lunes, 30 de septiembre de 2013
Auditoría Pública: visión general, primer acercamiento
Auditoría Pública: visión general, primer acercamiento
miércoles, 25 de septiembre de 2013
DirigentesDigital.com: ¿Y las auditoras quién las audita?
¿Y las auditoras quién las audita? - Dirigentes Digital
J.Borrajo - Madrid -
Deloitte se encuentra en su particular vía crucis en España como responsable de una de las auditorías más escandalosas de los últimos tiempos, la de Bankia, una entidad que presentó unas cuentas con beneficios de 309 millones de euros y que posteriormente se convirtieron en unas pérdidas de 3.000 millones tras la reformulación realizada por el nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri.
Se trata de un caso que ha supuesto el hundimiento del banco y que ha arruinado a cientos de miles de personas, pequeños ahorradores en su gran mayoría.
Después de meses de acusaciones mutuas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Economía ha abierto un expediente a Deloitte por considerar que su actuación en el proceso de fusión y salida a Bolsa de Bankia contiene "infracciones muy graves".
En un comunicado señala que la auditora pudo incurrir en un problema de parcialidad e incompatibilidad, porque a la vez que inspeccionaba las cuentas de Bankia, prestaba sus servicios de consultoría y asesoramiento tanto a la propia entidad financiera como a otras sociedades vinculadas al Banco Financiero y de Ahorro (BFA), accionista mayoritario de Bankia.
Según el organismo, Deloitte asesoraba sobre la reestructuración societaria de las propias entidades que se iban a auditar, "los procesos de venta de participaciones en otras entidades entre ellas" y "otras operaciones dirigidas a la generación de liquidez, con proyecciones temporales hasta el año 2015".
También ha advertido de que los trabajos de asesoramiento "fueron efectuados, en la mayoría de los casos, por las mismas personas que hicieron la auditoría".
El ICAC asegura que Deloitte podría haber incumplido en dos ocasiones "el deber de independencia de los auditores de cuentas", incurriendo, además, en "dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable", una infracción que la Ley de Auditoría de Cuentas califica como "muy grave" y que llega a castigar con la pérdida de la licencia necesaria para seguir prestando servicio en territorio nacional.
También se ha sabido que Deloitte tenía clasificada a Bankia como una "empresa con pérdidas, (...) en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad", mientras trabajaba en la auditoría de las cuentas semestrales previas a su salida a Bolsa en 2011, que la firma avaló sin haber advertido de este extremo.
Según distintos expertos consultados, este es el expediente con el resultado más contundente de todos los que ha realizado nunca el ICAC sobre una firma auditora, y será difícil que la investigación no termine en sanción.
sábado, 21 de septiembre de 2013
Expansion.com: El auditor de Pescanova (BDO) cree que la demanda del fondo Cartesian no prosperará
21/09/2013 EUROPA PRESS
El auditor de Pescanova, BDO, confía en que la demanda presentada por el fondo de inversión Cartesian no prospere por su "falta de consistencia y base jurídica".
En un comunicado, la auditora ha considerado que la acción iniciada por el fondo, que acusa a BDO de estafa, no tiene sustento legal y, de tramitarse, encontrará enfrente una "defensa sólida, basada en hechos y sustentada por el trabajo asignado a BDO en base a normas internacionales de auditoría".
BDO ha subrayado que es uno de los afectados por el fraude que existía en Pescanova y ha asegurado que el papel del auditor consiste en la emisión de un informe de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa de auditoría nacional e internacional, con base en la información contable y estados financieros formulados por la compañía.
"La labor de un auditor no consiste en la identificación de prácticas fraudulentas u operativas irregulares", ha esgrimido. BDO ha recordado que hasta el momento no ha sido señalada ni "como cómplice, ni responsable de irregularidades" en las investigaciones realizadas sobre este caso y que no está imputada en ninguna de las causas abiertas.
viernes, 20 de septiembre de 2013
elPaís.com: “Debemos pasar de ser expertos contables a evaluadores de riesgos”, entrevista a Mario Alonso
David Fernández Madrid 20 SEP 2013 - 16:48 CET
Mario Alonso (Badajoz, 1960) fue elegido el pasado mes de julio presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), la principal asociación de empresas de auditoría del país. Fundador y presidente de Auren, su mandato llega en un momento donde el estallido de varios escándalos ha vuelto a cuestionar el trabajo de los auditores.
Pregunta. ¿Qué objetivos se ha marcado en su mandato?
Respuesta. Una de nuestras aspiraciones es centrarnos en los despachos más pequeños, ya que son los más necesitados de los servicios del ICJCE. También queremos abordar cambios en nuestros estatutos. Otra aspiración es la integración de la profesión, tener una sola voz. Por último, nos gustaría dar a conocer al resto de la sociedad nuestro trabajo, que se sepa qué es una auditoría.
P. Usted fundó y preside Auren, una auditora de tamaño medio. ¿Hasta qué punto entidades de este tipo se han sentido marginadas por las big four?
R. Nunca nos hemos sentido marginadas. Las grandes firmas son los padres de la profesión. El mercado es lo suficientemente grande para todos, lo que hay que facilitar es que exista competencia. Por eso hemos denunciado, y lo seguiremos haciendo en el futuro, situaciones en las que se limitaba el acceso de un concurso público a un candidato por motivos de volumen o experiencia.
P. ¿Qué se puede hacer para fomentar esa competencia?
R. El tamaño de las firmas de auditoría en España es muy pequeño, tenemos que avanzar hacia entidades más grandes. En cualquier sector existen procesos de concentración y este no debe ser diferente porque se trata de una actividad muy compleja, que necesita de expertos en diferentes áreas. Desde el ICJCE, entre los servicios de asesoramiento que ofrecemos, queremos incluir formación en gestión empresarial. Una auditora es una compañía como otra cualquiera y debe prestar atención al marketing, los recursos humanos, las finanzas o el desarrollo de una marca.
P. Su llegada a la presidencia coincide con el quinto aniversario de la crisis. ¿Hasta qué punto los auditores han estado a la altura en esta época tan difícil?
P. ¿En qué podrían consistir esas mejoras?
R. Los reguladores han dicho que hay que mejorar la independencia del auditor. Nos parece bien porque la independencia es la clave del negocio, sin ella nuestro trabajo no vale nada. Lo que hay que debatir es a través de qué mecanismo se logra esa mejora. Se ha puesto encima de la mesa la rotación obligatoria del auditor. Los países que implantaron esta media la han eliminado porque no es el camino. La rotación, aunque puede dar la sensación de mayor independencia, lo que genera es más concentración, una pérdida de calidad en los informes de auditoría y más costes para los clientes. No parece la mejor solución. Hay otras cuestiones que podrían dar mejores resultados.
P. ¿Por ejemplo?
R. Hasta ahora el auditor se ha basado en el análisis del pasado, que es mucho más fácil que predecir el futuro. Sin embargo, estamos en un proceso de cambio y queremos pasar de ser expertos contables a evaluadores de riesgos. Eso significa que debemos ser capaces de detectar qué riesgos está asumiendo la empresa y qué mecanismos utiliza para mitigarlos. Otro tema importante es lo que se conoce como informe integrado. Apostamos por un modelo de informe de auditoría que no solo explique aspectos económicos sino que hable también de temas medioambientales, de gobierno corporativo, de control interno...
P. Volviendo al tema de la rotación, ¿de verdad no cree que una firma que lleva auditando a una empresa 30 años no acaba sufriendo algo parecido al síndrome de Estocolmo?
R. Las firmas de auditoría no son entelequias, están compuestas por personas que asumen la responsabilidad que colleva su firma. La normativa obliga a rotar la firma del auditor; así no se pierde información sobre la compañía y, al mismo tiempo, se asegura un trabajo completamente independiente.
P. ¿Le gusta la coauditoría?
R. Es una medida que funciona con éxito en Francia. Creo que tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas, facilitaría el acceso de firmas medianas a clientes importantes que de otra forma sería imposible, además cuatro ojos siempre ven más que dos. Entre las desventajas citaría que es complicado coordinar a dos auditoras diferentes y que los costes aumentarían.
P. En los últimos dos años los fiascos de Bankia y Pescanova han vuelto a cuestionar la labor de los auditores. ¿Qué lecciones saca de estos casos?
R. Como corporación no podemos opinar de casos individuales. Además, en estos ejemplos que ha mencionado todavía está por ver hasta dónde llega la responsabilidad del auditor si es que la hubo. Es muy difícil encontrar una profesión más regulada que la de auditoría y, por lo tanto, existen las bases para que esta actividad funcione correctamente. Eso no quita para que haya algún caso aislado de malas prácticas.
P. ¿Si se factura mucho a un cliente por servicios ajenos a la auditoría se pone en riesgo la independencia?
R. El debate sobre si deben existir firmas puras de auditoría ya ha quedado superado. Si las firmas se limitan solo a ser expertos contables la calidad de su trabajo se verá muy mermada. Es importante que exista variedad de disciplinas y competencia. Hay que dejar que el auditor establezca criterios de salvaguarda y que luego sea el regulador quien establezca si esos mecanismos son adecuados. Pero poner a hacer una enmienda a la totalidad es un error.
P. La facturación de las cuatro grandes a los grupos del Ibex no ha hecho más que crecer desde que estalló la crisis. ¿Existe competencia entre ellos?
R. En España se pagan de media 68 euros la hora por el trabajo de un equipo de auditoría. Se trata de una tarifa francamente baja ya que es la mitad de lo que se cobra en países de nuestro entorno. Con respecto a que los ingresos de las grandes hayan aumentado en este proceso hay que decir que en situaciones de crisis surgen nuevos trabajos a realizar que pueden compensar la caída de otros servicios.
P. Escuchándole uno puede pensar que los auditores ganaron en su momento como pirómanos y ahora lo hacen como bomberos...
R. Como bomberos es cierto que podemos cobrar, como pirómanos nunca. A nosotros nadie nos puede culpar de haber tenido algo que ver con la crisis. Otra cosa es que se pueda cuestionar si podríamos haber hecho más para evitarla.
P. ¿Cree que las empresas deben mejorar su gobierno corporativo?
R. En mi opinión hay que prestar más atención al funcionamiento de los comités de auditoría. Es esencial que estén compuestos por expertos en esta materia.
P. Desde la atalaya privilegiada de los auditores, ¿se percibe esa recuperación económica que venden desde el Gobierno?
R. La información que recogemos nos permite afirmar que se notan ciertos signos de mejora, aunque no conviene echar las campanas al vuelo. Estamos ante un cambio de ciclo, aunque la salida de la crisis será lenta.
Pregunta. ¿Qué objetivos se ha marcado en su mandato?
Respuesta. Una de nuestras aspiraciones es centrarnos en los despachos más pequeños, ya que son los más necesitados de los servicios del ICJCE. También queremos abordar cambios en nuestros estatutos. Otra aspiración es la integración de la profesión, tener una sola voz. Por último, nos gustaría dar a conocer al resto de la sociedad nuestro trabajo, que se sepa qué es una auditoría.
P. Usted fundó y preside Auren, una auditora de tamaño medio. ¿Hasta qué punto entidades de este tipo se han sentido marginadas por las big four?
R. Nunca nos hemos sentido marginadas. Las grandes firmas son los padres de la profesión. El mercado es lo suficientemente grande para todos, lo que hay que facilitar es que exista competencia. Por eso hemos denunciado, y lo seguiremos haciendo en el futuro, situaciones en las que se limitaba el acceso de un concurso público a un candidato por motivos de volumen o experiencia.
P. ¿Qué se puede hacer para fomentar esa competencia?
R. El tamaño de las firmas de auditoría en España es muy pequeño, tenemos que avanzar hacia entidades más grandes. En cualquier sector existen procesos de concentración y este no debe ser diferente porque se trata de una actividad muy compleja, que necesita de expertos en diferentes áreas. Desde el ICJCE, entre los servicios de asesoramiento que ofrecemos, queremos incluir formación en gestión empresarial. Una auditora es una compañía como otra cualquiera y debe prestar atención al marketing, los recursos humanos, las finanzas o el desarrollo de una marca.
“Los honorarios de los auditores en España son muy bajos”
P. Su llegada a la presidencia coincide con el quinto aniversario de la crisis. ¿Hasta qué punto los auditores han estado a la altura en esta época tan difícil?
R. Las auditoras han estado a la altura. En una crisis las empresas atraviesan dificultades y eso aumenta los riesgos para el auditor. Como en todas las profesiones, ha podido haber casos aislados de malas prácticas que hacen mucho ruido, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones el trabajo de los auditores ha permitido detectar irregularidades. Eso no quita para que seamos conscientes de que debemos revisar cuál es el alcance y los objetivos de nuestro trabajo para mejorarlo.
P. ¿En qué podrían consistir esas mejoras?
R. Los reguladores han dicho que hay que mejorar la independencia del auditor. Nos parece bien porque la independencia es la clave del negocio, sin ella nuestro trabajo no vale nada. Lo que hay que debatir es a través de qué mecanismo se logra esa mejora. Se ha puesto encima de la mesa la rotación obligatoria del auditor. Los países que implantaron esta media la han eliminado porque no es el camino. La rotación, aunque puede dar la sensación de mayor independencia, lo que genera es más concentración, una pérdida de calidad en los informes de auditoría y más costes para los clientes. No parece la mejor solución. Hay otras cuestiones que podrían dar mejores resultados.
P. ¿Por ejemplo?
R. Hasta ahora el auditor se ha basado en el análisis del pasado, que es mucho más fácil que predecir el futuro. Sin embargo, estamos en un proceso de cambio y queremos pasar de ser expertos contables a evaluadores de riesgos. Eso significa que debemos ser capaces de detectar qué riesgos está asumiendo la empresa y qué mecanismos utiliza para mitigarlos. Otro tema importante es lo que se conoce como informe integrado. Apostamos por un modelo de informe de auditoría que no solo explique aspectos económicos sino que hable también de temas medioambientales, de gobierno corporativo, de control interno...
P. Volviendo al tema de la rotación, ¿de verdad no cree que una firma que lleva auditando a una empresa 30 años no acaba sufriendo algo parecido al síndrome de Estocolmo?
R. Las firmas de auditoría no son entelequias, están compuestas por personas que asumen la responsabilidad que colleva su firma. La normativa obliga a rotar la firma del auditor; así no se pierde información sobre la compañía y, al mismo tiempo, se asegura un trabajo completamente independiente.
P. ¿Le gusta la coauditoría?
R. Es una medida que funciona con éxito en Francia. Creo que tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas, facilitaría el acceso de firmas medianas a clientes importantes que de otra forma sería imposible, además cuatro ojos siempre ven más que dos. Entre las desventajas citaría que es complicado coordinar a dos auditoras diferentes y que los costes aumentarían.
P. En los últimos dos años los fiascos de Bankia y Pescanova han vuelto a cuestionar la labor de los auditores. ¿Qué lecciones saca de estos casos?
R. Como corporación no podemos opinar de casos individuales. Además, en estos ejemplos que ha mencionado todavía está por ver hasta dónde llega la responsabilidad del auditor si es que la hubo. Es muy difícil encontrar una profesión más regulada que la de auditoría y, por lo tanto, existen las bases para que esta actividad funcione correctamente. Eso no quita para que haya algún caso aislado de malas prácticas.
P. ¿Si se factura mucho a un cliente por servicios ajenos a la auditoría se pone en riesgo la independencia?
R. El debate sobre si deben existir firmas puras de auditoría ya ha quedado superado. Si las firmas se limitan solo a ser expertos contables la calidad de su trabajo se verá muy mermada. Es importante que exista variedad de disciplinas y competencia. Hay que dejar que el auditor establezca criterios de salvaguarda y que luego sea el regulador quien establezca si esos mecanismos son adecuados. Pero poner a hacer una enmienda a la totalidad es un error.
P. La facturación de las cuatro grandes a los grupos del Ibex no ha hecho más que crecer desde que estalló la crisis. ¿Existe competencia entre ellos?
R. En España se pagan de media 68 euros la hora por el trabajo de un equipo de auditoría. Se trata de una tarifa francamente baja ya que es la mitad de lo que se cobra en países de nuestro entorno. Con respecto a que los ingresos de las grandes hayan aumentado en este proceso hay que decir que en situaciones de crisis surgen nuevos trabajos a realizar que pueden compensar la caída de otros servicios.
P. Escuchándole uno puede pensar que los auditores ganaron en su momento como pirómanos y ahora lo hacen como bomberos...
R. Como bomberos es cierto que podemos cobrar, como pirómanos nunca. A nosotros nadie nos puede culpar de haber tenido algo que ver con la crisis. Otra cosa es que se pueda cuestionar si podríamos haber hecho más para evitarla.
P. ¿Cree que las empresas deben mejorar su gobierno corporativo?
R. En mi opinión hay que prestar más atención al funcionamiento de los comités de auditoría. Es esencial que estén compuestos por expertos en esta materia.
P. Desde la atalaya privilegiada de los auditores, ¿se percibe esa recuperación económica que venden desde el Gobierno?
R. La información que recogemos nos permite afirmar que se notan ciertos signos de mejora, aunque no conviene echar las campanas al vuelo. Estamos ante un cambio de ciclo, aunque la salida de la crisis será lenta.
elperiodic.com: El ICAC homologa los grados de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia
El ICAC homologa los grados de la Facultat d'Economia :: elperiodic.com
Los graduados y las graduadas en Administración y Dirección de Empresas, en Finanzas y Contabilidad y en Economía por la Universitat de València tendrán la dispensa genérica parcial de los Cursos de Formación Teórica de Auditores y de la primera fase del examen de acceso al ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) en las materias recogidas en las tabla de equivalencias de cada grado y siempre que el título se obtenga cursando las asignaturas señaladas. Además, esta dispensa parcial se complementa con los estudios del Máster Oficial en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión.
El acceso al ROAC permite el ejercicio de la profesión de auditoría a los titulados superiores, para ello se exige la superación de unas pruebas teóricas y prácticas. En el caso de los graduados de la Universitat de València que cursen las asignaturas homologadas y el máster estarán exentos de realizar las pruebas teóricas.
20/09/2013 | elperiodic.com
Los graduados y las graduadas en Administración y Dirección de Empresas, en Finanzas y Contabilidad y en Economía por la Universitat de València tendrán la dispensa genérica parcial de los Cursos de Formación Teórica de Auditores y de la primera fase del examen de acceso al ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) en las materias recogidas en las tabla de equivalencias de cada grado y siempre que el título se obtenga cursando las asignaturas señaladas. Además, esta dispensa parcial se complementa con los estudios del Máster Oficial en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión.
El acceso al ROAC permite el ejercicio de la profesión de auditoría a los titulados superiores, para ello se exige la superación de unas pruebas teóricas y prácticas. En el caso de los graduados de la Universitat de València que cursen las asignaturas homologadas y el máster estarán exentos de realizar las pruebas teóricas.
lunes, 16 de septiembre de 2013
La Moncloa.gob.es: El BOE publica por primera vez los informes de auditoría de las cuentas anuales de todas las entidades del sector público
La Moncloa. El BOE publica por primera vez los informes de auditoría de las cuentas anuales de todas las entidades del sector público [Sala de Prensa/Actualidad/Hacienda y Administraciones Públicas]Lunes, 16 de septiembre de 2013
El Boletín Oficial del Estado, que ya venía publicando en años anteriores las cuentas anuales del conjunto de entidades públicas, como novedad y por primera vez en este año ha empezado a publicar también los informes de las auditorías de las cuentas anuales del año 2012, que han sido efectuadas en su práctica totalidad por los órganos funcionalmente dependientes de la Intervención General de la Administración del Estado.Con esta iniciativa se busca facilitar el acceso de la sociedad a la opinión emitida por los auditores en relación con la situación patrimonial, financiera y presupuestaria de la entidad correspondiente, lo que constituye una importante mejora en la transparencia de las Administraciones Públicas.
El objetivo de transparencia que ha de regir el funcionamiento de las entidades del sector público lleva así a la necesidad de publicar toda la información económico-financiera relevante de dichas entidades para conocimiento por los distintos destinatarios de la información contable y por todos los interesados en la actividad pública, a fin de favorecer el control de la gestión y la utilización de los recursos públicos.
Con el fin de avanzar en la consecución de este objetivo de transparencia, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013 reguló la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado los informes de auditoría de cuentas junto con la información relativa a las cuentas anuales por todas aquellas entidades del sector público estatal que no tienen la obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. En aplicación de ello, la Resolución de 3 de junio de 2013 de la Intervención General de la Administración del Estado ha establecido el procedimiento a seguir para la publicación de los informes de auditoría e información de las cuentas anuales
FarodeVigo.es: La auditoría de las cuentas de Puertos del Estado alerta sobre los créditos a Langosteira
La auditoría de las cuentas de Puertos del Estado alerta sobre los créditos a Langosteira - Faro de Vigo
La inacabable obra del puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira se ha convertido en un quebradero de cabeza para las instituciones más implicadas con su financiación. Camino de los mil millones de euros, la colosal infraestructura portuaria cuya construcción sigue adelante "contra viento y marea", como critican los expertos, merece una mención especial por parte de los auditores de la Intervención General de la Administración del Estado. En su informe sobre las cuentas de Puertos del Estado de 2012 -publicado el pasado jueves en el BOE- alertan sobre los créditos concedidos a Langosteira dado el "elevado nivel de endeudamiento" de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Y llaman expresamente la atención sobre el préstamo por importe de 250 millones concedido en 2011 por el entonces presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe.
Subraya el "elevado nivel de endeudamiento" de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y llama la atención sobre la situación del préstamo de 250 millones concedido por González Laxe en 2011
a. otero 16.09.2013 | 07:43La inacabable obra del puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira se ha convertido en un quebradero de cabeza para las instituciones más implicadas con su financiación. Camino de los mil millones de euros, la colosal infraestructura portuaria cuya construcción sigue adelante "contra viento y marea", como critican los expertos, merece una mención especial por parte de los auditores de la Intervención General de la Administración del Estado. En su informe sobre las cuentas de Puertos del Estado de 2012 -publicado el pasado jueves en el BOE- alertan sobre los créditos concedidos a Langosteira dado el "elevado nivel de endeudamiento" de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Y llaman expresamente la atención sobre el préstamo por importe de 250 millones concedido en 2011 por el entonces presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe.
EuropaPress.es: El BOE publicará los informes de auditoría de las cuentas anuales de las entidades del sector público
El BOE publicará los informes de auditoría de las cuentas anuales de las entidades del sector público
MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS)
Según ha informado este lunes el Ministerio de Hacienda, estas auditorías han sido efectuadas en su práctica totalidad por los órganos funcionalmente dependientes de la Intervención General de la Administración del Estado.
Con esta iniciativa se pretende ahondar en la transparencia, un objetivo que, según el Ministerio, ha de regir el funcionamiento de las entidades del sector público y que incluye la necesidad de publicar toda la información económico-financiera relevante de las mismas.
Para conseguir este objetivo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013 reguló la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado los informes de auditoría de cuentas junto con la información relativa a las cuentas anuales por todas aquellas entidades del sector público estatal que no tienen la obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.
En aplicación de ello, la Resolución de 3 de junio de 2013 de la Intervención General de la Administración del Estado ha establecido el procedimiento a seguir para la publicación de los informes de auditoría e información de las cuentas anuales.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará los informes de auditoría de las cuentas anuales de 2012 de todas las entidades del sector público con el fin de facilitar a la sociedad el acceso a la opinión emitida por los auditores en relación con la situación patrimonial, financiera y presupuestaria de la entidad correspondiente.
Según ha informado este lunes el Ministerio de Hacienda, estas auditorías han sido efectuadas en su práctica totalidad por los órganos funcionalmente dependientes de la Intervención General de la Administración del Estado.
Con esta iniciativa se pretende ahondar en la transparencia, un objetivo que, según el Ministerio, ha de regir el funcionamiento de las entidades del sector público y que incluye la necesidad de publicar toda la información económico-financiera relevante de las mismas.
Para conseguir este objetivo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013 reguló la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado los informes de auditoría de cuentas junto con la información relativa a las cuentas anuales por todas aquellas entidades del sector público estatal que no tienen la obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.
En aplicación de ello, la Resolución de 3 de junio de 2013 de la Intervención General de la Administración del Estado ha establecido el procedimiento a seguir para la publicación de los informes de auditoría e información de las cuentas anuales.
viernes, 13 de septiembre de 2013
elMundo.es: Cacsa registró pérdidas de 43,9 millones de euros, 11,6 millones menos que el año anterior
La Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) registró a cierre del ejercicio 2012 unas pérdidas por importe de 43,9 millones de euros, frente a los 55,5 millones que perdió un año antes, según se desprende de las cuentas anuales de la empresa hechas públicas este jueves en el marco de la Cuenta General de la Generalitat.
El importe neto de la cifra de negocio se situó en 2012 en 8,9 millones, casi 10 millones menos que en el ejercicio anterior, mientras que por el contrario los gastos de explotación se han reducido de 40,2 a 16,7 millones.
De acuerdo con el informe de auditoría de cumplimiento, emitido con fecha 14 de junio de 2013, en la liquidación del presupuesto el gasto de personal real fue de 9,3 millones de euros, una cantidad "prácticamente igual" a la presupuestada, aunque insta a tener en cuenta que en ella se incluyen indemnizaciones por importe de 1,17 millones.
Asimismo, recuerda que se produjo el aplazamiento a largo plazo (el primer vencimiento es en 2015) de la deuda de la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, de 24,8 millones, incluido en la adenda al contrato suscrito entre ambas partes en 2012.
En este sentido, el informe de auditoría de las cuentas advierte de que ya en 2011 se emitió una salvedad a las mismas ante "la dificultad de recuperación del saldo pendiente de cobro". Ahora, tras incluirse una parte de esta deuda (19,8 millones) en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), considera que deberían hacerse correcciones en su valoración en las cuentas al no existir "suficientes garantías que garanticen su cobrabilidad", de modo que el resultado anual se vería reducido.
Por otra parte, el documento también señala que la sociedad mantiene registrado en el apartado de inmovilizado el coste por valor de 15 millones de euros del anteproyecto realizado para la construcción de dos torres de oficinas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para el cual "las expectativas de que se lleve a cabo son remotas". Por ello, señala que dicho importe debería ser "deteriorado en su totalidad, reduciendo el resultado del ejercicio".
La empresa auditora advierte, tras reconocer que las cuentas reflejan la imagen "fiel" del patrimonio y la situación financiera de la sociedad, que esta se encuentra en una situación de desequilibrio patrimonial, siendo su patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, por lo que cumple uno de los supuestos de disolución incluidos en la Ley de Sociedades de Capital. No obstante, apunta que CACSA tiene pendiente de inscripción ampliaciones de capital aprobadas en 2011 y 2012 por importe de 68 millones de euros, y una reducción de capital social de 381 millones.
En sus recomendaciones, la auditoría insta a intensificar los esfuerzos para ajustar los gastos financieros a los presupuestos aprobados, así como la aprobación del plan de saneamiento por el órgano de gobierno, agilizar los trámites relacionados con el capital social y la formalización de los bienes en cesión de uso, y dar soporte documental al criterio de justificación de la disminución de precio de la adenda con la Fundación Palau de les Arts.
Venta de entradas
El informe destaca la disminución de 4,8 millones de euros de la venta de entradas, lo que supuso una reducción del 16%. Las cuentas generales reflejan que, en un escenario marcado por el incremento del IVA, las ventas han sido "desfavorables" en relación a 2011.Un total de 2,8 millones de personas visitaron el pasado año el complejo: 1,46 millones el Museo Príncipe Felipe, 328.720 L'Hemisfèric, 1,04 millones el Oceanogràfic y 18.363 personas han visitado la exposición temporal de Indiana Jones.
miércoles, 11 de septiembre de 2013
BOE.es: Insuficiencia de medios de la IGAE que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría
Orden HAP/1633/2013, de 9 de septiembre, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría.
martes, 10 de septiembre de 2013
elEconomista.es: La Fiscalía Anticorrupción se opone a la imputación de Deloitte por la auditoría de Bankia
10/09/2013 - 19:37
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la imputación del socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, al entender que ya ha prestado una "extensa" declaración como testigo sin que proceda, "por el momento", modificar su condición procesal a la vista del expediente sancionador abierto por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) contra la compañía.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol responden así a la petición de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) interesando que Celma vuelva a declarar ante la Audiencia Nacional, pero lo haga en calidad de imputado. El representante de Deloitte acudió como testigo el pasado febrero y aseveró que en marzo de 2012 se advirtió a la dirección de Bankia de las "dudas" sobre la viabilidad del grupo.
La Confederación Intersindical de Cajas solicitó la imputación del representante de la firma tras analizar el informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y su expediente sancionador. El ICAC afirmaba que Deloitte tenía clasificada a Bankia como una "empresa con pérdidas o en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad" mientras trabajaba en la auditoría de sus cuentas semestrales previas a la salida a Bolsa.
Anticorrupción cree que, sin perjuicio de las conclusiones que quepa extraer del expediente sancionador "todavía no concluido", de las diligencias pendientes de practicar y de la pericial encomendada a los expertos del Banco de España, no se juzga "necesaria" una nueva declaración de Francisco Celma ya que ha prestado una "extensa" declaración en calidad de testigo en las presentes diligencias, sin que proceda, "por el momento", modificar dicha condición procesal.
La Fiscalía ha respaldado la admisión a trámite en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia de la denuncia formulada por una mujer cuyos padres adquirieron acciones de Bankia el 20 de julio de 2011.
Por contra, se ha opuesto a la personación interesada por otro hombre que no acreditó su condición de perjudicado ni la fecha en la que adquirió los títulos.
Expansión.com: Deloitte supera a KPMG y PwC como auditor de la RSC
Deloitte supera a KPMG y PwC como auditor de la RSC,Empresas y Finanzas
10.09.2013 Ana Medina
Facilitar la búsqueda y obtención de datos sobre la compañía, mejorar su imagen, ser una herramienta de comunicación con los grupos de interés internos y externos y de intercambio de buenas prácticas y detectar riesgos futuros son algunos de los beneficios de elaborar un informe o memoria de sostenibilidad.
Con el objetivo de que la información sobre el desempeño ético, social y ambiental que contienen estos documentos goce de suficiente veracidad y credibilidad, en los últimos años se ha extendido la práctica de que las empresas incorporen su verificación externa por parte de un tercero independiente.
Veintisiete empresas del Ibex incluían un informe de revisión independiente de la información de RSC en sus memorias de 2012, frente a las 26 de 2011. Las Cuatro Grandes auditoras (Deloitte, KPMG, PwC y EY) son las encargadas de 23 de ellas.
Cambio
Deloitte supera al resto, al ser la que ha realizado mayor número de verificaciones de las memorias del Ibex, con ocho de las 27 auditadas, una más que en 2011. La firma se ha encargado de verificar el informe de RSC de 2012 de Abertis, para la que ya realizaba la auditoría de cuentas. PwC era hasta entonces el encargado de verificar al grupo de concesiones, que audita su memoria desde 2005.
KPMG y PwC, por su parte, llevan a cabo, cada una, la revisión independiente de seis sociedades del Ibex. En el caso de PwC, aunque ha perdido a Abertis, ha comenzado a trabajar con Amadeus y Sacyr.
El grupo de construcción ha realizado su primer informe integrado (que engloba tanto las cuentas anules como las actuaciones sociales y ambientales).
Sacyr incorpora un informe de revisión independiente de los indicadores de responsabilidad corporativa (RC) por parte de PwC y una verificación de la memoria que hace Aenor. Esta última también se encarga de verificar también el de Iberia, que forma parte del hólding IAG pero presenta, al igual que British Airways, un informe de RC por separado. Además, SGS audita los informes de Inditex y Red Eléctrica y Bureau Veritas se encarga del de Banco Sabadell.
Con la misma firma
Catorce de las sociedades del Ibex 35 han optado por verificar sus políticas sostenibles con la misma firma con la que auditan sus cuentas anuales, una tendencia que se intensifica conforme las compañías tienden a hacer integrado su informe. Es el caso, por ejemplo, de Banco Popular, que verifica desde 2005 sus informes de RC con PwC, la misma que se encarga de los datos financieros y del informe de gobierno corporativo, con el fin de dar una imagen fiel y transparente de su actuación.
También Indra que, dentro de su filosofía de informe integrado, entiende que la auditoría financiera y no financiera deben avanzar hacia la integración, por lo que cree más apropiado que la firma que audita sus cuentas, en este caso KPMG, verifique la parte de sostenibilidad.
Otros grupos, sin embargo, acuden a firmas distintas, aunque dispongan de informe integrado, como Acciona, Enagás, FCC, Inditex o Sacyr.
elEconomista.es: Entrevista a Gustavo Bosquet: 'Con la crisis hay que invertir información financiera'
Carmen Larrakoetxea (Bilbao) - 10/09/2013 - 8:54
- Experto Contable: Un profesional de la contabilidad que asegure la fiabilidad de las cuentas de una pyme
- Regulación: En países como Francia es una figura regulada y reconocida por su relevante labor
- Ventajas: Puede ayudar a las pymes a acceder a financiación, subvenciones o desgravaciones
No estaríamos frente a un informe de Auditoría como tal, que para las pymes sería muy oneroso, sino de un mecanismo intermedio de calidad, transparencia y fiabilidad. Gustavo Bosquet, miembro de la junta del colegio, defiende que esto lejos de ser un sobrecoste para las empresas es una 'inversión' que podría ayudar a las compañías a la hora de solicitar financiación, ayudas públicas o incentivos fiscales e incluso ser un instrumento de garantía para los socios que no estén en la gestión diaria de las compañías.
Desde el Colegio Vasco de Economistas están proponiendo la creación de la figura del 'Experto Contable' ¿En qué consiste? Se trataría de un profesional de la contabilidad e información financiera que realiza trabajos de emisión de dictámenes contables, supervisión y revisión de cuentas, etc, en el ámbito de la información financiera de las empresas y de otro tipo de entidades.
En base a esa definición ¿en qué se diferenciaría de un auditor? El Experto Contable está pensado para pymes. La obligación legal de auditoría está establecida para diferente tipo de empresa, de mayor tamaño, que sobrepasan una serie de baremos en volumen de negocios, activos y empleados. Lo que pretendemos es fomentar una revisión de esas pymes que no se auditan para que puedan trasladar una imagen más transparente y fiable de su información financiera. Se trata de aplicar unos procedimientos mínimos que nos aseguren la bondad, la razonabilidad de los diferentes epígrafes de los estados financieros, de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias.
¿Quién respaldaría la independencia de ese Experto Contable? El Experto Contable es un profesional que debería de estar acreditado y cumpliendo una serie de requisitos de formación, capacidad, etc,. Aquí la figura de Experto Contable no está desarrollada como tal, pero si en otros países europeos. En esos países es una profesión perfectamente regulada, con los accesos, con las obligaciones, existen en los ministerios de Economía y Hacienda, están detrás de estas profesiones, como lo puede estar aquí el ICAC respecto a los auditores. Un ejemplo es Francia con un nivel de reconocimiento de su labor muy relevante.
¿Pero todo esto no supondría un nuevo coste para las empresas? Lo que se ha visto con la crisis es que tener una información financiera fiable, trasladar transparencia, es un valor muy importante para las empresas. Uno de los factores que, entre otros, han desencadenado la crisis ha sido que la información financiera no era fiable en algunas entidades. Ahora toca invertir en trasladar transparencia, imagen fiel en información financiera. Así vemos que debe ser el futuro. No hay otro camino.
La transparencia es un término subjetivo. Por el lado práctico ¿qué ventajas pueden obtener las pymes con estos informes? Nosotros creemos que no es sólo el intangible que supone trasladar una mayor transparencia y ayudar a que el mejor funcionamiento del mercado sea mejor. Creemos también que este tipo de trabajos podrían ayudar a que la propia pyme pueda acceder a financiación en condiciones mejores de las que está actualmente desde el momento en que tiene una revisión de su información financiera, por un tercero independiente, que ha dado su visto bueno. Por tanto es un camino para poder acudir a la financiación, a las subvenciones, a las deducciones y desgravaciones fiscales.
Pero para que sean efectivos estos informes tendrá que ser reconocidos por bancos, administraciones... Las presentaciones que hemos realizado hasta el momento se han dirigido a los potenciales usuarios de este tipo de informes (administraciones, entidades financieras, etc). En los primeros contactos les ha parecido interesante, pero no esperamos resultados en el corto plazo, pero reconocen que cuando tienen que evaluar la petición de subvenciones o créditos estaría más cómodos si la información financiera de las pymes no auditadas viniesen con algún tipo de revisión contable.
Las administraciones podrían subvencionar los informes para las pymes como han hecho con las consultoras para las programas de refinanciación de pasivos.... Sería una vía idónea que hubiera subvenciones aunque fueran parciales. Ayudaría mucho a reducir el coste para las empresas.
viernes, 6 de septiembre de 2013
Expansión.com: El informe de auditoría será obligatorio cuando la sociedad inscriba auditor
El informe de cuentas será obligatorio para inscribir a un auditorInscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de un auditor tiene consecuencias. La empresa que decide hacerlo estará luego obligada a presentar el informe que éste haga para la inscripción y depósito registral de las cuentas anuales.
06.09.2013 Almudena Vigil
Así lo establece una sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, que resuelve un caso sobre el que no aparece regulado expresa en la normativa societaria.
En el caso que estudia este tribunal, el Registro denegó la inscripción y depósito de las cuentas anuales por no aportar con las mismas informe del auditor cuando constaba que había sido inscrito en el Registro su nombramiento, realizado por la junta general.
La Audiencia concluye que la aportación de dicho informe resulta necesaria aunque la sociedad no esté obligada legalmente a auditar sus cuentas al poder presentar balance abreviado. Ante la laguna legal existente, la sentencia determina que si se nombra auditor debe ser, en principio, con la intención de auditar cuentas, aunque la sociedad no esté obligada.
Además, entiende que, obligando a ello, se da respuesta a la necesidad de tutelar los intereses y expectativas legítimas de los socios y de terceros que conocen la existencia del nombramiento de auditor confiando en la presunción de exactitud y validez de los asientos registrales. En este sentido, la sentencia apunta que si figura inscrito un auditor de cuentas de la sociedad, resulta lícito y lógico pensar que éste emitirá su informe y que se adjuntará a las cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil de forma que pueda ser consultado por cualquier interesado.
La sentencia sigue así el criterio ya defendido por la Dirección General de Registros y del Notariado y por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y añade que esta solución es aún más obvia si se tiene en cuenta que la actividad de auditoría desempeña una función de interés público, en el sentido de que un conjunto amplio de personas e instituciones confían en la actuación del auditor como factor que coadyuva al correcto funcionamiento de los mercados.
“No sólo la sociedad tendría que haber obligado al auditor a elaborar el informe de sus estados contables y financieros para depositarlo junto a las cuentas anuales en el Registro Mercantil, sino que el auditor tendría que haber recordado a la sociedad la existencia del contrato de auditoría y haber requerido la información necesaria para elaborar el informe”, incide.
El informe de cuentas será obligatorio para inscribir a un auditor,Noticias Jurídicas | Abogados - Bufetes - Sentencias | Jurídico | Expansión.com
domingo, 1 de septiembre de 2013
CincoDías.com: "El precio de la transparencia", por Carlos Puig de Travy
Nadie mejor que los economistas conocemos las relaciones de razón económica que median entre los conceptos de valor y precio. Las complejas relaciones de mercado en el sector servicios y en concreto en el sector de la auditoría requieren de un análisis cuidadoso sobre las ofertas económicas respecto de los concursos públicos de servicios de auditoría en la administración pública. Una reflexión para resolver que en estos casos el valor del servicio determina la eficacia necesaria del resultado.
El ejercicio del auditor en la supervisión de las cuentas tiene una especial importancia si de lo que se trata es de las cuentas públicas, por cuanto se analiza la correcta gestión del dinero de todos los contribuyentes. Promover la libre competencia por parte de la administración a la hora de otorgar los trabajos de auditoría supone primar sobre la calidad con la que estos trabajos se van a llevar a cabo, y todo ello por ser dinero público de lo que se trata.
Actualmente, la enorme disparidad que se da en los precios de las ofertas económicas de los concursos públicos de servicios de auditoría podría poner en riesgo la calidad de las exigencias y características del servicio requerido. Es evidente que la coyuntura de crisis obliga, fruto de cumplir con los objetivos de déficit y deuda públicos, a las oportunas restricciones presupuestarias en todos los ámbitos. Unas restricciones que consecuentemente afectan a los responsables de los controles internos y externos de la administración a la hora de definir los medios de fiscalización y auditorías que, por imperativo legal, deben realizarse regularmente a diferentes entes de la administración. Esta circunstancia podría tender a establecer como objetivo prioritario la reducción del precio en la contratación por parte del Sector Público, de auditores y firmas de auditoría privadas para dar soporte y auxiliar a las necesidades de fiscalización que tiene la Administración Pública, razón que si bien es perfectamente loable no debería ser excluyente respecto de la consideración en términos de calidad.
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público y el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, regulan las cláusulas administrativas y técnicas del contenido que debe tener una oferta de un concurso público. La información que el órgano adjudicador solicita es básicamente administrativa, técnica y económica. La documentación administrativa permite identificar a la firma ofertante y quien la representa, la técnica hace referencia a los aspectos particulares relacionados con el contenido y ejecución del contrato que se oferta y, por último, la propuesta económica. Reglamentariamente la información técnica es la primera a valorar, por lo que el legislador ha entendido que atendiendo a esta prelación, la parte económica no debe determinar la decisión sobre la ejecución técnica del trabajo, si bien en el pliego de condiciones se menciona el valor que la oferta económica tendrá sobre el total del concurso.
Una libre competencia en la prestación de los servicios del auditor redunda más que en otros casos en beneficio de todos, de manera que cuantos más licitadores participen en un concurso habrá mayor garantía de mejores prestaciones y opciones en las ofertas. Otorgar toda la primacía al precio que se muestra en la oferta económica del licitador desmerece del valor que se da a la capacidad técnica del profesional y empobrece los requisitos de la transparencia. Siendo este el principal objetivo, serviría de acicate profesional una ponderación razonable, por parte del órgano adjudicador, entre la oferta económica y técnica de la empresa solicitante.
Es de suma importancia, en la adjudicación de un concurso, evaluar adecuadamente la capacitación técnica del concursante, en cuanto a medios de los que dispone, excelencia y experiencia del personal y nivel de calidad que se ofrece. En ocasiones, se observa que las condiciones ofrecidas por los licitadores son, cuanto menos, generadoras de dudas si las ponemos en correspondencia con los precios que figuran en la oferta económica presentada.
La principal beneficiada de que el proceso del concurso se ha llevado a cabo adecuadamente es en este caso la administración y consecuentemente los ciudadanos. Por ello, interesa que estos procesos aseguren que se ha optado por el servicio adecuado, con los medios, los procedimientos y personal homologados a la calidad requerida, y que los mismos son compatibles con el precio ofertado.
Pensar que el trabajo ofrecerá las mismas prestaciones, si la oferta económica oscila en rangos de descuento de porcentajes que alcanzan en ocasiones cifras del 50%, contradice esa compatibilidad.
Esta especial responsabilidad tiene un carácter de servicio público que no por ello queda al margen de criterios objetivos a la hora de establecer un precio, por lo que cabría aquí mencionar el común aforismo de que “no pueden comprarse duros a cuatro pesetas”.
Añadido a ello, debemos considerar el alcance y responsabilidad que tiene el trabajo del auditor contratado por la administración para las auditorías del sector público, por su repercusión social, por su constante evolución y porque a los tradicionales controles financiero y de legalidad, se han incorporando en algunos casos otros objetivos tales como determinar la eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública.
Por todo lo dicho, un sano ejercicio de la competencia pasa porque la administración considere el extremo de la oferta económica no sólo en sí mismo sino evaluando si se ajusta y guarda relación con los niveles de calidad y profesionalidad exigidos en el pliego de condiciones y los objetivos del concurso público.
Por último, sería beneficioso que la administración, delante de ofertas que podrían tener la consideración de bajas temerarias, aplicara con el rigor necesario lo estipulado en el artículo 152 del Real decreto 3/2011 sobre licitadores incursos en ofertas con valores anormales o desproporcionados, lo cual llevará directamente a poner una barrera clara y contundente a ofertas que se efectúen en condiciones fuera de mercado y que, en la mayoría de casos, perjudican tanto a la administración, por llevar aparejadas un servicio de poco rigor y calidad, como al sector, por la mala imagen y pérdida de prestigio que pueden conllevar estas situaciones.
Carlos Puig de Travy es presidente del REA+REGA auditores y del Consejo general de economistas
Actualmente, la enorme disparidad que se da en los precios de las ofertas económicas de los concursos públicos de servicios de auditoría podría poner en riesgo la calidad de las exigencias y características del servicio requerido. Es evidente que la coyuntura de crisis obliga, fruto de cumplir con los objetivos de déficit y deuda públicos, a las oportunas restricciones presupuestarias en todos los ámbitos. Unas restricciones que consecuentemente afectan a los responsables de los controles internos y externos de la administración a la hora de definir los medios de fiscalización y auditorías que, por imperativo legal, deben realizarse regularmente a diferentes entes de la administración. Esta circunstancia podría tender a establecer como objetivo prioritario la reducción del precio en la contratación por parte del Sector Público, de auditores y firmas de auditoría privadas para dar soporte y auxiliar a las necesidades de fiscalización que tiene la Administración Pública, razón que si bien es perfectamente loable no debería ser excluyente respecto de la consideración en términos de calidad.
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público y el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, regulan las cláusulas administrativas y técnicas del contenido que debe tener una oferta de un concurso público. La información que el órgano adjudicador solicita es básicamente administrativa, técnica y económica. La documentación administrativa permite identificar a la firma ofertante y quien la representa, la técnica hace referencia a los aspectos particulares relacionados con el contenido y ejecución del contrato que se oferta y, por último, la propuesta económica. Reglamentariamente la información técnica es la primera a valorar, por lo que el legislador ha entendido que atendiendo a esta prelación, la parte económica no debe determinar la decisión sobre la ejecución técnica del trabajo, si bien en el pliego de condiciones se menciona el valor que la oferta económica tendrá sobre el total del concurso.
Una libre competencia en la prestación de los servicios del auditor redunda más que en otros casos en beneficio de todos, de manera que cuantos más licitadores participen en un concurso habrá mayor garantía de mejores prestaciones y opciones en las ofertas. Otorgar toda la primacía al precio que se muestra en la oferta económica del licitador desmerece del valor que se da a la capacidad técnica del profesional y empobrece los requisitos de la transparencia. Siendo este el principal objetivo, serviría de acicate profesional una ponderación razonable, por parte del órgano adjudicador, entre la oferta económica y técnica de la empresa solicitante.
Es de suma importancia, en la adjudicación de un concurso, evaluar adecuadamente la capacitación técnica del concursante, en cuanto a medios de los que dispone, excelencia y experiencia del personal y nivel de calidad que se ofrece. En ocasiones, se observa que las condiciones ofrecidas por los licitadores son, cuanto menos, generadoras de dudas si las ponemos en correspondencia con los precios que figuran en la oferta económica presentada.
La principal beneficiada de que el proceso del concurso se ha llevado a cabo adecuadamente es en este caso la administración y consecuentemente los ciudadanos. Por ello, interesa que estos procesos aseguren que se ha optado por el servicio adecuado, con los medios, los procedimientos y personal homologados a la calidad requerida, y que los mismos son compatibles con el precio ofertado.
Pensar que el trabajo ofrecerá las mismas prestaciones, si la oferta económica oscila en rangos de descuento de porcentajes que alcanzan en ocasiones cifras del 50%, contradice esa compatibilidad.
Esta especial responsabilidad tiene un carácter de servicio público que no por ello queda al margen de criterios objetivos a la hora de establecer un precio, por lo que cabría aquí mencionar el común aforismo de que “no pueden comprarse duros a cuatro pesetas”.
Añadido a ello, debemos considerar el alcance y responsabilidad que tiene el trabajo del auditor contratado por la administración para las auditorías del sector público, por su repercusión social, por su constante evolución y porque a los tradicionales controles financiero y de legalidad, se han incorporando en algunos casos otros objetivos tales como determinar la eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública.
Por todo lo dicho, un sano ejercicio de la competencia pasa porque la administración considere el extremo de la oferta económica no sólo en sí mismo sino evaluando si se ajusta y guarda relación con los niveles de calidad y profesionalidad exigidos en el pliego de condiciones y los objetivos del concurso público.
Por último, sería beneficioso que la administración, delante de ofertas que podrían tener la consideración de bajas temerarias, aplicara con el rigor necesario lo estipulado en el artículo 152 del Real decreto 3/2011 sobre licitadores incursos en ofertas con valores anormales o desproporcionados, lo cual llevará directamente a poner una barrera clara y contundente a ofertas que se efectúen en condiciones fuera de mercado y que, en la mayoría de casos, perjudican tanto a la administración, por llevar aparejadas un servicio de poco rigor y calidad, como al sector, por la mala imagen y pérdida de prestigio que pueden conllevar estas situaciones.
Carlos Puig de Travy es presidente del REA+REGA auditores y del Consejo general de economistas
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