15 diciembre, 2022
De los más de 72.000 informes de auditoría que se emitieron
en 2021, solo un 28% se corresponde con auditorías voluntarias. Mientras
que en 2021 el número total de auditorías –obligatorias y voluntarias–
aumentó un 23% con respecto a 2020, las voluntarias solo lo hicieron un
1,73%.
Durante la celebración del 13º AuditMeeting y ante la solicitud del Gobierno del tercer pago de los fondos Next Generation
dotado de 6.000 millones de euros, el Registro de Economistas Auditores
(REA) –órgano especializado en materia de auditoría del Consejo General
de Economistas de España, que representa al 60% del sector– considera
que un mercado de auditoría menos concentrado y más competitivo
ayudaría a que las pymes solicitaran más auditorías voluntarias para
conseguir un mejor acceso a los fondos europeos.
Madrid, 15 de diciembre de 2022.- El Registro de Economistas Auditores (REA)
–órgano especializado en materia de información financiera y no
financiera del Consejo General de Economistas de España– celebra hoy y
mañana de manera presencial –con aforo limitado– la 13ª edición del
AuditMeeting que ha convocado a cerca de 500 economistas auditores,
constituyendo, un año más, el encuentro más representativo del sector.
En el acto de inauguración han participado la subsecretaria del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Amparo López Senovilla; el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich; el presidente del REA, Emilio Álvarez; y los vicepresidentes primero y segundo del Consejo General de Economistas, Amelia Pérez Zabaleta y Lorenzo Lara, respectivamente.
En esta décimo tercera edición se ha puesto el acento en una
importante cuestión que supone un reto para esta actividad profesional,
como es el referido a la solicitud, realizada el pasado mes de noviembre
por el Gobierno de España, del tercer desembolso de fondos Next Generation
por valor de 6.000 millones de euros vinculados al cumplimiento de los
29 hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
destinados a reformas en transición verde y digital, investigación y
educación. Un desembolso que está estrechamente condicionado a la puesta
en marcha de equipos de auditoría y control de estos fondos en el seno
del Ministerio de Hacienda, para cumplir con el hito 173 que exige un
sistema de auditoría que supervise el desempeño de las dotaciones.
A este respecto, se ha referido el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich,
para quien “los fondos europeos son una oportunidad única para nuestra
economía, y la colaboración público-privada entre los órganos públicos
de control y las auditoras privadas independientes no puede sino
introducir un plus de transparencia en la ejecución de estos fondos,
aportando mayor agilidad en la adecuada implementación de los mismos,
adaptándolos a los propósitos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, y mejorando nuestra imagen exterior y la capacidad
competitiva de nuestras empresas”. En este sentido, el presidente de los
economistas ha mostrado total disposición para colaborar con el
Ministerio en el cumplimiento de estos compromisos clave para que llegue
a España esta tercera entrega de ayudas europeas.
En el transcurso del AuditMeeting, los economistas auditores han
advertido de que, de los más de 72.000 informes de auditoría que se
emitieron en 2021, solo un 28% se corresponde con auditorías
voluntarias. “Mientras que en 2021 el número total de auditorías
–obligatorias y voluntarias– aumentó un 23% con respecto a 2020, las
voluntarias solo lo hicieron un 1,73%”, han señalado desde el REA.
A este respecto, el Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano
especializado en materia de auditoría del Consejo General de Economistas
de España, que representa al 60% del sector– considera que un mercado
de auditoría menos concentrado y más competitivo ayudaría a que las
pymes solicitaran más auditorías voluntarias para conseguir un mejor
acceso a los fondos europeos.
Para el presidente del REA, Emilio Álvarez, “la economía, además de
ser cada vez más verde, digital y social, tiene que ser competitiva.
Nuestro tejido productivo exige apostar por incentivos que fomenten la
auditoría voluntaria de las pymes. La realización de una auditoría
voluntaria es un proceso ventajoso que prepara a este tipo de empresas
para su crecimiento futuro, lo que coadyuva a la sostenibilidad de la
economía española”. También ha destacado la importancia que cobra en la
actualidad la “colaboración público-privada entre los órganos públicos
de control y las auditoras privadas independientes para generar un clima
de mayor confianza y transparencia en la ejecución de estos fondos en
nuestro país en consonancia con los objetivos de la UE”. “Contar en
España con un sector de auditoría menos concentrado servirá de ayuda
para los propósitos de transparencia, agilidad y eficiencia en la
ejecución de los fondos, a la vez que podría favorecer la auditoría
voluntaria de pymes al disponer de un mercado más diverso y, por tanto,
competitivo”, ha afirmado Álvarez.
