En concreto, Calama pide a Santander que aporte las pólizas contratadas en el momento de la absorción del Banco Popular y a PwC que aporte las pólizas contratadas para asegurar la responsabilidad civil derivada del ejercicio de su actividad empresarial y la de sus socios Pedro Barrio Luis y José María Sanz Olmeda, durante el ejercicio 2015 y primer trimestre de 2016.
El juez incide que se trata de una “diligencia meramente preparatoria, cuyo resultado no condiciona en manera alguna la decisión de apertura de juicio oral frente a las eventuales compañías aseguradoras contra las que las acusaciones puedan dirigir, en su caso, las oportunas acciones civiles”.
El requerimiento a ambas compañías se produce pocos meses después de que el juez concluyese la instrucción del caso y propusiese juzgar a al expresidente de la entidad Ángel Ron, a otros 12 directivos y a la auditora PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”. La instrucción de Calama ha sido recientemente avalada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha rechazado los recursos de todos los investigados y ha confirmado que irán a juicio.
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