"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la séptima promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
El Tribunal de Cuentas da 15 días a los líderes del procés para abonar los 5,42 millones y rechaza sus alegaciones | Teinteresa
30 de junio de 2021 Por T.I.
Ayer se comunicaron los embargos por los gastos del ‘procés’. El
Tribunal de Cuentas ha ordenado el depósito de 5,42 millones a 41 ex
altos cargos independentistas y funcionarios de la Administración entre
2011 y 2017. Este miércoles, el organismo ha notificado a los líderes
que tienen 15 días para abonar el dinero que presuntamente desviaron en
la red exterior del procés.
Alega que se 5,15 millones de fondos públicos de manera ilegal y
ahora deben pagarse intereses. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur
Mas, Raül Romeva y Andreu Mas-Colell son algunos de los nombres de la
lista.
Según ha publicado el diario El Mundo, el Tribunal de cuentas ha
rechazado todas las alegaciones presentadas para eliminar o rebajar las
cuantías, y si no se depositan en el plazo fijado comenzarán los
embargos de sus bienes.
Ahora, las defensas de los implicados pueden solicitar que se amplíe
el plazo de depósito y recurrir una vez abonado el dinero. Francesc
Homs, el exconseller de Presidencia de la Generalitat, ha denunciado
ante la prensa que se trata de una decisión de «naturaleza política».
Entre las partidas que se reclaman se incluyen algunas
«irregularidades y deficiencias» que han sido detectadas por los
auditores. Corresponden en este caso a o falta de documentación y pagos
injustificados, con 261.581 euros y 151.430 euros respectivamente. El
Tribunal de Cuentas incluye un apartado que hace referencia a la
«implicación de la sociedad civil catalana».
La exconsejera Neus Munté y Jordi Turull han sido exonerados al
demostrar que no tuvieron responsabilidad en esos gastos puesto que no
tenían competencia en materia de acción exterior.
Vox exige al Gobierno andaluz que publique las auditorías de 54 entes creados por el PSOE
Desde la formación de Abascal sospechan que la política "amistosa" del PP al "tender puentes" con Espadas "puede estar influyendo" en el retraso para conocer el dictamen, tras gastar 3 millones de euros en hacerlo.
José Carlos Villanueva
Publicado 30/06/2021 11:55
"Sospechamos que esos nuevos puentes que está tendiendo el PP con el
PSOE estén influyendo en esta relación tan amistosa y el resultado de
estas auditorías esté sobre la mesa de la negociación". El portavoz
parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira,
ha lanzado estas sombras, en forma de conjeturas, para exigir este
miércoles al Gobierno andaluz que publique ya el resultado de las
auditorías hechas sobre 54 entidades instrumentales de la Junta. Fueron
creadas bajo gestión de anteriores ejecutivos socialistas. La formación
de Santiago Abascal
reivindica que los dictámenes por conocer forman parte del "acuerdo
presupuestario" que suscribieron con el Partido Popular, en el marco del
acuerdo de legislatura con Juanma Moreno, previo a su investidura de enero de 2019.
Gavira da por hecho que estas auditorías están finalizadas, a pesar
de que durante la rueda de prensa que ha ofrecido en sede parlamentaria
se le ha recordado que el portavoz de la Junta y consejero de
Presidencia, Elías Bendodo, aseguró este lunes al ser preguntado que "se están ultimando ahora mismo y se harán públicas en breve", fueron sus palabras textuales.
En el marco de su discurso sobre que estos informes están concluidos,
este partido opositor llega a afirmar que el bipartito PP-Cs "está modificando entes instrumentales de la administración,
en base al resultado de esas auditorías, y en base al primer acuerdo
presupuestario al que llegó con Vox". De ahí que, tras apelar a la
"cacareada transparencia y regeneración", se pueda conocer "la verdadera
dimensión de lo que es la administración de la Junta", ha expuesto
Gavira sobre lo que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas llegó a llamar "chiringuitos creados por el PSOE".
Vox ha recordado que cuando los actuales gobernantes del Partido
Popular eran oposición al PSOE hablaban de los citados entes
instrumentales como "fuentes de colocación de amigos y familiares", así como de "administración paralela" de la Junta de Andalucía.
El citado partido opositor hace hincapié en los "tres millones de euros"
que han costado estas auditorías "a todos los andaluces" para reclamar
la "mayor transparencia" a la hora de hacer públicos los dictámenes
fiscalizadores. "Quizá les interese tenerlas paralizadas,
no entendemos por qué no se hacen públicas", ha dicho Gavira sobre las
auditorías para, a continuación, denunciar "el incumplimiento" del
acuerdo presupuestario que Vox alcanzó con PP y Cs.
Ya el pasado 27 de mayo, también en sede
parlamentaria, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, mostró su
disposición a que las auditorías sobre el llamado sector público
instrumental estuvieran listas "en el plazo más breve, de aquí a verano". De hecho, se comprometió a que las conocería "todo el mundo".
En aquel entonces, Bravo justificó la demora existente debido a la pandemia.
Además, se refirió a la supervisión necesaria de la Intervención de la
Junta, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la
Cámara de Cuentas, además de otras actuaciones, como
la fusión de las agencias IDEA y Andalucía Emprende, además de la
creación del futuro Instituto Andaluz de Salud.
¿Qué es el Tribunal de Cuentas y para qué sirve? - NIUS
El Tribunal de Cuentas, ariete contra el independentismo y escollo para el diálogo
María Galán Cuello de Oro - Madrid - 29/06/2021
El Tribunal actual termina su mandato este mes de julio y es necesario el acuerdo entre PSOE y PP para renovarlo
El Gobierno considera que las causas abiertas por el Tribunal contra el independentismo son "una piedra en el camino" del diálogo
Los secesionistas critican su composición y quieren un cambio en el sistema de elección de sus miembros
El Tribunal de Cuentas se ha convertido en una pesadilla para los independentistas. El órgano fiscalizador de las instituciones públicas tramita una causa millonaria contra una cuarentena de ex altos cargos del Govern por la utilización de dinero público en el referéndum del 1 de octubre y por la publicidad del proceso secesionista en el exterior.
Desde que se concedieron los indultos se han intensificado las voces
cuestionando la institución cuyo mandato está a punto de caducar. Una
renovación, como en el caso del CGPJ, cambiaría el reparto de poder.
Repasamos algunas claves del Tribunal de Cuentas.
¿Qué es el Tribunal de Cuentas?
El Tribunal de Cuentas está recogido en el artículo 136 de la Constitución.
En el punto primero establece que es "el supremo órgano fiscalizador de
las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector
público". Tiene una función jurisdiccional que consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en la que incurran quienes manejen fondos públicos. Sus resoluciones se pueden recurrir ante el Tribunal Supremo.
Depende de las Cortes Generales
y, según la Carta Magna, sus miembros "gozarán de la misma
independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas
incompatibilidades que los jueces".
¿Quién lo compone?
El Tribunal está compuesto por un fiscal y 12 consejeros elegidos
por las Cortes Generales mediante una votación por mayoría de tres
quintos. 6 son designados por el Congreso y 6 por el Senado para un mandato de 9 años que caduca este mes de julio.
Según
la ley que regula el Tribunal, la elección de sus miembros se realiza
entre letrados, auditores de cuentas, magistrados, fiscales, profesores
de Universidad y funcionarios públicos con titulación académica superior
con más de 15 años de ejercicio profesional.
Su actual presidenta es María José de la Fuente,
licenciada en Derecho y letrada asesora de Empresa. Desde su creación
en 1982 ha tenido 8 presidentes, los 5 últimos a propuesta del PP.
¿Qué pasa con su renovación?
El mandato del actual Tribunal caduca este mes de julio.
Su renovación, al igual que otros órganos constitucionales como el
CGPJ, exige un acuerdo entre socialistas y populares. El PP, que
mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial, tampoco está
dispuesto a sentarse con el Gobierno.
Los 12 consejeros se designaron en 2012 cuando el Partido Popular tenía mayoría en el Congreso. El PP propuso a 7 consejeros y el PSOE a 5. En
este tiempo el llamado bloque progresista se ha visto mermado porque
uno de los consejeros renunció por motivos personales y su plaza nunca
se cubrió.
El PSOE, al igual que en el CGPJ, se queja de que esa composición no se ajusta a la nueva realidad política del país que dejaron las urnas tras las últimas elecciones y que desembocaron en el Gobierno de coalición.
El Tribunal, en la picota
Las
causas del Tribunal contra los independentistas le han colocado en el
centro de sus ataques. Tanto ERC como Junts per Catalunya denuncian que
es un Tribunal desfasado y dominado por sectores ultraconservadores. Reprochan que entre sus miembros figure Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, Margarita Mariscal de Gante, magistrada, exministra de Justicia con Aznar y con una familia vinculada al régimen franquista [sic] o Ángel Antonio Algara, doctor en Económicas, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa y también próximo a Aznar.
"Un chiringuito de 4 familias", denuncia ERC. "El Tribunal de Cuentas se ha convertido en la nueva inquisición,
la inquisición económica", proclama el presidente de la Generalitat,
Pere Aragonès. Los republicanos están aumentado su presión en los
últimos días y exigen no solo su renovación sino un cambio en el sistema
de elección.
Miembros del Gobierno también han
expresado públicamente el escollo que representan las causas abiertas
contra los exaltos [sic] cargos del Govern en la nueva etapa abierta en
Cataluña tras la concesión de los indultos. El ministro de Transportes,
José Luis Ábalos, dijo que son "piedras en el camino del diálogo". La ministra de Igualdad, Irene Montero, directamente ha pedido "eliminar" los procesos y dejar "protagonismo absoluto" a la "política, el diálogo y el acuerdo".
Decisiones polémicas del Tribunal
El 2019, el Tribunal revocó una condena anterior que había dictado una consejera y que obligaba a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, y a varios miembros de su equipo a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros por la venta masiva de pisos protegidos a fondos buitre.
La absolución fue decisión de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal
compuesta por tres miembros. El resultado de la votación fue dos contra
uno. Los que firmaron a favor de la revocación fueron los dos consejeros
propuestos por el PP, Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Sáchez
Robledano.
Ese mismo año, 2019, el Tribunal confirmó su condena previa contra la consulta soberanista del 9-N de 2014 y la aumentó. Fueron condenados Artur Mas, expresidente de la Generalitat; su vicepresidenta, Joana Ortega y dos consejeros, Francesc Homs e Irene Rigau a pagar 4,9 millones de euros
de forma solidaria por haber organizado la consulta. Mas tuvo que
presentar una fianza previa de 5.2 millones de euros y el Tribunal le
llegó a embargar su casa en Barcelona. El fallo inicial lo redactó
Margarita Mariscal de Gante.
La obligación de reportar el impacto social se amplía a las empresas medianas. El 45% desconoce esta exigencia, según Grant Thornton Madrid 29 JUN 2021 - 08:41 CEST
Las pymes afectadas por la crisis del Covid tienen seis meses
decisivos por delante. Es un período de transición en el que deberán
aprovechar la prórroga de los ERTE, los aplazamientos tributarios y el
sexto tramo de avales públicos para sortear el que, gracias al avance de
la vacunación, podría ser el último bache hacia la recuperación
económica.
En este tour de force
muchas de ellas se encontrarán con la sorpresa de que deberán dedicar
parte de su tiempo y destrezas al cumplimiento de una nueva normativa
contable.
Al
cierre de este ejercicio, las empresas de mediano tamaño están
obligadas a presentar junto con sus resultados anuales un estado de
información no financiera (EINF) en el que reporten sobre sus políticas
medioambientales, sociales y laborales, y sobre los controles que han
implementado para asegurarse de que la organización respeta los derechos
humanos y previene o combate la corrupción y el soborno.
Desde que España traspuso en diciembre de 2018 un conjunto de
directivas europeas de transparencia, la norma solo era aplicable para
las compañías de más de 500 empleados y cierto volumen de ventas o
activos, y para bancos, aseguradoras y gestoras de fondos.
Sin embargo, en su momento esta ya contemplaba que a partir de 2021
se haría extensible a las de más de 250 trabajadores siempre que en los
dos últimos años consecutivos el valor de sus bienes haya superado los
20 millones de euros o que su facturación haya excedido de los 40
millones.
Pese a los tres años transcurridos desde entonces, el 45% de los
directivos del segundo grupo desconoce que la elaboración del EINF y su
validación por parte de un auditor externo es obligatoria, según una
encuesta realizada por Grant Thornton a una muestra de 400 sociedades de
entre 50 y 500 empleados.
El incumplimiento puede acarrear multas de entre 1.200 y 60.000 euros
dependiendo del tamaño de la compañía infractora, de acuerdo con la
firma de servicios profesionales.
Las compañías tienen hasta finales de julio de 2022 para entregar el primer informe
Jaime Romano, socio de procesos, eficiencia y riesgos de Grant
Thornton, explica que el decreto de 2018 pone la información ambiental y
social de las empresas al mismo nivel que la estrictamente financiera,
al reconocerles la misma importancia y establecer para ambas las mismas
formalidades. Es decir, el ENIF debe seguir el mismo circuito de
elaboración fijado para los resultados anuales: cerrado el ejercicio,
los administradores tienen tres meses para formular las cuentas;
después, la junta general de accionistas tiene tres meses más para
aprobarlas y, alcanzado este hito, un mes adicional para depositarlas en
el registro mercantil.
Si la mayoría de las sociedades en España completa su ejercicio
fiscal el 31 de diciembre, significa que las empresas medianas a las que
aplique esta regulación tendrán como mucho hasta finales de julio de
2022 para entregar el reporte por primera vez. Pero si realmente quieren
que el plazo les alcance porque nunca han recabado datos sobre
emisiones o diversidad, tendrán que ponerse manos a la obra este mismo
verano.
“Muchos empresarios se están dando cuenta ahora, en el ecuador del
ejercicio, de que tienen que preparar esta información, con unos medios y
recursos que no son los mismos que los de las grandes compañías. Tienen
que ponerse las pilas porque el EINF no es un documento de dos páginas,
sino un estado que consta de cinco capítulos muy bien definidos, en
cada uno de los cuales deben desarrollarse una serie de contenidos
acompañados por una batería de indicadores. Si esperas al 2 de enero
para empezar, no vas a poder cumplir”, advierte Romano.
Los cinco bloques en los que debe organizarse el EINF son medio
ambiente, responsabilidad social (que incluye políticas de igualdad de
género y de formación laboral), derechos humanos, sistemas para detectar
fraudes o blanqueo de capitales, y relaciones con clientes,
consumidores, proveedores y el fisco de los diferentes países donde
opera la empresa (aquí tienen cabida temas como el pago de impuestos).
La similitud de parte de estos contenidos con los de las memorias de
responsabilidad social corporativa que algunas pymes ya publican, puede
llevarlas a incurrir en el error de creer que estas últimas pueden hacer
las veces de EINF. “No les valdría porque, por lo general, los informes
de RSC están muy centradas en las actividades solidarias de las
empresas. El EINF incorpora la RSC pero trasciende su ámbito”, aclara.
¿Por dónde empezar?
Al igual que ocurre con las cuentas anuales, aquí también hay dos
grandes pasos que dar: elaborar el EINF (puede hacerlo la misma firma o
un tercero) y someterlo a la verificación de un auditor de cuentas
independiente que puede ser el mismo que examine los resultados
financieros.
Antes de redactar el reporte, Romano aconseja conocer bien la ley y
analizar de qué información se dispone en las bases de datos de la
organización. “Si no haces planes de igualdad, tienes que mencionarlo o
dejar constancia de que estás en proceso de implementarlos”, apunta.
Recuerda que el EINF “no es solo literatura”: los aspectos
cualitativos tienen que sustentarse en mediciones, para lo cual la
legislación permite recurrir a los más de 450 indicadores de
sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI).
Aenor recomienda empezar por hacer una revisión de la actividad y la cadena de valor
José Magro, mánager de sostenibilidad y RSC de Aenor, entidad que
lleva cuatro años verificando EINF de grandes corporaciones, recomienda
hacer una revisión de la actividad, cadena de valor y partes interesadas
para, en base a eso, identificar cuáles son las materias de
sostenibilidad más relevantes. “La norma ofrece una tabla de asuntos
potenciales sobre los cuales la empresa puede reportar para que
determine los que considere más pertinentes”, dice. En ese sentido,
asegura que no hace falta reportar sobre los cinco bloques propuestos.
Juan Alfaro, secretario del Club de Excelencia en Sostenibilidad,
descarta que la imposición del EINF en las pymes vaya a propiciar que
estas se involucren en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas. “Una cosa es una obligación legal y otra una
herramienta de mercado voluntaria. El reporte puede contribuir a generar
una conciencia ambiental y social, pero no puede contabilizarse como
contribución a los ODS”, argumenta.
En juego, el acceso a licitaciones, ayudas europeas y préstamos
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Efectos del incumplimiento. Aparte de las multas, el
incumplimiento de la obligación de presentar el estado de información
no financiera (EINF) puede tener consecuencias “cualitativas”, incluso
más graves que las pecuniarias, avisa Jaime Romano, experto de Grant
Thornton. Entre ellas, menciona la imposibilidad de participar en
determinadas licitaciones públicas o de acceder a subvenciones como las
del programa de recuperación europeo.
Acceso a financiación. Dado que a partir de este
ejercicio el registro mercantil no aceptará balances de empresas
medianas que no se acompañen del EINF, el incumplimiento de esta
obligación puede conllevar también dificultades para obtener préstamos
bancarios, ya que el depósito completo de las cuentas es uno de los
criterios que las entidades suelen considerar para conceder la
financiación.
Trasfondo. El espíritu que mueve a la UE a exigir a
las empresas el EINF es su compromiso con el Acuerdo de París y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Al
respecto, Juan Alfaro, secretario del Club de Excelencia en
Sostenibilidad, mantiene que los ODS son actualmente “un tema exclusivo
de gran empresa y, como pasa con otros movimientos, es probable que las
pequeñas y medianas se incorporen posteriormente”.
Lluvia fina. Alfaro apoya su argumento en un estudio
publicado a inicios de mes por la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM), en colaboración con el Club y EY (Ernst & Young), sobre el
grado de implantación de los ODS en las empresas madrileñas. La
investigación concluye que el 95% de las grandes compañías ya integra
los ODS en su estrategia de negocio, mientras que en las pymes, este
porcentaje se reduce al 50%, si bien el 83% de ellas los conocen. “Las
pymes están lejos de los ODS, pero eso no significa que no los vayan a
incorporar en un futuro, es un proceso de lluvia fina que empezará por
las grandes”, matiza.
Avances. Entre las pymes que han asumido los ODS
como propios, hay avances importantes. Así lo sugiere un análisis
realizado por la ONU de las memorias de sostenibilidad (no confundir con
el EINF) de las 380 pymes españolas adheridas al Pacto Mundial. Según
este estudio, cerca del 90% promueve la igualdad de género en su
organización, lo que las sitúa por delante de las empresas grandes,
donde este porcentaje es del 83%. En el ámbito medio ambiental, el 69%
se ha comprometido a la reducción de emisiones de CO2.
A la reina Sofía, porque su fundación triplicó sus gastos en proyectos sociales para paliar los efectos de la pandemia
24/06/21 1:00
La Fundación Reina Sofía triplicó su gasto en
proyectos sociales para paliar los efectos de la pandemia en los
colectivos más desfavorecidos, según se desprende de las cuentas anuales
correspondientes al año 2020, que se presentaron en la reunión de la
junta del patronato celebrada este miércoles en el Palacio de La Zarzuela.
El documento completo de estas cuentas, que han
sido auditadas externamente (gastos, ingresos, activo, pasivo,
patrimonio y memoria), tal y como viene realizando de forma
voluntaria desde hace diecisiete años la fundación la Reina Dª
Sofía, está disponible en la página web: www.fundacionreinasofia.es.
Las cuentas han sido elaboradas, como procede, teniendo en cuenta las
exigencias contables derivadas del Plan General de Contabilidad de las
entidades sin fines lucrativos y demás normas de obligado cumplimiento
aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en
desarrollo de dicho Plan.
En este post, queremos transmitir la importancia que tienen los
hechos posteriores al cierre de un ejercicio para una entidad. Estos
Hechos Posteriores al cierre del ejercicio, en función de su relación
con el propio ejercicio cerrado, podrán tener cierta repercusión en las
cuentas anuales, implicando un ajuste o un desglose de información
adicional en la memoria.
Por eso trataremos de explicar con ejemplos de cada tipo de hechos posterior al cierre del ejercicio.
¿Qué son los Hechos Posteriores al cierre?
Son hechos posteriores al cierre del ejercicio, aquellos hechos
que ocurren después de la fecha de cierre del ejercicio y que cobran
relevancia para los usuarios de la información financiera que aportan las cuentas anuales de una entidad y debido a su importancia, las cuentas anuales deben reflejar información relacionada con estos hechos.
El Plan General Contable, en su Norma de Registro y Valoración Nº 23 expone lo siguiente:
“Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria o ambos.
La contable de los industriales de Cuarte de Huerva confiesa que sisó casi 150.000 euros
La acusada habría enmascarado como pagos a proveedores varios movimientos a sus cuentas. Acepta 39 meses de cárcel.
NOTICIA ACTUALIZADA 23/6/2021 A LAS 02:00 A. Maluenda
La excontable de la Asociación
de Industriales de Cuarte de Huerva (AIC) reconoció este martes sin
titubear en la Audiencia de Zaragoza haber detraído de las cuentas de la
organización algo más de 148.000 euros a través de distintos ‘pellizcos’.
Lo hizo durante varios años, entre 2017 y 2019, camuflándolos entre
pagos a distintos proveedores y sin levantar la más mínima sospecha en
el AIC, donde gozaba de una gran reputación. «Se ha dejado la
vida por la asociación, tenía libertad total a la hora de llevar las
cuentas», apuntó uno de los integrantes de la directiva, que reclama el
reingreso total de las cantidades sisadas. Es en este punto
donde surgen las diferencias entre la encartada, Cruz D., y la acusación
particular y el Ministerio Fiscal. La primera considera que ya solo
adeuda en torno a 42.500 euros. Pero las otras dos partes entienden que
el agujero todavía supera los 85.000.
La
encausada, quien según la defensa sufre problemas de ludopatía, fue
devolviendo de forma paulatina y a escondidas pequeñas cantidades a las
arcas del ente (uno de los últimos pagos ascendió a 1.071 euros y sirvió
para pagar la electricidad y la línea telefónica). Pero la
llamada en 2019 de un proveedor que detectó una anomalía permitió a la
directiva averiguar que se habían acometido sucesivas transferencias «a
cuentas corrientes de su propiedad» y que, incluso, «se extrajo
dinero en efectivo, siempre cantidades redondas poco comunes en una
contabilidad financiera». Esto llevó al AIC a contratar una auditoría
externa para arrojar luz y poner cifras al presunto delito.
El
asesor fiscal que asistió a los industriales halló «grandes desfases»
en la contabilidad del año 2019, que la propia acusación particular,
ejercida por la letrada Adoración Navarro, tildó de «completamente
ficticia» e «irreal».
La confesión como atenuante
Tras
escuchar a las partes, la Fiscalía modificó su solicitud de condena y
pidió dos penas de cárcel distintas: un año y seis meses por un presunto
delito de apropiación indebida y 21 meses de prisión por falsedad
documental. La acusación y la defensa se adhirieron al criterio del
Ministerio Público, si bien la abogada de la acusada, Jessica Serrano,
rogó a la Sección Sexta que tuviera en cuenta como atenuante que «ha
reconocido la autoría, a excepción de las cantidades devueltas». También
solicitó una responsabilidad civil muy inferior.
Ayuda a las pymes a tener una información financiera con garantías, tomar decisiones empresariales estratégicas y prevenir futuros riesgos como el de insolvencia
Madrid 17 JUN 2021 - 10:03 CEST
La auditoría voluntaria no tiene su origen en una obligación legal y suele ser acordada por los órganos de gobierno de la sociedad.
Las
circunstancias que hacen que una empresa esté en la obligación de
auditarse son de diversa índole: volumen de cifra de negocios, importe
total de activos, número de empleados, sector de actividad, haber
recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las
Administraciones públicas o a fondos de la Unión Europea, entre otras.
No obstante, existen muchas pequeñas y medianas empresas que, si bien no cumplen los requisitos obligatorios para auditar sus cuentas anuales, sí les gustaría obtener un informe de auditoría con la opinión de un profesional independiente.
¿Por qué una empresa realiza una auditoría aún no estando obligada a ello?
Una auditoría de cuentas voluntaria otorga garantíasy transparencia sobre la información financiera de la empresa. Sin embargo, preguntas como ¿es rentable una auditoría voluntaria? o ¿cuál es la utilidad del auditor?, son dudas que puede plantearse la dirección ante la toma de decisión sobre si someter sus cuentas anuales al examen de una auditoría externa.
En una auditoría, las cuentas anuales lleva asociado un coste
económico (los honorarios por los servicios realizados del auditor) y de
tiempo (el empleado en atender al auditor). Sin embargo, podemos
asegurar que las ventajas y beneficios de la auditoría voluntaria, superan con creces a estos coste.
¿Cuáles son las ventajas asociadas a la realización de una auditoría voluntaria?
Información financiera de calidad
Facilitar la obtención de financiación, ayudas y subvenciones
Detección de debilidades de control interno y riesgo de fraude
Detección de posibles contingencias de carácter fiscal
Fortalece a la empresa ante en el riesgo de insolvencia
Ayuda en la toma de decisiones estratégicas
Ayuda a eliminar disputas o controversias entre accionistas, propietarios, administradores y gestores de la empresa
En primer lugar, suministrar información financiera de calidad ofrece mayores garantías y una mayor transparencia a terceros
como destinatarios finales de las cuentas anuales (accionistas,
clientes, proveedores, entidades bancarias, futuros inversores, …). Esto
se traduce en una mayor fiabilidad de la empresa, ofreciendo una imagen de mayor seriedad frente a posibles competidores que no tengan auditadas sus cuentas y consiguiendo, así, una ventaja competitiva.
Asimismo, esta garantía de información financiera contribuye a facilitar el acceso a la concesión de nuevas líneas de financiación, así como optar a conseguir posibles subvenciones por parte de organismos públicos.
Otro de los beneficios de la auditoria voluntaria, es que permite la detección de debilidades de control interno, ofreciendo propuestas de mejora, evitando posibles fraudes.
Desde un punto de vista tributario, los
procedimientos de auditoría incluyen la evaluación y análisis de los
principales impuestos de la sociedad auditada. Esto ayuda a evitar errores en las liquidaciones de impuestos y, en consecuencia, minimiza el riesgo de posibles contingencias futuras de carácter fiscal.
Un estudio reciente del Banco de España, El impacto de la crisis del Covid-19 sobre la situación financiera de las pymes españolas
de febrero de 2021, indica que “a pesar del aumento de la ratio de
liquidez de las empresas antes de la crisis, sus colchones de liquidez
eran insuficientes para cubrir sus necesidades dada la magnitud de la
perturbación”.
Esto pone de manifiesto que la prevención sigue siendo la manera más eficiente de mitigar los riesgos de insolvencia.
Las dificultades financieras, los problemas de solvencia o tensiones de
liquidez, son riesgos recurrentes para las pymes, y es posible el
alcance de estos riesgos sea todavía más elevado, a medida que los
Gobiernos vayan retirando las actuales políticas de apoyo por el
Covid-19.
Una auditoria voluntaria puede ayudar a la dirección de muchas
pequeñas y medianas empresas a tener una información financiera con
garantías, que les ayude a tomar decisiones empresariales estratégicas y prevenir futuros riesgos como el de insolvencia.
La pérdida de confianza en la información contable suministrada en
las cuentas anuales, en muchas ocasiones, genera problemas internos
entre la dirección, accionistas, administradores y los equipos gestores.
Sin embargo, si la información contable está libre de errores y
auditada por un tercero independiente evitará futuros conflictos, porque
aporta confianza.
Por último, destacar que en las auditorías de carácter voluntario
no es obligatorio adjuntar a las cuentas anuales depositadas en el
Registro Mercantil el correspondiente informe de auditoría, evitando de
este modo que éste sea público ante terceras partes.
En tiempos de dificultades y nuevos desafíos, el nivel de exigencia en la fiabilidad de la información financiera es mucho mayor. En consecuencia, se incrementa la necesidad de aportar esa transparencia, en colaboración con los auditores.
Es precisamente en la voluntariedad de este tipo de auditoría en donde se alcanza la utilidad de la propia actividad: aportar
la garantía de la fiabilidad de la información contable frente a
accionistas, administradores, clientes, proveedores, inversores o
entidades financieras.
En definitiva, que los accionistas/propietarios y administradores de la entidad decidan auditar sus cuentas anuales de forma voluntaria, es una declaración de intenciones respecto de la transparencia, la claridad y la calidad de la información financiera.
Conoce qué es un informe de auditoría y qué información puedes conocer sobre las empresas españolas a través de ellos. Te contamos cómo son los informes de auditoría de las empresas españolas.
Por Economía Digital - 15 junio 2021 a las 09:33
Auditar las cuentas de una empresa no es una obligación para todas las compañías. Aunque lo cierto es que es una buena forma de certificar que los números de un negocio
son reales en las diferentes ocasiones en las que se hace necesario.
Pero ¿qué es lo que nos permiten conocer los informes de auditoría de
las empresas españolas?
No solo las entidades financieras, sino
también la Administración u otras compañías, antes de cerrar un negocio,
prestan mucha atención a conocer con quién se asocian. La situación es complicada y tener unas cuentas saneadas es un buen comienzo para superar los escollos que puedan presentarse en el camino.
Por eso también recurren a la auditoría empresas que no tienen la obligación de hacerlo, para certificar la veracidad de sus cuentas anuales. Cada vez resulta más importante poder destacar el buen hacer en la gestión de las compañías.
Lógicamente, en el informe de auditoría podemos ver el estado financiero de una empresa, pero analizándolos en su conjunto tenemos una visión general de cómo son las auditorías de las sociedades españolas.
Empresas obligadas a realizar auditoría de sus cuentas anuales
El
artículo 263 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (que
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital),
establece que las cuentas anuales formuladas por el órgano de
administración serán sometidas a revisión por un auditor
de cuentas cuando concurran al menos dos de las siguientes
circunstancias durante dos años consecutivos, a la fecha de cierre de
cada uno de ellos:
a) Que el activo sea superior a 2.850.000 euros.
b) Que el importe de su cifra de negocios sea superior a 5.700.000 euros.
c) Que la plantilla media de trabajadores sea superior a 50.
¿Qué nos cuenta la auditoría financiera?
De acuerdo con la normativa
“el auditor de cuentas comprobará si las cuentas anuales ofrecen la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la sociedad, así como, en su caso, la concordancia del
informe de gestión con las cuentas anuales del ejercicio”.
Las empresas conocidas como las Big Four, Deloitte SL, PriceWaterhouseCoopers Auditores SL, Ernst & Young SL y KPMG Auditores SL, han realizado, según un estudio de INFORMA, el 33 % de las auditorías, si bien el número total de consultoras es de 1.862.
Tipos de resultados de un informe de auditoría
Una vez realizado su trabajo emiten una opinión que puede ser:
Favorable: Los
estados financieros auditados reúnen los requisitos exigidos por la
normativa, se han preparado conforme a los principios criterios y normas
contables y dan una visión que concuerda con la información de la que
dispone el auditor e informan de los aspectos significativos de la
información financiera. Según el estudio realizado por INFORMA, cerca
del 54 % de las empresas españolas que auditan sus cuentas obtienen una
opinión favorable.
Favorable con incertidumbres: En
el análisis de INFORMA se distingue aquí a las opiniones favorables
pero que incluyen un párrafo de énfasis o incertidumbres del auditor por
alto volumen de la cifra de negocio concentrado en empresas del grupo,
único cliente por lo que queda comprometida su evolución y dudas
razonables sobre la continuidad del negocio. Aquí se encuentran casi el
30 % de las empresas.
Con salvedades: Cuando
existen uno o varios hechos en relación con las cuentas anuales que
pudieran ser significativos en su conjunto como, por ejemplo, que el
auditor haya tenido limitaciones al alcance de su trabajo o que existan
determinadas incertidumbres, como litigios, juicios, reclamaciones… Son
el 16 % de los casos.
Desfavorable: Las cuentas
no muestran ni la imagen fiel del patrimonio ni la situación
financiera. Deben indicar en el párrafo de información [sección fundamento de la opinión] que se produce
esta situación.
Denegada: Por cualquier
circunstancia, el auditor no puede opinar sobre alguno/algunos de los
aspectos de las cuentas anuales cuya importancia es fundamental. Por
ello no le será posible dar una opinión y hace mención expresa al
hecho/hechos que lo han originado.
En estas dos últimas situaciones se encuentran muy pocas empresas, 15 opiniones desfavorables y 27 denegadas.
¿Cómo son las empresas auditadas?
El
55 % de las 33.248 empresas auditadas son sociedades limitadas y un 42 %
anónimas. Cerca de 35 % se encuentran entre la categoría de empresas
grandes, algo menos del 26 % en la de medianas, casi un 33 % serían
pequeñas y el porcentaje de microempresas no llega al 7 %.
Madrid es la comunidad con más empresas auditadas, el 28 % se localiza aquí, y en Cataluña tienen su sede un 19 %. Valencia es la siguiente con el 9 % y en Andalucía se ubican el 8 %.
Por sectores, el Comercio es el más representado, una de cada cuatro se dedica a alguna actividad relacionada. El 21 % pertenece al área de la Industria y cerca del 11 % a la Intermediación financiera. Construcción y actividades inmobiliarias supone el 10 %. Solo el 3 % de las empresas auditadas están en el ramo de la Hostelería, las de Sanidad no llegan al 2 % y Educación está por debajo del 1 %.
De
las empresas que presentan cuentas anuales, las que las auditan son una
pequeña parte, pero tener acceso a estos datos te permitirá estar más seguro a la hora de hacer negocios.
Bartomeu, una auditoría y el nuevo culebrón que aparece e...
Alvaro Goncalves Publicación: 9/06/2021 - 05:37h Bartomeu habría pagado más de medio millón de euros a una empresa auditora en medio de todo lo que sucedió con I3Ventures, empresa dedicada a las redes sociales
La Asamblea de socios que se llevará a cabo en los próximos días en el FC Barcelonatendrá una gran cantidad de problemas que abordar, sabiendo que desde la salida de Bartomeu del cargo de presidente de la institución las cosas no han hecho sino empeorar con el tiempo, con cada descubrimiento hecho.
Primero los pagos irregulares a una empresa por concepto de material
digital y redes sociales del club, trabajo que no se realizó o al menos,
no como se tenía planteado en el contrato firmado entre las partes, por
lo que se entiende que hubo una desviación de fondos o al menos una
cantidad de dinero destinado a actividades que no sucedieron.
En su momento se destapó la olla que guardaba todos los detalles sobre los contratos con I3Ventures, documentos a los que Òscar Grau, ex CEO del club; y Román Gómez-Ponti, ex responsable de los servicios jurídicos, aceptaron por orden directa de Bartomeu según su declaración en el caso del Barçagate.
Tanto Grau como Ponti se quitaron cualquier responsabilidad sobre el tema y dejaron caer el peso en Bartomeu, al que acusan directamente de tomar esas decisiones. El medio La Vanguardia solo
agregó gasolina al incendio al revelar que además de estas
irregularidades, el ex presidente culé realizó un gasto más fuera de
norma.
600 mil euros gastó Bartomeu para pagar los servicios de auditoría de la empresa PriceWater HouseCoopers, que además reveló un informe haciendo mención de todo el asunto con I3Ventures. Problemas de salud, allanamientos y su presencia en las elecciones del club, han sido las últimas noticias de Josep María.
Asumir responsabilidades
Una vez se lleve a cabo la reunión con los socios, el Barcelona, presidido por Laporta,
dará paso a acciones que más allá de venganza o consecuencias legales,
responderán a “petición para asumir responsabilidades” a la Junta
Directiva anterior, que dejó un verdadero desastre en las arcas del
equipo.
Òscar Grau, ex CEO del Barça, y Gómez-Ponti, exjefe de los servicios jurídicos, eludieron responsabilidades en la declaración según La Vanguardia y señalaron al expresidente.
Juan Jiménez@juanjimenista - Actualizado a: 7 de junio de 2021 17:35 CEST
Según informó La Vanguardia después de las declaraciones de Òscar
Grau, ex CEO del club; y Román Gómez-Ponti, ex responsable de los
servicios jurídicos, en el marco del Barçagate, el ex presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, gastó 600.000 euros en la auditoría de PriceWater HouseCoopers.
Un hecho del todo paradójico, ya que la auditoría no fue reveladora y
se refería, precisamente, al dudoso precio que el Barça pagó a la
empresa I3 Ventures por la monitorización de las redes sociales, y que
incluyó la erosión de grandes figuras del barcelonismo como Messi,
Piqué, Xavi, Guardiola, Laporta.....
Siempre según La Vanguardia, el Barça abonó 2,3 millones durante tres temporadas al conglomerado de empresas del grupo Nicestream, entre las cuales estaba I3Ventures y había compañías sin trabajadores y radicadas en el extranjero como Uruguay y Chile.
Òscar Grau y Gómez-Ponti eludieron cualquier tipo de
responsabilidad y dijeron en la declaración que suscribieron los
contratos con I3Ventures “por orden directa de Bartomeu”. Según
declararon, el presidente encargó que había que contratar a esta
empresa después del referéndum del 1 de octubre pero desconocen los
motivos por los que tomó esa decisión y no la cuestionaron. “La orden
del presidente no se discute”, ha afirmado Grau ante la juez, según
fuentes judiciales, desveló La Vanguardia.
Después de las declaraciones de Grau y Gómez-Ponti, se espera la del
responsable de I3Ventures, el enigmático Carlos Ibáñez, que notificó al juzgado su marcha a Uruguay antes de la operación policial del Barçagate; y ha pedido cambiar la hora de su declaración para que se ajuste al horario de Montevideo.
