lunes, 31 de enero de 2022

elEspañol.com: La fundación de la NASA catalana encarga una auditoría

El Instituto de Estudios Espaciales, que aspira a los Next Generation, avanza en su propósito de enmienda y acata las advertencias de la Sindicatura, que detectó irregularidades contables 
31.01.2022 00:00 h. 

La Fundación Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC) avanza en su propósito de enmienda tras las diversas irregularidades contables detectadas por la Sindicatura de Cuentas, y acaba de sacar a concurso la licitación de un servicio de auditoría externa. Esta entidad, clave en el desarrollo de la Agencia Espacial de Cataluña (AEC), conocida popularmente como la NASA catalana, participa en los proyectos que la Generalitat ha presentado como candidatos a acceder a los fondos europeos Next Generation. El IEEC ha ido subsanando gran parte de esas deficiencias fiscalizadas, atribuibles en su momento a su confusa naturaleza de ente público.

Lanzado con éxito el primer nanosatélite catalán / 324
Lanzado con éxito el primer nanosatélite catalán / 324

El IEEC es un instituto de investigación adscrito a la Generalitat a través del Departamento de Vicepresidencia y Políticas Digitales. Sus objetivos son promover la investigación astronómica y espacial; convertirse en un centro reconocido internacionalmente para atraer talento y fomentar colaboraciones tanto en la esfera local como en el ámbito mundial; ser un agente eficiente de transferencia de conocimiento, innovación y tecnología en su campo, y llevar a cabo campañas de sensibilización de la sociedad sobre la ciencia mediante la comunicación de la cultura científica. En los presupuestos de 2022, el Govern contempla una partida de 7,5 millones

Auditoría externa

El IEEC acaba de sacar a concurso la licitación de un servicio de auditoría de sus cuentas anuales y la liquidación presupuestaria del ejercicio 2021. En el informe que justifica la necesidad de contratar esa auditoría externa se alude a la obligación, establecida por ley, de rendir cuentas de sus operaciones y hacer un seguimiento presupuestario. Eso incluye el balance, cuenta del resultado económico y patrimonial (pérdidas y beneficios), estado de cambios en el patrimonio neto, estado de liquidación del presupuesto y memoria.

El contrato tiene como finalidad la emisión de un informe a partir del análisis de la documentación económica y contable “que refleje el grado de fidelidad” de esos datos, “determinando si esas cuentas se presentan adecuadamente de conformidad con las disposiciones legales vigentes”. El presupuesto base es de 9.075 euros.

auditoria
Informe justificativo de la auditoría del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya

La auditoría del IEEC sale a concurso semanas después de que la portavoz del PSC-Units, Alícia Romero, y el diputado Jordi Riba denunciaran la existencia de una “mala praxis generalizada” en los organismos dependientes de la Generalitat, tras el análisis de 39 informe elaborados por la Sindicatura de Cuentas desde 2019. Según los socialistas, el 77% de estos informes señalaban irregularidades en la contratación de personal, y en un 72%, observaciones sobre la contratación de bienes y servicios. Este grupo enmarcaba su denuncia en la excesiva atomización de entidades dependientes de la Generalitat, un total de 365, la más alta de España, seguida de Andalucía, con 239.

Uno de los informes mencionados por el PSC es el que elaboró en 2020 la Sindicatura sobre la Fundación del Instituto, que en 2017 “suscribió dos contratos con una empresa vinculada con tres investigadores que realizaban su investigación en el IEEC, lo que supone que las personas afectadas incurrieron en incompatibilidad, de acuerdo con la legislación del personal al servicio de las Administraciones públicas”.

Ausencia de plan estratégico

Pero no es solo esa irregularidad la que detectó el órgano fiscalizador. En efecto, la Sindicatura analizó las cuentas de la Fundación del IEEC correspondientes a 2017 [el informe se puede consultar en este enlace] y, entre otras deficiencias, aludía a que los estatutos de esta entidad no incluían la referencia a la Administración pública a la que se debía adscribir, la ausencia de un plan estratégico y de un contrato programa con la Generalitat y no envió las cuentas a la Intervención General ni a la Sindicatura. La Memoria anual no observaba toda la información requerida de acuerdo con las instrucciones conjuntas de la Intervención General, la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General del Patrimonio.

En 2017, el IEEC no disponía de convenio propio ni estaba adscrito a ningún convenio colectivo ni había aprobado la política retributiva de su personal que incluyese los conceptos y el escalado salarial.

Contratos

Las irregularidades en materia de personal eran diversas, destacando que “el IEEC no comunicó los contratos al Registro público y la suscripción de “dos contratos con una empresa vinculada con tres investigadores que realizaban su investigación en el IEEC, hecho que supone que las personas afectadas incurrieron en causa de incompatibilidad, de acuerdo con la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas. Asimismo, en su descripción del régimen jurídico de estos centros, subrayaba la Sindicatura que “la supervisión y control de su actividad económica, financiera y de gestión solo se puede llevar a cabo una vez esta actividad ha sido desarrollada, mediante auditorías externas anuales, sin perjuicio de la regulación específica de su tipo de personificación jurídica".

En sus alegaciones, remitidas en septiembre de 2020, el director del Instituto, Ignasi Ribas, admitía la mayoría de irregularidades, pero aseguró que, en 2019, el Patronato del IEEC subsanó las omisiones que la Sindicatura observó en sus estatutos y se aprobó un plan estratégico. El centro atribuía a la Generalitat la competencia para formalizar el contrato programa.

“Aunque se considere que la fundación debía enviar a la Intervención General y a la Sindicatura de Cuentas las cuentas anuales y el informe de auditoría, estos documentos entendemos que no han sido nunca reclamados por ninguno de ellos y, en cambio, la fundación no ha dejado nunca de depositar las cuentas anuales y el informe de auditoría en la Generalitat, mediante el departamento correspondiente del que depende”. No obstante, “ la fundación toma nota y cada año enviará las cuentas anuales auditadas a la Intervención General y a la Sindicatura de Cuentas”.

Next Generation

En aquel momento, precisa Ribas, el IEEC no formaba parte del sector público de la Administración de la Generalitat, si no que formaba parte del sector público estatal. Asimismo, el IEEC tomó como referencia el XIII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal para los Centros de Educación Universitaria e Investigación para la regulación de las relaciones laborales del personal del IEEC, "atendiendo al hecho de que es aplicable a unos centros que guardan similitud con las características del IEEC".

No es ajeno al propósito de enmienda del IEEC que este organismo forme parte de uno de los “27 proyectos emblemáticos” de la Generalitat que aspiran a beneficiarse de los Next Generation, consistente en impulsar la nueva economía de espacio, desplegando seis iniciativas estratégicas. Incluyen la creación de un hub del New Space; una estación de tierra al observatorio del Montsec dedicada a la comunicación y control de satélites, convertir el Aeropuerto de Lleida-Alguaire en un puerto espacial (SpacePort) y centro de pruebas del sector; desplegar una infraestructura satélite y plataforma de datos para el desarrollo de nuevos servicios digitales por empresas y Administraciones y el apoyo directo a empresas en sus diferentes fases de madurez.

jueves, 27 de enero de 2022

Consejo General de Economistas: Nota de Aviso nº 5: Sostenibilidad y Resiliencia


 

Nota de Aviso nº 5: Sostenibilidad y Resiliencia Consejo General de Economistas

Nota de aviso nº 5 -21 de enero de 2022-
Apreciados/as compañeros/as.

Siguiendo con las anteriores comunicaciones, remitidas desde el Consejo General de Economistas de España respecto a las noticias más relevantes relacionadas con la actividad profesional del economista y la sostenibilidad, os informamos de lo siguiente:

En estos días, fruto del trabajo del European Lab PTF on European sustainability reporting standards (PTF-ESRS) —grupo técnico de la EFRAG encargado de proponer un borrador de normas sobre sostenibilidad a la Comisión Europea y en la que el Consejo General de Economistas de España se encuentra representado a través de la EFAA for SMEs— se ha publicado el primer compendio borrador sobre las futuras normas sobre sostenibilidad (ver aquí).


Tal como expresa este primer borrador, el texto incluye:
  1. Cuatro propuestas de estándares transversales: Estrategia y modelo de negocio; sostenibilidad gobernanza y organización; impactos materiales de sostenibilidad, riesgos y oportunidades y; definiciones de políticas, objetivos, planes de acción y recursos;
  2. Una propuesta de estándar, en particular sobre el cambio climático;
  3. Por último, dos aspectos conceptuales: Doble materialidad, y características de la información de calidad;
Si bien estos documentos no se someten ahora a consulta pública, pueden servir para tener una orientación de como serán los borradores definitivos de las citadas normas.

Esperando que resulte de vuestro interés, recibid un cordial saludo

Consejo General de Economistas de España

martes, 25 de enero de 2022

Teleprensa.com: La alcaldesa de Alcorcón (PSOE), inhabilitada para administrar bienes por la quiebra de la empresa de la vivienda

El PP pide su dimisión inmediata y explicaciones a Juan Lobato  
25 de enero de 2022, 18:34 

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado a la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), por la quiebra de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) en la época en la que el socialista Enrique Cascallana estaba al frente de la Alcaldía y ella era una de las administradoras de la mercantil.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se inhabilita a Natalia de Andrés a cinco años de inhabilitación para gestionar y administrar bienes ajenos públicos y privados. En el caso de Cascallana, la inhabilitación se eleva a diez años. También se inhabilita a otros administradores del consejo de administración.

La condena a De Andrés incluye la pérdida de "cualquier derecho que tuviera como acreedora concursal contra la masa" y la "devolución a la masa de los bienes o derechos que pudiera haber obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiese recibido de la masa".

De igual modo, ha sido condenada de modo mancomunado a la "cobertura de la totalidad del déficit concursal contable por créditos concursales y contra la masa".

El procedimiento mercantil se inicia con la declaración concursal de la mercantil Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón y la apertura en abril de 2015 de la fase de liquidación.

El Ministerio Fiscal realizó propuesta de calificación del concurso como culpable, señalando como personas a las que debe exterderse dicha calificación a los administradores de dicha mercantil, entre ellos la actual alcaldesa y Cascallana.

En la sentencia, el juez aprecia en la concursada y en su plural órgano de administración colegiada "graves y constantes irregularidades contables reiteradas al menos en tres ejercicios contables".

Detalla que las anomalías detectadas consisten en "la no contabilización de provisiones por responsabilidades por importe superior a los 68 millones de euros, así como al trasvase de beneficios y financiación ordinaria y regular de la explotación de la sociedad concursada a contrato concesional público a muy largo plazo por importe de 93 millones de euros".

Por tanto, acuerda que procede imponer a los demandados, tanto personas físicas administradoras de derecho, como jurídica administradora de hecho, la condena a la cobertura del déficit, que se liquidará en el momento oportuno.

PETICIÓN DE DIMISIÓN DEL PP

Tras conocerse el fallo, la secretaria general del Partido Popular de Madrid, Ana Camíns, ha exigido la dimisión inmediata de la alcaldesa de Alcorcón.

Para Camíns "es una vergüenza que con esta sentencia Natalia de Andrés continúe al frente del Ayuntamiento", por lo que entiende que "no puede seguir ni un minuto más gestionando un municipio de más de 170.000 habitantes".

Camíns ha pedido explicaciones "urgentes" al socialista Juan Lobato, ya que a su juicio "Lobato no puede seguir guardando silencio ante una sentencia de este calibre, a la que se suman a los escándalos en varios municipios del sur de Madrid".

lunes, 24 de enero de 2022

Lefebvre: Aula abierta Lefebvre - Centinela Circularización con Auditsoft (YouTube)

Aula abierta Lefebvre - Centinela Circularización con Auditsoft - YouTube


La circularización es una técnica de auditoría empleada por revisores fiscales, auditores internos y externos en todos los procesos de revisión de estados financieros e información, que se encuentra asociada al proceso de inspección adelantada por el profesional en sus labores de control. 

  1. Asignación de permisos entre los miembros del equipo en Anywhere. 
  2. Introducción de los datos contables (balances o generar el balance a partir del diario, asignar períodos de trabajo en la calculadora de cuentas). Circularización. Selección de clientes. 
  3. Envío a entidad auditada. 
  4. Auditsoft creación del fichero Excel con los clientes o proveedores. 
  5. Integración de datos: integración del Excel con los datos de forma automática con Auditsoft. 
  6. Envío mail Control de respuestas. Cuadra: sumaria de circularización. No cuadra: conciliación. No responde: alternativo. 

No lo pienses, apúntate ya a este interesante webinar gratuito.

viernes, 21 de enero de 2022

BOE.es: cuentas anuales de los partidos políticos y sus fundaciones y demás entidades vinculadas, formato, presentación e información al Tribunal de Cuentas

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 17 de enero de 2022, sobre modificación de la Instrucción aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 30 de marzo de 2017, por la que se regula la presentación telemática de las cuentas anuales consolidadas de los partidos políticos y de las cuentas anuales de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, y el formato de dichas cuentas, así como el cumplimiento de las obligaciones de información al Tribunal de Cuentas establecidas por la normativa en relación con las referidas contabilidades.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu), establece, en su apartado Uno, que corresponde a esta Institución «la fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como la de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos», previsión esta que también se recoge en el apartado tres de su artículo 4. En el mismo sentido se pronuncian, respectivamente, el artículo 16 y la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP).

A tal fin, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.seis de la LOFPP, los partidos políticos habrán de remitir sus cuentas anuales consolidadas, en las que se detallarán y documentarán sus ingresos y gastos, debidamente formalizadas, al Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del año siguiente al que aquellas se refieran. Por su parte, las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de aquellos están obligadas a formular y aprobar sus cuentas en los términos previstos en la legislación vigente, a realizar una auditoría de sus cuentas anuales y a enviar, dentro del mismo plazo, toda la documentación al referido tribunal, conforme establece el número seis de la citada disposición adicional séptima.

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miércoles, 19 de enero de 2022

Actualícese.com: el IAASB presentó su plan de trabajo aprobado para 2022 y 2023

IAASB presentó su plan de trabajo aprobado para 2022 y 2023 | Actualícese
El plan de trabajo de IAASB tendrá como enfoque principal en los temas de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanzas -ESG-, así como las auditorías a los estados financieros.
19 enero, 2022 

La Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento -IAASB- aprobó su plan de trabajo, Un enfoque de interés público en tiempos inciertos, el cual está pendiente de aprobación por parte de la Junta de Supervisión del Interés Público -PIOB-, la cual se realizará en abril de este año.

Este plan de trabajo guiará el trabajo del IAASB en 2022 y 2023, reflejando la estrategia del IAASB para 2020-2023.

Se destacan los temas de sostenibilidad y la garantía ambiental, social y de gobernanza -ESG-, los cuales verán un aumento del tiempo y los recursos para dicho período.

En cuanto a temas de auditoría, el enfoque clave seguirá siendo la progresión y finalización de los proyectos en curso a principios de 2022, incluidas las auditorías de los estados financieros de entidades menos complejas, la evidencia de auditoría, la empresa en marcha y el fraude.

«En base a la creciente atención y urgencia global en torno a la presentación de informes ESG y la garantía de los mismos, el IAASB está dedicando capacidad y recursos adicionales a este flujo de trabajo. Estamos comprometidos a actuar con un sentido de urgencia, construyendo nuestra plataforma existente de estándares de aseguramiento que ya se utilizan en todo el mundo», ha explicado el presidente del IAASB, Tom Seidenstein.

«Nuestra colaboración con otros y una fase acelerada de recopilación de información nos permitirán determinar el alcance preciso y el momento de nuestros esfuerzos para que tomemos las medidas adecuadas para satisfacer la creciente demanda pública», agrega.

Las iniciativas y proyectos del plan de trabajo, especialmente la sustentabilidad/garantía ESG, son aquellos que la junta cree que actualmente son los temas de interés público, más pertinentes para abordar para garantizar la credibilidad y confianza continuas en nuestro trabajo como emisor de estándares de auditoría y garantía global.

Fuente: IAASB.

lunes, 17 de enero de 2022

Rosario3.com: Vicentin, acreedores ahora denuncian civilmente a síndicos y auditores de KPMG por 25 millones de dólares (Argentina)

Vicentin: acreedores ahora denuncian civilmente a síndicos y auditores de KPMG por 25 millones de dólares | Rosario3: Buscan resarcimiento económico por el daño que les provocó la adulteración de balances de la aceitera que los contadores habrían consentido

2022.01.17

Se abrió otro capítulo judicial en la caída de la agroexportadora Vicentin, el default más importante en la historia del mercado de granos, que en este caso tiene en el centro de la escena a los síndicos de la empresa y a los auditores de KPMG.

En efecto, en paralelo a la marcha de la convocatoria de acreedores y a las investigaciones penales en curso, ahora se sumó una demanda civil de daños y perjuicios por más de 25 millones de dólares contra ex directores y ex síndicos de la aceitera, así como también contra el auditor certificante de los balances y contra la firma KPMG Argentina y KPMG Internacional que los avalaron los estados contables de la defaulteada aceitera.

La demanda la presentó un grupo de empresas agropecuarias, que son acreedores comerciales, con el patrocino del estudio Robiolo y Asociados y la presentaron justo antes del inicio de la feria judicial de enero.

A diferencia de la denuncia penal, la estrategia de ir por una acción civil supone la búsqueda de un resarcimiento económico por el perjuicio que les presentó el incumplimiento de los compromisos, más allá del acuerdo en convocatoria. Además, según la estrategia jurídica seguida, no agregaría mucho sumar una denuncia penal, camino recorrido por los bancos extranjeros, los bancos nacionales y otros grupos cerealistas.

Según la presentación, la demanda se fundamenta principalmente en lo que sostienen fue el fraude perpetrado mediante la adulteración de los balances contables de Vicentin S.A.I.C, ocultando un faltante patrimonial de 900 millones de dólares, consecuencia de un stock de materia prima “inflado”, y un stock de deuda “maniatado”, omitiendo la contabilización de contratos a fijar por 463 millones de dólares en el ejercicio 2017 y 395 millones de dólares en el ejercicio 2018, con la finalidad de obtener endeudamiento en perjuicio de sus acreedores, tanto comerciales como financieros.

Otro argumento de la demanda que presentan es el armado de una sofisticada estructura societaria con sociedades holding y off shore financiadas por la propia Vicentin dejando los activos fuera del alcance de los acreedores, juntamente con los miles de millones de dólares que ingresaron a Vicentín y fueron a parar a las sociedades vinculadas con escasa o nula participación accionaria.

Para los denunciantes, la grave negligencia de KPMG, de quién dicen no advirtió un faltante patrimonial de 900 millones de dólares, y que resulta expuesta ante la falta de resguardo dentro de los papeles de trabajo de KPMG del listado de contratos de mercadería a fijar. También advirtieron la inexistencia o la falta de resguardo dentro de los papeles de trabajo de la firma auditora de un respaldo detallado del stock al cierre del ejercicio 2018.

Respecto a la responsabilidad de los auditores, además que cuentan con un Seguro de Responsabilidad Profesional, existen importantes antecedentes jurisprudenciales internacionales como los renombrados casos Enron, Worldcom y Parmalat.

¿Podrán otros acreedores sumar más acciones civiles? Hay más empresas cerealistas anotadas y se espera ver qué hará el Banco Nación, principal acreedor individual de Vicentin.

Como sea, el 15 de febrero es la fecha de prescripción para las presentaciones ya que se cumplen los 3 años desde que el Directorio, Comisión Fiscalizadora y los Auditores externos, aprobaron el Balance 2018.

Por otro lado, otro dato importante es que si bien los jueces rosarinos han remitido estas causas a juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien lleva el concurso, el magistrado argumentó la falta de existencia de conexidad o fuero de atracción, por lo que rechazó la causas, correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, resolver donde tramitarán las causas. ¿Otro round judicial, como el penal, que –para molestia de Vicentin- se tramitará en Rosario?

ABC.es: El Estado audita las cuentas de los partidos con más de cuatro años de retraso

Aunque debería inspeccionar a todos los partidos legalmente en activo, casi 5.000 en la actualidad, el Tribunal de Cuentas solo alcanza a escrutar la treintena de formaciones con representación institucional: manejan más de 300 millones al año
Roberto Pérez - Madrid Actualizado:17/01/2022 14:07h

La acumulación de auditorías pendientes en el Tribunal de Cuentas (TCu) hace que la fiscalización de los partidos políticos arrastre más de cuatro años de retraso. El atasco suma y sigue. La limitación de recursos técnicos y humanos de este organismo, unido a los trámites que impone la propia normativa de funcionamiento y los protocolos de fiscalización, hacen que la inspección de las contabilidades de los partidos políticos salgan con abultada y preocupante demora.

De esas auditorías depende el control de legalidad de formaciones que, de media, manejan más de 300 millones de euros al año. Y eso contando solo a la treintena de partidos con representación institucional, que es a los que alcanza en la práctica el Tribunal de Cuentas.

Hay unos 4.900 partidos más, pero su escasa o nula relevancia pública hace que queden al margen del TCu, que, obligado a dar prioridad a sus limitados recursos, se limita solo a los que reciben subvenciones públicas.

Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, durante una reunión de la cúpula de este organismo
Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, durante una reunión de la cúpula de este organismo - Guillermo Navarro

Fuentes de la cúpula del TCu han reconocido que la demora con la que fiscaliza a los partidos con presencia institucional constituye en sí mismo un problema. «Estamos en vías de buscarle solución», indicaron este lunes. Son conscientes de que es preciso agilizar estas fiscalizaciones, que tienen por objeto velar por el cumplimiento de la legalidad contable y, por tanto, detectar cuanto antes posibles irregularidades.

Las últimas contabilidades de partidos políticos que auditó el TCu son las de 2016. Su informe de inspección vio la luz en julio de 2020. La fiscalización de las cuentas de los partidos del año 2017 aún no se ha llevado a cabo. A estas alturas, sigue en proceso.

Obligación legal

La inspección y análisis de legalidad de las contabilidades de los partidos es una de las obligaciones que tiene encomendada, por ley, al Tribunal de Cuentas.

Las mismas fuentes han indicado que, ante la falta de medios, optan por dar prioridad a la fiscalización de las contabilidades electorales, los fondos manejados por las distintas formaciones políticas que han concurrido a comicios y percibido subvenciones públicas por ello. Es un ámbito que el TCu considera más sensible y urgente, porque esas auditorías no solo son necesarias para velar por el correcto abono de las subvenciones electorales sino también para vigilar que los partidos respetan los límites de gastos y la legalidad contable en las campañas. Es decir, supervisar el juego limpio en la competición electoral.

Por eso, la fiscalización de la actividad económico-electoral de los partidos no acumula tanta demora como las contabilidades generales de estas formaciones. Por ejemplo, en junio de 2020 vio la luz el informe definitivo de fiscalización relativa a las elecciones generales de noviembre de 2019. Sin embargo, a estas alturas aún no ha culminado la auditoría de las contabilidades de los partidos políticos del año 2017, y ya se acumulan en los cajones del TCu las de 2018, 2019 y 2020. Y pronto recibirán las de 2021. Las auditorías van con retraso, pero los partidos cumplen y aportan sus cuentas en los plazos exigidos, matizan desde el TCu.

Más de 300 millones al año

Revisar la legalidad y corrección contable de los partidos políticos no es cuestión menor. La treintena de formaciones con representación institucional que inspecciona el TCu manejan anualmente, de media, más de 300 millones de euros.

Según el último informe de fiscalización emitido al respecto por el Tribunal de Cuentas, el relativo a las contabilidades de los partidos del año 2016, aquel ejercicio las 30 formaciones analizadas manejaron 237 millones de euros en subvenciones públicas para el funcionamiento ordinario, otros 67,6 millones por subvenciones electorales que percibieron aquel año, y 58,5 millones por ingresos privados –aportaciones de cargos públicos, de afiliados, donaciones de personas físicas y jurídicas–. Además, esos 30 partidos suman 52 fundaciones o asociaciones vinculadas que, aquel año, en 2016, manejaron en su conjunto otros 6,7 millones de euros.

sábado, 15 de enero de 2022

REA: Nota de Aviso REA 📣 nº 2, ene 2022: IPC 2021

Nota de Aviso REA 2/2022. ENERO 2022. IPC 2021

Estimados/as compañeros/as:
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado, en el día de hoy, una Nota de Prensa con la siguiente información que consideramos de vuestro interés:
  • Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016
  • Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Base 2015 Diciembre 2021
Del que destacamos como resumen los siguientes datos de interés:
  • IPC General: 6,5%
  • IPC Servicios sin alquiler de vivienda: 1,9%
Podéis acceder al contenido íntegro de la Nota de Prensa a través de nuestra web en: Información Técnica / Otra información de utilidad / IPC 2021,o también a través del siguiente enlace.

Esperando que esta información resulte de vuestro interés, recibid un cordial saludo,
    
 
 Paloma Belmonte
Secretaria Técnica
REA Auditores-CGEE
Web: www.rea.economistas.esPaloma Belmonte
Secretaria Técnica
REA Auditores-CGEE
Web: www.rea.economistas.es
 

 

viernes, 7 de enero de 2022

CincoDías.com: El administrador societario puede enfrentarse a penas de hasta 6 años de cárcel, por Félix Salgado

Determinadas actuaciones que solo acarreaban responsabilidad civil, han pasado a considerarse también conductas delictivas
Félix Salgado Suárez -  Madrid 7 ENE 2022 - 08:11 CET

El administrador de una empresa debe ser consciente de que determinadas actuaciones que hasta hace poco tiempo acarreaban exclusivamente una responsabilidad civil, han pasado a considerarse también conductas delictivas, castigadas con penas de hasta seis años de prisión.

Como es sabido, el administrador societario está obligado a llevar la contabilidad y a no cometer en su llevanza irregularidades relevantes, así como a formular las cuentas anuales, a someterlas a auditoría (si corresponde) y a depositarlas, una vez aprobadas, en el registro mercantil. También tiene el deber de no causar la salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio de la sociedad, de no alzarse con bienes o derechos en perjuicio de los acreedores, y de no dificultar o impedir un embargo en cualquier clase de ejecución.

En caso de que incumpla alguna de las obligaciones anteriores y la empresa acabe en concurso de acreedores, el administrador se expone a una declaración de culpabilidad en la pieza de calificación del concurso y, en consecuencia, podría llegar a responder con su propio patrimonio de la totalidad de las deudas sociales.

A pesar de esta regulación, durante la crisis financiera que comenzó en el año 2008 se observó con cierta frecuencia que algunos deudores tendían a vaciar las sociedades en perjuicio de sus acreedores, que veían truncada toda posibilidad de cobrar sus créditos. Para reforzar la protección de los acreedores, en 2015 el legislador modificó sustancialmente el tipo de las insolvencias punibles en el Código Penal, incorporando conductas que hasta entonces estaban contempladas únicamente en el ámbito civil.

Así pues, en el artículo 259 del Código Penal se incluyen actuaciones que entorpecen o imposibilitan la comprensión de la situación patrimonial o financiera de una empresa, como incumplir el deber legal de llevar contabilidad o cometer en su llevanza irregularidades, destruir o alterar libros contables, ocultar, destruir o alterar documentación, formular las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, o realizar cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.

También se recogen conductas tales como ocultar, dañar o destruir bienes, realizar actos de disposición que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, realizar operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, simular créditos de terceros o participar en negocios especulativos que carezcan de justificación económica.

Para todos estos supuestos, se establece una pena de uno a cuatro años de cárcel, que puede llegar hasta los seis años si concurre alguna de las siguientes circunstancias: que se produzca perjuicio patrimonial a una pluralidad de personas, que cause a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a los 600.000 euros o que al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda pública o a la Seguridad Social.

Asimismo, en el artículo 260 del Código Penal se contempla como delito el hecho de pagar un crédito no exigible cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial, encontrándose en situación de insolvencia actual o inminente, así como el hecho de pagar a uno o varios acreedores, con posposición del resto, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales. En estos casos, está prevista una pena de hasta tres y cuatro años de prisión, respectivamente.

Haber dado entrada en el Código Penal a este tipo de conductas, que ya estaban reguladas en la legislación concursal, nos hace preguntarnos si tiene sentido la existencia de un doble régimen sancionador en materia de insolvencias o si, por el contrario, no sería más razonable eliminar la sección de calificación, que constituye, por cierto, una anomalía en el derecho comparado.

En la práctica, el mantenimiento de esta sección puede resultar contraproducente toda vez que ejerce un efecto disuasorio sobre algunos administradores societarios a la hora de recurrir a un procedimiento —el concurso de acreedores— que puede ser el más conveniente a sus propios intereses y los de sus acreedores ante la necesidad de afrontar una situación de dificultades financieras.

Con ello, no estamos propugnando que los administradores queden liberados de las responsabilidades que lleva aparejado su cargo. Ello sería tanto como dejar sin protección a los acreedores de una empresa. Se trata, más bien, de circunscribir el régimen de sanciones al orden penal, por estar contemplados todos los supuestos en el tipo de las insolvencias punibles. La reforma en marcha del texto refundido de la Ley Concursal brinda al legislador una ocasión inmejorable para estudiar la supresión de la sección de calificación.

Felix Salgado, abogado y socio de PradaGayoso.

miércoles, 5 de enero de 2022

Ideal.es: La gestora del antiguo Liceo Erasmus trabaja para dar continuidad al centro

El Ayuntamiento de Almería ordena la revocación de la cesión de los terrenos a la empresa Liceo Erasmus SL, antigua gestora del colegio 
R. I. Almería - Miércoles, 5 enero 2022, 20:08

Almería Colegio Internacional, colegio ubicado en la Vega de Acá de la capital almeriense, seguirá manteniendo su oferta educativa después de siete años de andadura, a pesar de las dificultades por las que ha atravesado. Aunque Liceo Erasmus SL, primera empresa promotora y gestora del proyecto educativo, fue declarada en concurso de acreedores voluntario el pasado 9 de diciembre de 2021, y tras haber realizado la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Almería el pasado 27 de septiembre (con admisión a trámite el pasado 29 de octubre), la actual empresa gestora, International School Almería SL, está trabajando por darle continuidad al proyecto y proteger tanto al alumnado como a los trabajadores del centro.

Así lo ha explicado a IDEAL el director de Almería Colegio Internacional, Antonio del Saz, para quien «a nivel de colegio, está todo muy tranquilo». Desde 2020, la empresa Liceo Erasmus dejó de tener trabajadores, que ahora se adscriben a la empresa International School Almería SL, y tampoco tiene actividad ni clientes. Como ha revelado Del Saz, «lo único que tiene son acreedores, por la fase previa a la explotación del colegio».

Ahora han preparado un plan de transición y viabilidad, como se ha trasladado a las familias, que en todo momento han sido informadas. Por lo que respecta a los trabajadores, una de las principales cuestiones que más preocupan cuando una empresa entra en concurso de acreedores, «no hay por qué preocuparse, porque en este momento Liceo Erasmus no tiene plantilla», ha asegurado Del Saz. «No tienen ningún tipo de afección, porque no tienen ninguna relación contractual con esa sociedad», ha dicho.

Revocación de la concesión

Ante el anuncio recibido por registro el pasado 20 de diciembre de la entrada en concurso de acreedores de la empresa Liceo Erasmus SL, primera gestora de Almería Colegio Internacional, el Ayuntamiento de Almería respondía al día siguiente con la orden que iniciaba la revocación de la concesión del terreno a la empresa, firmada por la concejala de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, según lo estipulado en el propio pliego de condiciones.

«El día 20 de diciembre a nosotros nos llega por registro de entrada en el Ayuntamiento una comunicación por parte de la concesionaria que había entrado en concurso de acreedores», ha explicado a IDEAL Martínez Labella, «como entrar en concurso de acreedores es motivo de revocación de la concesión, por el pliego que rige, inmediatamente, al día siguiente, por mi parte, como responsable del seguimiento de la concesión, la medida adoptada fue dar la orden para revocarla».

Pero la revocación no es inmediata, sino que se requieren unos plazos. «Hay que formar todo un expediente, requerir informes técnicos y jurídicos, y habrá que dar un periodo de alegaciones, todo lo que conlleva el seguimiento de la revocación», ha asegurado la concejala de Urbanismo en Almería.

Para la edil de Urbanismo, ahora es tarea del administrador concursal ir tomando las decisiones más idóneas o más viables. «En estos momentos, es nuestro interlocutor principal, y tendremos que ir solventando el panorama que se ha creado, lo importante es que el Ayuntamiento ha sido muy ágil, al día siguiente ya habíamos adoptado una medida», ha remarcado.

Por su parte, con respecto a la revocación de la cesión de los terrenos incoada por el Ayuntamiento de Almería, Antonio del Saz ha detallado que ellos mismos lo habían solicitado dentro de la propuesta de continuidad: «Se trata de un trámite administrativo, porque cualquier cesión en la que la concesionaria está en concurso, la obligación es revocar dicha concesión».

Ahora el Ayuntamiento tendrá que evaluar una nueva empresa como posible concesionaria y, si cumple los requisitos que se marcaron en el pliego publicado en 2012, podrá decidir a quién trasladar la concesión.

«La empresa que asuma a partir de ahora la gestión del colegio, tendrá que ser seleccionada por el ayuntamiento», ha detallado Del Saz, «con los mismos criterios, evidentemente, con los que seleccionó a Liceo Erasmus». En este sentido, el director de Almería Colegio Internacional ha manifestado que «estamos a total disposición del Ayuntamiento, con el que mantenemos plena colaboración, porque lo que no queremos es que se menoscabe el servicio».

El concurso de acreedores, ha asegurado también, está planteado desde el pasado mes de agosto. «Estamos en la fase en la que hay que informar a todos los acreedores, pero la actividad ni se ha visto ni se verá afectada para nada, continuamos con nuestro planteamiento educativo, de hecho hemos incrementado los servicios este año, con una nueva ruta escolar desde Aguadulce, y además a partir del 10 de enero tendremos nuevos alumnos que se incorporan este curso escolar», ha detallado, «las clases continúan, independientemente del procedimiento administrativo, que es otra línea paralela a la actividad educativa».

Cambio en la gestión del centro

El cambio de empresa en la gestión de Almería Colegio Internacional en 2020, ha revelado Del Saz, estuvo motivado por una acumulación de deuda en la primera fase del proyecto, que la propia actividad del colegio no ha sido capaz de asumir.

«Lo que se ha asumido con la actividad del centro es el gasto corriente, pero no ha sido capaz de asumir que el colegio haya empezado su actividad con una cuenta de explotación de menos dos millones de euros», ha explicado Del Saz, «ese ha sido el motivo, si el colegio hubiese empezado sin ningún tipo de endeudamiento, teniendo en cuenta que hemos ido creciendo poco a poco, no habríamos llegado a estas circunstancias».

Los ingresos que ha tenido el colegio hasta la fecha no han sido lo suficientemente elevados como esperaban. «Ahí falló el plan de negocio al completo», ha reconocido Del Saz, «pero hemos seguido trabajando para seguir adelante».

Aunque el concurso de acreedores pudo haberse presentado hace cuatro años, ha aseverado, hasta que no han tenido «un plan B firme y que diera respuesta a la continuidad del centro, no hemos dado este paso», una decisión que habrá sido difícil de tomar.

El proyecto Liceo Erasmus

El Ayuntamiento de Almería y la empresa Liceo Erasmus formalizaron en 2012 el acuerdo para implantar en la Vega de Acá un centro de educación privado en una superficie aproximada de 30.000 metros cuadrados, que abarcaría desde Infantil hasta Bachillerato, después de que la sociedad depositara 138.380 euros en concepto de garantía definitiva, correspondiente al cuatro por ciento del canon de 60.000 euros anuales, el doble del precio base al que había salido a concurso, durante un periodo de 50 años sin posibilidad de prórroga.

El proyecto original presentado tenía prevista la creación de alrededor de un centenar de puestos de trabajo, aunque por el momento, la plantilla del centro cuenta con 45 trabajadores.

Ideal.es: La empresa gestora del Almería Colegio Internacional trabaja para darle continuidad al centro (Liceo Erasmus)

El Ayuntamiento de Almería ordena la revocación de la cesión de los terrenos a la empresa Liceo Erasmus SL, antigua gestora del colegio
R. I. Almería - Miércoles, 5 enero 2022, 18:44 

Almería Colegio Internacional, colegio ubicado en la Vega de Acá de la capital almeriense, seguirá manteniendo su oferta educativa después de siete años de andadura. Aunque Liceo Erasmus SL, primera empresa promotora y gestora del proyecto educativo, fue declarada en concurso de acreedores voluntario el pasado 9 de diciembre de 2021, y tras haber realizado la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Almería el pasado 27 de septiembre (con admisión a trámite el pasado 29 de octubre), la actual empresa gestora, Almeria International School SL, está trabanado [sic] por darle continuidad al proyecto y proteger tanto a los niños como a los trabajadores.

Así lo explicaba ayer a IDEAL el director de Almería Colegio Internacional, Antonio del Saz, para quien «a nivel de colegio, está todo muy tranquilo». Desde 2020, la empresa Liceo Erasmus deja de tener trabajadores, que ahora se adscriben a Almería Colegio Internacional, y tampoco tiene actividad ni clientes, como reveló Del Saz, «lo único que tiene son acreedores, por la fase previa a la explotación del colegio».

Revocación de la concesión del terreno

Ante el anuncio recibido por registro el pasado 20 de diciembre de la entrada en concurso de acreedores de la empresa Liceo Erasmus SL, gestora del Almería Colegio Internacional, el Ayuntamiento de Almería respondió al día siguiente con la orden que iniciaba la revocación de la concesión del terreno a la empresa, firmada por la concejala de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, según lo estipulado en el propio pliego de condiciones, si una situación como la que se ha dado llegaba a ocurrir.

«El día 20 de diciembre a nosotros nos llega por registro de entrada en el Ayuntamiento una comunicación por parte de la concesionaria que había entrado en concurso de acreedores», ha explicado a IDEAL Martínez Labella, «como entrar en concurso de acreedores es motivo de revocación de la concesión, por el pliego que rige, inmediatamente, al día siguiente, por mi parte, como responsable del seguimiento de la concesión, la medida adoptada fue dar la orden para revocarla».

Pero la revocación no es inmediata, sino que se requieren unos plazos. «Hay que formar todo un expediente, requerir informes técnicos y jurídicos, y habrá que dar un periodo de alegaciones, todo lo que conlleva el seguimiento de la revocación», ha asegurado la concejala de Urbanismo en Almería.

«Nosotros ahora tenemos que hablar con el administrador concursal nombrado [por] el juzgado», ha avanzado, «la situación no es sencilla, es una situación delicada y habrá que ver cómo se resuelve todo».

Para Martínez Labella, es pronto aún para hablar de posibles soluciones al conflicto, tales como la intervención de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, competente en materia educativa. «Todo eso es muy prematuro», ha revelado, «de momento el colegio tiene escolarizados a los niños, y la situación seguirá así un tiempo, porque la revocación no es inmediata, hay que conformarla, y a partir de ahí hay que ver cómo acaba todo. Estamos en el principio de un camino y lógicamente tendremos que ver lo que ocurre entre medias».

Para la edil de Urbanismo, ahora es tarea del administrador concursal ir tomando las decisiones más idóneas o más viables. «En estos momentos, es nuestro interlocutor principal, y tendremos que ir solventando el panorama que se ha creado, lo importante es que el Ayuntamiento ha sido muy ágil, al día siguiente ya habíamos adoptado una medida», ha asegurado.

Pese al horizonte, nada alentador, que se ha configurado, Martínez Labella ha señalado que «el proyecto educativo no tiene por qué decaer». «Ahora mismo es un poco precipitado hablar de futuro, aunque sí que es un poco triste que hayan llegado a esta situación, por supuesto, uno sabe cómo empieza, cómo quiere iniciar y con la ilusión con que plantea su sueño», ha reflexionado, «y en este caso, los recursos económicos han dado al traste con la idea, lo cual no quiere decir que en el futuro no pueda tener continuidad».

Como uno más de los acreedores implicados en este proceso, el Ayuntamiento de Almería estará a partir de ahora pendiente de cualquier novedad. «Ahora mismo hay que ser cautelosos con lo que hablemos, no queremos generar ni falsas expectativas ni cualquier tipo de especulación al respecto», ha aclarado con rotundidad.

El proyecto Liceo Erasmus

El Ayuntamiento de Almería y la empresa Liceo Erasmus formarizaron [sic] en 2012 el acuerdo para implantar en la Vega de Acá un centro de educación privado en una superficie aproximada de 30.000 metros cuadrados, que abarcaría desde Infantil hasta Bachillerato, después de que la sociedad depositara 138.380 euros en concepto de garantía definitiva, correspondiente al cuatro por ciento del canon de 60.000 euros anuales, el doble del precio base al que había salido a concurso, durante un periodo de 50 años sin posibilidad de prórroga. El proyecto original presentado tenía prevista la creación de alrededor de un centenar de puestos de trabajo.

martes, 4 de enero de 2022

DiariodeAlmería.es: Concurso de acreedores para la SL del colegio Liceo Erasmus de la Vega

Concurso de acreedores para la SL del colegio Liceo Erasmus de la Vega
El responsable de la sociedad asegura en una carta remitida a los padres que busca proteger su actividad
M.M. Almería, 04 Enero, 2022 - 07:00h

El Liceo Erasmus de Almería es un centro privado situado en la Vega de Acá que abrió sus puertas en septiembre de 2014 y fue inaugurado por el otrora alcalde almeriense, Luis Rogelio Rodríguez Comendador. Este colegio se asienta sobre suelo municipal en virtud de la concesión demanial de suelo realizada por el Ayuntamiento de Almería previo concurso, adjudicado en enero de 2013. Agrupadas en una sola, las tres parcelas que fueron objeto de la concesión, por un periodo de 50 años y un canon anual de 60.000 euros, ocupan una superficie total de 28.621 metros cuadrados, lindando con las calles Adolfo Marsillac, Melancolía, Regenta y Alfonso Sánchez.

Pero a inicios de diciembre el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería dictó un edicto por el que declaraba el concurso de acreedores a Liceo Erasmus SL, la sociedad promotora de dicha instalaciones educativas de la capital almeriense. Un documento que, al menos, parte de los padres de alumnos han recibido y ha provocado malestar y preocupación. El edicto, al que ha tenido acceso Diario de Almería, determina que “el deudor conserva las facultades de administración y de disposición de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la administración concursal”.

Los progenitores, así como parte del profesorado, han manifestado a este periódico su incertidumbre. Varios de ellos han explicado a este periódico que han recibido una carta de Antonio del Saz Ruiz, administrador único de Liceo Erasmus SL, en la que explica los motivos que han desembocado en esta situación judicial.

En dicha misiva señala que ha sido él mismo el que ha solicitado el concurso de acreedores de Liceo Erasmus SL con el “objetivo de garantizar y proteger la actividad educativa de Almería Colegio Internacional y que la continuidad de este nuevo proyecto no se vea afectada por el pasado económico-financiero de Liceo Erasmus SL”.

“De esta forma daremos por finalizada una etapa del proyecto que a pesar de todos los inconvenientes ha dado lugar a colegio con más de 300 alumnos y 48 trabajadores directos y poder por fin iniciar un nuevo proyecto de futuro”, dice Saz Ruiz, quien además asegura que “esta decisión se ha tomado en consenso con todos los agentes implicados en este proyecto y con esta medida Almería Colegio Internacional sigue contando con el apoyo de los fondos europeos gestionados por la entidad GED Andalucía Urbano y dispone de un plan de viabilidad que en cualquier caso deberá ajustarse en función del resultado final del proceso concursal”. 

El propio responsable de Liceo Erasmus señala en su epístola que algunas familias del centro han recibido la comunicación del administrador concursal, solicitando por ello información sobre los créditos a los que éste hace referencia. Pues bien, concreta que existen dos posibles razones para este motivo. La primera es que dichos progenitores hayan realizado la fianza de las dos mensualidades que las familias hacían entre los años 2014 y 2018 a Liceo Erasmus S.L. al realizar la matrícula en el centro y que “es reembolsable en el caso de causar baja en el centro cumpliéndose los requisitos establecidos en la matrícula”. La segunda causa es que los padres hayan efectuado un pago anticipado de escolarización. 

“Ambos importes han sido ya comunicados al administrador concursal según la contabilidad de Liceo Erasmus S.L. que además ha sido auditada externamente en los ejercicios 2018, 2019 y 2020”, dice Saz Ruiz, quien se ofrece a “contrastar” dicho saldo con los padres directamente, así como a resolver cualquier tipo de duda que puedan tener. “En este sentido si fuese necesario, se ofrecerá la posibilidad de realizar una reunión después de las vacaciones de Navidad que será presencial u online en función de la situación de la pandemia”, concluye.