ICJCE: Nueva Norma de Calidad de Auditores: Un enfoque de riesgos (YouTube)
El pasado mes de febrero se publicaron los borradores de las tres nuevas
normas en materia de calidad.
La ISQM 1 y la NIA 220 se han renovado, mientras que la ISQM 2 es nueva.
Todas ellas tienen un enfoque nuevo: el enfoque de riesgos y requieren
de una mayor proactividad en la gestión de la calidad.
Vídeo elaborado por IAASB (The International Auditing and Assurance
Standards Board) y traducido por el ICJCE.
martes, 30 de julio de 2019
martes, 23 de julio de 2019
laInformación.com: La fiscal evoca las súplicas de Celma para cercar a Rato: "Impidieron la auditoría"
NOTICIA BANKIA- La fiscal evoca las súplicas de Celma para cercar a Rato: "Impidieron la auditoría" - España - Diario La Informacion:
Atribuye
falsedad contable a la excúpula del banco por las cuentas de 2011 e
insiste en que ocultaron datos clave a Deloitte de manera intencionada.
"Hicieron una consciente y voluntaria dejación de sus funciones impidiendo la función auditora y el afloramiento de los deterioros". Así es como la fiscal Anticorrupción Carmen Laúna determina que la excúpula de Bankia evitó a toda costa
facilitar al auditor externo de Deloitte, Francisco Celma, la
documentación que reclamó a la entidad encarecidamente para dar el visto
bueno a los estados financieros de 2011; los mismos que le sirven ahora para acusar por falsedad contable a un total de 14 personas.
Lo advirtió
desde el mismo arranque del juicio por la salida a bolsa de Bankia: los
hechos por los que 34 personas (tres de ellas jurídicas) se sentaban en
el banquillo de los acusados podrían ser constitutivos no solo de delito de estafa de inversores sino también de falsedad contable. A su juicio, el hecho de que estos estados no estuvieran auditados no les exime de culpabilidad puesto que se presentaron en un hecho sin precedentes ante la CNMV. Por ese motivo, la fiscal cumplió con sus advertencias y endureció su acusación, la cual ya no dirige contra cuatro personas sino contra catorce; entre ellos el auditor externo de Deloitte.
Sin embargo, y
aunque arremete contra Celma por dar validez a los estados financieros
de Bankia y BFA de 2010 (que según expone ya recogían "cuantiosos quebrantos"), sí le respalda en lo que a sus continuos reclamos de información se refiere. De hecho, su escrito de conclusiones definitivas,
presentado este mismo lunes durante su intervención en el plenario, se
hace eco de los correos que el experto de la firma dirigió a los
responsables del comité de auditoría entre finales de 2011 y comienzos
de 2012 y que fueron incluidos en el sumario de la causa en plena vista oral, tal y como adelantó este diario.
"La carencia de información es casi absoluta"
"La carencia de información en el área inmobiliaria es casi absoluta. Es difícil de justificar y hace muy difícil avanzar en la realización del trabajo de auditoría", rezan las comunicaciones remitidas por el auditor entre finales de 2011 y 2012. Laúna zanja de esta forma uno de los asuntos más peliagudos de esta vista oral sentenciando que Deloitte no emitió ningún borrador en relación a las cuentas de 2011 (que acabaron siendo reformuladas tras el aterrizaje en la entidad de Ignacio Goirigolzarri) y responsabiliza penalmente por estos hechos a José Manuel Fernández Norniella, Miguel Ángel Soria y Sergio Durá, en calidad de interlocutores de Celma. "Se inició una carrera de obstáculos de cara a dificultar la actividad auditora", apunta.
Como consecuencia, se produjo el "hecho extraordinario" de omitir en las cuentas de ese ejercicio ajustes "de capital importancia" tales como los relacionados con activos inmobiliarios y adjudicados que fueron aflorados ya en mayo de 2012. Este asunto es la columna vertebral que sirve a Carmen Laúna para apuntalar su acusación por falsedad contable en tanto considera desde su aterrizaje en la causa que los hechos delictivos no se ciñen a irregularidades en el folleto
de salida a bolsa de Bankia, por los que atribuía estafa a la cúpula
del banco; sino que el maquillaje de las cuentas de 2010 y 2011 es constitutivo de delito de falsedad contable.
De ahí que, en sintonía con las acusaciones particulares y populares del proceso,
haya señalado directamente como responsables de la debacle de Bankia,
no solo a la cúpula contra la que venía ejerciendo acusación, sino
también a Ángel Acebes y Miguel Ángel Soria (entonces responsables de los comités de auditoría de BFA y Bankia, respectivamente); el director general de riesgos de BFA Ildefonso Sánchez Barcoj; el interventor general Sergio Durá
y otros miembros de este departamento tales como Pedro Bedía, Remigio
Pellicer, José María García-Fuster y Araceli Mora. Pide para todos ellos
penas que van desde un año de prisión hasta un total de ocho y medio en el caso de Rodrigo Rato.
El quebranto no vino por sorpresa
La fiscal Laúna pone el foco también en otras pruebas surgidas a lo largo del juicio relativas a las reuniones que se celebraron entre inspectores del Banco de España y el presidente Rodrigo Rato
ya cuando la situación de Bankia avocaba a una inmediata intervención
del FROB. "El presidente, Rodrigo de Rato, fue receptor de esta
información, no solo por las advertencias de sus colaboradores en la
entidad sino a través de sucesivas reuniones que mantuvo con diversos responsables del Banco de España", concreta la fiscal haciéndose eco de las testificales de inspectores del supervisor que aludieron a este asunto, como es el caso de la declaración que prestó José Antonio Casaus.
La representante del Ministerio Público no solo se centra en los estados financieros de 2011 sino que también se ampara en las conclusiones aportadas por los expertos del Banco de España en la fase pericial para apuntar que la cúpula del banco era consciente de que los quebrantos que abocaron la caja al abismo se venían arrastrando desde 2010, año en que se produjo el proceso de fusión fría de las siete cajas. Y, pese a exponerlo, ocultaron la verdadera situación patrimonial de
la entidad llegando a presentar unas cuentas que, aunque arrojaban unas
ganancias de 307 millones de euros, acabaron reflejando pérdidas de 2.977 millones tras la reformulación de dichos estados financieros.
Ibercampuses: Los economistas, más preocupados por la concentración de la auditoría en grandes firmas
Los economistas, más preocupados por la concentración de la auditoría en grandes firmas -IbercampusTras la publicación del informe sobre la Situación de la Auditoría en España 2018 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), los economistas auditores muestran su preocupación por la concentración del sector en la grandes firmas de auditoría. Como causas principales destacan una regulación cada vez más restrictiva y burocrática y la concentración del sector. El estudio advierte de la decadencia de la figura del auditor "individual", cuyo número ha disminuido un año el 8%.
| 23 de julio de 2019 |
 |
| Adscripción a las corporaciones de auditores (2017-2018) |
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha publicado su documento anual sobre la situación de la auditoría en España. Desde el Servicio de Estudios del REA Auditores del Consejo General de Economistas, que forma parte del Consejo General de Economistas, han analizado los datos recogidos en el estudio del ICAC (se adjunta cuadro comparativo) en base a los datos facilitados por el Instituto de Auditoria y Contabilidad de Cuentas, ICAC. “Un año más, seguimos constatando una preocupante concentración del sector en las grandes firmas de auditoría, en especial del oligopolio formado por las Big-4, que acumulan cerca de dos tercios del empleo existente y casi el 70% de la facturación generada en este periodo”, dice el REA, si bien otras informaciones de Ibercampus.es indican que esas big four (Deloitte, EY, KPMG y PwC) auditan también nueve de cada diez informes de RSC y se benefician tanto de las demoras del Gobierno como de las actuaciones de la autoridad de Competencia.
Las conclusiones principales son las siguientes:
“Del estudio podemos destacar, que no hay grandes variaciones en el mundo de la auditoria de nuestro país en este último periodo (1 de octubre 2017 a 30 de septiembre 2018) en cuanto al número de sociedades como al número de personas físicas, tanto ejercientes como no ejercientes. En cuanto al epígrafe de la facturación, pese a haberse reducido en un 8% el número de auditores ejercientes a título individual, su facturación media, se ha incrementado en un 9%; y en cuanto a las sociedades la facturación ha aumentado en un 4%”.
“Respecto a la adscripción a Corporaciones tanto de personas físicas como de sociedades, tampoco se aprecian grandes variaciones en este último año, manteniendo ambas corporaciones porcentajes muy parecidos del reparto del mercado entre ambas; así, en cuanto a personas físicas el REA-CGE mantiene un 51% y el ICJC un 49%; y en cuanto al reparto de sociedades el REA-CGE tiene el 58% y el ICJC el 42%.”
 |
| Facturación de auditores indiviuales y de sociedades de auditoría (2017-2018) |
A este respecto, en opinión del presidente del REA Auditores, Carlos Puig de Travy, deberíamos “tomar conciencia de esta situación en nuestro país”. Según Puig de Travy “desde el REA llevamos alertando sobre el problema de la concentración en todos los foros en los que participamos”. “Esperamos que el reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas ayude a mitigar esta situación”, ha concluido Puig de Travy.
Otras conclusiones que se desprenden del estudio realizado advierten de las siguientes circunstancias preocupantes:
- El dominio cada vez mayor de los auditores que se hallan en situación de “no ejercientes”, entorno al 77% del total de auditores inscritos en el ROAC, porcentaje este que no ha parado de crecer en los últimos diez años.
- La decadencia de la figura del auditor “individual”, cuyo número ha disminuido en solo un año en un 8%.
- La caída del número de empleos en los pequeños y medianos despachos de auditoría, que pasan de representar casi el 50% del total en años previos a la crisis a menos del 40% en la actualidad.
- Y como conclusión general debemos destacar que el sector avanza y se va adaptando a las nuevas circunstancias de mercado, que exigen como al resto de sectores, más modernidad, más tecnología e innovación. Pero estas adaptaciones no se están produciendo de la manera más eficiente posible y se producen desajustes o incluso se potencian situaciones no deseables, que para paliarlas requerirán de una importe concienciación de los distintos problemas y sin lugar a duda de una intervención regulatoria.
El Consejo General de Economistas de España coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a todos los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de España, y ordena y defiende el ejercicio profesional de sus colegiados. En la actualidad hay 55.000 colegiados entre los 48 Colegios existentes.
El Registro de Economistas Auditores (REA) es un órgano especializado del Consejo General de Economistas creado para desarrollar las funciones que dicho Consejo tiene en materia de auditoría de cuentas. En la actualidad, es la organización más representativa de los auditores, con el 51% de los profesionales de la auditoría de cuentas y el 58% de las sociedades de auditoría. Cuenta con más de 6.000 auditores inscritos, y el número de sociedades de auditoría afiliadas es de 795.
sábado, 20 de julio de 2019
BOE.es: sanción a Deliotte por la auditoría de Abengoa, ejercicio 2014
Disposición 10702 del BOE núm. 173 de 2019 - BOE-A-2019-10702.pdfResolución de 24 de junio de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publican las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas Deloitte SL, y al auditor de cuentas don Manuel Arranz Alonso.
Habiéndose declarado firme en vía administrativa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se procede a dar publicidad de las sanciones impuestas a la sociedad de auditoría de cuentas «Deloitte, S.L.», y al auditor de cuentas don MAA, mediante Resolución de 20 de febrero de 2018, que, tras la exposición de hechos y fundamentos de Derecho, resuelve la parte dispositiva lo siguiente:
(...) Declarar a la sociedad de auditoría de cuentas “Deloitte, S.L.”, y al auditor de cuentas firmante en nombre de la sociedad don MAA, corresponsables de la comisión de dos infracciones graves tipificadas en el artículo 34.b) del TRLAC, al haber incurrido en un “incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe”, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales consolidadas de “Abengoa, S.A., y sociedades dependientes” y de las cuentas anuales individuales de “Abengoa, S.A.”, correspondientes, ambas, al ejercicio 2014.
(...)
jueves, 11 de julio de 2019
DiariodeSevilla.es: La Fiscalía reclama seis años de cárcel para el Dioni de Almensilla y un año para el auditor
- El Ministerio Público pide otros cuatro años y medio de cárcel para el ex presidente de la junta de compensación Ismael Perea, y un año para el auditor Juan Carlos Navarro
- Reclama el pago de indemnizaciones por los acusados que ascienden a 2.649.172 euros
- El Dioni de Almensilla está en libertad desde mayo pasado, tras pagar una fianza de 40.000 euros
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de seis años de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros para el ex tesorero de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, Julio Mateos Palacios, conocido como el Dioni de Almensilla, por un desfalco que supera los dos millones de euros. Junto al Dioni, que está en libertad desde mayo pasado tras haber pagado una fianza de 40.000 euros, la Fiscalía ha pedido una condena de cuatro años y medio de cárcel y multa de 6.000 euros para el ex presidente de la junta de compensación; y un año menos un día de prisión y 3.000 euros de multa para el auditor Juan Carlos Navarro.
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público acusa al Dioni y a Ismael Perea como coautores de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que el auditor Juan Carlos Navarro es considerado como cómplice del mismo delito.
En materia de responsabilidad civil, el fiscal reclama el pago de indemnizaciones a la junta de compensación del Sector F que ascienden a los 2.649.172 euros, de los cuales Julio Mateos debe hacer frente como responsable civil directo de 2.164.811,53 euros; mientras que Ismael Perea debe responder de otros 301.695,32 euros, y Juan Carlos Navarro de 182.665,15 euros. La asesoría Asema, un bufete de abogados de la mujer de Juan Carlos Navarro y una entidad bancaria son considerados por la Fiscalía responsables civiles subsidiarios de parte de las indemnizaciones.
En cuanto a los hechos que sustentan la acusación pública, el fiscal sostiene que entre los años 2009 y 2015 Julio Mateos Palacios e Ismael Perea -que fue presidente de la junta de compensación desde 2008 hasta diciembre de 2012-, "aprovechando su condición de tesorero y presidente, respectivamente, y únicos autorizados con su firma para disponer mediante cheques de los fondos de la junta de compensación, con ánimo de enriquecerse injustamente y de común acuerdo, detrajeron fondos de la cuenta bancaria de la junta de compensación mediante el libramiento de cheques a favor de los propios acusados o de terceros que con ellos colaboraban, logrando de este modo incorporar a sus respectivos patrimonios un total de 2.466.506,85 euros".
El desfalco se desarrolló en dos fases, según el fiscal. Un primer periodo en el que ambos acusados actuaron conjuntamente entre los años 2009 y 2012, y el segundo entre 2012 y 2015, en el que el tesorero acusado "actuó solo" con colaboración de otras personas, dado que el acusado Ismael Perea cesó en el cargo el 22 de diciembre de 2012, y en el que por razones profesionales privadas, el nuevo presidente designado "no dispuso de firma autorizada para disponer de los fondos, sin que conste que la junta de delegados designara a un sustituto para ello como los estatutos legalmente exigen".
En el primer periodo, añade el Ministerio Público, Julio Mateos e Ismael Perea, "a sabiendas de que no se prestaban servicios remunerados para la junta de compensación por ninguno de ellos ni por la mercantil Asema, de la que era administrador único y gestor, firmaron una serie de cheques con cargo a los bonos de la misma" que fueron ingresados a su favor por ambos acusados o en la cuenta corriente de Asema.
Perea cobró 301.695,32 euros a través de 33 cheques por distintos importes, mientras que Julio Mateos cobró 1.941.204,34 euros a través de siete cheques cobrados por él mismo y otros 42 cheques a favor de Asema, librados en su mayoría al portado.
En el segundo periodo, el único cuya firma estaba autorizada para disponer de los fondos era el entonces tesorero Julio Mateos, circunstancia que "aprovechó para continuar detrayendo a su favor fondos de la junta de compensación si bien ya en solitario, logrando apoderarse en este segundo periodo de 223.607,19 euros", dice el fiscal.
Además, "con el fin de enmascarar sus actos tendentes a desfalcar los fondos de la junta de compensación", el Dioni contó con la "colaboración" del auditor de cuentas Juan Carlos Navarro, "con quien le unía una relación empresarial y de amistad de tiempo atrás", era apoderado y encargado de la gestión económica del bufete de su mujer, que representaba a la junta de compensación en aquellos procedimientos judiciales en los que la junta figuraba como parte demandada. Navarro fue además el auditor designado por el propio tesorero para emitir unos "certificados de ingresos y gastos para la propia junta de compensación".
En este sentido, dice el fiscal que ambos se concertaron para emitir una serie de talones con "sobrecoste a los servicios previamente pactados", lo que "contribuyó a que el tesorero se apoderara de más fondos de la junta, dado que , tal y como cobran a tales cheques, en fechas posteriores procedía a transferir la parte que excedía de lo facturado o pactado por los servicios previamente prestados a las cuentas de Asema, sin que además dichas transferencias se apoyasen en un servicio previo de Asema al acusado Juan Carlos Navarro o al bufete del que éste era apoderado".
El fiscal considera asimismo que la entidad bancaria es responsable civil subsidiario porque "permitió que se dispusiera de los fondos de la junta de compensación mediante cheques librados con una sola firma, la del tesorero, y ello a pesar de constar que, conforme al bastanteo inicial de los estatutos realizado cuando se aperturó la cuenta para disponer de los fondos de la junta de compensación era necesaria la firma mancomunada del presidente y tesorero o quienes oportunamente les sustituyan".
lunes, 8 de julio de 2019
CincoDías.com: BDO deberá pagar a acreedores de Miró por sus fallos en la auditoría
BDO deberá pagar a acreedores de Miró por sus fallos en la auditoría | Compañías | Cinco Días
La firma asegura que cumplió las normas de auditoría y que presentará un recurso contra la sentencia.
8 JUL 2019 - 12:52 CES
La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a la firma BDO a
indemnizar a acreedores de la cadena de electrodomésticos Miró por los
fallos en las auditorías realizadas en los años previos al concurso de
2011, según una sentencia del 14 de junio, en la que también se condena al que fuera administrador de la empresa.
La sentencia da la razón a los acreedores Media Electronics, Litografía Roses y Anker Noroeste
contra el administrador, al que condena al pago de 50.823 euros, y a la
firma BDO Auditores con una suma de igual cuantía. En cambio, el
tribunal estima el recurso presentado por el socio auditor de BDO, al
que la Audiencia libra del pago impuesto anteriormente por el Juzgado de
lo Mercantil número 7 de Barcelona.
Establiments Miró, fundada y presidida por Francesc Miró
en 1992, fue declarada en concurso de acreedores en mayo de 2011. El
informe de la administración concursal de julio de ese año “puso de
manifiesto graves irregularidades contables con incidencia en la
situación patrimonial y financiera de la concursada”, explica la
Audiencia en la sentencia. Así, el patrimonio neto positivo de los años
2008, 2009, 2010 y 2011 pasó a convertirse en fondos propios negativos
de 41,1 millones, 57,1 millones, 85,6 millones y 136,1 millones desde
2007 y posteriores ejercicios. Esas irregularidades “alteraron la imagen
de solvencia” de la compañía a acreedores, como recuerda el fallo.
"Es fácil deducir cuál hubiera sido la situación de Establiments Miró
si hubiera publicitado unas cuentas que realmente reflejaran la imagen
fiel de su situación patrimonial, como estaba obligada a hacer. La
situación hubiera sido que se le hubiera cerrado en pocos meses el
crédito porque sus acreedores no habrían podido garantizarlo a través de
los aseguradores", dice la sentencia. Y añade: "Se establece legalmente
un severo régimen de responsabilidad de los auditores por no cumplir
fielmente con las obligaciones de su cargo, porque, cuando conceden su
opinión favorable a unas cuentas de forma indebida, esa conducta es
susceptible de causar daño a los operadores que confían en la importante
función de la labor del auditor".
La Audiencia también recuerda que BDO ya fue multada con 142.928 euros por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
y ratificada por el Ministerio de Economía por infracción grave en la
Ley de Auditoría de Cuentas, "al emitir un informe que carecía de la
debida fundamentación y susceptible de tener un efecto significativo
sobre las cuentas anuales cerradas a 31 de enero de 2010".
Desde BDO reflejan una “absoluta discrepancia con la sentencia” y
considera que la firma actuó en todo momento de forma estricta conforme a
las normas técnicas de auditoría, por lo que presentará recurso de
casación.
En paralelo varias asociaciones sectoriales presentaron una querella
contra Francesc Miró por falsedad contable, estafa e insolvencia
punible. La marca Miró fue comprada posteriormente por el fondo alemán
Springwater y salió de concurso de acreedores el pasado año. Actualmente
opera únicamente en Cataluña y Baleares.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)