo Climático de Germanwatch69 del año 2014, se puede concluir que las empresas del Ibex operan o tienen presencia en 14 países con un riesgo extremo en lo tocante al medioambiente. Pero llama la atención que sólo el 34% de las empresas conocen y declaran sus principales riesgos.

elEconomista.es: Bruselas apunta a la Intervención General de la Generalidad Valenciana como "principal responsable"

Bruselas apunta a la Intervención General de la Generalitat como "principal responsable" - elEconomista.es

Europa Press - 6/05/2015

La Comisión Europea apunta a la Intervención General de la Generalitat como "principal responsable de la no aplicación del principio de devengo y de la ausencia de registro de cantidades considerables de gasto sanitario", que motivó la investigación y posterior propuesta de sanción cercana a 19 millones a España por manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunitat mediante la ocultación sistemática de parte del gasto sanitario.

En las conclusiones del informe en el que recomienda esa multa, determina que esta entidad "fue gravemente negligente" respecto al no registro de los gastos de salud y al no respeto del principio de devengo en las cuentas nacionales (SEC 95), llevando a una información incorrecta de los datos de déficit a Eurostat en 2012, después de la entrada en vigor de la Regulación (EU) 1173/2011.

En ese sentido se pronunció ya en las conclusiones preliminares, a las que ha tenido acceso Europa Press, de la investigación puesta en marcha por la Comisión Europea en 2014 por la posible existencia de manipulación de datos estadísticos relativos al procedimiento de déficit excesivo en España. De la información analizada extraía que "la tergiversación de datos de déficit correspondientes a los años 1988-2011 fue fruto, como mínimo, de negligencia grave".

Graves irregularidades
A falta de conocerse el definitivo, en ese documento exponía las "graves irregularidades cometidas en la contabilidad, el registro y la notificación de la gastos de la Comunitat durante muchos años", como no respetar el principio de devengo, uso incorrecto de las cuentas extrapresupuestarias, no registrar gastos y comunicar información "engañosa" a autoridades estatales, "lo que dio lugar a una tergiversación de los datos de déficit y deuda de España".

Según señala, la ausencia de registro de gastos empezó en 1988 y al principio "afectaba sólo a cantidades muy pequeñas" que "siempre se registraban en el ejercicio siguiente" pero, a partir de 1993, aumentaron estas cuantías y "no todos los gastos no registrados en un ejercicio se registraban en el siguiente".

En 2007, esos gastos no registrados de años anteriores superaban los 1.000 millones y, si bien hubo cinco acuerdos hasta 2010 que permitieron registrarlos y pagar, "no se adoptaron medidas para que no se volvieran a ocultar gastos durante largos periodos de tiempo", esa práctica continuó y dio lugar a una revisión al alza, en unos 1.900 millones, del déficit de la Comunitat en 2011.

Al respecto, el informe señala que la Intervención General de la Generalitat --de la que era titular Salvador Hernándiz, cesado en diciembre de 2012 a raíz de su imputación por presunta filtración de un informe del 'caso Cooperación' a Rafael Blasco, causa que provocó la dimisión del conseller de Hacienda José Manuel Vela y fue archivada-- no notificó esa cantidad a la Intervención General del Estado (IGAE) en el cuestionario normalizado de enero de 2012, ni en la entrega en abril, a pesar de que el Consell ya había informado de la existencia de facturas no pagadas por ese importe.

De hecho, agrega que "la cifra correcta sólo fue confirmada, por teléfono y tras encarecida insistencia de la Intervención General de la Administración del Estado, en mayo de 2012".

Incumplimiento de normas contables
Respecto a la responsabilidad de la Intervención, indica que no aplicó plenamente el Plan General de Contabilidad Pública y utilizó erróneamente las cuentas 409 y 411; no registró gastos realizados, a veces durante muchos años, incumpliendo las normas del SEC 95 y el principio de devengo; no tuvo en cuenta los informes de la Sindicatura, respaldados por observaciones de Sanidad, y no alertó a Intervención del Estado de las deficiencias de la información que enviaba cuatro veces al año, ni incluyó esos 1.900 millones en gastos no reconocidos en los cuestionarios normalizados de 2012.

Apunta asimismo que elaboró una Cuenta General que, hasta junio de 2012, no hacía referencia explícita a los gastos registrados y daba "información mínima" sobre la cuenta 411, que en 2010 superaba los 1.800 millones; ignoró los datos sobre la cantidad total de estos gastos que Sanidad envió a la Sindicatura, y al menos una vez de manera informal a la propia Intervención de la Generalitat; no obtuvo la documentación necesaria para elaborar la Cuenta General y no utilizó la red de interventores delegados en los hospitales para obtener directamente los datos de los gastos sanitarios.

El informe también recoge que no remitió los datos correctos a la IGAE, ni siquiera cuando Sanidad se los envió oficialmente en 2006 ni después de que Sindicatura publicara los datos correctos de gastos sanitarios no registrados, y que consideró que las observaciones de la Sindicatura de Cuentas y peticiones de registro de esos datos no estaban dirigidas a ella, aunque sí lo estaban.

Además, mantiene que "a pesar de saber que los datos de la Cuenta General y que se enviaban a la IGAE eran incorrectos, no se puso en contacto con Sanidad y ni siquiera intentó hacer una estimación de los gastos sanitarios sin registrar para la correcta aplicación del principio de devengo".

Señala asimismo que la Intervención General de la Generalitat no aceptó la oferta de la Sindicatura de enviarle directamente los datos correctos para que los incluyera en la Cuenta General, ni pidió a Sanidad que se los enviara. De hecho, "según la declaración de los representantes de la Conselleria de Sanidad, el que fuera interventor general hasta 2012 --Hernándiz-- había dado instrucciones orales a la Conselleria de no enviarle de manera oficial los datos de gastos sanitarios no reconocidos".

Papel de Sanidad y Sindicatura
El análisis de la CE sobre "qué entidades fueron las principales responsables de esas irregularidades y cuáles estaban plenamente al corriente de la situación" incluía, junto a la Intervención de la Generalitat, a la IGAE, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Conselleria de Sanidad y la Sindicatura de Cuentas, cuya colaboración con la investigación pone de manifiesto en el informe.

De la Sindicatura, concluye que "parece que actuó de acuerdo a sus funciones" porque informó de gastos no reconocidos por más de mil millones cada año de 2003 a 2010 --salvo en 2007 y 2009 cuando fue inferior por reconocer gastos a través de la cuenta 411--, del INE que "no parece haber estado al corriente de estos hechos" y, de la IGAE, que se percató de la situación en 2007 pero "tenía poderes limitados para corregir la situación, ya que no podía modificar unilateralmente los datos que le enviaban las comunidades".

En cuanto a Sanidad, apunta que entregó siempre de forma oficial la información disponible sobre gastos extrapresupuestarios a la Sindicatura y al Ministerio, y también a la Intervención de la Generalitat, aunque "de forma informal, por correo electrónico", por lo que "no parecía tener intención de ocultar estos gastos".

Según las mismas fuentes, la falta de registro de gastos concluyó a finales de 2012, debido a la introducción del mecanismo extraordinario de pago a proveedores estatal, que hacía "necesaria la plena revelación de los gastos" porque uno de sus condicionantes era que las facturas no pagadas se refirieran exclusivamente a gastos ya devengados y registrados a finales de 2011.

elEconomista.es.es: El MAB suspende de cotización a NPG y Lumar por no presentar su informe de auditoría

El MAB suspende de cotización a NPG y Lumar por no presentar su informe de auditoría de 2014 - elEconomista.es

4/05/2015 - 11:45

 El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ha suspendido la cotización de las compañías NPG Technology y Lumar Natural Seafood por no presentar su informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2014.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

A cierre de la sesión del 30 de abril, cuando comunicó que no entregaría a tiempo la auditoría, NPG cotizaba a 1,57 euros. La compañía, que tiene una capitalización de 19,24 millones de euros, debutó en el MAB el 22 de abril de 2014 a 1,36 euros la acción.

Por su parte, la empresa de alimentación Lumar comenzó a cotizar en el MAB en julio de 2011 a un precio de 4,6 euros por acción. La compañía gallega cuenta con una capitalización de 6,04 millones de euros.

CincoDías.com: Facephi triplica sus pérdidas y PwC cuestiona su viabilidad

Facephi triplica sus pérdidas y PwC cuestiona su viabilidad | Tecnología | Cinco Días

La empresa tecnológica alicantina acumula una caída en bolsa del 76%
Marimar Jiménez Madrid 04-05-2015 20:36

Nubarrones muy negros sobrevuelan la empresa alicantina Facephi Biometría. La startup alicantina, que empezó a cotizar en el MAB el paso mes de julio, en plena crisis de Gowex, y llegó a valer 30 millones de euros, ha visto desplomarse su capitalización un 76% desde sus máximos el pasado noviembre, hasta los 9 millones. El mercado ha castigado a la compañía, dirigida por Salvador Martí y Javier Mira, tras ver como en 2014 la firma –especializada en software de reconocimiento facil– triplicaba sus pérdidas, de 298.746 euros en 2013 a 1,05 millones de euros el pasado año. Mientras, la empresa, que fue fundada en 2012, solo logró facturar 32.293 euros en 2014.

Facephi, que en su plan de negocios preveía alcanzar una facturación de 561.000 euros el pasado año y 1,344 millones este año, no ha logrado hasta el momento firmar un contrato con la asociación de bancos de Perú (ASBANC) que había anunciado hace unos meses y, que según avanzó, le iba a reportar unos 500.000 euros.Igualmente, la compañía, que no da por perdido este contrato pese a los retrasos (el plazo para cerrarlo se cumplió el 30 de abril), tampoco ha llevado a cabo la compra de la consultora almeriense Teralco, que, según dijo, elevaría su cartera de clientes y su cifra de negocio. Todo ello, ha llevado al auditor de Facephi, PwC, a advertir la existencia de “una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento”.

El auditor detalla que la sociedad ha incurrido en pérdidas desde el inicio de sus operaciones y asegura que a 31 de diciembre pasado la tecnológica presentaba una situación de fondo de maniobra negativo, de 377.020 euros.

La compañía solo alcanzó una facturación de 32.000 euros en su ejercicio de 2014. Su previsión era ingresar 561.000.

La compañía, no obstante, apunta algunos factores que, asegura, pueden mitigar las dudas sobre su futuro. Entre ellos, la ampliación de capital que está llevando a cabo por casi 1,5 millones de euros, en la que los administradores se han comprometido a aportar el 50%. Y la alianza comercial y estratégica firmada con GMB Corporación para la implantación y comercialización de la tecnología de Facephi en varios países latinoamericanos, “que hará subir su cifra de negocio en los próximos meses”.

Con todo, PwC subrayó en su informe que “la viabilidad de la sociedad depende de que tanto el plan de negocios como la ampliación de capital se materialicen en los términos previstos”. Facephi sí admite que si “por diversas razones” se demorara la firma de los contratos que esperan lograr durante los próximos meses o se cancelaran algunos de los proyectos, “y dada la situacion de la compañía que se encuentra en una fase inicial comercial, la empresa podría tener dificultades para poder seguir funcionando de una manera continuada”.

Curiosamente, Facephi desveló en sus cuentas que en 2014 contrató servicios por 157.647 euros con empresas administradas por sus propios directivos y principales accionistas (Salvador Martí, Javier Mira y Juan Ortiz, que poseen un 24,89%, un 8,55% y un 9,77%, respectivamente, de Facephi. Las empresas en cuestión fueron el Instituto Biométrico de Reconocimiento Facial F7, Ortimar Sol, Inscorp Inversiones y XVI Global Business 2016.