Advierte de margen de mejora en la elaboración del presupuesto inicial de Cantabria y de la antigüedad del equipamiento tecnológico del SCS.
El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe anual de fiscalización
de la Comunidad Autónoma de Cantabria del ejercicio 2018, que incluye
el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la
aplicación de los principios de legalidad, eficiencia y economía en la
gestión de los recursos públicos en diversas áreas, y en el que se
reiteran gran parte de las recomendaciones formuladas en fiscalizaciones
anteriores puesto que no han sido implantadas.
Según se determina en el informe elaborado por el Ministerio de
Hacienda en octubre de 2019, Cantabria cumplió el objetivo de déficit y
de regla de gasto del ejercicio 2018. Por otra parte, la deuda de la
Comunidad al cierre de 2018, situada dentro del objetivo, ascendía a
3.171 millones de euros.
El informe del TC, consultado por Europa Press, señala que los
expedientes de modificaciones de crédito evidencian que gran parte de
las insuficiencias presupuestarias que los originaron eran recurrentes
en los últimos ejercicios o resultan previsibles por su contenido, "lo
que revela un margen de mejora en la elaboración del presupuesto
inicial".
Además, recoge que se dejaron de imputar al presupuesto de 2018
gastos realizados en dicho ejercicio por importe de 199 millones de
euros, aplicándose por otra parte al mismo 192 millones de euros por
gastos realizados en ejercicios anteriores. Estas actuaciones no
respetan el principio de temporalidad recogido en la normativa, aunque
están amparadas en las salvedades establecidas a dicho principio.
El tribunal ha detectado errores de registro y valoración en las
cuentas anuales de CITRASA, Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno
de Cantabria, Hospital Virtual Valdecilla, Gestión de Viviendas e
Infraestructuras en Cantabria (GESVICAN), Sociedad Regional Cántabra de
Promoción Turística (CANTUR) y Sociedad Regional de Educación, Cultura y
Deporte (SRECD), al no aplicar lo dispuesto en el Plan General de
Contabilidad.
Además, los informes de auditoría sobre las cuentas anuales de la
Sociedad Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE),
Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas (SAICC) y SRECD
reflejaban una opinión favorable con salvedades.
Al analizar la concesión y justificación de nueve subvenciones
nominativas gestionadas por la Dirección General de Innovación y Centros
Educativos y la Dirección General de Deporte, ambas entonces de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se han advertido
"importantes deficiencias" relacionadas, entre otras, con la ausencia
del informe preceptivo de los servicios jurídicos o defectos en el
cumplimiento de la obligación de publicidad en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones, entre otras.
Por otra parte, el informe vuelve a advertir que los compromisos y
aportaciones del Instituto de Finanzas de Cantabria y de la Sociedad
para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) al proyecto ECOMASA
pueden desembocar en unas pérdidas para la Comunidad que se aproximarían
a los 18 millones de euros.
También apunta que el personal interino del Servicio Cántabro de
Salud representaba el 37% de los puestos ocupados de plantilla y el
número de nombramientos eventuales en los que, a 31 de diciembre de
2018, se hace necesario el estudio de la creación de una plaza
estructural en la plantilla asciende a 103.
En sentido general, no se produjo la declaración de los sectores y
categorías profesionales considerados prioritarios a efectos de la
excepción de la prohibición de contratar personal temporal y nombrar
funcionarios interinos, prevista en la Ley de Presupuestos de la
Comunidad para 2018. Por otra parte, 13 de las plazas incluidas en la
Oferta de Empleo Público de Estabilización para el año 2018 incumplían
el requisito de permanencia de los Presupuestos Generales del Estado
para su inclusión en esta oferta extraordinaria.
ANTIGÜEDAD DEL EQUIPAMIENTO SANITARIO
El TC también advierte que la antigüedad del equipamiento
tecnológico sanitario en uso del Servicio Cántabro de Salud (SCS), salvo
en la categoría de `tomografía por emisión de positrones`, no se adecua
a las reglas y estándares recomendados a nivel internacional. Además,
el porcentaje de bienes en activo con más de diez años de utilización
supera, en las categorías de `tomografía computarizada`, `resonancia
magnética`, `angiografía` y `endoscopia flexible` al del conjunto del
sector público sanitario español.
Por su parte, la Consejería de Educación no contaba con un plan de
control propio ni con un manual aprobado para sistematizar sus
actuaciones verificadoras sobre los centros docentes públicos. Además,
no se llevaron a cabo controles específicos sobre los centros
concertados. Tampoco había un plan de acción derivado de las
evaluaciones nacionales e internacionales al alumnado, ni un plan
plurianual de inversiones en infraestructuras educativas.
En materia de gestión medioambiental, la Comunidad no contaba con
determinados registros previstos en la normativa de montes, ni había
desarrollado diversas acciones recogidas en la misma. Seguían sin
constituirse el registro ambiental al que se refiere el Reglamento de la
Ley de Cantabria 17/2006; y no se había realizado la evaluación del
Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020.
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